nombre reservado con SERVICIOS DE SALUD ACONCAGUA

C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de junio de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, Pablo Alejandro Pérez Ojeda, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra del Servicio de Salud Aconcagua, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución TRA N°121089/1/2025 de 14 de marzo de 2025, notificada el 1 de abril de 2025, mediante la cual se declaró vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente es Médica Cirujana egresada de la Universidad San Sebastián de Concepción en abril de 2021, ingresando posteriormente al Servicio de Salud Aconcagua el 26 de agosto de 2021 como parte de la Etapa de Destinación y Formación. Manifiesta que, fue destinada al Centro de Salud Familiar Llay-Llay, donde comenzó a experimentar una sobrecarga laboral debido a turnos extenuantes, extensiones horarias y un ambiente laboral hostil.

Agrega que, durante 2022, la recurrente sufrió el fallecimiento de seres queridos, lo que sumado a la sobrecarga laboral, derivó en un trastorno ansioso depresivo que requirió tratamiento psiquiátrico y licencias médicas. Enfatiza que, a pesar de estas dificultades, su desempeño profesional fue calificado en Lista 1 de distinción durante los períodos 2022, 2023 y 2024.

Destaca que, en septiembre de 2024, la Dra. Carrasco fue seleccionada para cursar la beca de especialidad en medicina interna en la Universidad de los Andes, a iniciarse en abril de 2025. Sostiene que, no obstante, lo anterior, el 1 de abril de 2025 le fue notificada la vacancia de su cargo por salud incompatible, a pesar de que la COMPIN, mediante Resolución N°18353531 del 9 de enero de 2025, había declarado su salud como recuperable.

Argumenta que, conforme al artículo 151 del Estatuto Administrativo, modificado por la Ley N°21.050, el jefe superior del servicio debe requerir previamente a la COMPIN la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud para poder declarar la vacancia por salud incompatible. Menciona que, en este caso, la COMPIN determinó que la salud de la recurrente era recuperable, lo que hacía improcedente la declaración de vacancia. Advierte que, el acto impugnado carece de motivación adecuada, limitándose a constatar el uso de licencias médicas sin justificar por qué se declara la vacancia pese al informe favorable de la COMPIN.

Finalmente solicita que, se acoja el recurso de protección, se deje sin efecto el acto recurrido y se ordene el reingreso de la Dra. Carrasco a su cargo, el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y su ingreso al programa de formación académica en la Universidad de los Andes.

A folio 12, informa el Servicio de Salud Aconcagua. Argumenta que, la Dra. nombre reservado desempeñaba un cargo de Profesional contratada en virtud de la Ley N°19.664 en el CESFAM de Llay Llay y durante el lapso entre junio de 2022 y octubre de 2024 hizo uso de licencias médicas por más de seis meses.

Agrega que, el Servicio solicitó a la COMPIN evaluar su situación de salud, determinando ésta mediante Resolución que su salud es recuperable. Sostiene que, dicha calificación no es obstáculo para la declaración de vacancia, pues mediante Resolución Afecta de marzo de 2025, se declaró la vacancia del cargo por salud incompatible, sin aludir a salud irrecuperable. Manifiesta que, los cuerpos legales estatutarios distinguen entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable y aquella por salud incompatible, pudiendo esta última declararse "sin mediar declaración de salud irrecuperable".

Afirma que, la Contraloría General de la República ha ratificado que las modificaciones introducidas por la Ley N°21.050 no derogaron la causal de vacancia por salud incompatible. Precisa que, el acto impugnado no es arbitrario pues se fundamenta en hechos objetivos, y que el principio de servicialidad obliga a velar por la continuidad de la prestación de los servicios públicos.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección.

A folio 13, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por esta vía cautelar se impugna la Resolución TRA N°121089/1/2025, de 31 de marzo de 2025, mediante la cual se declaró vacante el cargo de la recurrente por causal de salud incompatible. La requirente sostiene que dicho acto administrativo adolece de ilegalidad, toda vez que ha sido adoptado en contravención a lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, pues mediante Resolución N°18353531 de 9 de enero de 2025 la COMPIN declaró que la salud de la requirente era recuperable, circunstancia que tornaría improcedente la declaración de vacancia del cargo.

Además, estima que el acto impugnado es arbitrario, toda vez que carece de la debida fundamentación, sin justificar las razones por las cuales se declara la vacancia no obstante el informe favorable emitido por el mencionado organismo técnico especializado, omitiendo considerar las circunstancias específicas que motivaron el uso de licencias médicas por parte de la recurrente, tales como la sobrecarga laboral y el ambiente hostil en que debía desempeñar sus funciones.

Tercero: Que, el recurrido informa, en síntesis, que mediante la resolución reclamada, se declaró la vacancia del cargo de la recurrente por salud incompatible, sin aludir a salud irrecuperable. Manifiesta que, los cuerpos legales estatutarios distinguen entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable y aquella por salud incompatible, pudiendo esta última declararse "sin mediar declaración de salud irrecuperable".

Cuarto: Que, el artículo 150 letra a) del DFL 29 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, establece en lo pertinente que: La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; (…)”

Por otra parte, el artículo 151 del mismo cuerpo normativo, dispone que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”.

Quinto: Que, para la resolución de la controversia planteada, es necesario tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema en un caso similar, en sentencia Rol N°29-2025 de 10 de marzo de 2025: "(…)aun cuando el Jefe de Servicio tiene la facultad de apartarse de lo expresado en el informe de la Compin, el que no tiene un valor vinculante, sino que solo tiene valor ilustrativo u orientativo, la autoridad debe justificar suficientemente (en la motivación del acto) las razones por las que concluye que el funcionario tiene una salud incompatible con el cargo, pese a que la Compin refirió que su salud es recuperable." Sexto: Que, por consiguiente, conforme al principio de juridicidad y al deber de fundamentación de los actos administrativos consagrado en el artículo 41 de la Ley N°19.880, la mera constatación del uso de licencias médicas por un período superior a seis meses no constituye motivación suficiente para declarar la vacancia del cargo por salud incompatible. La autoridad administrativa, al ejercer facultades discrecionales, no queda eximida del deber de expresar las razones que justifican su decisión, especialmente cuando esta contradice un informe técnico especializado y afecta derechos fundamentales de los administrados.

Séptimo: Que, en el caso concreto, la resolución impugnada se limita a consignar el tiempo durante el cual la recurrente gozó de licencias médicas y a dejar constancia de que, requerido su informe, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez determinó que la actora "presenta un estado de salud Recuperable". Sin embargo, la autoridad administrativa no expresa fundamentos técnicos ni jurídicos que expliquen las razones por las cuales, pese al pronunciamiento favorable del organismo especializado, el estado de salud de la funcionaria resultaría incompatible con las funciones asignadas a su cargo.

Octavo: Que, en tal sentido, no se puede soslayar que la recurrente fue seleccionada para cursar la beca de especialidad en medicina interna en la Universidad de los Andes, a iniciarse en abril de 2025, circunstancia que evidencia la incongruencia entre la declaración de vacancia por salud incompatible y la capacidad acreditada de la funcionaria para desarrollar actividades académicas y profesionales de alta exigencia. Este hecho objetivo, no considerado en la resolución impugnada, refuerza el carácter arbitrario del acto administrativo impugnado.

Noveno: Que, adicionalmente, resulta relevante considerar que la funcionaria fue calificada en Lista 1 de distinción durante los períodos 2022, 2023 y 2024, lo que denota un desempeño profesional destacado, incompatible con la pretendida incapacidad para el ejercicio del cargo. La omisión de esta circunstancia en la fundamentación del acto impugnado constituye otro elemento que confirma su arbitrariedad.

Décimo: Que, en consecuencia, el acto administrativo impugnado ha vulnerado las garantías constitucionales de la recurrente consagradas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, al afectar su derecho a la igualdad ante la ley, por aplicar la causal de vacancia sin la debida fundamentación y en contradicción con el informe técnico especializado, así como su derecho de propiedad sobre el cargo que desempeñaba, lo que hace procedente acoger el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se acoge la acción de protección deducida en favor de nombre reservado y en contra del Servicio de Salud Aconcagua, y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución TRA N°121089/1/2025 de 14 de marzo de 2025, debiendo la recurrida reincorporar a la actora a sus funciones y proceder al pago de todas las remuneraciones correspondientes, debidamente reajustadas, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso, así como reintegrarla al programa de especialidad en medicina interna en la Universidad de los Andes, si correspondiere.

Acordada con el voto en contra del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado, quien estuvo por rechazar el presente arbitrio en virtud de las siguientes consideraciones:

1°) Que en la especie no se encuentra controvertido que la recurrente, en el período comprendido entre el 2 de junio de 2022 y el 15 de octubre de 2024, presentó licencias médicas por un lapso superior a seis meses, configurándose así el presupuesto objetivo establecido en el artículo 151 del Estatuto Administrativo. Asimismo, consta que la recurrida solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación de la funcionaria, dando cumplimiento al requisito de procesabilidad establecido en el inciso final del artículo 151 de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo.

2°) Que, por consiguiente, la declaración de vacancia del cargo de la recurrente por salud incompatible no puede calificarse como un acto ilegal, pues fue adoptada por la autoridad competente, dentro del ámbito de sus atribuciones legales, cumpliendo con el procedimiento establecido en el Estatuto Administrativo. Tampoco puede considerarse arbitraria, toda vez que se fundamenta en hechos objetivos y verificables, como es el uso de licencias médicas por un período superior al establecido en la ley, y responde a la necesidad de velar por la continuidad de la prestación de los servicios públicos, principio fundamental que informa la actuación de la Administración del Estado.

3°) Que, sin perjuicio de las complejas circunstancias personales y laborales que afectaron a la recurrente y que motivaron el uso de licencias médicas, lo cierto es que la declaración de vacancia por salud incompatible constituye una facultad legal que la autoridad administrativa puede ejercer discrecionalmente cuando se configuran los presupuestos objetivos establecidos en la norma, tal como aconteció en este caso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2073-2025.