nombre reservado con nombre reservado

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, quince de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1, comparece nombre reservado, jubilado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Comité de Administración y Comisión de Agua del Condominio de nombre reservado. Manifiesta que a través de dos correos electrónicos de 13 y 18 de enero de 2020 la recurrida le instó a pagar el consumo de agua de su parcela, no obstante carecer de atribuciones para ello, porque existiría un contrato vigente con un contratista encargado del suministro del vital elemento, acuerdo de voluntades que la recurrida pretendió anular mediante un juicio arbitral sustanciado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero bajo el Rol C-742-2017, causa que se encuentra con sentencia firme y ejecutoriada a favor del contratista.

Reclama que la contraria fundamenta su actuación en una apreciación sesgada de lo dispuesto en la cláusula tercera del “Contrato de Construcción y Mantenimiento de Abastecimiento y Distribución de Agua”, al utilizar la expresión “Los propietarios con medidores de agua deberán cancelar exclusivamente en la administración”, obviando dar cuenta de todo el apartado, que es del siguiente tenor: “La administración del condominio nombre reservado, de ser necesario y a modo de colaboración tomará los estados de los medidores mensualmente de las parcelas y enviará las cuentas mensuales a cada parcela. Los propietarios con medidores de agua deberán cancelar exclusivamente en la administración las cuentas hasta los días veinte de cada mes. Este cobro será entregado después del día veinte de cada mes al contratista. Cualquier problema que se presente respecto de lo anterior, el contratista deberá enviar su reclamo al Comité de Administración para que le sea solucionado. Se deja especial y expresa constancia que la administración colaborará en los cobros del consumo del agua, pero que no es bajo ningún respecto responsable de los pagos que deba efectuar cada uno de los copropietarios, ni de las medidas que pueda adoptar el contratista en caso de atraso, negativa o falta de pago”.

Afirma que de conformidad con el tenor de la cláusula transcrita se desprende que la recurrida no tiene atribuciones legales para cortar el suministro de agua ni exigir convenios de pago por deudas, actuaciones que son resorte del contratista, de acuerdo con el contrato vigente.

Acompaña a su recurso copia del contrato de agua, de los correos electrónicos avisando del corte de suministro y de la lista de deudores. Adjunta también, a folio 6, copia de la sentencia del juez árbitro Juan Antonio Lavagnino Zahr; del fallo pronunciado por esta Iltma. Corte de Apelaciones en los autos Civil Nº 2526-2016, que rechazó el recurso de queja contra la sentencia arbitral mencionada; y del correo electrónico enviado por la presidenta del condominio nombre reservado de fecha 9 de abril de 2017. Además a folio 12 allega copia del correo electrónico remitido por el contratista nombre reservado a la nombre reservado con fecha 28 de mayo de 2018. Por último a folio 15 acompaña copia de correo electrónico enviado por nombre reservado a todos los propietarios del domicilio reservado de enero de 2020, en el cual informa que “A pesar de este buen resultado por el hecho que no está clorada, NO es potable según la Norma Chilena de Agua”; y del Informe muestra de ensayo agua potable, emitido por el laboratorio Elob Chile, de 2 de enero del año en curso.

A folio 10, informa nombre reservado por la parte recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, con costas. Indica que el “Condominio nombre reservado” se conformó mediante el loteo y posterior venta de un terreno de 62 hectáreas, ubicado en la localidad de nombre reservado. Añade que conjuntamente con el proyecto de parcelación, los copropietarios del predio procedieron a redactar el Reglamento de Copropiedad, la que consta en la escritura pública de fecha 6 de abril de 1998, otorgada ante el Notario de Quillota don nombre reservado, Repertorio Nº 572-1998, inscrita a fojas 1324 vta. Número 460 en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Quillota correspondiente al año 1998. Precisa que, a la fecha en que se efectuó el loteo, sólo existían “sitio sin urbanizar”, siendo de cargo de la Comunidad recurrida realizar los trabajos destinados a dicha urbanización y a dotar de luz y agua potable el predio, recayendo en cada copropietario la responsabilidad de construir sus viviendas de acuerdo a lo estándares establecidos en Reglamento de Copropiedad.

Agrega que de conformidad con la cláusula segunda del citado texto reglamentario “El presente Reglamento tendrá fuerza obligatoria para toda persona natural o jurídica que se encuentre en algunos de los siguientes casos: a) Adquiera a cualquier título dominio de uno o más lotes o posea derechos o cuotas en aquel; b) Las personas a quienes el propietario de un lote hubiere cedido su uso o goce, y c) Todo el que ocupe a cualquier título alguno de los lotes. Los copropietarios serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente Reglamento. A su vez, el propietario de un lote que ceda el uso y goce de éste a un tercero, a cualquier título, responderá solidariamente con éste del cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente Reglamento. Subsidiariamente, en tanto sean aplicables y no contravengan lo pactado en el presente Reglamento, en tanto sean aplicables y no contravengan lo pactado en el presente Reglamento, que en todo caso primará, se aplicarán las disposiciones de la ley Nº 6.071 y sus reglamentos”.

Añade que de conformidad con lo estipulado en la cláusula cuarta del cuerpo reglamentario en comento “Servicios básicos y servidumbres: a) antes [sic] las obras de instalación y conexión de los servicios de electricidad, agua potable y alcantarillado, de mejoramiento de las vías internas de circulación y acceso con sistemas electromecánicos que se habilitarán en la parcelación, estarán obligados todos y cada uno los propietarios de los distintos lotes a soportar y concurrir en la proporción que les corresponda, para cumplir con los que se dote a la parcelación de los servicios básicos ya iniciados. En todo caso, dichas obras se ejecutarán en su conjunto para toda la parcelación y se encomendarán, por su envergadura, la ejecución a un tercero. Las deudas que de aquellos se originen tendrán el carácter de cargas reales, y, en consecuencia gravarán permanentemente a la propiedad, hasta su total solución… d) se faculta a la junta de vigilancia que se designe en conformidad al presente reglamento, para que se haga cargo de la ejecución de las obras encomendadas, estando facultada desde ya para, llevar a cabo las negociaciones preparatorias y que tengan por fin encomendar la ejecución de las obras y actuar al efecto, ante los organismos.

Cita además lo establecido en la cláusula décima del Reglamento en asunto “La Junta de vigilancia estará dotada de todas las facultades necesarias para cumplir sus funciones; tendrá la representación judicial y extrajudicial de la Comunidad y podrá contratar un Administrador y al personal necesario para mantener los servicios comunes. La Junta de Vigilancia podrá delegar parte o todas sus atribuciones en el administrador. Este podrá ser nombrado y removido directamente de ese cargo por la Asamblea de Copropietarios con una mayoría de dos tercios… Todos los gastos que demande la administración del loteo y demás bienes comunes agregados a la supervisión de la Junta de Vigilancia serán de cargo exclusivo de los propietarios u ocupantes de los lotes quienes deberán concurrir a su pago a prorrata…, La Junta de Vigilancia hará una estimación anual de las expensas comunes ordinarias que deberán aportar los copropietarios para el funcionamiento de la Comunidad…..Además si existiera un atraso de dos o más meses en el pago de las expensas comunes, la Junta de Vigilancia podrá solicitar a la empresa que administre servicios de energía que suspenda el suministro del servicio en tanto no se haya cumplido con al obligación. Asimismo, la Junta de Vigilancia por sí podrá en iguales circunstancias suprimir el servicio de agua potable al copropietario moroso”.

Asimismo, como refuerzo a su postura, transcribe lo dispuesto en la cláusula undécima, que es del tenor siguiente: “El incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en el presente Reglamento hará infractor responsable de los perjuicios causados en el presente Reglamento hará al infractor responsable de los perjuicios causados a la comunidad y a los demás propietarios. Sin perjuicio de ello, se faculta a la Junta de Vigilancia para aplicar multas que fluctuarán entre una y diez Unidades de Fomento por las infracciones al presente Reglamento. La Junta de Vigilancia estará facultada para exigir el cumplimiento forzado de esas multas pudiendo incluso requerir a los Tribunales de Justicia con ese objeto y privar temporalmente al propietario u ocupante infractor, de los derechos y beneficios que le corresponden en los bienes comunes. Para este efecto, se autoriza en este acto en forma irrevocable a los miembros de la Junta de Vigilancia para que, actuando conjuntamente, puedan aplicar las sanciones referidas en el párrafo precedente”.

Precisado lo anterior, la recurrida aclara que con fecha 9 de diciembre de 2009 la Comunidad, representada a esa fecha por tres copropietarios, entre ellos, el recurrente de autos, suscribió el ya mencionado “Contrato de Construcción y Mantenimiento de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable”, cuyo objeto era encargar a nombre reservado la construcción de una noria y efectuar los trabajos de mantención, abastecimiento y distribución de agua a todos los sitios del Condominio. Añade que a propósito de diversas irregularidades detectadas en tales trabajos, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso instruyó un sumario sanitario, el cual concluyó con la resolución exenta N° 16552089 de fecha 19 de diciembre de 2016 que, entre otras medidas, impuso al señor nombre reservado una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales, le prohibió abastecer agua para consumo humano mientras no haya sido sometida a un proceso de desinfección de acuerdo a la normativa, otorgándosele un plazo de 30 días para regularizar ante la autoridad sanitaria todo el sistema de abastecimiento y distribución de agua potable.

Añade que como el señor nombre reservado no cumplió con las mencionadas exigencias, la propia Comunidad, a través de su Comité de Administración, decidió efectuar los trabajos destinados a regularizar el grave problema de salud, mediante la reconstrucción de la noria, la instalación de un nuevo sistema de motores y de bombas para la extracción del agua, entre otras tareas.

Ahora bien, en cuanto la deuda que mantiene el actor, aclara que desde el mes de marzo de 2017 a la fecha aquel se ha negado a pagar el consumo de agua potable correspondiente a su lote, con lo cual registra una deuda de $792.200, conforme el detalle que la recurrida incorpora en su informe. Finalmente, señala que no se le ha cortado del suministro de agua potable al afectado.

Acompaña a su informe copia de la reducción a escritura pública del Acta de Asamblea Ordinaria de Copropietarios del Condominio nombre reservado, de fecha 24 de julio de 2015, otorgada ante el Notario Público de Quintero-Puchuncavi don nombre reservado; de la Resolución Nº 16552089 dictada el 19 de diciembre de 2016, por la SEREMI de Salud Región Valparaíso en expediente sanitario 165EXP1043; del Reglamento de Copropiedad de la Parcela 8-A, proyecto de parcelación “nombre reservado-Quintero” de fecha 6 de abril de 1998; de los correos electrónicos enviados mes a mes al recurrente durante el año 2017, 2018 y 2019, en que se le informa sobre el cobro del consumo del agua; y de los cobros de consumo de agua potable del predio del recurrente, de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

A folio 18, informa la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso. Explica que con fecha 28 de abril de 2016 funcionarios de esa repartición fiscalizaron el sistema particular de agua potable a raíz de una denuncia por incumplimiento de la normativa sanitaria en el servicio de captación, distribución y suministro de agua potable correspondiente al Condominio nombre reservado, actuación que consta en el Acta de Inspección N° 9821 y que dio inicio al sumario sanitario N° 165EXP1043, seguido en contra de nombre reservado. Precisa que en la señala acta de fiscalización se constataron las siguientes infracciones: a) No existe sistema de desinfección del agua para consumo humano; b) se toma muestra de cloro libre residual en estanques de acumulación y en casa de parcela 18-B de la Etapa Dos, arrojando como resultado, en ambas mediciones, 0,00 ppm; c) estanques de acumulación no cuentan con sistemas de ventilación y al interior de éstos se aprecia falta de limpieza y pintura en paredes interiores; y d) en el pozo de captación se detecta tapa no ajustada a su marco, lo que permite riesgo de contaminación del agua al interior del pozo, falta malla anti mosquitos en ventilación de caseta.

Añade que luego de los descargos, tras la debida ponderación de los antecedentes y en uso de las facultades que le otorgan los artículos 161 y siguientes del Código Sanitario, la SEREMI dictó la Resolución N° 165S2089 de fecha 19 de diciembre de 2016, debidamente notificada el día 22 de ese mes y año, que sancionó a nombre reservado al pago de una multa de 30 UTM, prohibió el abastecimiento de agua para consumo humano sin que haya sido sometida a proceso de desinfección de acuerdo a la normativa vigente y otorgó un plazo de 30 días para regularizar todo el sistema de abastecimiento y distribución de agua potable.

Aclara que con fecha 29 de diciembre de 2016 el sumariado presentó recurso de reposición en contra de la citada resolución, el que fue rechazado por Resolución N° 175S377 de fecha 18 de abril de 2017, fundado en que los antecedentes acompañados no eran suficientes para reconsiderar la sanción impuesta, porque no constaba que efectivamente se hayan ejecutado acciones destinadas a superar las deficiencias sanitarias detectadas en la fiscalización.

Acompaña a su informe copia íntegra del citado sumario sanitario.

A folio 21, informa nombre reservado quien explica que con fecha 9 de diciembre de 2009 firmó un contrato de construcción y mantenimiento de abastecimiento y distribución de agua con los copropietarios de la Comunidad recurrida. Afirma que el trabajo se ejecutó íntegramente, entregando la noria un caudal de dos litros por segundo. Agrega que en dicho pacto se acordó que la recurrida le pagaría de forma parcializada $2.000.000 al término del trabajo, suma que a la fecha, según sostiene, no se le ha desembolsado. Además, señala que con la administración anterior del Condominio lograron presentar un proyecto ante la SEREMI para regularizar el sistema de agua potable, sin embargo, acusa, esta nueva administración desechó todo, por lo que el referido sistema sigue operándose de forma ilegal.

Agrega que, tras el resultado obtenido en el juicio arbitral, la recurrida instó por un acuerdo con él, el que se aprobó en asamblea de copropietarios de fecha 9 de abril de 2017. Dicho pacto implicó culminar todos los juicios existentes entre las partes, la realización del proyecto y recepción final del sistema de agua potable y un desembolso a su favor de $20.000.000. Además, aclara que para “plasmar dicho convenio en una escritura pública” se creó una Comisión de Agua, la que solicitó diversa documentación a la Administración de la Comunidad, la que nunca fue proporcionada, lo que generó en definitiva un quiebre entre los copropietarios y una baja asistencia a las asambleas.

Reclama que desde el año 2017 la Directiva de la Comunidad recurrida le impidió cumplir con el contrato suscrito entre ambas partes, para lo cual rompió los candados de seguridad y en su lugar colocó otros, impidiéndole el ingreso a las instalaciones de agua que, según dicho acuerdo de voluntades, eran de su responsabilidad.

Aclara que la Administración del Condominio siempre ha cobrado el agua, la que debe pagarse en la cuenta corriente que mantiene al efecto, de la cuales, según el referido contrato y por 15 años, debe transferirle en pago por todos los gastos y servicios que se realizan y en compensación por la construcción de la noria “y varios”. De este modo, afirma, “los pagos por consumo de agua que realizan los copropietarios del Condominio en la cuenta corriente, [le] pertenecen por contrato”. En este punto, destaca que desde hace 5 años la actual Administración de la recurrida no le ha desembolsado lo que le corresponde, manteniendo retenida dichas sumas, pese a mantenerse vigente el contrato que los vincula, conforme lo resuelto por el fallo arbitral.

Además, afirma que la recurrida no tiene atribuciones para cortar el suministro de agua potable, porque él es el único autorizado para proceder de ese modo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del mencionado Contrato de Construcción y Mantenimiento.

Finalmente, destaca que la causa Rol C-742-2017, sobre demanda ejecutiva de cumplimiento de sentencia arbitral, caratulada “nombre reservado/nombre reservado”, seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero, está en etapa de hacer cumplir el mencionado fallo que rechazó la demanda de término de contrato y condenó a la Comunidad demandante al pago de $15.400.000 más intereses y reajustes, por concepto de las sumas que la recurrida le adeuda.

A folio 22, por decreto de dieciocho de marzo de dos mil veinte se trajeron los autos en relación.

A folio 39, se evacua el trámite ordenado, informando doña nombre reservado que desde la creación de la nombre reservado, el único órgano encargado de la Administración de ésta comunidad, es el Comité de Administración, quien ejerce y detenta todas las facultades y atribuciones referidas a la Junta de Vigilancia, tal como consta en la copia del Acta de Asamblea que se acompaña.

A folio 40, se tiene por evacuado el trámite y se ordena regir el decreto autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, el recurso de protección es esencialmente cautelar. Su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas de los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido.

TERCERO: Que el recurrente hace consistir el acto ilegal en contra de la parte de la recurrida- Comité de Administración y Comisión de Agua del Condominio de nombre reservado -, representada por nombre reservado, por cuanto mediante un mail , que acompaña, se le ha instado a pagar el consumo de agua potable de su parcela que en caso de no hacerlo procederá al corte de suministro de dicho servicio a partir del día 27 de enero de 2020, actuación que califica de ilegítima; pues ello es de competencia exclusiva de un tercero, toda vez que la recurrida no contaría con las atribuciones para proceder de ese modo. Solicita acoger el presente arbitrio preventivo con expresa condena en costas.

CUARTO: Que como es posible advertir de la sola lectura del recurso se advierte que adolece de defectos formales en su interposición como es el de no contener peticiones concretas, esto es, el recurrente no ha señalado lo que pretende con su acción cautelar, pide simplemente, que sea acogida aquella, como tampoco indica cual o cuales serían las garantías fundamentales vulneradas, en el caso a tratar, cuestión esta última que puede ser subsanada por estos sentenciadores.

QUINTO: Que en cuanto al fondo ,sucintamente se dirá ,pues ha sido desarrollado latamente en la parte expositiva de la presente resolución ,el recurrente ,hace una relación de los orígenes de la Comunidad de Administración y Comisión de Agua del Condominio de nombre reservado, luego describe el acto supuestamente ilegal –referido en el motivo tercero de este fallo- consistente en el cobro de un crédito por persona que no es su titular – refiriéndose a la recurrida , siendo un tercero el facultado para ello- nombre reservado- contratado por la recurrida quien supuestamente sería el titular del derecho personal mencionado, es decir, en su calidad de propietario del crédito tiene la facultad para cobrar y aplicar sanciones por no pago del suministro de agua , ello lo infiere del Contrato de Construcción y Mantenimiento de Abastecimiento y Suministro habido con la recurrida respecto del cual ha mantenido diversos juicios y, conforme a su interpretación personal, este contratista sería el único legitimado para el cobro del suministro de agua y aplicación de sanciones , dichos que son corroborado por nombre reservado –tercero-al informar a petición de la denunciante -en cuanto afirma , “los pagos por consumo de agua que realizan los copropietarios del Condominio en la cuenta corriente, [le] pertenecen por contrato”.

La recurrida aclara que en cuanto la deuda que mantiene la recurrente, desde el mes de marzo de 2017 a la fecha , se ha negado a pagar el consumo de agua potable correspondiente a su lote, con lo cual registra una deuda de $792.200, conforme el detalle que la recurrida incorpora en su informe , encontrándose facultada por el Reglamento de Copropiedad en consecuencia es la titular del crédito que lo faculta para cobrar el suministro de agua a los copropietarios del condominio, ya individualizado y, de aplicar sanciones. Finalmente, señala que no se le ha cortado del suministro de agua potable al afectado.

Agrega, en efecto celebró el contrato mencionado por el recurrente con el tercero -nombre reservado - quien realizó la obra de manera defectuosa e, incluso por denuncia realizada la autoridad sanitaria le aplicó una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales mediante la Resolución N° 165S2089 de fecha 19 de diciembre de 2016, debido a diferentes infracciones cursadas, debidamente notificada el día 22 de ese mes y año., quien hasta la fecha le adeuda los gastos que debieron incurrir por la incorrecta construcción de la obra que le fue encargada.

De lo anterior, se puede inferir que tanto la recurrida como la recurrente, este último, a través de un informe presentado a su petición, por nombre reservado, quien reclama que es dueño de un derecho personal –cobro de crédito por suministro de agua, en tanto, la recurrida indica que es la titular del mismo, originados en diferente fuentes, de una parte proveniente de un reglamento de copropiedad y de otro de un contrato.

SEXTO: Que tal como se adelantara en el motivo segundo de esta resolución el recurso de protección busca prestar de un modo oportuno, eficaz, rápido y breve amparo a los agravios que el titular de alguno de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 20 del Constitución, esté sufriendo en su legítimo ejercicio por lo que esta vía procesal persigue una finalidad diferente y, su naturaleza difiere enormemente de una acción ordinaria por lo que no cabe confundirla mezclando los ámbitos en que respectivamente operan.

SÉPTIMO: Con lo relacionado en el motivo que antecede, este Tribunal procederá al rechazo de la presente acción cautelar, en atención que, no existe un derecho indubitado en cuanto quien es el titular del crédito que se cobra en autos, que es justamente el derecho controvertido que se pretendió discutir por esta vía respecto del cual hay un tercero aparentemente comprometido que no es parte en este procedimiento, teniendo, además, presente que la materia ha sido discutida en otras sedes jurisdiccionales.

Por estas consideraciones y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Comité de Administración y Comisión de Agua del Condominio de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra doña Inés María Letelier Ferrada.

N°Protección-2073-2020.