nombre reservado con AFP PLANVITAL S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, Abogado, por sí y a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Region de Valparaíso, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A., representada por nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana; por el acto ilegal y arbitrario de 12 de febrero de 2026, que declara la anulación de trámite para el retiro de fondos para extranjero.

Señala que el recurrente, solicita ante la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Posteriormente, mediante correo electrónico de 12 de febrero de 2026, es informado por la administradora de fondos las razones del rechazo de su solicitud, indicando lo siguiente: “No se acompaña Certificado o Constancia de afiliación, válida, vigente y susceptible de validación, que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

No existe consistencia entre la documentación laboral acompañada. Lo anterior, en virtud de que el contrato de trabajo suscrito con fecha 2 de enero de 2019 señala que el afiliado mantendrá su afiliación al sistema previsional chileno y, el anexo de contrato de trabajo suscrito en la misma fecha señala que mantendrá afiliación a sistema previsional extranjero, produciéndose con ello, una doble manifestación de voluntad”

Indica que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que la Administradora de Fondos de Pensiones rechaza argumentando que debe adjuntar certificado de afiliación actualizado, el recurrente lo acompaña vencido, por lo que se tiene que hacer presente que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos acudir a la representación consular para estos efectos, más aún, las recurridas incorporan un requisito adicional que se aparta a lo estatuido en el cuerpo legal que regula la materia. Cita el articulo 1 de la Ley 18.156, en relación con el artículo N°7 de la misma norma.

Expresa que el actor realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que al ser profesional extranjero cumple con los requisitos supra señalados.

Menciona que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS, puede ser verificado y validado en el link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, siendo que de una simple búsqueda, empleando las palabras validar ivss, arrojará la web indicada. Que también certificado de institución de seguridad social del país de origen, no obstante, la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida.

Agrega que la constancia es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales y, puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos y, en el evento improbable que no fuere suficiente, se realizó declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada para su constatación.

Expone que, a efectos de evidenciar el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, señala que: a) El rechazo se obtuvo de forma verbal, sin que medie una debida fundamentación; b) Se acompañó declaración jurada, notariado y apostillado y; c) La recurrida cuenta con distintos medios para acreditar que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado, por lo que la interpretación realizada por la AFP recurrida es a todas luces arbitrario e ilegal.

Alega que la conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión, siendo confirmada esta decisión por la repartición pública recurrida.

Pide se acoja el presente recurso, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que SS. Ilustrísima estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña documentos.

A folio 4, evacúa informe la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, señalando que el recurrente no registra ante dicho Organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Hace presente que la normativa aplicable a la materia establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156, facultando a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar, o para obtener la devolución de los fondos previsionales que hubieran enterado en una AFP, siempre y cuando acrediten el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos en el artículo 1° de dicho cuerpo legal, por lo que siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Expresa que este beneficio excepcional sólo resulta procedente en tanto el trabajador extranjero se haya mantenido afecto a un régimen previsional fuera de Chile durante el transcurso de toda la prestación de servicios que ha ejecutado en el país, respecto de la cual pretende obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales, régimen previsional que le otorgue cobertura por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Que para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, ni tampoco una cartola que dé cuenta de las cotizaciones previsionales enteradas en tal sistema, sino que se ha requerido para acreditar dicha exigencia, que se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, por lo que los solicitantes deben acreditar que han tenido protección ante las contingencias de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad (con cobertura médica y pecuniaria), durante todo el tiempo en que prestaron servicios en nuestro país, a todo evento y de manera efectiva. Asimismo, el documento debe ser emitido por la entidad competente en materia de seguridad social del país respectivo, y debe acompañarse debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

Expone que el recurrente acompañó al recurso para acreditar la exigencia de cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, la Declaración Jurada suscrita el 19 de enero de 2026 ante Notario Suplente de Santiago, por la cual manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolano, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), el que le otorga prestaciones en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía, paro forzoso o enfermedad, y que en este último caso, comprende prestaciones médicas y pecuniarias en caso de incapacidad laboral. Agrega que la constancia en comento puede ser verificada en la página web oficial del citado Instituto. Sin embargo, dicho documento no resulta idóneo para probar la mencionada exigencia, toda vez, que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. Ello, por cuanto dicha entidad es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación, por lo que en ningún caso las AFP pueden aceptar como documento suficiente la declaración jurada otorgada por el propio trabajador extranjero ante notario público, destinada a acreditar su situación previsional en el extranjero, ya que no sirve como medio de prueba para acreditar esa circunstancia.

A su vez, se indica que se tuvo a la vista el certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, emitido el 5 de marzo de 2026, pero dicho certificado no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni de este se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, no se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado, según lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya.

Adicionalmente, señala que respecto del requisito contemplado en la letra b) del artículo 1° de la ley 18.156, esto es, que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional de su país de origen, se debe hacer presente que la jurisprudencia de este Servicio ha establecido que, cuando la voluntad del trabajador manifestada en el contrato de trabajo, o en éste y sus anexos, es contradictoria, no procederá la devolución de los fondos previsionales, y en el caso de autos, el actor acompañó los siguientes documentos:

1.- Contrato de Trabajo suscrito el 13 de febrero de 2017 con la Empresa Cobranza y Venta S.A., el cual, en su cláusula décima, en el punto 1.1., indica que el trabajador declara que su afiliación previsional, al momento de suscribir el contrato de trabajo es AFP PLANVITAL y FONASA, y que esta declaración se formula para los efectos de que el empleador efectúe, por cada mes calendario (laboral) las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones que este devengue. A su vez, el anexo de contrato, de la misma fecha, señala que el trabajador deja constancia de su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional en el extranjero. Sin embargo, se deja subsistente la cláusula décima, de manera que ambas manifestaciones de voluntad coexistentes son contradictorias;

2.- El Contrato de Trabajo suscrito el 2 de enero de 2019 con Itaú Corpbanca S.A., el cual en su cláusula décima segunda señala que todas las remuneraciones y beneficios pactados en el contrato se entenderán acordados en términos brutos por lo cual se descontarán y retendrán las cotizaciones previsionales e impuestos que correspondan, los que se enteran en las instituciones competentes. A su vez, el anexo de contrato, de la misma fecha, señala que el trabajador deja constancia de su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional en el extranjero. Sin embargo, se deja subsistente la cláusula décima segunda, de manera que ambas manifestaciones de voluntad coexistentes son contradictorias, de modo tal que, conforme a la regla general del Principio de la Territorialidad, quedó sujeto a la ley previsional chilena, por lo que no procede la devolución de los fondos previsionales.

Finalmente, reitera que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por el recurrente, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

A folios 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 evacúa informe la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLAN VITAL S.A., solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Señala que el 9 de febrero en la página web de AFP Plan Vital el recurrente presentó a la Administradora una solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la Ley N°18.156, y que dicha solicitud adolece de los siguientes problemas: 1.- Afiliación a un régimen previsional fuera de Chile, que se refiere a los documentos presentados con la solicitud, donde se incluyó una 'Constancia Electrónica de Cotizaciones' y una 'Declaración bajo fe de juramento'; 2.- Manifestación de la voluntad del trabajador de mantener su afiliación en un régimen previsional extranjero. Dicho rechazo de la solicitud fue comunicado oportunamente el 12 de febrero de 2026.

En cuanto a la afiliación a un régimen previsional fuera de Chile y respecto de Certificado de Constancia Electrónica de Cotizaciones y Declaración jurada, expresa que conforme lo indicado en el Oficio Ordinario N° 12.954, emitido el 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, se señala que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil, agregando la ineficacia de los documentos acompañados por el actor, por cuanto no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, por lo que los documentos venezolanos que deban presentarse para producir efectos en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela, no requiriéndose ninguna otra intervención adicional sobre dicha apostilla, siendo la Ley 18.156 una norma de excepción y por tanto debe ser interpretada de forma restrictiva.

Además, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Respecto a la manifestación de la voluntad del trabajador de mantener su afiliación en un régimen previsional extranjero, la normativa exige que el contrato de trabajo suscrito por el afiliado contenga una cláusula expresa en la que éste manifieste su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional de su país de origen, y no presente una doble e incompatible manifestación de voluntad, pero el recurrente acompañó a su solicitud dos documentos: un contrato de trabajo celebrado con Itaú Corpbanca S.A., de 2 de enero de 2019, y un anexo de contrato de trabajo suscrito en la misma fecha. Respecto del contrato de trabajo, en su cláusula décimo-octava se señala que “se deja constancia de que el trabajador cotizará en el régimen previsional chileno…”. Sin embargo, el anexo de contrato de 2 de enero de 2019 establece, por una parte, que el trabajador se encuentra afiliado al régimen de previsión y seguridad social de Venezuela y, por otra, que manifiesta expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación. De este modo, se advierte la existencia de cláusulas abiertamente contradictorias en documentos emitidos y suscritos en la misma fecha, por lo que contando el recurrente con declaraciones contradictorias en cuanto a la cobertura en materia de seguridad social, no procede la devolución de sus fondos previsionales, puesto que no da cumplimiento al requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156”.

Alega que el rechazo a la solicitud de devolución de fondos previsionales informada por la Administradora al afiliado no fue ilegal, ni arbitraria y se funda en las normas legales que regulan la materia y especialmente en las normas administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, esto es la Ley N°18.156, artículos 2 y 3 del D.F.L. N°101 de 1980, el artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980 y artículo 47 de la Ley N°20.255, añadiendo que la aplicación de dichas normas no es facultativa para la Administradora, todo lo contrario, la aplicación de ellas es obligatoria para Plan Vital y, en consecuencia, no ha obrado de manera ilegal.

Que el actuar de Plan Vital corresponde a un actuar razonado y en igualdad de trato de todos sus otros afiliados.

Que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitud la devolución, por lo que el afiliado recurrente cuenta con diversos mecanismos para plantear su situación, ya sea ante la misma Administradora o ante la Superintendencia de Pensiones, mediante canales formales como sitio web, atención telefónica u otros medios disponibles.

Pide el rechazo en todas sus partes la acción constitucional de protección deducida, por no existir la privación, perturbación o amenaza alguna de los derechos invocados, ni en forma de un acto, u omisión arbitrario o ilegal imputable a Plan Vital S.A., con expresa condena en costas.

Acompaña documentos.

A folio 12, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado y acompañar contrato de trabajo suscrito en el año 2019, con declaraciones contradictorias.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N°9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: "b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte." Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor "Constancia Electrónica de Cotizaciones", del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, asimismo, la declaración jurada prestada por el recurrente ante notario chileno no constituye un medio de prueba idóneo ni sustitutivo de la certificación oficial extranjera debidamente legalizada, toda vez que solo la autoridad previsional del país de origen puede dar fe de la vigencia y alcance de la cobertura reclamada.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-2070-2026.

En Valparaíso, treinta de marzo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.