Protección contra empresa COMERCIAL CCU S

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, tres de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1, comparece doña María Jesús Herrada Hidalgo, abogada, con domicilio en la ciudad de Viña del Mar, en representación de don nombre reservado, pensionado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la empresa COMERCIAL CCU S.A., persona jurídica del giro comercio mayorista, representada por doña nombre reservado, o quien lo subrogue o reemplace, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal en que ha incurrido la contraria y por el cual se ha privado a su representado del legítimo derecho a cobrar y percibir la totalidad de su finiquito laboral, vulnerando la garantía constitucional del derecho de propiedad consagrada en el artículo 19, N°24 de la de la Constitución Política de la República de Chile y que se encuentra garantizado con la acción del artículo 20 del mismo texto normativo.

Señala que el actor se obligó al pago de una pensión alimenticia en favor de sus hijas nombre reservado y nombre reservado, ambas Prieto, en virtud de la causa por alimentos del Juzgado de Familia de Viña del Mar, causa RIT C-41- 2008, en cuya virtud y por sentencia dictada con fecha 03 de Noviembre del año 2008 se reguló el pago en una suma equivalente al 35% de los ingresos del padre, previa deducción de los descuentos estrictamente legales, pagadera mediante retención del empleador y depositados en la libreta de ahorro a la vista NUM000 del Banco Estado abierta a nombre de la progenitora de sus hijas, a contar del mes de Diciembre del año 2008.

Indica que debido a que su representado trabajó para la recurrida desde el 01 de Septiembre de 1984 hasta el 30 de Abril del año 2023, la contraria practicó, mensualmente, la retención en los términos ordenados, por lo que dicha pensión de alimentos se encuentra al día, aun a la fecha de presentación del recurso.

Posteriormente y en virtud del acuerdo celebrado por el actor con la progenitora de sus hijas más la hija mayor, se convino el cese proporcional de la pensión de alimentos regulada el año 2008- en razón de que la hija mayor había cumplido 29 años de edad y trabaja actualmente- regulándose una rebaja de la pensión de alimentos a la suma de 7,904 UTM en favor de la hija menor, a ser pagadas por el alimentante mediante depósito bancario el último día hábil del mes a contar del mes de Junio del año 2023 y en virtud del acuerdo aprobado judicialmente en causa RIT M-1036-2023, autos caratulados PRIETO/PRIETO, del Juzgado de Familia de Valparaíso. Hace presente que el recurrente no ha dejado de cumplir con el pago de su obligación alimenticia ni aún a la fecha.

Indica que debido a la edad de su representado, éste inició a comienzos de año los trámites pertinentes para acogerse a retiro, conversando con doña nombre reservado, Jefe de relaciones laborales de la empleadora, para conocer sobre la simulación de su finiquito, zanjando dudas del tipo legales. La preocupación del actor era no quedar como deudor en el pago de la obligación alimenticia.

Expresa que la referida Jefe del área informó a su representado que se practicaría un descuento en su finiquito con ocasión del término de la relación laboral por concepto de pensión de alimentos en la suma de $ $5.596.500.- (cinco millones quinientos noventa y seis mil quinientos pesos), información que recibió vía whatsapp con fecha 25 de Abril del año 2023.

Expresa que en forma anterior a ese mensaje, el actor había recibido la simulación de su finiquito, estimando recibir la suma liquida a pagar de $179.236.097.- (ciento setenta y nueve millones doscientos treinta y seis mil noventa y siete pesos).

Señala que el actor, finalmente, suscribió el finiquito de su contrato de trabajo con fecha 23 de Mayo del año 2023 y, en esa instancia, constató que la contraria practicó una retención judicial por la suma de $50.322.864.-(cincuenta millones trescientos veintidós mil ochocientos sesenta y cuatro pesos), suma que se retuvo bajo el título de “retención judicial”, sin embargo y conforme constató el Ministro de Fe en dicha oportunidad, “se han tenido a la vista las tres últimas liquidaciones de sueldo anteriores al término del contrato de trabajo constando que NO existen retenciones judiciales de pensiones de alimentos, según art. 13, Ley Nro.21.389”.

Indica que debido a que el recurrente cesó en sus funciones el día 30 de Abril del año 2023 y en atención a la fecha de suscripción del finiquito en cuestión, estuvo preocupado por el pago de la pensión alimenticia del mes de Mayo de 2023, siendo consultado al respecto por la progenitora de sus hijas, lo que motivó que enviara un correo electrónico a la recurrida consultando por esa materia. Al respecto, su consulta fue respondida por escrito por doña nombre reservado con fecha 03 de Junio del año en curso.

Expresa que conforme dicho correo electrónico, su representado entendió que dicha suma retenida en esos términos le sería devuelta una vez descontada la pensión del mes de Mayo del año 2023. Sin embargo, se enteró posteriormente que la suma así retenida había sido pagada a la progenitora de sus hijas, sin fundamento legal alguno, lo que motivó de nuevo que el actor se contactara con doña nombre reservado la que, finalmente, dejó de responder los mensajes a contar del día 14 de Junio de 2023 y hasta la fecha.

Señala que doña nombre reservado solicitó a su representado vía correo electrónico con fecha 13 de Junio del año en curso, copia del acuerdo por mediación en materia de cese y rebaja de alimentos, el cual fue acompañado, sin tener respuesta alguna a la fecha, pero no ha recibido respuesta a sus dudas y, peor aún, quedó privado, sin fundamento legal alguno, de recibir la totalidad de su finiquito, no obstante no existir obligaciones pendientes por pensiones alimenticias.

En cuanto a la garantía constitucional vulnerada, señala que se ha conculcado el derecho de propiedad de su representado reconocido en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política del Estado, esto es, el derecho de propiedad, ya que por vía de hecho se pretendió privarle de su derecho a percibir la totalidad de su finiquito, sobre la base de retener parte de su dinero a pretexto de una retención judicial que nunca fue ordenada y conforme certificó el propio Ministro de Fe.

Solicita se ordene a la recurrida pagar la totalidad del finiquito calculado y suscrito por las partes, incluida la suma retenida, considerando que el acto ejecutado por la recurrida es arbitrario e ilegal y conculcó la garantía constitucional del artículo 19, N°24 de la Constitución Política de la República.

Indica que el numeral 13 del artículo 1° de la Ley N°21.389, que modificó el artículo 13 de la Ley N°14.908, señaló que en caso de ser procedentes las retenciones de los 2 incisos anteriores, los ministros de fe respectivos, previa ratificación del finiquito, deberán exigir al empleador la acreditación de haberse efectuado el descuento, la retención y el pago del monto indicado en dichos incisos en la cuenta ordenada por el tribunal. Cabe señalar que esta disposición modificada hace alusión, expresamente, a las sumas descontadas conforme el artículo 9 de la Ley N°14.908, indicando que el Ministro de Fe debe solicitar las 3 últimas liquidaciones que dan cuenta de las remuneraciones del trabajador y su descuento practicado. Esto fue cumplido por dicho Ministro y en consecuencia se constató que no había retención judicial, justamente porque la pensión estaba al día, y no existe causa por cumplimiento de alimentos vigente radicada en Juzgado de Familia alguno, no habiendo, tampoco, orden de retención alguna.

Expresa que la presente materia no es de competencia del Juzgado de Letras del Trabajo, conforme el artículo 420 del Código del Trabajo, por lo que no recurrir por esta vía dejará en completa indefensión a su representado.

Señala que el actor ha intentado desde el principio de obtener una respuesta de parte de la recurrida y hasta la fecha de la última comunicación entre las partes, esto es, el 14 de Junio del año 2023, siempre creyó que la retención practicada por su ex empleadora lo sería mientras se pagaba la pensión de alimentos del mes de Mayo del año 2023, considerando las comunicaciones de la contraria.

Pide en definitiva, se acoja el presente recurso y se disponga que la recurrida pague la totalidad del finiquito suscrito por las partes, considerando el acto arbitrario e ilegal y la afectación de la garantía constitucional del artículo 19, N°24 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de disponer, en subsidio, las medidas que conforme a Derecho y el mérito del proceso, estime necesarias para reestablecer el imperio del Derecho.

A folio 4, evacua informe COMERCIAL CCU S.A, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido, por no haberse vulnerado ningún derecho al recurrente, habiendo actuado la empresa de acuerdo a lo establecido en la ley e inclusive, como se señalará y acreditará, de manera más beneficiosa para él.

Señala que de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°21.389, en el evento del término del contrato de trabajo de un trabajador respecto del cual exista la obligación de pago de pensión alimenticia, como es el caso del recurrente, el empleador está obligado a observar las siguientes reglas. En caso que sea procedente el pago de indemnización sustitutiva de aviso previo, será obligación del empleador retener de ella la suma equivalente a la pensión alimenticia del mes siguiente de término de la relación laboral. Por su parte, si fuere procedente el pago de indemnización por años de servicios, sea legal o convencional, el empleador estará obligado a retener del total de dicha indemnización, el porcentaje que corresponda al monto de la pensión de alimentos en el ingreso mensual del trabajador, con el objetivo de realizar el pago al alimentario. Si el empleador no cumple con esta obligación legal de retención, ordenada por el Tribunal de Familia, incurrirá en una multa, a beneficio fiscal, equivalente al doble de la cantidad ordenada retener, sin perjuicio de su responsabilidad solidaria en el pago de las pensiones alimenticias que debió descontar, retener y pagar.

Indica que consta del finiquito de contrato de trabajo del recurrente, prestó servicios entre el 1° de septiembre de 1984 y el 30 de abril de 2023, fecha en que se puso término a su contrato de trabajo en virtud de la causal establecida en el inciso segundo del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es “desahucio del empleador.

Con fecha 23 de mayo de 2023 suscribió y ratificó ante Notario, su finiquito de contrato de trabajo, fechado 30 de abril de 2023, percibiendo la suma de $3.852.331.-, por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo y la suma de $150.240.896.- a título de indemnización convencional por años de servicios.

Por su parte, de acuerdo a lo ordenado por el Juzgado de Familia de Viña del Mar, según consta de Oficio NUM001 de 23 de mayo de 2008, se estableció una pensión de alimentos en favor de las hijas del recurrente, doña nombre reservado y doña nombre reservado, ambas de apellido Prieto, ascendente a un 35% de los ingresos del alimentante, previa deducción de los descuentos estrictamente legales, pagadera mediante retención del empleador y depósito en la libreta de ahorro a la vista NUM000 del Banco Estado a nombre de su madre, doña nombre reservado.

De conformidad a lo anterior, lo que habría correspondido de acuerdo a la ley y a lo ordenado por el Juzgado de Familia de Viña del Mar, es haber retenido la suma de $52.584.313.- respecto de la indemnización por años se de servicios (35%), habiéndose retenido solamente la suma de $50.322.864.- y haber retenido la suma de $1.348.316.- de la indemnización sustitutiva de aviso previo, lo que no se hizo por un error de la empresa, por lo que si se hubiera cumplido estrictamente lo señalado por la ley y ordenado por el tribunal, habría correspondido descontar, retener y pagar, adicionalmente la suma de $3.609.765.- por lo que no solamente no existe perjuicio alguno en contra del recurrente ni menos vulneración de sus derechos constitucionales, sino un beneficio en cuanto a que se retuvo una suma menor a la que debería haberse practicado. Es más, la propia alimentaria ha enviado un correo a la empresa, requiriendo el pago de la retención no realizada.

Indica que con fecha 13 de junio de 2023 Comercial CCU S.A. procedió a efectuar la transferencia a la cuenta indicada por el Juzgado de Familia, la suma de $50.322.864.- Respecto del acuerdo al que habría llegado el recurrente con la alimentante, según acta de Medición del Juzgado de Familia de Valparaíso, de 10 de junio de 2023, que reduce la pensión alimenticia a 7,904 UTM, a partir de la remuneración del mes de junio de 2023, no es aplicable al pago del finiquito del recurrente en atención a que el término de su contrato de trabajo se materializó el 30 de abril de 2023, misma fecha de su finiquito y que fue ratificado por el trabajador el 23 de mayo de 2023, es decir, con fecha anterior al acuerdo de reducción de pensión de alimentos, por lo que la fecha de término del contrato de trabajo y el finiquito en que consta la retención efectuada, inclusive es de una suma menor a la que habría correspondido efectuar, son de fecha anterior a la del acuerdo de disminución de la pensión, por lo que la empresa no podría sino haber transferido el total de la retención practicada en el finiquito, como lo hizo a la beneficiaria de dicha retención.

Expresa que si la empresa no hubiere retenido la suma correspondiente a la indemnización pagada, de acuerdo a lo ordenado por el Tribunal de Familia, se habría expuesto a la multa y a responder solidariamente a dicho pago.

Señala que el trabajador ratificó su finiquito de contrato de trabajo ante Notario Público, con todos los requisitos legales establecidos en el artículo 177 del Código del Trabajo, sin reserva alguna de derechos, lo que significa que al hacerlo, estuvo de acuerdo en los términos del mismo y sus efectos jurídicos, razón por la que no puede ahora pretender discutir a través de un recurso de protección el hecho de que no correspondía efectuar dicha retención.

Expresa que el actor no dedujo su pretensión a través del respectivo juicio laboral de cobro de prestaciones, en este caso el pago total de su indemnización por años de servicios, por la razón de existir entre las partes un finiquito de contrato de trabajo con pleno poder liberatorio, que es la vía jurídica que corresponde para discutir las cuestiones suscitadas entre trabajadores y empleadores, sino que ha iniciado esta acción de protección, que no es la vía idónea, pretendiendo evadir el poder liberatorio y los efectos jurídicos de su finiquito.

Acompaña documentos.

A folio 5, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías.

Segundo: Que por la presente vía cautelar se pretende por el actor, que la recurrida pague la totalidad del finiquito al que considera tener derecho el recurrente, catalogando que la retención efectuada por su ex empleador, al momento de suscribir el finiquito, como un acto arbitrario e ilegal, que afecta su garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, evacuando el informe solicitado, la recurrida ha señalado que procedió a efectuar la retención judicial por concepto de alimentos en la suma señalada, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 numeral 13 de la Ley 21.389, que modifica el artículo 13 de la Ley N° 14.908, sobre pensiones de alimentos, y que dicho monto corresponde al porcentaje de lo decretado por el Juzgado de Familia de Viña del Mar, mediante sentencia de fecha 3 de noviembre de 2008, pronunciada en causa C-41-2008, que reguló los alimentos entre el recurrente y sus hijas.

Cuarto: Que, previamente, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 1 numeral 13 de la Ley 21.389 que “Crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y Modifica Diversos Cuerpos Legales para perfeccionar el Sistema de Pago de las Pensiones de Alimentos”, que expresa “En caso de ser procedentes las retenciones de los dos incisos anteriores, los ministros de fe respectivos, previo a la ratificación del finiquito, deberán exigir al empleador la acreditación de haberse efectuado el descuento, la retención y el pago del monto indicado en dichos incisos, en la cuenta ordenada por el tribunal. Lo anteriormente señalado también será aplicable al funcionario de la Inspección del Trabajo que autorice un acta de comparendo de conciliación, a propósito del término de la relación laboral y en que conste el pago de las indemnizaciones señaladas en los incisos precedentes. Para dar cumplimiento a lo anterior, el funcionario de la Inspección del Trabajo o el ministro de fe, según corresponda, deberá verificar si el empleador está sujeto a la obligación de retener judicialmente la pensión de alimentos, para lo cual deberá solicitar las tres últimas liquidaciones que den cuenta de las remuneraciones mensuales del trabajador y su correspondiente descuento por retención judicial, anteriores al término de la relación laboral. No obstante lo anterior, el empleador estará obligado a declarar por escrito su deber de retener judicialmente la pensión alimenticia, especialmente cuando dicha retención no apareciere especificada en las liquidaciones.

La obligación del inciso anterior se extenderá al presidente del sindicato o al delegado sindical respectivo, si procediere de acuerdo con el artículo 177 del Código del Trabajo. Tratándose de las obligaciones consagradas en éste y en el inciso precedente, su incumplimiento hará a quien corresponda solidariamente responsable del pago de las pensiones alimenticias no descontadas, retenidas y pagadas, sin perjuicio de la reparación civil de los daños que por su omisión pudiere causar.

Si hubiere intervención judicial, el tribunal con competencia en lo laboral, una vez establecida la suma total a pagar en favor del trabajador, ordenará al empleador descontar, retener, pagar y acompañar el comprobante de pago de las sumas a que se refieren los incisos cuarto y quinto. Para estos efectos, el empleador estará obligado a poner en conocimiento del tribunal su deber de retener judicialmente la pensión alimenticia. Sin perjuicio de lo anterior, se admitirá la participación del alimentario, en calidad de tercero, para efectos de acreditar en juicio la existencia de la obligación alimenticia y el deber de retención del empleador. Asimismo, el tribunal podrá consultar al tribunal con competencia en asuntos de familia o a la institución financiera correspondiente a fin de comprobar la efectividad del depósito de los alimentos por parte del empleador.

Si el empleador incumpliere una o más de las obligaciones expresadas en este artículo, quedará sujeto a la sanción dispuesta en el inciso primero. Asimismo, quedará obligado solidariamente al pago de las pensiones no descontadas, retenidas y pagadas en favor del alimentario." Quinto: Que teniendo presente lo señalado en los considerandos precedentes, en concepto de esta Corte, la recurrida dio cumplimiento a una obligación de carácter legal, cuyo incumplimiento trae aparejada una sanción de carácter pecuniario para el empleador obligado a ello, por lo que no existe un derecho de carácter indubitado que proteger ni medida alguna que este Tribunal de Alzada pueda adoptar, sino que se evidencia un cumplimiento de la ley por parte del empleador recurrido, en forma eficiente y oportuna, por lo que dicha acción será rechazada como se dirá en lo resolutivo.

Sexto: Que a mayor abundamiento, se debe tener presente que si bien consta que el actor y las alimentarias alcanzaron un acuerdo en materia de rebaja de los alimentos decretados en el año 2008, con fecha 10 de junio de 2023, aparece de los antecedentes acompañados, que el actor celebró con la recurrida el finiquito materia de autos con fecha 23 de mayo del presente año, por lo que no existe posibilidad alguna que la recurrida diese cumplimiento a un acuerdo cuya existencia desconocía al momento del término de la relación laboral y suscripción del respectivo finiquito.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de Comercial CCU S.A.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-20648-2023.