nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE

edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

Visto:

A folio 1, comparece, debidamente representada, nombre reservado, matrona, ex Directora del Departamento de Salud de la Municipalidad de Santo Domingo, Región de Valparaíso, quien se desempeñó en dicha entidad municipal por casi 30 años ininterrumpidos, esto es, desde 1993 hasta septiembre de 2021, Categoría B Nivel 1 E.U.S. de dicha Municipalidad, quien recurre de protección contra la Contraloría General de la República, Regional de Valparaíso, por haber emitido el Oficio N°E358129-2023 de 15 de junio de 2023, notificado a su parte por correo electrónico del 19 del mismo mes u año, que rechazó recurso de reconsideración interpuesto por la actora, contra oficio E1888395, de 18 de julio de 2022, que rechazó reclamo de derechos funcionarios, interpuesto a su vez, contra la resolución de la I. Municipalidad de Santo Domingo que resolvió aplicar la medida de destitución, con la cual concluyó un sumario administrativo seguido contra la actora. En virtud del presente recurso pide que se declare la ilegalidad y arbitrariedad del oficio E358129-2023, recién individualizado, por los vicios que denunciará a continuación, y que vulneró las garantías constitucionales de su parte, así como cualquier otra medida que esta Corte estime pertinente adoptar, con condena en costas.

Relata que la actora ingresó al Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Santo Domingo el 22 de febrero de 1993 bajo las normas del Código del Trabajo, con las funciones de Coordinadora Técnica-Administrativa del referido Departamento. Luego, el 12 de julio de 2000, mediante decreto alcaldicio N°440, se regularizó su situación en el sentido de reconocer que la Ley N°19.378 le ha sido aplicada desde 1995.

Destaca que entre los años 2001 y 2012 fue calificada con Nota 7 en la mayoría de los factores, lo cual va de la mano con las labores que ha realizado, las que fueron aumentando en responsabilidad, hasta llegar a ser Directora de salud Municipal, desde 1995 hasta el 21 de octubre de 2021, cuando fue desvinculada.

Refiere que el problema se generó en el año 2016, cuando las máximas autoridades municipales pretendieron alejarla ilegalmente de su cargo, lo que fue objeto de una presentación de la afectada ante la Contraloría Regional, entidad que reafirmó sus argumentos con ocasión del traspaso ordenado por el inciso primero del artículo tercero transitorio de la Ley N°20.250, debiendo respetarse su cargo de jefa o Directora del Departamento de Salud, lo cual quedó reflejado en el oficio N°13.372, de 14 de abril de 2017, en el que concluye que, dado que el legislador no previó que la designación de director del departamento de salud tenga una vigencia determinada en el tiempo, no procede el cese de funciones de la peticionaria, a menos que concurra alguna de las causales contempladas en el artículo 48 de la citada ley N° 19.378 (aplica dictamen N°46.786 de 2016). En razón de ello, el municipio deberá respetar las labores ejercidas por la recurrente, regularizando su situación. Refiere que luego de esta situación, su relación con las autoridades municipales cambió.

Es así, como el 14 de mayo de 2020 recibió un manifiesto de 9 de los más de 100 funcionarios a su cargo, quienes, con el pretexto de mejorar un ambiente laboral que calificaron de problemático, instaban a la solución de una serie de problemas de los cuales culpaban de forma exclusiva a la recurrente, los que después guiarían todo el proceso sumarial.

Estos problemas, consistían en: i.-Una eventual demora y atraso de los trabajos, cuestión que correspondía calificar a los superiores de la actora, quienes siempre la calificaron bien; ii.- Malos tratos laborales en los últimos 3 años, de forma genérica, periodo que coincide con el transcurrido desde el oficio de la Contraloría ya aludido; iii.- Hostigamiento; Derivado de una conducta reiterativa en orden a requerir trabajos fuera del honorario de la jornada diaria de trabajo, sin considerar la alta carga que tiene un Departamento de Salud Comunal, que debe operar las 24 horas del día, en una época donde nuestro país estaba sufriendo las consecuencias del covid 19; iv.-Salud incompatible con el cargo: lo que la atora califica como una falta de respeto a su persona.

Añade que su parte trató de contactar a los denunciantes para realizar reuniones y solucionar estos problemas, por medio de correos de 16 y 18 de mayo de 2020, pero no fueron acogidos. Luego, el 2 de junio de 2020, 8 de los 9 denunciantes originales se dirigieron al Alcalde, reproduciendo el manifiesto ya señalado, con lo cual, el 6 de julio de 2020, mediante decreto alcaldicio N°946 se ordenó instruir un sumario administrativo contra la actora, por los 3 primeros puntos aludidos más arriba, designando como fiscal al abogado del Municipio, Jaime Contreras Garcés.

Refiere que el Fiscal realizó su primera actuación el 9 de julio de 2020, al acumular a ese sumario uno anterior, instruido por decreto alcaldicio N°088 de 17 de enero de 2020, referente a eventuales errores detectados en la carrera funcionaria, y que la actora desconocía.

El 14 de julio la recurrente realizó presentación en que pidió se respetara el debido proceso, en cuanto a su posibilidad de recusarlo, pero el fiscal, en resolución de 21 de julio de 2020 adoptó la medida provisoria de suspender de funciones a la sumariada, medida que pasó a ser permanente, pues nunca más volvió a ejercer funciones.

Posteriormente, el fiscal toma declaración a los denunciantes y otros funcionarios. Detalla en su recurso, cada uno de los funcionarios que declararon y el contenido de sus declaraciones.

En el caso de nombre reservado, encargado de Control Interno y encargado de Finanzas y Presupuesto del Departamento de Salud Municipal: dijda ejemplos de lo que considera falta de lineamientos, sin indicar fecha no mayor antecedentes; en cuanto al maltrato laboral, se refiere a una situación ocurrida el 2017, y a lo que habría sufrido una persona de la que no conoce el nombre, además de gritos a dos funcionarias. Termina diciendo que “no les da autonomía”. Además se refiere a mensajes que el califica como “retos”, pero no son tal.

En el caso de nombre reservado, secretaria del Departamento de Salud desde 2018. Firmo la 1° carta, pero no la segunda: Niega haber sido presionada por la recurrente para ello. Niega maltrato laboral, dice que a veces llegaba mal genio en la mañana, dice que decía una cosa y después otra, y eso generaba conflictos, en hostigamientos, ella no sufrió, pero con otros compañeros tal vez.

nombre reservado: Administrativo, con labores de estadística del Departamento de Salud. Denuncia situaciones de maltrato del 2008, luego otras sin señalar fecha, vio salir llorando de la oficina de la rte a nombre reservado. Dice que había exceso de trabajo, pero no señala con claridad hostigamiento.

nombre reservado. Auxiliar paramédico: habla de falta de lineamientos de forma general, supuestos maltratos del 2010 o 2012, fiscal hacia preguntas inductivas.

nombre reservado, administrativo de finanzas: no da cuenta de maltrato, sino al revés, a ella le gritaban. Además ella, la declarante, recibió malos tratos de dos de los denunciantes. Firmo la primera carta solo por la falta de lineamientos, no estaba de acuerdo en lo demás. Dice que nombre reservado dijo, en junio de 2020: “Yo quiero la cabeza de la sra. nombre reservado”

nombre reservado, administrativo de remuneraciones: falta de lineamientos de forma genérica, nunca escucho que maltratara a nadie, solo cuenta lo que a ella le contaron. Dice que le enviaba wasap y correos FDS. Tarde. No los acompaña.

nombre reservado, técnico administrativo en el área de remuneraciones. nombre reservado, técnico en enfermería. nombre reservado, enfermera, directora del Cesfam, nombre reservado, nombre reservado ruggeman: dice que había falta de lineamiento, no da ejemplos claros, no da cuenta de maltrato sino situaciones que critican la forma de ser de la recurrente, tb dice que le enviaban wasap y correos fuera de horario.

nombre reservado, encargada de finanzas. nombre reservado, ex funcionaria administrativa de personal y nombre reservado ex Directora del Cesfam. Destaca que son estas personas a quienes los otros denunciantes sindican como las victimas de supuesto maltrato, pero ellas solo dan cuenta de una relación laboral desgastada por el tiempo que llevan todas ellas en el Departamento, que no les ha impedido ascender en su carrera funcionaria. Además no firmaron la carta de denuncia. No mencionan hechos concretos de maltrato, sino situaciones de desacuerdo, propio del cargo que ostentaban.

Refiere que luego de esas declaraciones, el fiscal ordenó la realización de informes sicológicos, pero solo a las personas que el designó, que eran la sumariada, más 6 de las personas que declararon en su contra. Destaca que, de esos informes, hay conclusiones que ameritaban una línea investigativa de presunta coordinación previa de los denunciantes, falsedad del acoso y/o maltrato alegado, lo cual no fue objeto de análisis por parte del Fiscal.

En efecto, en el caso de nombre reservado, el informe dice que tiene una importante alteración en la autoestima, tiene necesidad de ser admirado incondicionalmente, asociado a la creencia de ser especial, logra sus objetivos a través de la explotación de los demás, develando arrogancia, soberbia y falta de empatía, devalúa a sus compañeros, escasa autocritica. Reconoce que la idea de la carta habría nacido de nombre reservado, junto a Camila y Katherine. El informe concluye que NO reúne criterios para asegurar que fue maltratado, solo se establece un clima laboral riesgoso.

En cuanto a nombre reservado, tiene características psicológicas similares al anterior, y señala el informe que no es posible descartar una simulación, porque se observa un correlato cognitivo inconsistente con el estilo de expresión emocional, pudiendo estar asociado a motivaciones personales de rabia y frustración. No reúne criterios de haber sido maltratado, solo tiene estrés laboral leve.

En cuanto a nombre reservado: dice que si bien presenta afectación emocional, estas se muestran más en la línea de la herida narcisista que a una vulnerabilidad, donde la sintomatología alude a sus rasgos propios de personalidad, que derivado de lo que se investiga. Dice que presenta signos de sospecha propios de los simuladores. No presenta criterios fiables de maltrato.

Reprocha el actor que los informes de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, que restó credibilidad a sus relatos, indicando que no presentaban indicadores de haber sido maltratados, y que se sospecha de una coordinación previa en la denuncia, debieron haber sido confrontados con los informes de nombre reservado y nombre reservado (responsable directa de llevar la carrera funcionaria) asi como de nombre reservado, quienes sí dieron credibilidad a sus relatos.

Luego señala que el informe de la recurrente que no presenta trastornos de personalidad, que tiene un estilo de comunicación pasivo agresiva, que ante situaciones de estrés tiene dificultades en su autorregulación emocional, llegando a ser agresiva.

Indica la recurrente que los informes periciales no fueron concluyentes en cuanto a confirmar la existencia de maltrato y/o acoso laboral de gravedad, en los términos denunciados, por lo que el Fiscal debió haber seguido investigando situaciones concretas, y no razonar sobre generalidad, que fue lo que hizo.

Añade que el Departamento de Salud Municipal creció durante la pandemia, pues pasó de 20 a más de 100 y sucede que 29 de esos funcionarios enviaron una carta al Alcalde de la época para agradecer la gestión de la actora, destacando que, si bien pudieron haber tenido diferencias de opinión, ella siempre actuó pensando en el mejor funcionamiento de los Establecimientos de salud, y que desconocen por qué está en un sumario, pero creen que no merece estar en esa situación, a un año de terminar con su carrera funcionaria.

Luego indica que el sumario fue cerrado el 13 de abril de 2021, y se le formularon dos cargos, que son: 1.-Cargo N°1 que califica como grave falta a sus deberes funcionarios el imputársele no llevar correctamente la carrera funcionaria al no supervisar las actuaciones realizadas por la declarante en su contra nombre reservado. Dice que no se explica por qué seria ella la responsable, nadie la sindica a ella como la responsable tampoco.

Cargo N°2, se imputa conductas reiteradas de acoso y maltrato laboral. Reprocha la actora que se aduce la norma prohibitiva del artículo 82, letra L) de la ley Nº 18.883, obviando las demás normas que describen dicha conducta y que reconducen a las normas del Código del Trabajo sobre la materia, tomando en consideración las declaraciones de los ya cuestionados denunciantes nombre reservado- nombre reservado- nombre reservado.

Indica que su parte tuvo la oportunidad de efectuar descargos, en los que objetó cada una de las declaraciones rendidas en el sumario, aporto la hoja de vida de la funcionaria, la pericia psicológica y la declaración de 22 funcionarias que la respaldaron. Pese a ello, el 1 de junio de 2021 el Fiscal emitió su Vista Fiscal, en la que sugirió medida de censura respecto del Cargo N°1 y Destitución respecto del Cargo N°2.

Paralelamente, sucede que la recurrente cumplía con los requisitos para su selección a la bonificación por retiro voluntario al personal de Atención Primaria de Salud Municipal, Ley N°20.919, proceso año 2021, por lo que postuló el 27 e mayo de 2021. El 8 de junio de 2021 se dictó el decreto alcaldicio N°677 que aprobó la nómina de funcionarios del Departamento de Salud Municipal a dicho incentivo para el 2021. Luego, mediante oficio N°1222 de 14 de julio de 2021, la actora fue incluida en la nómina que remitió el Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio al entonces Subsecretario de Redes Asistenciales de postulante.

Indica que estando en tramitación dicho asunto, el alcalde dictó decreto SIAPER N°956, de 28 de septiembre de 2021, en que aprobó la Vista Fiscal y aplicó las medidas de censura y destitución a la recurrente, “atendida la gravedad de los hechos que se tuvieron por acreditados, como lo es atentar en contra de la dignidad de los funcionarios bajo su dependencia jerárquica…..materializándose en maltrato laboral y hostigamiento laboral, reiterado y sostenido en el tiempo”.

Indica que su parte presentó un recurso de reposición contra el acto sancionatorio, el que fue desestimado mediante decreto alcaldicio N°1221, de 19 de octubre de 2021, notificado a su parte el 21 del mismo mes y año, por lo que desde esa fecha se considera desvinculada.

Posteriormente su parte hizo uso del derecho al reclamo de ilegalidad, establecido en el artículo 156 de la Ley N°18,883, el que fue desestimado por la Contraloría Regional de Valparaíso, mediante Oficio E188395 de 24 de febrero de 2022.

Refiere que el municipio, sin esperar la tramitación de los recursos pertinentes, el 29 de septiembre de 2021, esto es, un día después de haber dictado el decreto que sancionó a la recurrente, ofició al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, haciendo presente la aplicación de la medida expulsiva, tratando con ello de perjudicarla en su situación de retiro.

Sin perjuicio de ello, en Resolución Exenta N°922 de 10 de diciembre de 2021 del Ministerio de Salud, se individualizó a la actora dentro de los funcionarios que fueron reconocidos como titulares del beneficio de bonificación por retiro voluntario y otros beneficios de la Ley N°20.919.

Lo anterior motivó el oficio N°694 de 17 de diciembre de 2021, por el cual el actual alcalde dio cuenta de la situación funcionaria de la actora, a fin que no fuera incluida en esa lista, lo que luego fue elevado al Ministerio de Salud por el Director del Servicio de salud respectivo el 23 de diciembre de 2021, desconociéndose su posterior tramitación.

Señala que todos los hechos descritos dan cuenta de parcialidad, conductas que no fuero comprobadas y una infracción al debido proceso administrativo.

Enseguida se refiere a las consideraciones jurídicas que no fueron atendidas por la Contraloría Regional de Valparaíso.

Acerca de la posibilidad de revisar decisiones de la autoridad por prueba insuficiente. Refiere que la Contraloría tiene la facultad de revisar cualquier procedimiento sumarial en cuanto a comprobar el cumplimiento de un estándar suficiente por el cual el fiscal y luego el alcalde, puedan dar por acreditado el hecho por el cual el funcionario fue sancionado. Aquello es la concreción del principio de juridicidad. Reclama que la Contraloría no cumplió con aquello, pues tanto en su oficio de febrero de 2022 como en el objeto de este recurso, se limitó a señalar que el proceso sumarial se tramitó con apego a la normativa que regula la materia, no apreciándose la existencia de vicios que afecten su legalidad. Es decir, se basó en aspectos formales.

Luego se refiere a la definición de maltrato laboral, afirmando que este no existió en la especie. Señala que ello no fue objeto de análisis ni en el sumario ni en los oficios emanados de la Contraloría Regional. Se refiere al artículo 84 letras l) y m) de la Ley N°18,834 sobre Estatuto Administrativo, en relación al artículo 2° del Código del Trabajo, que en resumen, se refieren a actos atentatorios de la dignidad de las personas. Indica que, atendido que de las denuncias solo se consideraron creíbles algunas, el Fiscal debió haber investigado más sobre aquellas, en la medida que hubiesen sido concretas, pero no lo hizo. Tampoco se acreditó que hayan sido reiteradas en el tiempo, lo cual es fundamental, porque NO son conductas de acoso laboral aquellas que se dan de forma ocasional o esporádico.

Enseguida se refiere al principio de objetividad, debido proceso y proporcionalidad de la sanción que rigen en todo sumario administrativo, que no se cumplió en este caso, pues se acreditó que la funcionaria tenia las más altas calificaciones, que recibía el apoyo de la mayoría de los funcionarios a su cargo, y que habían sospechas de existir una confabulación entre los denunciantes para sacarla de su cargo.

Se refiere a los artículos 118 y 120 de la Ley N°18.883, referidos a procedimientos sancionatorios, que indica que la medida de destitución es la máxima aplicable, y resulta proceden cuando se vulnera gravemente el principio de probidad administrativa.

Luego, se refiere a las garantías constitucionales conculcadas, y señala que la primera es de igualdad ante la ley, pues la actora tiene derecho a ser sujeto de un sumario administrativo con las garantías que tendría cualquier otro funcionario público; luego, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, y a un procedimiento racional y justo, en cuanto a la debida fundamentación y proporcionalidad de la sanción; y por ultimo, el derecho de propiedad, al privar a la recurrente de su condición funcionaria y de su bonificación de incentivo al retiro.

Pide se declare la ilegalidad y arbitrariedad del Oficio E358129-2023 de 15 de junio de 2023, emanado de la Contraloría Regional de Valparaíso, al no haberse hecho cargo de los antecedentes objetivos que emanaban del examen del expediente sumarial, advertidos por el recurrente, lo que vulnero sus garantías fundamentales, de la forma en que ha sido descrita, y se tome cualquier medida que esta Corte considere pertinente, con condena en costas.

Acompaña oficio objeto del presente recurso.

Pide en el segundo otrosí de su recurso que se requiera a la recurrida la remisión del expediente íntegro del sumario de que se trata.

A folio 6 evacua informe la I. Municipalidad de Santo Domingo, quien pide el rechazo del recurso por las razones que expone.

Comienza señalando que, por medio de Decreto Alcaldicio N°88, de 17 de enero de 2020, se ordenó instruir un sumario administrativo en contra de la recurrente, por los errores detectados en la carrera funcionaria. Por su parte, el 2 de junio de 2020 (sic) recibieron una denuncia formal por parte de funcionarios del área de salud, por acoso laboral, en contra de su directora, la actora de autos, por lo que el 6 de julio de 2020 se dictó el Decreto Alcaldicio N°946, que instruyó sumario administrativo por dichas denuncias. El 8 de julio de 2020 es notificado de su designación de fiscal, el abogado Jaime Contreras Garcés.

A principios de junio de 2021 se pone en antecedentes al Sr. Alcalde de la época, Sr. Fernando Rodríguez informe de vista de fiscal, lo cual sucede en un período complejo, pues debía entregar su cargo al alcalde electo en mayo del 2021. Es el nuevo alcalde, Dino Lotito Flores, quien, luego de leer el expediente que tenía más de 1000 fojas, dicta el decreto alcaldicio Siaper N°956, el 28 de septiembre de 2021 que aplicó las medidas disciplinarias a la recurrente.

Posteriormente la recurrente interpone reclamo de ilegalidad de acuerdo al artículo 156 de la Ley N°18.883, ante la Contraloría Regional. En el procedimiento tramitado por dicho órgano contralor, se le requirió informe a su parte, quien lo evacuó en los siguientes términos.

En primer lugar, y ante el cuestionamiento del recurrente en cuanto al excesivo retardo del procedimiento administrativo, se refiere a cada una de las gestiones realizadas en el sumario administrativo, indicando que se tomó declaración a 30 personas, se contó con la pericia de un experto en temas de maltrato y acoso laboral, perito e Corte y de la Fiscalía de Santiago, se analizó un gran número de documentos, resultando un expediente de más de 1000 fojas, llevándose a cabo la investigación durante la pandemia, debiendo asumir el sistema de teletrabajo. A eso se debe sumar el estudio que debió hacer el nuevo alcalde antes de dictar el decreto sancionatorio, por lo que estima el ente municipal que la investigación se hizo dentro de un plazo razonable.

En segundo lugar, en cuanto a la supuesta aplicación abusiva por parte del fiscal de aplicar la medida preventiva de suspensión, señala que no fue reclamada en su momento, y ella nada tiene que ver con la medida disciplinaria que se aplicó en definitiva, objeto de esta acción.

En tercer lugar, en cuanto a las supuestas irregularidades manifiestas en los actos administrativos reclamados, indica que la reclamante afirmó que en el decreto alcaldicio N°956 de 28 de septiembre de 2021 no se valorizó la prueba, ni se hicieron los análisis de los aspectos de derechos ni se establecieron los hechos, lo cual es efectivo, porque todo ello se realiza en la vista fiscal, tal como lo exige el artículo 137 de la Ley N°18.883, vista fiscal a la cual la parte sancionada tuvo pleno acceso, aun cuando nunca pidió copia de él.

En cuanto lugar, en cuanto a que la acumulación de sumarios no habría cumplido con las exigencias legales para su procedencia, indica que se hizo por el principio de economía procesal y buena administración de los recursos fiscal, atendido que se les debía tomar declaración a las mismas personas, lo cual permitió terminar con ellos en un plazo razonable.

En quinto lugar, se refieren a la supuesta falta de consideración de circunstancias atenuantes de responsabilidad en la resolución impugnada e indica que ello no fue así, si se consideró la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, pero ello no quiere decir que la sanción se deba rebajar automáticamente, y en este caso, se decidió la medida de destitución, por la gravedad de los hechos constatados.

Refiere que el informe jurídico evacuado en su oportunidad, ante la Contraloría Regional, se refirió al artículo 142 de la Ley N°18.883 e indica que no existe en este caso ningún vicio de procedimiento y menos de alguno que indica en el resultado del sumario administrativo, único vicio que podría fundamentar una declaración de ilegalidad como la que pretende la reclamante. Destaca además que ella, en su reclamo, no hace alusión a la efectividad o no de los hechos que se le imputaron, sino que solo atacó la legalidad del procedimiento y no aportó ningún medio de prueba en apoyo de sus dichos.

Señala que la Contraloría Regional dictó el oficio E188395/2022, en que se hace cargo una a una de las alegaciones de ilegalidad hechas por la Sra. nombre reservado, afirmando que el procedimiento se tramitó con apego a la normativa que regula la materia, por lo que no se aprecia la existencia de vicios que afecten su legalidad, por lo que se desestiman los reclamos presentados.

A folio 9 evacua informe la Contraloría Regional de Valparaíso, quien solicita el rechazo del recurso por las razones que expone.

En primer lugar señala que la sra. nombre reservado hizo una presentación ante la Contraloría Regional denunciando supuestas irregularidades en el sumario administrativo, durante su tramitación; y que después de habérsele aplicado las sanciones ya descritas, interpuso un reclamo de ilegalidad, alegando un decaimiento del procedimiento administrativo disciplinario, atendida la demora en su tramitación; reiteró el reclamo contra la medida preventiva de suspensión; señaló que el decreto alcaldicio N° 956, de 2021, era ilegal porque no indicó la normativa infringida y le aplicó dos sanciones distintas (censura y destitución); indicó que la acumulación de los sumarios no cumplió las exigencias legales para su procedencia, y que no se consideraron las circunstancias atenuantes de responsabilidad administrativa. Esta solicitud fue resuelta por la Contraloría mediante oficio E188395 de 2022.

Posteriormente, el 18 de julio de 2022 la actora presenta solicitud de reconsideración, la que fue resuelta el 16 de junio de 2023, objeto de este recurso.

Opone como excepción la falta de legitimación pasiva, puesto que si bien formalmente lo impugnado es el oficio de Contraloría, lo cierto es que el acto que le produce el daño que reclama es el decreto alcaldicio N°1221 de 2021 en el cual se le se ratificó la aplicación de las medidas disciplinarias de censura y destitución aplicadas en decreto N°956 de 28 de septiembre de 2021.

Refiere que la pretensión de la actora es utilizar esta acción constitucional como una instancia recursiva respecto del sumario administrativo en que resultó sancionada y en que ya agotó las instancias que dicho procedimiento reglado contempla.

En segundo lugar, el recurso es improcedente, a la luz de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N°19.980, que indica que interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquella no haya sido resuelta, y sucede que al haber resuelto sus presentaciones ante la Contraloría, comenzó a correr el plazo para recurrir de protección, no contra la Contraloría, sino contra quien emitió el acto impugnado, vale decir el Municipio de Santo Domingo.

En tercer lugar dice que el petitorio de la recurrente es ineficaz para el fin que persigue, puesto que solo pide se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad del oficio de la contraloría, pero ello no deja sin efecto la medida de destitución, por ende su situación no cambia.

En cuarto lugar, reprocha la falta de emplazamiento de la Municipalidad de Santo Domingo, único órgano que podría ejecutar la medida de dejar sin efecto la destitución de la actora.

En quinto lugar, argumenta sobre la improcedencia del recurso de protección contra un sumario administrativo, atendido que lo que se busca es cuestionar las medidas disciplinarias adoptadas en ella, así como también el criterio jurídico contenido en los oficios ya individualizados, todo lo cual excede la naturaleza de una acción de protección, puesto que no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que cautela aquellos que son prexistentes e indubitados, y se encuentran afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende, en situación de ser amparados.

Señala luego que un sumario administrativo contempla trámites necesarios para asegurar el respeto a la garantía del debido proceso.

En sexto lugar asegura que no existió ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la resolución del reclamo de ilegalidad interpuesto por la actora, puesto que este oficio efectuó un análisis razonados de los argumentos expuestos en su reclamación, de los antecedentes sumariales, como de las actuaciones practicadas por la I. Municipalidad de Santo Domingo, de conformidad a la normativa vigente sobre la materia.

A mayor abundamiento, cita las letras c) y d) del artículo 63 de la Ley N°18.695 que indica que le corresponde al alcalde velar por la observancia del principio de probidad administrativa y disponer las sanciones al personal de su dependencia, y no porque la sanción impuesta haya sido adverso a los intereses de la Sra. nombre reservado, quiere decir que la decisión sea arbitraria.

Posteriormente, se refiere a las alegaciones formuladas en este recurso, y señala, en primer lugar, que la acumulación de sumarios es una gestión permitida, según el artículo 33 de la Ley N°19.880, además de las amplias facultades que detenta el fiscal instructor, de acuerdo al artículo 133 de la Ley N°10.336 por lo que su alegación fue rechazada por parte de la Contraloría Regional.

Enseguida, en segundo lugar, en cuanto a la medida preventiva de suspensión de funciones, tal facultad está establecida en el inciso segundo del artículo 134 de la Ley N°18.883, es excepcional, y su adopción debe ser ponderada y resuelta por el fiscal del sumario respectivo, como ocurrió en la especie, por lo que esta alegación también fue desestimada.

En tercer lugar, en cuanto a la valoración de la prueba, en especial testimonial y pericial, y el respeto al debido proceso. Refiere que en este recurso de protección la solicitante realiza un análisis parcial de la prueba del sumario, que sin embargo, no fue incluida en sus presentaciones hechas ante el órgano contralor. Sin perjuicio de ello, señala que su exposición es inocua, pues la ponderación de los hechos y la determinación de la gravedad y grado de responsabilidad que en ellos cabe a los inculpados, corresponde privativamente a los órganos de la Administración Activa, de manera que la Entidad Fiscalizadora puede objetar la resolución del servicio si del examen de los antecedentes se aprecia una infracción al debido proceso, a las normas legales o reglamentarias que regulan el tema, o bien, si se observa alguna decisión de carácter arbitrario.

En ese sentido la Contraloría pudo verificar que se allegaron a la investigación todas las probanzas destinadas a establecer la veracidad y existencia de los hechos materia del mismo, procurándose las instancias legales para asegurar la debida defensa de la inculpada, lo que se advierte en diversos escritos que detalla. En resumen, no se advirtieron irregularidades o vicios que afecten el debido proceso.

En cuarto lugar, en cuanto a la proporcionalidad de la sanción, destaca que el artículo 123 de la Ley N|18.883 establece que la medida disciplinaria de destitución procederá, en lo que importa, en casos de infracción a las disposiciones de las letras i), j), k) y l) del artículo 82 de esa ley. Por su parte, la letra l) mencionada señala que el funcionario estará afecto a la siguiente prohibición: Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios.

Es decir, es un caso en que la ley asigna una sanción específica para una determinada vulneración, la que se tuvo por establecida en el sumario, por lo que la autoridad edilicia se encontraba en el imperativo de disponerla.

A folio 11 se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección se dirige en contra del Oficio N°E358129-2023 de 15 de junio de 2023 de la Contraloría Regional, que rechazó el recurso de reconsideración, interpuesto a su vez, contra el Oficio E1888395, de 18 de julio de 2022, que rechazó el reclamo de derechos funcionarios interpuesto por la actora contra la resolución dictada por el alcalde de la Municipalidad de Santo Domingo, que decretó su destitución del cargo de Directora del Departamento de Salud Municipal.

Segundo: Que dicho reclamo, establecido en el artículo 156 de la Ley N°18.883 por ser de ilegalidad, sólo permite al ente contralor revisar si el proceso sancionatorio se ajustó a las normas que lo regulan, y en ese sentido, el análisis que hizo en su momento la Contraloría Regional de Valparaíso se encuentra ajustado a derecho, pues no detectó ninguna ilegalidad en la tramitación del sumario administrativo.

Tercero: Que, en cambio, en el presente recurso de protección, el actor argumenta sobre la tramitación y ponderación de la prueba rendida en el sumario, lo que escapa al objeto del reclamo de ilegalidad antes señalado y al ámbito de revisión de la Contraloría General de la República, puesto que la potestad sancionatoria, en este caso, le corresponde al alcalde, quien decidió aplicar la medida de destitución, aprobando los argumentos expuestos en la Vista Fiscal.

Cuarto: Que se debe considerar, que el recurso de protección no es la vía para solicitar la revisión de medidas disciplinarias adoptadas en sumarios administrativos, toda vez que se trata de una acción cautelar de protección y no de revisión administrativa. En este sentido, el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, por lo que resulta un planteamiento erróneo del actor intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado al término de la misma; y finalmente la medida terminal adoptada.

Quinto: Que, en cuanto a las alegaciones sobre la no obtención por parte de la actora, del bono de incentivo al retiro, dicha situación escapa a la materia objeto de este recurso de protección y no dice relación con el acto impugnado, por lo que será rechazado a su respecto.

Sexto: Que no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario, el presente recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, en contra de la Contraloría Regional de Valparaíso.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20566-2023.

No sujeto a anonimización.

En Valparaíso, cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.