nombre reservado con nombre reservado

Foja: 49 Cuarenta y nueve Cgv C.A. de Valparaíso Valparaíso, cinco de junio de dos mil diecisiete.

Visto:

A fs. 9 comparece don Juan Inti Lazcano Sanhueza, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, profesor, cédula nacional de identidad RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de don nombre reservado, Tesorero Provincial de Quillota, con domicilio en domicilio reservado, por sus actos y omisiones arbitrarios e ilegales, en que se negó a pagar al recurrente, el denominado “bono post laboral”, beneficio contemplado en el artículo 1° de la Ley N° 20.305, sobre “Mejora de las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de pensiones”, del cual es beneficiario, situación que implica privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio del derecho garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República; esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

Expone al efecto que, por Decreto Alcaldicio N° 5228 de 2016 se concedió al señor nombre reservado un bono laboral en virtud de la norma invocada, que el año 2016 ascendía a la suma de $ 65.719; habiéndose cumplido con los requisitos legales.

Precisa que conforme al artículo 8 de la Ley 20.305, la Tesorería General de la República debió haber efectuado el pago del beneficio, sin que le correspondiera pronunciarse sobre la procedencia o no del mismo. Que sin embargo, por oficio N° 61, de 03 de febrero de 2017, el señor Tesorero Provincial de Quillota devuelve los antecedentes por no cumplir el solicitante con los requisitos legales y por haber presentado su solicitud fuera del plazo establecido en la ley. Con fecha 20 de marzo de 2017, mediante ORD N° 170/2017 de 20 de marzo de 2017, don nombre reservado, Alcalde de la I. Municipalidad de Quillota informa al recurrente que fue denegado el pago del beneficio en comento, por los motivos ya expresados por la Tesorería Provincial.

Refiere que la ley N° 20.305 es imperativa al establecer en su inciso primero que la Tesorería pagará el bono, no otorgando facultades para negar el pago. Por otra parte, el Decreto Alcaldicio que le concedió el beneficio no ha sido revocado, por lo que estima que el Tesorero Provincial actuó fuera del ámbito de su competencia, de manera ilegal o arbitraria, atentando contra el derecho de propiedad de su representado, de percibir dicho bono, que habría ingresado a su patrimonio, vulnerando la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N.° 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita en definitiva que se acoja el recurso interpuesto y se ordene a la Tesorería General de la República disponer el pago inmediato de dicho beneficio en forma retroactiva, conforme lo dispuesto en la Ley N° 20.305, con costas.

A fs. 16 se tiene por interpuesto el recurso solicitando informe a la recurrida y, adicionalmente a la Ilustre Municipalidad de Quillota.

A fs. 29 informa esta última, señalando que ese Municipio dictó el Decreto Alcaldicio que concede al recurrente el bono post laboral por haber acreditado el cumplimiento de los requisitos para impetrar ese derecho. Que posteriormente, el Tesorero Provincial de Quillota devolvió la documentación por haber presentado el recurrente solicitud fuera del plazo en relación a la edad que establece la ley, conforme al numeral 5 del artículo 2 de sus disposiciones transitorias, lo que fue informado al interesado.

A fs. 34, don nombre reservado, Tesorero Provincial Comunal de Quillota informa al tenor del recurso, indicando primeramente, que éste fue interpuesto en forma extemporánea, por cuanto el acto administrativo que denegó el pago del bono, es de fecha 03 de febrero de 2017, en tanto la acción de protección fue ingresada a la I Corte, el 18 de abril del año en curso, excediendo el plazo fatal de 30 días corridos que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

En cuanto al fondo refiere que el Servicio de Tesorería no es un mero ente pagador, puesto que le compete requerir todos los antecedentes necesarios que justifiquen los egresos de carácter no tributarios que deba efectuar en el ejercicio de sus funciones, tales como las bonificaciones, pudiendo, en el ejercicio de esta potestad, solicitar el respaldo de la documentación necesaria para asegurar el correcto cumplimiento del egreso en resguardo del interés fiscal.

Agrega que con arreglo a la preceptiva anotada, la recurrida tiene atribuciones no sólo para revisar los requisitos de tiempo computable y edad para acceder al bono contemplados en los numerales 2 y 4 del artículo 2 de la citada Ley 20.305, respectivamente, sino también para verificar el resto de los requisitos establecidos en el texto legal para los mismos fines. Que en este caso concreto, se devolvió el decreto que concede el bono laboral al recurrente, al constatar que no cumplía con el requisito del número 5 del artículo 2° de la Ley N°20.305, decisión que fue comunicada a la I Municipalidad de Quillota, por oficio 61 de 03 de febrero del año en curso.

En atención a lo informado, solicita se rechace la acción en todas sus partes, con costas.

A fs. 37 se tiene por evacuado informe y se dispone agregar informe y sentencia definitiva dictada en causa Rol I. C N° 595-2011 Hecho, para ser tenidas a la vista.

A fs. 45 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de derechos que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias necesarias para el pronto restablecimiento del imperio del derecho y para asegurar la debida protección al afectado, en el evento de existir privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de tales derechos.

SEGUNDO: Que corresponde rechazar la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, en atención a que la infracción en que se asila el recurrente, es el no pago del bono reclamado, hecho que se mantiene hasta el día de hoy y que legitima la interposición del presente recurso.

TERCERO: Que la presente acción de protección de garantías constitucionales ha sido interpuesta por don nombre reservado, en contra de la Tesorera Provincial de Quillota, en virtud del acto que califica de arbitrario e ilegal, al haber ésta rechazado el pago del bono post laboral contemplado en la Ley N° 20.305, que le fuera conferido por medio del Decreto Alcaldicio N.° 5228 de 25 de agosto de 2016, suscrito por el Alcalde de Quillota, bono que por tanto ingresó en su patrimonio, vulnerando con ello la garantía prevista en el artículo 19 N.° 24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que informando la recurrida sobre el fondo del asunto, refiere que el Servicio de Tesorería no es un mero ente pagador, toda vez que conforme lo señala la propia Contraloría General de la República en su Dictamen N.° 3931 de 21 de enero de 2011, el artículo 13 de la Ley 19.041 preceptúa en su inciso 1° que corresponde al Servicio de Tesorería requerir todos los antecedentes necesarios que justifiquen los egresos de carácter no tributarios que deba efectuar en el ejercicio de sus funciones, tales como las bonificaciones y el pago directo de algunas prestaciones previsionales, agregando en su inciso 2° que en el ejercicio de esta potestad podrá solicitar el respaldo de la documentación original que justifica tales operaciones, requerir información a los organismos que estime pertinentes, verificar domicilios del destinatario del egreso y cualquiera otra acción que asegure el correcto cumplimiento del egreso en resguardo del interés fiscal.

Agrega que con arreglo a la preceptiva anotada, la Tesorería tiene atribuciones no sólo para revisar los requisitos de tiempo computable y edad para acceder al bono, contemplados en los numerales 2 y 4 del artículo 2 de la citada Ley 20.305, respectivamente, sino también para verificar el resto de los requisitos establecidos en el texto legal para los mismos fines, pudiendo devolver los antecedentes al servicio respectivo, a fin de que éste haga una nueva evaluación de los mismos, con el objeto de que se complementen, absteniéndose de pagar, en conformidad a los principios de eficiencia y coordinación con que deben actuar los organismos públicos, conforme lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 18.575.

De allí que en uso de tales atribuciones se devolvió el Decreto Alcaldicio que concede el bono laboral al recurrente señor nombre reservado, al constatar que éste no cumple con el requisito del número 5 del artículo 2° de la Ley N°20.305, esto es, no haberse solicitado el beneficio dentro del plazo de 12 meses siguientes a la fecha de haber cumplido la edad, en este caso 65 años; decisión que fue comunicada a la I Municipalidad de Quillota, por oficio 61 de 03 de febrero del año en curso.

QUINTO: Que en consecuencia, el asunto que se discute y se somete a la decisión de esta Corte, es la validez de lo actuado por la Tesorería Provincial de Quillota, al negar el pago de un bono que estaba concedido a través del respectivo Decreto Alcaldicio, imputándosele haber actuado fuera de la órbita de su competencia.

SEXTO: Que al efecto, el artículo 8° de la ley 20.305 establece que el Servicio de Tesorerías pagará el bono a los beneficiarios y para ello el jefe superior del servicio o jefatura máxima respectiva le remitirá copia del acto administrativo que lo concede y los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los números 2 y 4 del artículo 2° de esa ley, que dicen relación con tener a lo menos 20 años de servicio en las instituciones a que se refiere el artículo 1° y tener cumplidos 60 años de edad en el caso de las mujeres.

SEPTIMO: Que conforme al tenor de la norma antes citada, la obligación de remitir los antecedentes por parte del ente administrativo junto al correspondiente Decreto Alcaldicio, dando cuenta del cumplimiento de los requisitos 2 y 4 del artículo 2° de la Ley 20.305 es una obligación que compete al ente edilicio, lo que en caso alguno descarta la facultad que le asiste al Servicio de Tesorería, para recabar los antecedentes que estime necesarios en orden a verificar que se cumplan todos los requisitos que la ley establece para el otorgamiento del bono que se ordena pagar, atento lo previsto en , el artículo 13 de la Ley 19.041, no siendo este organismo, como señala la recurrida en su informe, un mero pagador, de ahí que la ley le otorgue atribuciones para devolver o requerir los antecedentes necesarios para verificar que el pago corresponde.

OCTAVO: Que el artículo 2 de la Ley N° 20.305 dispuso, en lo pertinente, que para tener derecho al bono respectivo será necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos:

1) Tener las calidades mencionadas en el inciso primero del artículo 1 en los referidos organismos o en sus antecesores legales, tanto a la fecha de la postulación para acceder al bono como con anterioridad al 1 de mayo de 1981;

2) Tener a lo menos 20 años de servicios en las instituciones señaladas a la fecha de publicación de la presente ley;

3) Tener una tasa de reemplazo líquida estimada igual o inferior al 55% y acceder a pensión líquida regida por el DL 3500;

4) Tener cumplidos los 65 o 60 años de edad; y 5) Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, sea por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el Decreto Ley N 3500, por supresión del empleo o aplicación del artículo 161 inciso 1º del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas.

NOVENO: Que según consta de los antecedentes que obran en el recurso, entre ellos lo informado por el director del Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Quillota que rola a fojas 20, el recurrente señor nombre reservado solicitó el bono post laboral el 29 de octubre de 2014; su relación laboral terminó el 31 de marzo de 2016 según se establece en el Decreto Alcaldicio N.° 1898 de 29 de marzo de 2016, y cumplió 65 años de edad el 27 de noviembre de 2013, de lo que cabe concluir que éste solicitó el bono post laboral sin cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley N° 20.305, por lo cual a su respecto no procedía el pago del beneficio regulado en ésta.

DECIMO:

Que en atención a lo expuesto, la recurrida Tesorería Provincial de Quillota, ha obrado al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 19.041, que ordena: “Corresponderá al Servicio de Tesorerías requerir todos los antecedentes necesarios que justifiquen los egresos de carácter no tributarios que deban efectuar en el ejercicio de sus funciones, tales como: (…) las bonificaciones”, y que “podrá solicitar el respaldo de la documentación original que justifica tales operaciones; requerir información a los organismos que estime pertinente; verificar domicilios del destinatario del egreso y cualquier otra acción que asegure el correcto cumplimiento del egreso en resguardo del interés fiscal, en especial suspender o rechazar el pago respectivo cuando los antecedentes lo ameriten.”

UNDÉCIMO: Que de esta manera, la decisión de la recurrida no puede ser calificada como ilegal o arbitraria, por cuanto emana de la autoridad competente, que actuó dentro de sus funciones y encontrándose el acto debidamente fundamentado, tanto en los hechos como en el derecho.

DUODÉCIMO: Que lo resuelto en este recurso es sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder al recurrentes en conformidad a las disposiciones permanentes y transitorias de la Ley N° 20.636.

Por estas consideraciones y de conformidad además con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza sin costas el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en lo principal de fojas 9, en contra de la tesorería Provincial de Quillota.

Fallo redactado por la Ministra Sra. Lavín.

No firma la Ministro Srta. Quezada, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no integrar el día de hoy, autorizada de conformidad a los dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

N° PROTECCIÓN 2055-2017