SERVICIOS MEDICOS VIÑA DEL MAR SPA con DIRECCION DEL TRABAJO VALPARAISO

Llg C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, cinco de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de Servicios Médicos Viña del Mar SpA, en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, debido a que, con ocasión del procedimiento administrativo iniciado conforme a la Ley N° 21.643, derivado mediante presentación registrada con fecha 10 de enero de 2025, la recurrida ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de iniciar, tramitar y concluir dentro del plazo legal la investigación administrativa correspondiente a ley Karin, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N°2 y 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

La recurrente señala que, con fecha 06 de enero de 2025, la Asociación Chilena de Seguridad informó el ingreso por enfermedad profesional del trabajador nombre reservado, lo que motivó que el empleador efectuara la Denuncia Individual de Enfermedad Profesional y adoptara medidas de resguardo, derivando oportunamente los antecedentes a la Dirección del Trabajo el día 10 de enero de 2025 para la investigación correspondiente bajo la denominada Ley Karin. No obstante, pese al tiempo transcurrido desde la recepción de los antecedentes, la autoridad administrativa no ha notificado el inicio de la investigación, no ha practicado diligencias investigativas ni ha emitido informe alguno que ponga término al procedimiento.

Agrega que la normativa aplicable, particularmente el artículo 211-C del Código del Trabajo y el Reglamento contenido en el Decreto N°21 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece que la investigación debe concluir dentro del plazo máximo de treinta días, el cual venció el 21 de febrero de 2025 sin actuación de término por parte de la recurrida, configurándose una omisión ilegal por infracción directa a un plazo legal imperativo y arbitraria por carecer de justificación razonable, manteniendo indefinidamente abierto un procedimiento administrativo que genera incertidumbre jurídica y afecta la organización y administración de la actividad empresarial.

Solicita se declare que la recurrida ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria; se ordene a la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso cerrar el procedimiento administrativo pronunciándose expresamente sobre su término y sobre la vigencia o cese de las medidas de resguardo adoptadas, notificando dicha decisión a todas las partes involucradas; se dispongan las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y se condene en costas a la recurrida.

A folio 6, informa la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en autos, debido a que no existe acto ilegal ni arbitrario atribuible a esta autoridad administrativa, toda vez que los antecedentes remitidos por la recurrente no constituyen una denuncia en los términos exigidos por el artículo 211-B del Código del Trabajo, sino únicamente una comunicación del organismo administrador del seguro de la Ley N°16.744 que puso hechos en conocimiento del Servicio sin activar el procedimiento investigativo regulado por la Ley N°21.643.

Expone que, con fecha 10 de enero de 2025, la empresa remitió antecedentes derivados de comunicaciones de la Asociación Chilena de Seguridad relativas al ingreso administrativo de un trabajador por eventual enfermedad profesional, adoptando la propia empleadora medidas internas de resguardo y efectuando una Denuncia Individual de Enfermedad Profesional. Sin embargo, no consta denuncia formulada por el trabajador ni por representante alguno que contenga una relación circunstanciada de hechos, requisito indispensable para iniciar una investigación administrativa conforme al artículo 211-C del Código del Trabajo y al Decreto Supremo N°21 de 2024, razón por la cual el plazo de treinta días invocado por la recurrente resulta inaplicable.

Agrega que el recurso de protección es improcedente por cuanto pretende transformarse en un mecanismo de control contencioso administrativo destinado a obtener pronunciamientos propios de procedimientos ordinarios o recursos administrativos contemplados en la Ley N°19.880, no configurándose una vulneración evidente de garantías constitucionales que amerite la intervención cautelar de esta vía excepcional. En tal sentido, la acción constitucional no puede sustituir las instancias administrativas y judiciales especialmente previstas para impugnar actuaciones o eventuales demoras de la Administración.

Finalmente, sostiene que no se ha afectado la igualdad ante la ley ni el derecho de propiedad invocados por la recurrente, desde que la Dirección del Trabajo ha actuado conforme a la normativa vigente y dentro del ámbito de sus facultades fiscalizadoras, sin existir procedimiento legalmente iniciado cuyo término pueda exigirse ni plazo fatal aplicable a la Administración.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de carácter extraordinario, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos fundamentales frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que los perturben, priven o amenacen, requiriéndose para su procedencia la concurrencia copulativa de dichos presupuestos.

Segundo: Que, en la especie, la recurrente funda su acción en la supuesta omisión ilegal y arbitraria en que habría incurrido la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, al no haber iniciado ni concluido dentro del plazo legal una investigación administrativa en el marco de la Ley N° 21.643, sosteniendo que dicha inactividad vulnera sus garantías constitucionales.

Tercero: Que, de los antecedentes acompañados y lo informado por la recurrida, aparece que la presentación efectuada por la empresa el 10 de enero de 2025 tuvo por objeto poner en conocimiento de la autoridad administrativa un correo electrónico de la ACHS respecto de un trabajador de la empresa en un contexto de enfermedad profesional, sin que conste la presentación de una denuncia formal por parte de éste, en los términos del artículo 211-B bis del Código del Trabajo.

Cuarto: Que, en efecto, la disposición citada establece como presupuesto indispensable para la activación del procedimiento previsto en el artículo 211-C del mismo cuerpo legal la existencia de una denuncia que contenga una relación circunstanciada de los hechos que se estiman constitutivos de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo.

En la especie, de los antecedentes acompañados no se advierte la concurrencia de dicha denuncia en los términos exigidos por la ley, sino únicamente la remisión de información por parte de la empleadora derivada de una comunicación del organismo administrador del seguro de la Ley N°16.744, lo que resulta insuficiente para comprender que se ha iniciado el procedimiento investigativo y, por ende, la aplicación del artículo 211-C del Código del Trabajo.

Quinto: Que, en consecuencia, no resulta exigible a la autoridad recurrida el cumplimiento del plazo de treinta días establecido para su conclusión, por cuanto dicho término se encuentra supeditado a la existencia de un procedimiento válidamente iniciado, lo que no ocurre en la especie.

Sexto: Que, en estas condiciones, no se advierte la existencia de una omisión ilegal por parte de la recurrida, desde que su actuación se ha ceñido a la normativa vigente, ni tampoco puede calificarse de arbitraria, al encontrarse debidamente justificada en la falta de un presupuesto esencial para activar el procedimiento administrativo respectivo que, por lo razonado, no se configura vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, esto es, la igualdad ante la ley ni el derecho de propiedad, desde que no se ha acreditado un actuar ilegal o arbitrario que las afecte.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Servicios Médicos Viña del Mar SpA en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso.

Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-2052-2026.