nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

C.A. de Valparaíso Valparaíso, uno de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente conforme lo previsto en la Ley N°18.156, comunicado el 24 de febrero de 2026, ya que incorpora requisitos no contemplados expresamente en la normativa vigente, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con la Ley N°18.156, no obstante, al contactar telefónicamente el call center de la recurrida, fue notificada del rechazo de su solicitud, fundado en que el certificado de afiliación a una institución de seguridad social extranjera no se encontraría debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en que su contrato de trabajo no expresaría la voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional de su país de origen.

En sustento de su acción, la recurrente aduce que el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile hace materialmente imposible obtener documentación legalizada o apostillada, configurando un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil, habiendo presentado en su reemplazo una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el IVSS, verificable en línea y suficiente para acreditar el requisito de afiliación exigido por el artículo 1° de la Ley N°18.156. Añade que el propio Servicio Nacional de Migraciones, mediante Circular N°10, ha reconocido la improcedencia de exigir legalización consular en tales circunstancias.

Sostiene que la recurrida efectúa una interpretación formalista y restrictiva de la norma, incorporando exigencias no previstas en la legislación especial, en abierta contradicción con la jurisprudencia uniforme de la Excma. Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, Concepción y Valparaíso.

Concluye que la conducta de la recurrida vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, al imponerle exigencias adicionales no previstas en la ley que otros solicitantes en iguales circunstancias no han debido soportar; y, a su vez, su derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24, al privársele arbitrariamente del acceso a fondos que le pertenecen en forma exclusiva, sin sustento normativo que lo justifique.

Pide, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, proceder a la efectiva devolución de los fondos previsionales del recurrente.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 6, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver lo debatido, por tratarse de un asunto lato conocimiento y carácter contradictorio, y no existir derecho indubitado.

En cuanto al fondo, la recurrida sostiene que su actuar se ajusta estrictamente a la normativa vigente, toda vez que la documentación aportada por la recurrente no cumple con las exigencias de la Ley N°18.156, pues carece de firma de su emisor, no se encuentra apostillada ni legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se limita a mencionar de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, sin acreditar que la recurrente haya contado efectivamente con protección para todos los riesgos exigidos por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 durante el período en que prestó servicios en Chile.

Agrega, además, que los contratos de trabajo acompañados por la recurrente no contienen manifestación expresa de voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional extranjero, requisito exigido por la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, sino que, por el contrario, señalan que el trabajador se afiliaría al régimen previsional chileno, lo que configura una declaración de voluntad contradictoria que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, impide acceder a la devolución solicitada.

Asimismo, hace presente que la recurrente es titular de residencia definitiva en Chile y propietaria de un inmueble en el país, circunstancias que, a la luz del Oficio N°21.880 de la Superintendencia, no garantizan su retorno al país de origen y comprometen el interés fiscal en materia previsional.

Argumenta que no se ha privado ni perturbado el derecho de propiedad de la recurrente, por cuanto los fondos previsionales tienen por mandato legal un destino único y exclusivo, consistente en el financiamiento de pensiones conforme dispone el artículo 23 del DL N°3.500 y el artículo 64 de su Reglamento, y que el retiro anticipado constituye una excepción de derecho estricto que exige interpretación restrictiva y cumplimiento íntegro de sus requisitos. En respaldo de esta postura, cita numerosos fallos de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones del país que, en casos análogos al de autos, han rechazado recursos de protección de idéntica naturaleza.

Acompañó documentos a su informe.

A folio 7, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones, alegando preliminarmente, la improcedencia del recurso de protección, fundada en que la situación reclamada excede el ámbito de esta acción cautelar.

En cuanto a los hechos, refiere que la recurrente no registra ante dicho organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Explica que la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción de interpretación restrictiva, cuya aplicación exige el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1°. Respecto de la letra a), indica que la constancia electrónica del IVSS aportada por la recurrente es insuficiente, por carecer de firma de su emisor, de apostilla o legalización conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y la Convención de La Haya, y por limitarse a mencionar genéricamente las coberturas del sistema venezolano, sin acreditar protección efectiva y específica para todos los riesgos legales durante el período trabajado en Chile.

En cuanto a la letra b), los contratos con Coasin Chile y 5HCO Inversiones SpA someten expresamente a la recurrente al régimen previsional chileno, sin anexos en sentido contrario; y si bien el contrato con Vunic incluye un anexo, fue suscrito simultáneamente, evidenciando una voluntad contradictoria que, conforme a los Oficios N°27.587 de 2015 y N°16.137 de 2024, impide tener por acreditado dicho requisito y obsta a la devolución de fondos.

Agrega que, ante manifestaciones de voluntad contradictorias, debe primar la afiliación al sistema chileno por constituir la regla general, criterio sostenido en los Oficios N°27.587 de 2015 y N°16.137 de 2024, concluyendo que no cuenta con antecedentes que acrediten el cumplimiento de las exigencias de la Ley N°18.156.

A folio 9, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) y b) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado y porque los contratos de trabajo acompañados por la recurrente no contienen manifestación expresa de voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional extranjero.

Precisa que la actora no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley y contratos de trabajo con manifestaciones contradictorias respecto a la voluntad de mantener la afiliación previsional en su país de origen.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Quinto: Que, por su parte, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con el N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156. De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores. Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: "(...) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (...)".

Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: "Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión (...) En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156." Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por la actora “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de tres de marzo mil veintiséis, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, teniendo en cuenta además que la recurrente cuenta con residencia definitiva en el país.

Asimismo, se advierte que los contratos de trabajo suscritos con Coasin Chile y 5HCO Inversiones SpA estipulan expresamente la sujeción de la recurrente al régimen previsional chileno, sin que consten anexos que consignen una voluntad en sentido diverso; y en cuanto al contrato celebrado con Vunic, si bien se acompañó un anexo, éste fue otorgado en la misma oportunidad que el contrato principal, lo que da cuenta de una manifestación de voluntad equívoca y contradictoria.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-2038-2026.

En Valparaíso, uno de abril de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.