nombre reservado con AFP HABITAT

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, siete de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, Ingeniero Mecánico, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A, por el acto ilegal y arbitrario de 10 de febrero de 2026, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, vulnerando con ello sus garantías fundamentales del artículo 19 N°2 y 24 de la constitución Política de la República.

Da cuenta que el recurrente, en enero de 2026 solicita ante la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, sin embargo, el 10 de febrero de 2026 es notificación vía correo electrónico del rechazo, indicándole: “En efecto, para ello es necesario que previamente se acredite la afiliación de usted a un organismo de seguridad social extranjero, mediante certificación de la propia entidad previsional, que señale la fecha de afiliación y cobertura que otorga en casos de enfermedad (común o ambulatoria y profesional), invalidez, vejez y muerte, durante el período completo laborado en Chile, documento que debe acompañarse debidamente apostillado. Al respecto, se presentó declaración jurada notarial del afiliado afirmado la pertenencia y cobertura previsional proporcionada por el IVSS y constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de noviembre de 2025, sin apostilla. Informo que no es posible recibir declaraciones de los mismos interesados para acreditar la cobertura previsional. Debe acompañarse la certificación del IVSS debidamente apostillada y verificable. El hecho de contener la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales un código de verificación electrónico no sustituye los requisitos legales formales vigentes en Chile, más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional”.

Hace presente lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156 y que el actor cumple con los requisitos supra señalados. En consecuencia, se evidencia que el recurrente ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Expone que la recurrida en su rechazo señala que no procede en virtud de “…No acompañar certificado de régimen previsional de su país de origen, vigente, debidamente legalizado o apostillado...”, no obstante, las normas citadas no indican expresamente que el documento tenga que ser legalizado o apostillado, solamente exige que el peticionario se encuentre afiliado a la seguridad social de su país de origen, el cual se satisface.

Indica que su certificado de afiliación puede ser verificado y validado en un link mediante internet o bien mediante una simple búsqueda que se realice por google.

Agrega que negar la validez de esta constancia, sin siquiera verificarla por los canales oficiales disponibles, constituye un acto arbitrario e ilegal que no solo desconoce el contenido y espíritu de la ley, sino que además impone requisitos no contemplados en la normativa vigente, generando una afectación directa al derecho de propiedad de la recurrente sobre sus fondos previsionales.

Solicita se acoja la presente acción constitucional, ordenando que el recurrido deba efectuar la entrega de los fondos de pensión solicitados.

A folio 6 evacúa informe la Superintendencia de Pensiones, da cuenta que no registra ante dicho Organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Expone la normativa jurídica aplicable a la solicitud de la recurrente, haciendo un análisis de lo establecido en la ley N°18.156, haciendo presente que se establece un régimen excepcional, sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de dicho cuerpo normativo.

A folio 8 evacúa informe don Diego Vicuña Donoso, abogado en representación de la Administradora de Fondo de Pensiones Hábitat S.A.

En primer término, hace presente que el recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio. Por el contrario, el recurrente pretende ejercer por esta vía un derecho, cuyo ejercicio y características está claramente definido en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que se pretende, imponiéndole el cumplimiento de requisitos claros y objetivos, que no acredita haber cumplido.

En cuanto a los hechos, expone que el 27 de enero de 2026 el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales acompañando una serie de documentos que, a su juicio, cumplían con los requisitos exigidos por la normativa vigente para acceder a la devolución de sus fondos, la cual fue rechazada el 10 de febrero de 2026, atendido a que debía acreditar la afiliación a un organismo de seguridad social extranjero, mediante certificación de la propia entidad previsional, que señale la fecha de afiliación y cobertura que otorga en casos de enfermedad (común o ambulatoria y profesional), invalidez, vejez y muerte, durante el período completo laborado en Chile, documento que debe acompañarse debidamente apostillado.

Hace presente que recibió la solicitud del afiliado sin ninguna legalización, la estudió y conforme no se acreditó la doble cobertura previsional mediante documentación vigente y fehaciente, no concedió el beneficio y así se le informó al recurrente detalladamente. Este beneficio excepcional de devolución de fondos previsionales regulado en la ley 18.156, puede solicitarse por el recurrente en el momento que lo estime conveniente presentando la documentación que acredite y pruebe en Chile la afiliación y cobertura previsional, debidamente apostillada, como cualquier trabajador técnico extranjero.

Finalmente, indica que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario, su representada ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma que para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos.

A folio 11, se ordena traer autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Segundo: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Habitat S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Cuarto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N°553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quinto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

Sexto: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana cuya profesión sería la de Ingeniero Mecánico y que cuenta con permanencia definitiva en el país.

2° Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo con la empresa Cervecería Chile S.A, el 6 de abril de 2020, para desempeñarse como operador de envasado para la operación de maquinaria y demás elementos que utilice la empresa, en la zona comprendida en la Región Metropolitana.

3° Por anexo de contrato de trabajo simple, de 27 de enero de 2025, las partes estipulan que complementan el contrato a que se refiere el numerando previo, haciendo mención que durante el tiempo que don nombre reservado, preste servicios a la empresa Cervecería Chile S.A, opta por mantener el régimen previsional al que está afiliada fuera de Chile, esto es, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de acuerdo a las disposiciones que se establecen en la Ley N°18.726, liberando a Cervecería Chile S.A de su obligación de efectuar el pago de imposiciones en organismos de previsión chilenos.

4° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales el 27 de enero de 2026, pero, la recurrida rechazó tal petición, fundado en que no cumplía con las exigencias legales, específicamente por cuanto la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS carecía de firma autorizada y no se encontraba legalizada o apostillada.

Séptimo: Que, previo a determinar si la recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Octavo: Que, de acuerdo con lo relacionado y con los documentos que obran en la carpeta electrónica, consta que la recurrida reprocha que el certificado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma de la autoridad competente y no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, cuestionando así su autenticidad.

En efecto, es efectivo que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, no reviste ninguna utilidad en tanto dicho documento sólo señala la fecha de afiliación y deja constancia de la calidad del recurrente como asegurado, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera, por medio de una referencia al derecho extranjero, transcribiendo el artículo 1 de la Ley del Seguro Social de Venezuela, lo que tampoco permite establecer la concurrencia de los requisitos ya referidos, sin perjuicio de recordar aquí que el derecho extranjero debe ser probado en Chile, por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe traer a colación la calidad de la recurrente como titular de permanencia definitiva, lo que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican para los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en ciertas situaciones, la devolución de los fondos previsionales, en una condición de privilegio para los trabajadores extranjeros que han decidido legítimamente avecindarse en Chile de manera definitiva, permitiéndoles sustraerse de las obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como una suerte de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y que además supone una probable carga previsional para el Estado de Chile que igualmente deberá atender, a lo menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores extranjeros con permanencia definitiva, en tanto éstos no contarán entonces con ahorro previsional.

Noveno: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-2037-2026.