Protección contra Entidad Educacional Rayen Caven E

C.A. de Valparaíso Valparaíso, ocho de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1, comparece el abogado Simón Bloomfield Polloni domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien deduce recurso de protección en su favor y en representación de los siguientes padres y apoderados del Colegio Rayen Caven: nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en nombre reservado, Población Nueva Esperanza, Llay Llay; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en Asent Independencia, Concón; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; y nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra .de la Entidad Educacional Rayen Caven E.I.E., R.U.T. N° RUT reservado, institución particular subvencionada, representada legalmente por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Valparaíso.

Explica que todos los recurrentes son padres y apoderados de alumnos matriculados en el Colegio Rayen Caven, ubicado en domicilio reservado, quienes cursan los distintos niveles de enseñanza pre-básica, básica y media que imparte el establecimiento. Añade que en esa calidad suscribieron con la recurrida el respectivo contrato de prestación de servicios educacionales, cuya cláusula tercera señala las prestaciones a las que se obligó el establecimiento educacional recurrido, entre ellas a, “Entregar, durante la vigencia del presente contrato, las prestaciones necesarias para que el/la estudiante desarrolle un proceso educativo adecuado (…),4.- Proporcionar al estudiante, de acuerdo a las normas internas, la infraestructura que se requiera para el desarrollo del programa curricular. 5.- Brindarle apoyo, atención y acompañamiento en el proceso de su desarrollo como estudiante por medio de los profesores del establecimiento”. Por su parte, en la cláusula cuarta se establece la obligación de los padres y apoderados de pagar la matrícula y mensualidad, que para estudiantes de pre básica y básica asciende a un total de 18,334 UF, en tanto, para los estudiantes de enseñanza media, asciende a un total de 20,725 UF.

Precisado el marco contractual aludido, el actor indica que es un hecho público que el inicio del año académico 2020 fue interrumpido por la crisis sanitaria que enfrenta el país, lo que ha conllevado múltiples restricciones en torno a la asistencia presencial a los establecimientos educacionales a partir del 16 de marzo, lo que se mantiene hasta la actualidad, por lo que para muchos padres y apoderados no resulta temerario evaluar una posible pérdida del año escolar debido a la severa crisis epidemiológica y el temor fundado en cuanto a la normalización de las actividades académicas.

Es en ese contexto, que se han intercambiado diversas comunicaciones entre los apoderados y la sostenedora, acerca de la continuidad del proceso educativo y también respecto de las nuevas condiciones en que la recurrida presta el servicio educacional, diferentes a las contratadas. En términos generales, indica que los apoderados han solicitado formalmente al establecimiento equiparar las obligaciones mediante un descuento mínimo del 50% mientras perdure la inasistencia a clases presenciales. En tanto, la recurrida no ha aceptado la oferta, sino que propuso la condonación de intereses por mora, la rebaja de la mensualidad ascendente a un 20% extensible a todo el periodo de suspensión de clases. Adicionalmente, publicó el listado de alumnos que no pagan mensualidad (prioritarios) durante el periodo lectivo 2020, hecho repudiado por la comunidad estudiantil al ser contrario al respecto y protección de la vida privada garantía consagrada en el artículo 19 Nº4 de la Constitución Política de la República.

Indica que los padres y apoderados siempre han estado llanos a cumplir con sus obligaciones contractuales en condiciones de igualdad y equivalencia frente a la deficitaria y supletoria calidad en la actividad docente y sus efectos esperados, sumado a la improvisada y poco eficaz plataforma virtual implementada por el establecimiento para sustituir las clases presenciales; no destacando la inflexibilidad de la recurrida para ajustar el cobro. Reclama, en consecuencia, que el contrato de adhesión de prestación de servicios educacionales ha variado sustancialmente de objeto y el prestador, a su antojo, ha modificado las condiciones impuestas a los apoderados.

Manifiesta que, aunque es indubitable y comprendido por la comunidad escolar la prohibición para realizar clases presenciales instruida por la autoridad, lo cierto es que la recurrida ha entregado en forma deficiente el material, apoyo docente remoto e infraestructura tecnológica en su acceso, conocimiento y aplicación, hechos que a juicio de la parte recurrente impiden cumplir con un proceso normal de enseñanza y alta exigencia, pese a lo estipulado en la cláusula tercera del ya mencionado contrato. Profundiza a este respecto y repara en que, aunque ha existido un improvisado intento de impartir la enseñanza contenida en los planes de estudio por medio de profesionales calificados, la mayor carga de apoyo pedagógico la han debido soportar los padres sin estar calificados en ello, de manera que la obligación de impartir la enseñanza comprometida por el establecimiento ha sido sustituida empíricamente por los apoderados. En cuanto a la infraestructura debe considerarse que los estudiantes han perdido el entorno natural e idóneo para sus procesos de aprendizaje, a lo que cabe añadir que la biblioteca, laboratorio de ciencias, salas de computación, tecnologías en aula (pizarrón, proyector, computador, telón), sala de arte, sala de música, canchas de deportes, casino, talleres extra programáticos (deportes, ciencias, idiomas, música) no han podido ser utilizadas por los alumnos, lo que implica un margen mayor de recursos para el establecimiento, recursos que en muchos casos han debido ser asumidos por las familias en desmedro de otras prioridades.

Añade que como a lo imposible nadie está obligado, muchas familias se han visto impedidas de pagar el total de las mensualidades considerando esencialmente la inequidad en las prestaciones, lo que se ha visto amenazado con el cumplimiento forzado de tal imperativo contractual y la publicación de la información comercial en la base de datos “Dicom y Orsan”, conductas que les cercenarían las posibilidades para acceder al mercado financiero y bancario formal.

Explica que es tan evidente la desproporción, falta de equidad y cobro abusivo en las prestaciones, que muchos establecimientos del país se han visto obligados a compensar las desigualdades mediante soluciones dictadas a su arbitrio, lo que ha conllevado la interposición de recursos de protección ante las distintas Cortes de Apelaciones, que reclaman la ausencia de equidad natural, la contravención a normas civiles y del derecho del consumidor, sumado a la preocupación en torno a la prohibición de renovación de matrículas para el año académico 2021 de aquellos alumnos que registren morosidad.

Considera que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida ha vulnerado el legítimo ejercicio de las garantías consagradas en el artículo 19 Nº4, 11 inciso 4º y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se acoja el presente recurso y ordene a la recurrida que cese el cobro de la mensualidad y/o cuotas de la colegiatura anual desde la suspensión de clases presenciales, o bien, ajustándolo a un monto prudencial equivalente al 50% del valor actual o una menor si así lo estima esta Iltma. Corte, mientras perdure la crisis pandémica que afecta al país, con costas.

A folio 10, informa doña nombre reservado, Representante Legal de Rayen Caven E.I.E. Explica que el colegio recurrido es un establecimiento particular subvencionado con modalidad de “FINANCIAMIENTO COMPARTIDO”, por lo que los recursos económicos se obtienen tanto del Ministerio de Educación como del copago que proviene de los contratos de prestación de servicios educacionales acordados con los padres y apoderados. Añade que es efectivo que con fecha 16 de marzo de 2020 el Ministerio de Educación decretó la suspensión de las clases presenciales debido a la pandemia que afecta el país, situación fortuita, única e impredecible que originó una serie de consecuencias en las actividades económicas y que obligó a adaptar las formas de funcionamiento de los establecimientos educacionales a un sistema no presencial. También reconoce que el contrato vigente sólo se pone en un supuesto de clases presenciales, no contemplando en ninguna cláusula la prestación a través de sistemas remotos de enseñanza.

Ahora bien, en cuanto al aspecto económico señala el copago que se cobra no constituye un monto fijado arbitrariamente. Al contrario, el Ministerio de Educación es quien establece el máximo que por tal concepto se puede cobrar para el año lectivo. Al efecto, por resolución exenta Nº 216 de 23 de enero de 2020, se estableció UF 1,7043 para las enseñanzas pre-básica y básica, mientras que para la enseñanza media se fijó en UF 2,0334. Además aclara que al tratarse de un establecimiento particular subvencionado, de financiamiento compartido, no recibe la misma subvención estatal que un establecimiento gratuito. Prosigue indicando que a fin de garantizar la continuidad del proceso educativo y abordar los problemas económicos de los apoderados ante el aumento del desempleo y la crisis producida por los efectos de la pandemia, la recurrida adoptó las siguientes acciones: a) reducir el cobro de la mensualidad en un 20%, b) eximir de intereses moratorios, c) no hacer aplicable la cláusula de aceleración, y d) no presentar a cobro judicial los pagarés que garantizan la obligación. Todo ello con el propósito de equilibrar los efectos sociales de la pandemia y salvaguardar a la entidad de no caer en insolvencia.

Destaca que la disminución de los ingresos por copago derivado del alto nivel de morosidad actual ha implicado la adopción de las siguientes medidas extraordinarias: a) desvinculación de 4 profesionales que participarían en el programa de integración escolar en el mes de marzo, b) acudir a la subvención especial SEP para costear el pago de las imposiciones de los trabajadores, la que naturalmente no está establecida para aquello y que su utilización con fines diversos puede significar un sumario administrativo para el establecimiento, c) postergar el pago de parte de las imposiciones para los días 30 de cada mes con los intereses que ello acarrea, y d) eliminar gastos no indispensables, como pago de seguros, jardineros, seguridad, entre otros. Destaca que al tratarse de una entidad que recibe fondos públicos no puede acoger a la ley de protección del empleo, a diferencia de lo argüido por el actor.

También precisa que el principal costo de un establecimiento educacional y que genera el consumo del 100% de la subvención escolar general es las remuneraciones del personal. A modo de ejemplo durante el mes de mayo el total de las remuneración líquida transferida a los trabajadores fue de $33.439.546, el total de las imposiciones a pagar ascendió a la suma de $7.936.633; mientras que la subvención general percibida en ese mes fue de $34.878.130.

Por otra parte, en cuanto a la prestación de los servicios educacionales a distancia, la recurrida afirma que se han establecido diversas acciones para cumplir con el Plan de Aprendizaje Remoto, conforme con las Orientaciones impartidas por el Ministerio de Educación y, con ello, dar cumplimiento a las obligaciones emanadas tanto del contrato de prestación de servicios educacionales como a las exigencias ministeriales. Al efecto, señala que todo el personal docente y directivo continúa ejerciendo el trabajo remotamente, con cumplimiento de horarios y exigencias de contenidos; se adquirió la licencia completa de la plataforma ZOOM y se crearon protocolos de encuentros virtuales; se gestionó la creación de correos oficiales para cada curso; se instauró un plan de acción para resolver demandas técnicas por parte del Encargado de Informática del establecimiento; se efectuó un diagnóstico de necesidades y requerimientos sobre las necesidades familiares de préstamo de computadores, conectividad a internet u otras facilidades; asesoría tecnológica a docentes, estudiantes y apoderados en la habilitación de la Plataforma Google Classroom; creación de tutoriales para la habilitación de esta nueva plataforma para estudiantes y apoderados; entrega masiva de textos escolares y material impreso a las familias que lo han requerido con cargo al establecimiento; encuentros técnico-pedagógicos para brindar apoyo y acompañamiento al trabajo docente, entre otras acciones.

A su turno, en lo concerniente a la eventual vulneración del derecho de propiedad, la recurrida sostiene que no ha existido en los hechos una una paralización de las funciones en la prestación del servicio ofrecido en el contrato sino un cambio en la modalidad de entrega por circunstancias ajenas a la voluntad de cualquiera de las partes del contrato aunado a un acto de autoridad que impide el funcionamiento presencial.

Alega que no existe un actuar ilegal, porque el monto que se cobra responde a lo acordado entre las partes bajo la figura del financiamiento compartido, a la vez que se sujetan a los márgenes establecidos por resolución de la autoridad administrativa. Ni tampoco se presenta una actuación arbitraria, desde que los mecanismos implementados por la recurrida responden a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés de padres y apoderados rebajar la mensualidad que pagan y la subsistencia de la prestación de los servicios educacionales a distancia.

A folio 29, dando cumplimiento al trámite ordenado por resolución de catorce de julio de dos mil veinte, la Superintendencia de Seguridad Social, en cuanto a remitir detalle mensual del pago de cotizaciones de seguridad social del empleador correspondiente a los años 2019 y 2020, indica que de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley 3.500 de 1980, corresponde a la Superintendencia de Pensiones el control de las Administradoras de Fondo de Pensiones, encargadas de la administración de los fondos provisionales que se forman con las cotizaciones que enteran los trabajadores afiliados al sistema de capitalización individual. Asimismo, según el artículo 47 Nº5 de la Ley 20.255, corresponde a dicho organismo la coordinación con las instituciones competentes en materia de fiscalización de la declaración y pago de las cotizaciones previsionales.

A folio 37, dando cumplimiento al trámite ordenado por resolución de catorce de julio de dos mil veinte, informa el Director Regional del Trabajo Valparaíso, señala revisada la plataforma de acceso público, asociando al rut de la empresa recurrida y su representante legal, se advierte que no se registra la acción de acogerse a la Ley 21.227 sobre “Protección del Empleo”.

A folio 38, dando cumplimiento al trámite ordenado por resolución de catorce de julio de dos mil veinte, informa el Ministerio de Educación, adjuntando Anexo Nº1 elaborado por la Unidad Nacional de Subvenciones de la División de Planificación y presupuesto, que da cuenta de los montos por subvenciones, de acuerdo a la matrícula y asistencia de alumnos, entre enero de 2019 y junio de 2020. Asimismo, acompaña Anexo Nº2, que da cuenta de los alumnos prioritarios del establecimiento recurrido, respecto del cual se ha omitido efectuar un listado del nombre de los mismos, toda vez que corresponde a datos protegidos por normas de privacidad.

A folio 40, rola informe del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos Valparaíso, señalando que la información requerida se encuentra sujeta al principio de reserva tributaria, según el artículo 35 inciso 2º del Código Tributario, sin que la norma contenga alguna excepción para la entrega de información respecto de juicio que versen sobre la protección de garantías constitucionales.

A folio 55, rola informe de la Superintendencia de Pensiones, informando en cuanto al detalle mensual del pago de cotizaciones de seguridad social del empleador y recurrido, correspondiente al año 2019 y del año 2020 hasta la actualidad (enero a mayo), respecto de todos sus trabajadores dependientes. Indica que cumple un rol fiscalizador de las Administradoras de Fondo de Pensiones y respecto del Instituto de previsión Social, no así de las entidades de salud (Isapre y Fonasa).

Sostiene que no hay registro de deudas de cotizaciones provisionales, en relación a los trabajadores individualizados en el escrito presentado por el recurrente el 22 de julio de 2020.

A folio 57, se ordenó que rija el decreto en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental Segundo: Que en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional, a través de esta vía, Simón Bloomfield Polloni, abogado, en representación de los padres y apoderados de la comunidad escolar debidamente individualizados, en contra de la Entidad Educacional Rayen Caven E.I.E (Colegio Rayen Caven), basado en el acto que califica como arbitrario e ilegal consistente en el cobro de las mensualidades en el marco de un contrato de prestación de servicios educacionales, en circunstancia que tales servicios no se estarían actualmente entregando debido a la pandemia sanitaria que afecta al país, vulnerándose las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 4, 11 y 24 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que para la comprensión adecuada del ejercicio y finalidad del presente recurso, se debe tenerse presente que la acción constitucional de protección es sólo un remedio de naturaleza cautelar, urgente, más no un procedimiento declarativo, de modo que no es posible, a través de este mecanismo, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y, en general, las materias cuyo fallo requiere de una tramitación, que incluya una discusión y prueba para arribar a una decisión definitiva y declarativa, que son propios de un juicio de lato conocimiento.

Cuarto: Que, el recurrente está reclamando que esta Corte examine un asunto que dice relación con el cumplimiento o incumplimiento, así como la interpretación de las cláusulas del contrato de prestación de servicios educacionales, asunto que debe ser resuelto en un juicio de lato conocimiento, ante el juez civil competente. A mayor abundamiento, los fundamentos que se hacen valer por el recurrente y la recurrida, dejan en claro que se trata de un asunto que para su resolución exige de prueba y su correspondiente análisis y ponderación, de modo el recurso de protección no corresponde a la vía idónea para aquello, tal como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°72.121-2020, de 6 de julio de 2020.

Quinto: Que, en consecuencia, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente, a ser formuladas en el marco procesal y ante la autoridad judicial competente.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior, y en cuanto a la vulneración de la garantía del artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la Republica que reclama el recurrente, al haberse publicado una lista con los nombres y apellidos de los alumnos prioritarios del periodo lectivo 2020, se ha de tener presente que la comunicación enviada a los padres y apoderados por la entidad educacional recurrida, que rola a folio 1, es de fecha 26 de marzo de 2020, y el presente recurso de protección fue interpuesto el 15 de junio de 2020, por lo que la presunta vulneración alegada resulta extemporánea, de conformidad a lo dispuesto Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, tal como se alegó ante estrados en representación de la recurrida.

Por estas consideraciones y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en folio 1 por y en favor de las personas naturales individualizadas, en contra de la Entidad Educacional Rayen Caven E.I.E.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-20083-2020.

En Valparaíso, ocho de septiembre de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.