INMOBILIARIA NUEVA MIRAMAR S.A. con INSPECTORA COMUNAL DEL TRABAJO DE VIÑA DEL MAR

Foja: 52 Cincuenta y dos Cgv C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de mayo de dos mil diecisiete:

Vistos:

A fojas 10 comparece don Esteban Aravena Vásquez, abogado, en representación de Inmobiliaria Nueva Miramar S.A., quien interpone recurso de protección en contra de la Inspectora Comunal del Trabajo de Viña del Mar, doña nombre reservado, quien con fecha 15 de marzo de 2017 dictó el Ordinario N° 450, en virtud del cual no se admitió a tramitación el recurso de reconsideración de multa presentado por su parte, por estimarlo extemporáneo.

Expone que con fecha 30 de diciembre de 2016 su parte fue notificada legalmente de la resolución de multa N° 7532/16-064-1-2, en contra de la cual, el 31 de enero de 2017, su parte presentó una solicitud de reconsideración administrativa ante la recurrida, de conformidad al artículo 512 del Código del Trabajo; sin embargo, mediante el Ordinario N° 450 de 15 de marzo de 2017, la recurrida informó que no se dio curso a la reconsideración por cuanto fue presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos, contados desde la notificación de las multas.

Alega, en síntesis, que la decisión de la recurrida constituye un acto ilegal, por cuanto el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo, es un plazo de días hábiles, pues la reconsideración es una gestión que se realiza ante un órgano administrativo, respecto del cual debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.880, que prescribe que los plazos del procedimiento administrativo son de días hábiles, entendiendo que no lo son los días sábados, domingos y festivos. Así las cosas, el plazo para presentar la reconsideración administrativa, vencía el día 10 de febrero 2017, por lo que, habiendo sido deducida con fecha 31 de enero de 2017, lo fue dentro de plazo. Por otra parte, la actuación impugnada es arbitraria, ya que carece de fundamento, pues el Oficio se limita a señalar que la solicitud en cuestión no cumple “los requisitos”, sin indicar cuáles son éstos y en los que se fundaría la decisión de estimar la extemporaneidad de la reconsideración. Cita jurisprudencia al respecto.

Sostiene que la actuación denunciada vulnera la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política, ya que al desconocer el plazo legal en toda su extensión, ha dado un trato arbitrario.

Solicita en definitiva que se acoja el presente recurso y se adopten las medidas necesarias para dejar sin efecto el acto recurrido, consistente en la abstención de conocer de la solicitud de reconsideración de multa y el fondo de la misma A fojas 38 informa la recurrida Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, solicitando el rechazo del recurso.

Luego de efectuar una síntesis de los hechos que dieron lugar a la presentación de la reconsideración y la declaración de inadmisibilidad de la misma, alega la improcedencia de la presente acción cautelar, atendida la naturaleza del acto recurrido, por cuanto éste no es ni arbitrario, ni ilegal, por encontrarse ajustado a derecho y a los procedimientos administrativos establecidos por la propia Dirección del Trabajo y ha sido dictado con fundamento razonable, una vez comprobado que el término de 30 días corridos para deducir la reconsideración administrativa, se encontraba vencido. En este sentido, el artículo 511 del Código del Trabajo, faculta al Director del Trabajo para reconsiderar las multas administrativas impuestas por los funcionarios de su dependencia, cumpliéndose ciertas condiciones mínimas, agregando el artículo 512 que la solicitud del interesado debe presentarse por escrito y dentro del término de 30 días contados desde la fecha de notificación de la resolución que se impugna; cuestión que, en este caso, no se ha cumplido, ya que dicho plazo venció el día 29 de enero de 2017 y la reconsideración se presentó con fecha 31 de enero de este año.

Agrega que se debe tener en vista lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Código Civil que deben aplicarse en forma armónica con lo previsto en el derecho administrativo; así, en lo relativo a la marcha y funcionamiento de las oficinas de la administración pública, los plazos deben entenderse transcurridos una vez que haya expirado el horario legal de atención de público. Todo lo anterior, se encuentra reforzado por lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Nº 11.764, que indica que las oficinas fiscales, semifiscales y de administración autónoma tendrán un horario uniforme de atención al público, debiendo el Presidente de la República fijar el horario y establecer sus excepciones en casos calificados. A mayor abundamiento, debe tenerse presente que el Formulario Nº 10, de solicitud de reconsideración de multa administrativa, es explícito y claro en señalar, dentro del ítem “notas importantes”, que el plazo para su presentación es de 30 días corridos desde la notificación; además de la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que cita al efecto; y las propias Circulares Nº 73, de fecha 8 de junio de 2012, y Nº 96, de fecha 23 de septiembre de 2009, ambas de la Dirección del Trabajo. Por último, el Ordinario que por esta vía se impugna, no puede ser calificado de ilegal, ya que ha existido irrestricto respeto y cumplimiento al principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, considerando que la Dirección del Trabajo es un órgano del Estado, debiendo actuar con apego a los mandatos constitucionales y legales, dentro de la esfera de sus atribuciones, se pena de incurrir en actos nulos y en responsabilidades susceptibles de ser sancionadas conforme a derecho.

Por resolución de fojas 42 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que la recurrente funda su acción constitucional de protección en que mediante Ordinario N° 450, de fecha 15 de marzo de 2017, la recurrida se negó a dar tramitación a la solicitud de reconsideración administrativa deducida en contra de la Resolución de multa N° 7532/16-064-1-2, notificada a su parte el 30 de diciembre de 2016, en atención a que dicha solicitud no había sido presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la referida resolución; cuestión que a su juicio importa una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida que vulnera la garantía fundamental prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política, por cuanto del examen del artículo 512 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 25 de la Ley Nº 19.880, el citado plazo es de días hábiles y no corridos, entendiéndose como inhábiles los días sábado, domingo y festivos; de modo tal que la solicitud de reconsideración administrativa ha sido deducida oportunamente, debiendo otorgársele la tramitación debida.

Tercero: Que la recurrida informa solicitando el rechazo de la acción cautelar de autos, por cuanto su parte no ha incurrido en acto arbitrario y/o ilegal alguno, en tanto la resolución impugnada se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente y se ha dictado justificadamente una vez constatado que el término de 30 días corridos para deducir la referida solicitud, se encontraba vencido; precisando al respecto que debe estarse a las disposiciones comunes previstas en los artículos 48 y 49 del Código Civil, otorgándole a aquel término la condición de plazo de días corridos; no existiendo en consecuencia en la especie vulneración de la garantía que se reclama conculcada.

Cuarto: Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por las partes, el fundamento que motiva el presente arbitrio es una diversa interpretación de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, en relación a la forma de computar el plazo fatal de treinta días que establece la citada norma para presentar una solicitud de reconsideración de multa ante el Director del Trabajo; plazo que a juicio de estos sentenciadores no es de días corridos, como lo alega la recurrida, sino de días hábiles, toda vez que la reconsideración en cuestión es un recurso planteado por la actora en sede y etapa administrativa, de manera que a falta de norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880, el que a propósito del cómputo de plazos en procedimientos administrativos, señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábado, domingo y festivos; regla que atendido su carácter especial debe primar por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil y, en consecuencia, aplicarse en la especie.

Quinto: Que, por lo antes razonado, y advirtiéndose del mérito de los antecedente allegados al proceso por las partes, que la reconsideración administrativa en la especie fue presentada por la recurrente, el día 31 de enero de 2017, en contra de la resolución de multa notificada a ésta, con fecha 30 de diciembre de 2016, necesario es concluir que el referido arbitrio ha sido intentado dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la citada resolución, debiendo entonces habérsele otorgado por la recurrida la tramitación administrativa pertinente, lo que en la especie no ha ocurrido.

Sexto: Que, así las cosas, la actuación de la recurrida ha importado un acto ilegal y arbitrario, pues en contravención a la disposiciones legales analizadas y en forma injustificada, ésta se ha negado a tramitar un recurso presentado oportunamente por la recurrente, atentando de este modo contra la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en tanto se ha otorgado con ello a la actora un trato arbitrario y discriminatorio al privársele de acceder a un recurso que la ley franquea a toda persona puesta en las mismas circunstancias ante la aplicación de una multa administrativa como la que le ha sido impuesta a la recurrente; motivo por el cual la presente acción cautelar debe ser acogida según se dirá en lo dispositivo de este fallo, debiendo adoptarse al efecto las medidas pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección, se acoge el recurso de protección interpuesto a fojas 10 por don Esteban Aravena Vásquez, en representación de Inmobiliaria Nueva Miramar S.A., en contra de la Inspectora Comunal del Trabajo de Viña del Mar,, y en consecuencia se dispone que la recurrida deberá dar curso como en derecho corresponda a la solicitud de reconsideración administrativa, de fecha 31 de enero de 2017, deducida por la recurrente en contra de la Resolución de Multa Administrativa 7532/16-064-1-2, de fecha 30 de diciembre de 2016, Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección-1993-2017