nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIÓN UNO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales del actor conforme lo previsto en la ley N°18.156, cuestión que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el 23 de abril pasado, el recurrente solicitó mediante el portal web de AFP UNO la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. No obstante, ese mismo día el recurrente fue notificado mediante correo electrónico del rechazo de su solicitud por no cumplir los documentos presentados con los requisitos legales, específicamente, que el certificado de institución de seguridad social no cumplía criterios de aceptación para la solicitud y que respecto del contrato de trabajo debía contactarse con la institución para más detalles, sin proporcionar mayor especificidad sobre los fundamentos del rechazo.

Sostiene que el actor cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156 para la devolución de fondos previsionales, consistentes en estar afiliado a un régimen de seguridad social extranjero que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber expresado en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Argumenta que el certificado de afiliación presentado es verificable electrónicamente a través del portal web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales I.V.S.S. mediante el código N° 949213638-2025309, demostrando su autenticidad.

Además, sostiene que la AFP realiza una interpretación formalista que agrega requisitos no establecidos en la ley, desatendiendo la finalidad del legislador, señalando que otras AFP como CUPRUM han aceptado documentación idéntica tras verificar su validez en el sistema oficial venezolano.

Pide, se ordene a la recurrida que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo la AFP a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y efectuar dentro de un plazo razonable la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 4, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, sostiene que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo ante actos arbitrarios o ilegales. Sin embargo, argumenta que el recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio.

Respecto a los hechos, expone que el 17 de abril de 2025, el recurrente inició ante AFP UNO S.A., por medio del sitio web de la Administradora, su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, conforme a la Ley N° 18.156, respecto del empleador "SACYR INDUSTRIAL CHILE SPA". En dicha oportunidad, el recurrente acompañó diversos antecedentes, entre ellos una fotocopia legalizada de Constancia Electrónica de Cotizaciones. Posteriormente, el 22 de abril de 2025, el equipo de UNO AFP le notificó vía correo electrónico que la documentación adjunta no cumplía con los criterios establecidos por la ley, solicitando subsanación. Finalmente, el 23 de abril de 2025, se informó el rechazo definitivo de la solicitud, indicando que el certificado de institución de seguridad social no cumplía criterios de aceptación para la solicitud.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala que en Chile rige el principio de territorialidad en materia laboral y previsional, con excepciones contempladas en la Ley N° 18.156 y que, conforme al artículo 1° de la Ley N°18.156, la circular N°553 de la Superintendencia de Pensiones y el Libro II Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, los trabajadores extranjeros pueden estar exentos de cotizar en Chile siempre que cumplan ciertos requisitos legales, entre ellos que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile que les otorgue prestaciones en materias de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, debiendo acreditarse mediante certificación debidamente legalizada.

Argumenta que el recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley, sosteniendo que exigir el certificado correcto constituye cumplimiento de la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

Además, respecto a la verificabilidad electrónica, señala que la plataforma oficial del IVSS muestra la constancia como vencida y que el dominio web alternativo aporta idéntica información sin acreditar afiliación ni prestaciones del sistema previsional venezolano.

Invoca normativa específica de la Superintendencia de Pensiones, particularmente el Oficio Reservado N° 25057 de fecha 29 de diciembre de 2023, que regula la debida legalización y apostilla de documentos extranjeros, estableciendo que los trabajadores técnicos extranjeros deben presentar certificado de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizado. Menciona además el Oficio Reservado N° 2966 del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre autenticidad de documentos apostillados y cadena de legalización.

Finalmente, alega la improcedencia del recurso, toda vez que no concurren los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República: la existencia de un acto u omisión ilegal y arbitraria, un agravio como consecuencia de dicho acto, y que este agravio se manifieste como privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales. Sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones legales conforme al artículo 1° letra a) de la Ley 18.156, y que lo arbitrario sería acceder a lo solicitado por el recurrente, pues implicaría apartarse del principio de igualdad ante la ley y otorgar un trato diferenciado sin respaldo legal suficiente.

Por estas razones, solicita que se rechace con costas el recurso, fundado en que la Administradora no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal, sino que dio estricto cumplimiento a la ley y a la normativa previsional vigente de la Superintendencia de Pensiones.

Acompaña documentos a su informe.

A folio 5, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, el recurrente, ciudadano venezolano, impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida sostiene que el recurso de protección es improcedente y, que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que el recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que solo acredita semanas cotizadas sin demostrar afiliación ni prestaciones de seguridad social requeridas por ley y que por lo demás, se encontraba vencida.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la ley 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”.

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones” de siete de abril de dos mil veinticinco, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Sexto: Que, respecto a la Declaración Jurada Notarial apostillada acompañada por el recurrente, en la que manifiesta que se encuentra afiliado y cubierto por el sistema de Seguridad Social Venezolana, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), este documento no es idóneo para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1° letra a) de la ley N° 18.156, ya que debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

Séptimo: Que, si bien la Ley N°18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Octavo: Que, en consecuencia, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., al exigir el cumplimiento de los estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-1992-2025.