nombre reservado con DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO DE VALPARAÍSO

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticinco de febrero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece el abogado Mauricio Chávez Lafuente, quien interpone acción constitucional de protección en favor de doña nombre reservado, ingeniera agrónoma y funcionaria del Servicio Agrícola y Ganadero, en contra de la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de Valparaíso, por la dictación de la Resolución Exenta N° 1761 de 10 de diciembre de 2021, que dispuso instruir investigación sumaria; su elevación a sumario administrativo mediante Resolución N° 483 de 6 de marzo de 2023; y la Resolución Exenta N° 2499 de 26 de noviembre de 2024, que aplicó la medida disciplinaria de destitución, registrada por orden de la Contraloría General de la República con fecha 26 de noviembre de 2025 y notificada a la recurrente el 2 de enero de 2026.

Expone que el procedimiento disciplinario se originó a raíz de una denuncia por supuesto acoso laboral formulada por el funcionario nombre reservado, y por una segunda imputación consistente en una presunta conducta dolosa en el ejercicio de funciones de fiscalización en una planta frigorífica denominada Agrocomercial Quillota (PROPAL), lo que -según la autoridad- habría afectado la credibilidad institucional del Servicio.

Señala que, durante la tramitación del sumario, se habrían producido diversas irregularidades que vulneraron su derecho de defensa, entre ellas, la incorporación incompleta de declaraciones en el expediente, la negativa de la fiscal instructora a abrir término probatorio pese a haberlo solicitado oportunamente, y el rechazo de prueba testimonial, documental y oficios solicitados por su parte, consistentes en declaraciones de diez testigos y diversos antecedentes administrativos y técnicos.

Indica que, en sede recursiva administrativa, la Dirección Nacional del Servicio habría absuelto a la recurrente del cargo de acoso laboral, pero mantuvo el segundo cargo, modificando su calificación inicial de conducta dolosa, y confirmando finalmente la sanción de destitución.

Agrega que no se habrían ponderado antecedentes que estima relevantes, tales como registros audiovisuales acompañados por su parte, normativa técnica aplicable al proceso de exportación, una anotación de mérito vigente en su hoja de vida funcionaria y la inexistencia de anotaciones de demérito, así como el hecho de haber sido previamente apartada de funciones relacionadas con la empresa denunciante.

Sostiene que la sanción aplicada sería desproporcionada, que se habría vulnerado el principio non bis in idem y que el procedimiento disciplinario infringió normas del Estatuto Administrativo, afectando las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2, N° 3 inciso quinto y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita se declare la ilegalidad de los actos administrativos impugnados, se deje sin efecto la medida disciplinaria de destitución y se disponga su reincorporación inmediata al cargo, con costas.

A folio 10, evacuó informe el Servicio Agrícola y Ganadero, solicitando el rechazo del recurso.

Como cuestión previa, precisa que la acción de protección es de naturaleza cautelar y no constituye una instancia de revisión de mérito ni un mecanismo sustitutivo de procedimientos de lato conocimiento, menos aun cuando lo debatido exige ponderación probatoria y revisión del fundamento y proporcionalidad de una decisión disciplinaria adoptada en un procedimiento regular. Añade que, en la medida que el libelo pretende impugnar actos dictados en los años 2021, 2023 y 2024, tales cuestionamientos serían extemporáneos.

En lo relativo a la cronología de los hechos, indica que por Resolución Exenta N°1761 de 10 de diciembre de 2021, se ordenó instruir investigación sumaria a raíz de una denuncia formalizada el 30 de noviembre de 2021; que dicha investigación fue elevada a sumario administrativo mediante Resolución Exenta N°483 de 6 de marzo de 2023; y que, por Resolución Exenta N°1811 de 9 de agosto de 2023, se aprobaron las conclusiones, formulándose dos cargos y disponiéndose el término del vínculo. Señala que la actora dedujo reposición con apelación subsidiaria, siendo la reposición rechazada por Resolución Exenta N°2092 de 14 de septiembre de 2023, y que la Dirección Nacional, mediante Resolución Exenta N°45 de 3 de enero de 2024, acogió parcialmente la apelación solo respecto del primer cargo, manteniendo el segundo y la medida aplicada, acotándola a las causales correspondientes del artículo 160 del Código del Trabajo. Indica que el procedimiento concluyó con la dictación de la Resolución Exenta N°2499 de 26 de noviembre de 2024, que aplicó a la recurrente el término del contrato de trabajo por las causales del artículo 160 N°1 letra a) y N°7 del Código del Trabajo, acto que -según consigna- fue notificado el 2 de enero de 2026, y que además fue reclamado ante la Contraloría Regional de Valparaíso, la que desestimó las alegaciones de la recurrente.

En cuanto al fondo, sostiene que no existe destitución, sino término del contrato de trabajo, dado que la recurrente se desempeñaba bajo régimen Código del Trabajo, por lo que la calificación empleada en el recurso sería impropia. Afirma que el procedimiento otorgó instancias de defensa y fue revisado en diversas etapas, incluyendo la Dirección Regional, la reposición, la apelación ante la Dirección Nacional y el control de Contraloría, la cual concluyó que no se advertían irregularidades invalidantes. Aduce que la controversia sobre diligencias, término probatorio y prueba solicitada no configuraría vulneración del debido proceso atendida la naturaleza de la investigación exigible en estos casos, y que, en todo evento, las alegaciones fueron objeto de control por el órgano contralor.

Respecto del cargo mantenido, indica que la imputación sustantiva se mantuvo como vulneración grave a la probidad en el desempeño de funciones, resultando inoficioso -para efectos de la decisión- discutir la intencionalidad atribuida inicialmente. En cuanto al non bis in idem, niega su concurrencia, afirmando que el apartamiento de funciones respecto de una empresa específica habría sido una medida preventiva y de organización interna, no una sanción punitiva, y que no existiría identidad de hechos y fundamento con eventuales medidas previas; añadiendo que Contraloría descartó la existencia de doble sanción.

Finalmente, sostiene que no se configura vulneración de las garantías invocadas: niega un trato discriminatorio y arbitrario; afirma que no existió indefensión material; y señala que la discusión sobre procedencia del término del vínculo y sus efectos económicos pertenece a las sedes y acciones que el ordenamiento contempla, no a esta vía cautelar, concluyendo que no existiría acto ilegal o arbitrario que habilite el amparo constitucional.

A folio 12, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad deducida por la recurrida:

PRIMERO: Que la recurrida plantea, como cuestión previa, la extemporaneidad de la acción, atendido que en el libelo se individualizan actos dictados en los años 2021, 2023 y 2024. Sin embargo, del tenor del recurso aparece que la impugnación se dirige, en lo sustancial, contra el procedimiento disciplinario en cuanto culmina con el acto terminal contenido en la Resolución Exenta N°2499 de 26 de noviembre de 2024, registrada por orden de la Contraloría General de la República el 26 de noviembre de 2025 y notificada a la recurrente el 2 de enero de 2026, acto respecto del cual se acusa la vulneración actual de garantías constitucionales. En tal entendido, las referencias a resoluciones anteriores se incorporan como antecedentes del iter procedimental que condujo a la decisión final, de modo que, habiéndose deducido el recurso dentro de 30 días corridos desde la referida notificación, se desestima la alegación de extemporaneidad.

II.- En cuanto al fondo:

SEGUNDO: Que, por esta vía cautelar, la recurrente impugna la Resolución Exenta N°2499 de 26 de noviembre de 2024, de la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de Valparaíso, que dispuso el término de su contrato de trabajo por las causales del artículo 160 N°1 letra a) y N°7 del Código del Trabajo, en el marco de un procedimiento disciplinario iniciado por Resolución Exenta N°1761 de 10 de diciembre de 2021, y elevado a sumario por Resolución Exenta N°483 de 6 de marzo de 2023. Reprocha a dicho acto y al procedimiento que lo antecede haber sido tramitado con infracción al debido proceso, al haberse rechazado diligencias probatorias solicitadas por su parte, omitido la ponderación de antecedentes que estima relevantes, modificado indebidamente la formulación de cargos y aplicado una sanción que califica de desproporcionada, configurándose -a su juicio- vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N°2, N°3 inciso quinto y N°24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, la recurrida solicita el rechazo del recurso, sosteniendo que la medida aplicada no corresponde a una destitución sino al término del contrato de trabajo de una profesional regida por el Código del Trabajo; que el procedimiento fue tramitado conforme a derecho, otorgándose instancias de defensa y siendo revisado en sede regional, nacional y por la Contraloría Regional de Valparaíso, la cual descartó irregularidades invalidantes; que no se configura vulneración al debido proceso ni al principio non bis in idem; y que la acción intentada pretende reabrir cuestiones de mérito y ponderación probatoria propias de un procedimiento disciplinario, materias ajenas al ámbito cautelar del recurso de protección.

CUARTO: Que, como cuestión previa, cabe recordar que el recurso de protección constituye una acción cautelar de urgencia, destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de garantías constitucionales preexistentes e indubitadas, sin que esta vía se encuentre establecida para revisar el mérito, conveniencia u oportunidad de decisiones adoptadas por la Administración, particularmente cuando ello supone reexaminar la ponderación de antecedentes y la calificación disciplinaria efectuada en un procedimiento formal.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes aparece que la decisión impugnada dispuso el término del vínculo laboral de la recurrente invocando las causales previstas en el artículo 160 N°1 letra a) y N°7 del Código del Trabajo, de manera que la controversia planteada -en cuanto persigue controvertir la concurrencia de tales causales, la regularidad del procedimiento que condujo a su aplicación, la valoración de los antecedentes reunidos y la proporcionalidad de la medida adoptada- se encuentra prevista por el propio ordenamiento jurídico para ser conocida y resuelta en las acciones laborales específicas que dicho cuerpo normativo contempla, sede en la que es posible un debate contradictorio amplio y la rendición de prueba pertinente. En consecuencia, tales materias, por su naturaleza y extensión, exceden el ámbito cautelar y de cognición limitada que caracteriza al recurso de protección.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo ya indicado, en lo que concierne a la alegada vulneración del debido proceso administrativo -en particular, el rechazo de diligencias solicitadas, la no apertura de término probatorio y la supuesta falta de ponderación de antecedentes-, de los antecedentes relacionados aparece que tales peticiones fueron conocidas y resueltas en sede administrativa, con rechazo debidamente fundado, y posteriormente sometidas al control del órgano contralor, el cual desestimó la existencia de irregularidades invalidantes. En este contexto, no se advierte en esta sede cautelar la concurrencia de un vicio manifiesto, actual y determinante que permita concluir, conforme al estándar propio del recurso de protección, la afectación de una garantía constitucional indubitada, máxime que la recurrente fue representada por abogado durante la tramitación del procedimiento disciplinario.

SÉPTIMO: Que, por lo demás, las alegaciones de la recurrente relativas a la suficiencia o pertinencia de la prueba que estimaba necesaria, a la corrección de la calificación de los hechos y a la proporcionalidad de la sanción aplicada, importan necesariamente ingresar al mérito del expediente disciplinario y sustituir la valoración efectuada por la autoridad competente, cuestión que no se condice con la naturaleza excepcional y urgente del recurso de protección, reservado para hipótesis de ilegalidad o arbitrariedad evidentes.

OCTAVO: Que, en estas condiciones, no se verifica en lo obrado un acto ilegal o arbitrario en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza la excepción de extemporaneidad deducida por la recurrida.

II.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-199-2026.

En Valparaíso, veinticinco de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.