nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, quince de febrero de dos mil veintidós.

VISTO:

Que, a folio uno, comparece nombre reservado, periodista, funcionario a contrata grado 9° del escalafón profesional de la Municipalidad de El Quisco, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de El Quisco, representada por su alcalde don José Antonio Jofré Bustos, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la no renovación o prórroga de su contrata profesional, grado 9, para el año 2022, mediante una “simple carta”, adelantada por correo electrónico con fecha 31 de diciembre de 2021 y notificada con fecha 4 de enero de 2022, desvinculándolo de la entidad edilicia, lo que vulnera sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 números 2, 16 inciso primero y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se disponga su prorroga de su designación a contrata por la anualidad del año 2022, reintegrándolo a sus funcionales habituales y se ordene al recurrido proceder al pago de todas las remuneraciones devengadas, en conjunto con los demás derechos que le asistan, por el tiempo que medie entre la fecha de la separación de sus funciones hasta su reintegro, pidiendo además ésta sea en calidad de indefinida, con costas.

Funda su recurso, que comenzó a trabajar para la Municipalidad de El Quisco, desde el 2 de mayo del 2014, como periodista en la unidad de Relaciones Públicas, bajo la modalidad Honorarios a suma alzada, hasta el 31 de marzo de 2015. Luego, entre el 1 de abril y 31 de diciembre, ambas del año 2015, pasó a la calidad de contrata, en grado 12°, cumpliendo las mismas funciones. Posteriormente y, de forma transitoria, entre el 1 de enero y 31 de diciembre, ambas del año 2016, fue contratado bajo Código del Trabajo, desempeñando las mismas funciones. En seguida, desde el 1 de enero del 2017 y hasta el 31 de diciembre del año 2021, tiene la calidad de contrata, siendo designado Gestor de Relaciones Públicas, particularmente, en cuanto a los grados, en el año 2018 fue grado 12° y desde año 2019 fue grado 9°. Agrega que su última remuneración era de $1.728.368 aproximadamente.

Refiere que la carta aludida, informa su no renovación de contrata, fundada en la reorganización de personal dependiente de la Planta Municipal, la actualización del Reglamento Interno y el Organigrama, además de considerar el límite de contratación a Contrata del 40% del Personal de la Planta. Agrega que las unidades no tienen nuevas funciones para que desarrolle.

Argumenta que tales fundamentos, son hipotéticos y ficticios, presumiendo que la decisión obedece a una persecución por el alcalde desde que asumió en el año 2021, atendido que presentó una carta el 7 de enero de 2021 en contra de un Concejal y del actual Alcalde, ante el Alcalde Subrogante, explicando hechos que lo afectan.

Hace presente, que nunca ha sido sancionado, manteniendo una conducta funcionaria intachable, siendo bien evaluado profesionalmente. Sin embargo, con fecha 31 de diciembre del 2021, mediante correo electrónico, fue notificado del Decreto Alcaldicio N°9223/2021 de 24 de diciembre del mismo año, que le aplica una sanción de suspensión de 3 meses con goce de un 50% de las remuneraciones, en razón de lo dispuesto en los artículos 120, letra e) y 122 a) de la Ley N°18.883, presentando contra dicho acto, recurso de invalidación por la omisión de haber sido notificado de los cargos, que se encuentra pendiente de resolución.

Sostiene que la decisión afecta el principio de legalidad consagrado en la Carta Fundamental y una decisión fundamentada conforme a los artículos 11 inciso 2° y 41 de La Ley N° 19.880. Sumado a que la decisión se contiene en una carta y no en un acto administrativo como es un decreto alcaldicio, puesto que ello, lo exige la jurisprudencia judicial y administrativa cuando el funcionario a contrata cumple con los presupuestos de confianza legítima. Añade que desconoce si el funcionario que la firmó cuenta con facultades para ello. Cita el dictamen N° E156769/2021 de 17 de noviembre del 2021, sobre “Nuevo Instructivo Sobre Confianza Legítima en las Contratas”.

En cuanto a los motivos proporcionados por la carta, se fundamenta en circunstancias futuras y eventuales, sin contener razonamientos y antecedentes de hecho y de derecho. Sostiene que el argumento sobre “(…) reorganización de personal (…)” es genérico y no se comprende. Mientras que el fundamento que el Municipio se encuentra en “un marco de reorganización del personal dependiente de la Planta Municipal”, no resulta ser un sustento válido para la no renovación. Finalmente, el argumento sobre el límite de un 40% para la contratación a contrata, no permite conocer la razón de la decisión, ya que se puede aplicar a todos los funcionarios en la misma calidad, citando el dictamen N° 11.318 de 2017.

Luego, se refiere al principio de confianza legítima, en base al Instructivo de la Contraloría de la República, que se refiere en su Capítulo IV: “Contenido, Continuidad y Extensión de las designaciones a Contrata que generan la Confianza Legítima”, situación que se cumple a los 2 años de continuidad y sin interrupciones, lo que a su respecto se verifica, ya que tiene la calidad de funcionario desde el 1 de abril de 2015 hasta el 31 de diciembre del 2021. Sobre este punto, agrega lo sostenido por la Excma. Corte Suprema en diversos fallos, que reconoce el principio de confianza legítima.

En cuanto a los derechos fundamentales denunciados, se vulnera el derecho de igualdad ante la ley, por existir una decisión arbitraria y de desigualdad de trato respecto de otros funcionarios en la misma condición; su derecho a la libertad del trabajo y propiedad, pues la estabilidad en el empleo constituye un derecho para todo funcionario de la administración -sin distinción-, conforme a los artículos 40 y 43 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Solicita que se disponga la prórroga de su empleo en calidad de contrata para el año 2022, ordenando su reintegro inmediato, el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que media entre la separación de sus funciones y la reincorporación al empleo y que declare además, que dicha contrata es de carácter indefinido, sin perjuicio de lo que se decida en definitiva, con costas.

Que, a folio seis, comparece el abogado Rodrigo Peillard Aragón, en representación de la recurrida I. Municipalidad de El Quisco, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

Sostiene que efectivamente el recurrente se desempeñaba como profesional en grado 9°, encargado de la gestión de relaciones públicas del Municipio. Agrega que mediante Decreto Exento N° 8.630/2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, se estableció la no renovación de su nombramiento a contrata, no obstante que el Director de Administración y Finanzas y Jefe de Personal del Municipio, Sr. nombre reservado, le comunicó –con fecha 29 de noviembre del mimo año- dicha decisión.

El acto, se fundó de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880, señalando que, al encontrarse el Municipio en el marco de reorganización de la persona dependiente de la Planta Municipal, la actualización del reglamento interno y Organigrama Municipal, además de considerar el límite de contrata de 40 % del gasto de personal de planta. Además que el Reglamento Interno Municipal, atribuye al Director de Finanzas, junto a otras autoridades, las funciones de velar por el cabal cumplimiento de la política de recursos humanos y velar por la eficiente y oportuna ejecución de los recursos financieros municipales.

Refiere que el artículo 2 de la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, comprende los cargos a contrata, que tienen el carácter de transitorios, agregando que tiene una duración máxima hasta el 31 de diciembre de cada año, cesando sus funciones en aquella fecha, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con 30 días de anticipación, a lo menos. En lo relacionado al dictamen citado por el recurrente N° E156769 de 2021, si bien estableció el principio de confianza legítima, este no afecta las facultades que tienen las autoridades en torno a las contratas, en especial respecto de su no renovación o su término anticipado. En efecto, existiendo cambio en la circunstancia presupuestaria y reglamentaria, el exceso de gasto legalmente permitido para funcionarios a contrata, se encuentra plenamente justificado romper la confianza.

Señala que la Dirección de Administración y Finanzas, mediante certificado N° 131/2022, de fecha 25 de enero de 2022, en el año 2021 se alcanzó un porcentaje de funcionarios a contrata de 42.7%, lo que incide en la decisión de no renovar a ciertos funcionarios, a fin de respetar el marco legal que limita el gasto fijado para el 2022, y en virtud del artículo 2° de la ley 18.883 que dispone “Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal. Sin embargo, en las municipalidades con planta de menos de veinte cargos, podrán contratarse hasta ocho personas”.

Agrega que, a su juicio, los fundamentos no son ficticios, sino que obedecen al cumplimiento del imperativo legal en torno la correcta administración del patrimonio fiscal. De esta forma, el acto administrativo cumplió con el estándar de justificación, no incurriendo en un acto arbitrario e ilegal.

Concluye, que no existe vulneración al derecho de la igualdad, puesto que los argumentos esgrimidos sobre la falta de fundamentación, dan cuenta de una falta de coherencia argumentativa entre la garantía y el desarrollo de la vulneración, sin perjuicio de ello, afirma que el acto ha sido fundado, se ha dado cumplimiento a la normativa aplicable y los requisitos jurisprudenciales. Tampoco existe infracción a la libertad del trabajo y su protección, señalando que no ingresa a su derecho de propiedad ostenta, atendido el carácter transitorio de la contrata.

Que, a folio siete, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, mediante el presente recurso de protección, don nombre reservado impugna la decisión de la Ilustre Municipalidad de El Quisco, de no renovar su contrata profesional, por carecer de fundamentación, lo que vulnera sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, además del principio de confianza legítima, por lo que pide que se disponga la prórroga de su empleo en calidad de contrata para el año 2022, ordenando su reintegro inmediato y el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que media entre la separación de sus funciones y la reincorporación al empleo, además, solicita la declaración que dicha contrata es de carácter indefinido.

Tercero: Que, por su parte, la Ilustre Municipalidad de El Quisco, señala que el acto administrativo fue correctamente fundamentado, conforme al artículo 11° de la Ley N° 19.880, atendido principalmente el límite presupuestario de cargos a contrata y la transitoriedad de los mismos.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes y lo informado por ambas partes, constituyen hechos no controvertidos los siguientes:

1.- Que, el 1 de abril del año 2016, se contrató al recurrente, en calidad de contrata profesional, grado 12°, hasta el 31 de diciembre de 2016, la que fue renovada, posteriormente, por periodos anuales, hasta el 31 de diciembre de 2021. Además, que desde el 1 de enero de 2019, cambió al grado 09°.

2.- Que, mediante una carta de 29 de diciembre de 2021, la Municipalidad de El Quisco, informa los motivos que se sustenta la no renovación, que fue notificada mediante carta certificada de fecha 4 de enero de 2021.

3.- Que, mediante Decreto Exento N° 8.630/2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, se dispuso su no renovación en calidad de contrata junto a otros funcionarios, haciendo referencia al memorando 2205, de fecha 1 de diciembre de 2021.

4.- Que, mediante memorando N° 2205/2021, de fecha 1 de diciembre de 2021, se indicó que la no renovación obedecía al vencimiento de las contratas el 31 de diciembre de 2021, debido a la reorganización del personal de planta municipal, la actualización del Reglamento Interno Municipal y Organigrama, además considerando el límite de contratación, en esta modalidad, de un 40% del gasto de personal de planta.

Quinto: Que, para resolver, es necesario tener a la vista el concepto de Empleo a contrata, como aquél de carácter transitorio, según se ha definido de manera conteste en las normas aplicables al presente caso, el artículo 3, letra c) de la ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo y arts. 2 y 5 de la Ley N°18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

En cuanto a la duración temporal de la contrata, se menciona tanto en el artículo 10, de la primera de las regulaciones administrativas citadas, como en el artículo 2, de la Ley N° 19.738, coincidiendo en que dichos empleos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación Sexto: Que, en este entendimiento y en mérito de los antecedentes, no existe acto administrativo válidamente notificado, puesto que la Resolución Exenta 8630 de fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno, no cumplió con esta diligencia.

En efecto, si bien no hay discusión acerca de la circunstancia de haber comunicado el término de la contrata del actor por medio de una carta enviada al correo electrónico de éste, documento que luego fuera remitido por carta certificada al domicilio del recurrente, tal actuación no reviste la naturaleza de un acto administrativo al tenor de lo señalado en el artículo 3° de la Ley N° 19.880 y, en consecuencia, ningún efecto pudo provocar.

Séptimo: Que, sumado a lo anterior, atendido el tiempo que ha permanecido la parte recurrente en el cargo, se generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración, de modo tal que su relación sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie, criterio que ha sido sostenido por la Excma. Corte Suprema, en sentencia de diecinueve de enero de dos mil veintidós, causa Rol N° 1353-2022.

Octavo: Que, atento a lo razonado, se acogerá el recurso en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de El Quisco, solo en cuanto se ordena su reintegro a las funciones que desarrollaba en la referida municipalidad, en calidad de contrata, debiendo pagarse todas las remuneraciones y estipendios que se hayan devengado en el período en que permaneció separado del servicio.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1963-2022.