nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VIÑA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VIÑA DEL MAR

Jevp.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno.

Visto:

PRIMERO :Que a folio 1, comparece Rodrigo Tapia Figueroa, abogado, en representación de doña nombre reservado, nutricionista, deduciendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social, de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y, de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar.

Indica que por Resolución Nº 122, de fecha 07 de junio de 2019, el Gerente General de la Corporación instruyó sumario administrativo en contra de su representada, el que a la fecha no se encuentra afinado. Refiriendo que en la tramitación de éste se destacan los siguientes hitos:

1.1. Su representada fue suspendida de sus funciones por el fiscal Sr. Patricio Rivas Trincado, a contar del día 14 de junio de 2019, medida que la Corporación prolongó hasta el día 03 de marzo de 2021, es decir, por más de 20 meses.

1.2. El fiscal Sr. Patricio Rivas recién con fecha 28 de febrero de 2020, habiendo transcurrido más de seis meses de suspensión de funciones de la señora nombre reservado, entregó su investigación, y acto seguido comunicó que se encontraba implicado en los hechos, solicitando se le excusara de proseguir con la sustanciación del sumario.

1.3. En el mes de marzo del año 2020, su representada fue notificada de los cargos que le formulara una nueva fiscal, la Sra. Pamela Torres Clavería. Con fecha 13 de marzo de 2020, la recurrente solicitó se dejara sin efecto dicha formulación de cargos y, en subsidio, presentó sus descargos.

1.4. Esa formulación de cargos fue dejada sin efecto por la misma Fiscal Sra. Torres, tres meses después, por medio de resolución Nº 08 de Fiscalía, de fecha 30 de junio de 2020, que ordenó retrotraer el proceso disciplinario a la etapa de investigación.

1.5. Casi tres meses después, en septiembre de 2020, su representada nuevamente fue objeto de formulación de cargos.

1.6. La resolución de término (Resolución N° 33, de 2021, de Gerencia) fue notificada a su representada con fecha 03 de marzo de 2021, estableciendo la medida disciplinaria de multa del 20% de su remuneración y constancia en su hoja de vida la multa impuesta, mediante una anotación de demérito en el factor de calificación correspondiente, según lo establecido en el artículo 122 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

1.7. El día 09 de marzo de 2021 su representada impugnó la resolución anteriormente señalada, en que por vía principal solicitó retrotraer el procedimiento disciplinario a la etapa de investigación, ello por vicios que afectan gravemente el debido proceso; y, en subsidio de lo anterior, interponiendo recurso de reposición, reclamando la ilegalidad de la medida impuesta y que esta sea dejada sin efecto.

1.8. El día 22 de abril de 2021, recibió un correo electrónico enviado por el abogado de la Corporación señor nombre reservado quien, a su vez, desempeñó el rol de actuario en el proceso sumarial objeto de la presente acción cautelar, en que comunica que se ha resuelto el escrito de fecha 09 de marzo de 2021, señalando que adjunta resolución para conocimiento, y solicita acusar recibo de la notificación. En caso contrario, cita a reunión vía zoom, para efectos de proceder a la notificación para el día 23 de abril de 2021 a las 09:00 horas.

Seguidamente, da cuenta de diversas irregularidades y vicios, cometidos en relación a la sustanciación del proceso sumarial, señalando lo siguiente respecto de cada una de las recurridas:

En relación a la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social:

1. Dilación en la tramitación del sumario.

Expresa que para una cabal comprensión del actuar de la Corporación, se debe tener en especial consideración que, a la fecha en que se dio inicio a dicho proceso, su representada ostentaba el cargo Directora del establecimiento de atención primaria de salud municipal CESFAM “LAS nombre reservado”, SAPU “LAS nombre reservado”, y CECOSF “LAS PALMAS”, en que fue nombrada previo concurso público por la recurrida Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, asumiendo funciones a contar del día 01 de enero de 2018, en jornada de 44 horas, por un periodo de 3 años, renovable en conformidad al artículo 33 del Estatuto de Atención Primaria de Salud, Ley N° 19.378, es decir, con la posibilidad de postular al nuevo concurso.

Alega que la dilación en la tramitación del sumario fue de tal envergadura que, a instancias de su representada, la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, en proceso de fiscalización por vulneración de derechos fundamentales, realizado en el curso del año 2020, estableció la existencia de indicios sobre vulneración a los derechos fundamentales con motivo de la demora en la sustanciación del sumario administrativo mencionado, y que estas vulneraciones provocaron afectación en su estado de salud psíquica. Es más, la Inspección interpuso denuncia en procedimiento de tutela laboral en contra de la Corporación recurrida, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, que dio origen a los autos RIT T-364-2020, caratulados “Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar con Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social”. En este proceso judicial, la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, al cumplir la exigencia del tribunal sobre determinación de las medidas concretas que se solicitan vía tutela laboral, señaló como medida requerida “el costo íntegro en el tratamiento sicológico o siquiátrico…., para reparar la angustia a la que se le sometió indebida e innecesariamente”. Por otra parte, en el Informe de Fiscalización de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, que sirve de fundamento a la denuncia judicial, se lee sobre el particular, en su parte final, lo siguiente: “De las entrevistas realizadas, con respecto a si la denunciante ha sido afectada en su integridad síquica y/o su honra por la Corporación Municipal debido a la forma en que ésta ha venido actuando en la tramitación de un sumario en su contra, de las 9 personas entrevistadas 4 señalan que la forma y el tiempo en el cual la señora nombre reservado se enteró del proceso del sumario fue carente de respeto, toda vez que fue la última en enterarse, ya que se dio a conocer en una reunión con muchos funcionarios, en la cual estuvieron presentes, y después fue notificada a la involucrada, de esto último se enteran por conversaciones con la señora nombre reservado. En la reunión mencionada, el abogado de la CONFUSAM y según lo establece 1 de estas 4 personas, la Subdirectora señora nombre reservado, comentaron que la señora nombre reservado estaba llevando un proceso de sumario administrativo. Por otra parte, señalan que la demora para otorgar una solución a dicho sumario es dañino y discriminatorio, ya que no es la normalidad que se demoren tanto.”. Este proceso judicial fue concluido por la Inspección por conciliación judicial.

2. Irregularidades y vicios que constan en el proceso sumarial.

Alega que los cargos formulados en contra de su representada, distan total y absolutamente de los hechos que formaron parte de las acusaciones que originaron el proceso sumarial. El sumario fue instruido por la Corporación acogiendo una denuncia del gremio CONFUSAM, que acusó diversas irregularidades que habría cometido la recurrente, que se contienen en las comunicaciones electrónicas y documentos que rolan de fs. 2 a fs. 32 del sumario administrativo. Estos últimos antecedentes, a la vez, fueron tomados en consideración por el primer fiscal del sumario (Sr. nombre reservado) para decretar la suspensión de funciones de su representada, porque se relacionaban principalmente con un eventual hostigamiento laboral realizado por la recurrente. No obstante que entre la suspensión de funciones y la formulación de cargos de marzo de 2020, transcurrieron nueve meses y que los cargos versan sobre aspectos administrativos de la gestión de su representada como Directora (descartando la acusación de acoso laboral vertida en su contra), la Fiscal Sra. Torres mantuvo la suspensión de funciones. Es más, a la data de la nueva formulación de cargos en el mes de septiembre de 2020, es decir, contando su representada 13 meses suspendida, y reiterándose las acusaciones de índole administrativa del todo ajenas a eventual hostigamiento laboral, su representada continuó suspendida.

Seguidamente, agrega que la resolución Nº 08 de Fiscalía, de fecha 30 de junio de 2020, que ordenó retrotraer el proceso disciplinario a la etapa de investigación, sólo dispuso la citación a declarar a la Sra. nombre reservado sobre los hechos que indica, pero ello contradice y no da cumplimiento a lo expuesto en el considerando quinto parte final de la misma resolución que expresa que la citación a declarar de su representada es “sin perjuicio, de otros medios probatorios que puedan ser incorporados en la etapa de investigación”; sin que la resolución Nº 08 de Fiscalía se pronuncie sobre todas las diligencias probatorias necesarias para resguardar el derecho al debido proceso que tiene su representada. Lo anterior, estima que resulta contrario a Derecho, sobre la base de los siguientes fundamentos:

La falta de imparcialidad reconocida por el fiscal Sr. Patricio Rivas Trincado contaminó toda la investigación desarrollada por ese fiscal, y todas las diligencias practicadas, incurriendo en irregularidades, vicios, y falta de imparcialidad, al continuar decretando diligencias de investigación pese al conocimiento que tenía de su participación en algunos de los hechos.

La vulneración al debido proceso no se subsana limitándose exclusivamente a realizar una diligencia pendiente, como lo es la declaración de su representada, porque toda la investigación del fiscal estaba viciada.

La resolución que ordena retrotraer implica, en esencia, una declaración de nulidad procesal, por cuanto reconoce una transgresión al debido proceso.

Añade que en contra de la Resolución N° 8, de Fiscalía, en virtud de los fundamentos ya reseñados, la señora nombre reservado interpuso recurso de reposición, el que fue desestimado. Precisa que no obstante, consta en el expediente sumarial que la Fiscal nombre reservado, en el nuevo periodo de investigación abierto a consecuencia de la invalidación de la primera formulación de cargos, tomó declaración a 18 personas vía telemática según consta a fs. 412, y no citó a declarar al señor Patricio Rivas Trincado en relación a su participación y conocimiento sobre las rendiciones de fondo fijo realizadas por la señora nombre reservado; y, si la implicancia que confiesa, tuvo influencia en las restantes diligencias de investigación por él llevadas a efecto.

Alega que el trato discriminatorio recibido por la señora nombre reservado durante la sustanciación del sumario, se evidencia si se tiene en consideración que todas las diligencias de investigación formalmente solicitadas por ella fueron, una a una, desestimadas.

Precisa que tratándose del PRIMER CARGO, existen circunstancias constitutivas de irregularidades que involucran directamente al entonces Fiscal Sr. Rivas Trincado y a una de las testigos de cargo, la actual Directora (I) del CESFAM “Las nombre reservado”, doña nombre reservado, que de ser advertidas por el entonces Fiscal o por la nueva Fiscal habrían obstado a la formulación de este cargo respecto de su representada. En efecto, el Sr. Patricio Rivas Trincado, intervino en la aprobación de las rendiciones de FOFI de los meses cuestionados respecto de los trabajos ejecutados por la empresa Construcciones Luis Antonio Rodríguez Pereira E.I.R.L, sin realizar observaciones ni reparos, esto en su calidad de Subdirector Administrativo Área Salud, según consta a fs. 207, 210, 213, 216, 218, y 221, del sumario. Esto, por cuanto según consta en Resolución N°5 de fecha 19 de febrero del año 2020, que rola a fojas 286 del proceso sumarial, en el punto N° 6, el entonces fiscal Patricio Rivas Trincado señaló expresamente su vinculación respecto de los hechos que estaba investigando, en el siguiente tenor: “Que decretado el respectivo cierre de la investigación con fecha 18 de febrero del 2020, pude constatar que algunos hechos investigados podrían vincularse indirectamente a mi función dentro de la C.M.V.M”. No obstante el señalamiento expreso del fiscal instructor, en orden a que la investigación fue cerrada con fecha 18 de febrero del año 2020, en el expediente no existe ninguna constancia formal de dicho cierre de la investigación. Es más recién con fecha 27 de febrero del año 2020, se dicta otra resolución N°6, que rola a fojas 290 del expediente sumarial, la cual declara cerrada con esa fecha la etapa indagatoria del sumario.

Precisa que en la primera diligencia de investigación decretada por el entonces Fiscal designado Sr. Patricio Rivas Trincado, su representada fue citada a declarar al tenor de las acusaciones realizadas por CONFUSAM, según consta de fs. 41 a 46. Sin embargo, en la formulación de cargos se imputa a la recurrente la comisión de una infracción administrativa en calidad de autor, respecto de un hecho que no sólo no formó parte de la acusación que originó el proceso sumarial, (fojas1) sino lo que es peor, el entonces Fiscal Sr. Rivas Trincado no inquirió de manera específica a la inculpada sobre el hecho consignado en el cargo de la letra b) de la formulación de cargos de Resolución N° 07/2020, efectuando con posterioridad cargos específicos respecto de puntos en que la inculpada jamás fue consultada. En efecto si se analiza la declaración de su representada que rola de fojas 41 a 46 del expediente sumarial, el entonces fiscal instructor en la pregunta N°16 se limita exclusivamente a efectuar una única pregunta genérica sobre el punto y nada más, sin indagar de manera específica cuál es el sistema utilizado en la práctica habitual por el CESFAM Las Torres para la designación de la persona que va a un curso.

Alega que no obstante la generalidad de la única pregunta efectuada a la inculpada, el entonces fiscal Sr. Rivas Trincado, por Resolución de fecha 19 de febrero de 2020, a fs. 284, desestimó todas las diligencias solicitadas por la inculpada en su escrito de fecha 08 de octubre de 2019, de fs. 233 y siguientes, en cuanto a nueva declaración de nombre reservado y careo entre ésta y los testigos de cargo. De las circunstancias anteriormente expuestas se desprende una decisión deliberada de omitir que la recurrente pueda tener la oportunidad de responder y aclarar de manera específica los antecedentes concretos que hubieren permitido desarrollar otra línea investigativa y desvirtuar los hechos materia del cargo, signado con la letra b) en la Resolución N° 07/2020. Asimismo, agrega que es aún más grave y constituye una evidente violación al debido proceso, que la nueva Fiscal del caso, al intentar subsanar un vicio remitiendo cuestionario de preguntas a su representada, confirma, reitera y hace suyo el vicio en que incurrió el anterior Fiscal, no formulando ninguna pregunta ni concediendo margen a ninguna explicación respecto del Cargo N° 2 por parte de su representada.

3. Irregularidades y vicios que constan en otros antecedentes, en razón de un nuevo proceso sumarial en contra de la recurrente de autos. Esto es así, porque con motivo de un nuevo sumario administrativo instruido por la Corporación en contra de su representada (Resolución de Gerencia número 34/2021, de 16 de febrero de 2021), en que nuevamente fue suspendida de funciones, se pudo constatar que en este último, al momento de emitir la Fiscal nombre reservado, la Vista Fiscal, y al dictar el Gerente Sr. nombre reservado, la resolución de medida disciplinaria, ni la una ni el otro, tenían a su disposición todos los antecedentes y documentos del expediente sumarial. Ocurre que, en los considerandos de la referida resolución, se señala que la Fiscal nombre reservado, con fecha 16 de febrero del mismo año, informó a Gerencia de una eventual apropiación indebida de una parte del proceso disciplinario instruido -también en contra de la señora nombre reservado- por Resolución de Gerencia N° 122/2019, que se encontraba para reproducción o fotocopiado en DIMACOFI. Sin embargo, resulta que en el sumario administrativo instruido por Resolución de Gerencia N° 122/2019, la Fiscal nombre reservado emitió la Vista Fiscal con fecha 04 de enero de 2021, según consta en Resolución N° 14 de Fiscalía, debiendo en ese momento haber contado en su poder con todos los antecedentes que conformaban el expediente sumarial.

A continuación, en relación a la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, indica lo siguiente:

El día 27 de abril de 2021, en los autos sobre tutela laboral RIT T-364-2020, caratulados “Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar con Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social”, iniciados con motivo de la denuncia por vulneración de derechos fundamentales presentada por la recurrente ante la Inspección, en una audiencia de conciliación especialmente convocada al efecto, la Corporación e Inspección recurridas llegaron a un acuerdo.

Indica que el día previo a esa audiencia, la recurrente solicitó a la abogada de la Inspección del Trabajo, a cargo de la causa, el link para acceder a la audiencia mencionada. Al día siguiente, recibió como respuesta que para ello se necesitaba autorización judicial. Su representada el mismo día insistió; sin embargo, no recibió respuesta y se vio impedida de comparecer a la audiencia. El día 29 de abril de 2021, la recurrente, por sus medios, toma conocimiento del acuerdo alcanzado entre la Inspección y Corporación recurridas, que consta de dos puntos: “1.- Que, se tiene presente que la funcionaria doña nombre reservado, ha iniciado causa por sí misma, Rit T-67-2021, caratulada “nombre reservado con Corporación Municipal”, seguida ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso. 2.- Que la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social atendida la sobrecarga y sobe exigencia de la que es objeto, incurrió en una demora en la tramitación del sumario administrativo dirigido en contra de doña nombre reservado y si esto pudo haberle traído alguna afectación, es un asunto que deberá determinarse.” .

Refiere que lo dos puntos comprendidos en el acuerdo de conciliación carecen de fundamento y, por ende, resultan arbitrarios. En efecto, en cuanto al punto 1°, la acción de tutela enderezada por su representada, a que se alude, tiene por objeto decisiones de la Corporación, antes de la conclusión del sumario y en forma independiente de éste, no formando parte del debate como hecho vulneratorio o medida de reparación a adoptar, la mentada dilación del sumario. Y, sobre el 2° punto, es abiertamente injustificado y contradictorio con las declaraciones y medidas recabadas por la propia Inspección en su denuncia de tutela, con basamento en el Informe de Fiscalización que le sirve de fundamento, por cuanto la instancia para determinar si existió afectación a los derechos fundamentales de la trabajadora, es precisamente la audiencia de juicio, que finalmente, en este caso, no se verificó. Por lo demás, esa afectación, así como los indicios de los actos vulneratorios cometidos por la Corporación, se encontraban suficientemente probados con el mérito del Informe de Fiscalización, pues éste se encuentra premunido de una presunción legal de veracidad.

Finalmente, en relación a la recurrida I. Municipalidad de Viña del Mar, señala lo siguiente:

Fue esta la entidad que convocó al Concurso Público para el cargo de Directora que se adjudicó su representada, y dictó el acto administrativo decisorio al respecto, mediante Decreto Alcaldicio N° 13.218, de 22 de diciembre de 2017; la recurrente, con fecha 17 de febrero de 2020, presentó a la señora Alcaldesa, una carta exponiendo los acontecimientos acaecidos durante la sustanciación del sumario objeto de este recurso, especialmente, el tiempo en la tramitación del sumario, de ocho meses a esa data, que implicaba un tercio del periodo por el cual fue nombrada, impidiéndole desarrollar el Plan de Trabajo asociado a su gestión como Directora. De esta misiva, su representada no recibió respuesta, y el devenir de los acontecimientos demuestra que la Municipalidad, pese a las atribuciones que detenta respecto de la Corporación Municipal recurrida, no adoptó medida alguna para subsanar la excesiva demora en la tramitación del sumario.

Señala al respecto, que las Municipalidades cuentan con amplias atribuciones en su vinculación con las Corporaciones creadas por ellas, no sólo en materia presupuestaria, también en la gestión del personal, reconociéndose por la Dirección del Trabajo la facultad de la autoridad superior de los municipios de instruir directamente sumarios administrativos en esas entidades, actuando en su calidad de presidente de la respectiva Corporación Municipal. Por ende, si puede ordenar instruir un sumario, nada obsta a que adopte medidas respecto de un proceso iniciado por la Corporación. Si la Municipalidad recurrida hubiera ejercido las facultades de que se encuentra premunida, instando por la tramitación del sumario en los plazos establecidos, su representada se habría reincorporado a sus funciones de Directora, antes de que concluyera el periodo por el que fue designada.

Refiere que el actuar recurrido atenta contra las garantías del N° 1, Nº 2 y N° 24 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, derechos constitucionales que han resultado privados, perturbados y amenazados por los actos arbitrarios e ilegales de los recurridos.

Por lo expuesto, solicita se acoja la presente acción, dejando sin efecto todo lo obrado en el sumario administrativo instruido por Resolución Nº 122, de fecha 07 de junio de 2019, del Gerente General de la Corporación; ordenando a las recurridas Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social e Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, que en un plazo no superior a 15 días corridos desde que recaiga sentencia firme en este recurso, adopten todas las medidas tendientes a restablecer a la recurrente a la situación inmediatamente anterior al inicio del sumario recurrido, respecto de todas las prerrogativas inherentes al cargo de Directora del establecimiento de atención primaria de salud municipal CESFAM “LAS nombre reservado”, SAPU “LAS nombre reservado”, y CECOSF “LAS PALMAS”, hasta que cumpla el periodo por el cual fue nombrada; y, respecto de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, que emita a su representada una respuesta formal sobre las razones por las que suscribió la conciliación en el procedimiento judicial de tutela a que se alude en esta presentación y que, cumplido el plazo de 15 días antes señalado, realice una fiscalización sobre las condiciones en que la recurrente desempeña sus funciones de Directora referido, informando del resultado a vuestra S.S.I., con costas. En subsidio, se retrotraiga el sumario al periodo de investigación, designando a un nuevo fiscal no inhabilitado. Todo lo anterior, sin perjuicio de las providencias que V.S.I. juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, y de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEGUNDO: Que folio 12, informa la I. Municipalidad de Viña del Mar, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

En primer lugar, alega la falta de legitimación pasiva, indicando que en lo que respecta a la salud primaria, a la Corporación le corresponde, a través de su Dirección de Salud, administrar la salud primaria de la comuna, a cuyo personal, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 3°, inciso 2°, de la Ley N° 19.378, se aplica el estatuto legal de la atención primaria de salud, en especial, y en lo que importa, lo establecido en el título I referido a las normas generales del régimen laboral de la atención; añade su artículo 4° que en todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de dicha normativa, se aplican, en forma supletoria, las normas de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. En su artículo 32 la Ley N° 19.378 prevé que el ingreso a la carrera funcionaria se materializará a través de un contrato indefinido, previo concurso público de antecedentes, cuyas bases deben ser aprobadas por el Concejo Municipal y será convocado por el Alcalde respectivo, sin conferir ninguna otra competencia al Alcalde o al Concejo en lo referido a la administración del personal que presta servicio en un establecimiento de atención de salud primaria.

Expresa que por lo señalado queda en evidencia que la carta de fecha 17 febrero de 2017 que la recurrente remitió a la alcaldesa de la época, fue dirigida a ella en esa calidad y no en su condición del presidente del Directorio de la Corporación Municipal recurrida, cuya calidad inviste de conformidad con su Estatuto constitutivo, de modo que no le correspondía a la Municipalidad, por carecer de facultades en la materia, intervenir, controlar o fiscalizar la sustanciación del sumario administrativo incoado en contra de la recurrente.

En segundo lugar, en subsidio, alega que la acción es extemporánea. En la especie, según consta de la carta de fecha de fecha 17 febrero de 2020 que la recurrente dirigió a la alcaldesa de la época, ésta dio cuenta pormenorizada de cada una de las irregularidades y vicios en los que a su juicio se habría incurrido en el sumario administrativo, mismas conspiraciones que sirven de sustento a la presente acción constitucional. Queda entonces en evidencia que el recurso es claramente extemporáneo y que ha sido interpuesto transcurrido largamente el plazo legal de treinta días.

Finalmente, en cuanto a los hechos del recurso, indica que la Municipalidad carece totalmente de antecedentes relativos al sumario administrativo incoado en contra de la recurrente y, por lo mismo no se encuentran en condiciones de poder informar, respecto a la efectividad o no de los hechos que se relatan en el recurso.

TERCERO: Que A folio 17, informa la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Indica que con fecha 06 de marzo de 2020, la Sra. nombre reservado presentó una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, ante la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar. Los hechos en que fundamentaba su denuncia consistían en el exceso del plazo de tramitación de un sumario seguido por el empleador en su contra, la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social.

Teniendo en cuenta el requerimiento de la trabajadora, se procedió a dar inicio a la investigación N° 506/2021/421, en el cual fue posible verificar indicios de vulneración de derechos fundamentales, continuando el procedimiento administrativo, con una instancia de mediación. En aquella instancia de mediación, la organización denominada “Fiscalía Laboral”, encargada de dirigir esta clase de fiscalizaciones, de acuerdo a la instrucción interna, formuló en la audiencia de mediación que en el acuerdo de las partes, resultaba imperativo dar cierre al procedimiento disciplinario, atendido el tiempo transcurrido. Por su parte, la trabajadora recurrente en estos autos, formuló –en esa etapa del procedimiento administrativo las siguientes medidas reparatorias consistentes en: a.- La inmediata reanudación de sus funciones como Directora del CESFAM, con la misma remuneración; b.- Inicio inmediato por parte del empleador de un sumario administrativo para la investigación de los hechos constatados por la Inspección del Trabajo respecto de la demora en la tramitación del sumario en cuanto al primer fiscal designado en ese proceso; c.- Respecto de las acusaciones por las cuales resulte absuelta o sobreseída, la trabajadora en el sumario administrativo en el cual actualmente es investigada, la empleadora asuma el compromiso de realizar dos acciones dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que el proceso sumarial quede afinado; d.- Inicio de sumario administrativo en contra de los trabajadores de la Corporación que formularon tales acusaciones a la trabajadora nombre reservado; e.- Disculpas públicas a través de correo electrónico dirigido al equipo directivo del área salud y a todos los trabajadores del CESFAM Las Torres. Lo anterior, respecto de los hechos a cuyo respecto sea absuelta de las acusaciones y f.- Un resarcimiento económico de $8.000.000 por el daño moral que ha sufrido.

Explica que ante aquella manifestación de variadas pretensiones, la denunciada y la recurrida en estos autos, Corporación Municipal de Viña del Mar, aceptó sólo algunas de las medidas propuestas por la trabajadora, por estimar que aquello constituiría aceptar una responsabilidad que la Dirección del Trabajo no determinó.

Pues bien, la etapa de mediación finalizó sin acuerdo de las partes y teniendo en consideración lo establecido en el artículo 486 inciso 5° del Código del Trabajo, la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar presentó la respectiva denuncia por vulneración de derechos fundamentales, RIT T-364-2020, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso; precisando que el deber establecido por el legislador para que la Dirección del Trabajo interponga tales denuncias, se ejerce sin representar judicialmente a los o las trabajadoras u organizaciones sindicales afectadas, atendido que no existe norma que habilite o autorice tal actuación.

Que con fecha 08 de octubre de 2020, se lleva a efecto la audiencia preparatoria en la causa de tutela, la cual se efectúa por videoconferencia. En dicha oportunidad, la Dirección del Trabajo ofrece la prueba obtenida durante la investigación de denuncia por vulneración de derechos fundamentales y prueba entregada por la denunciante en sede administrativa. Al respecto, hace presente que previo a la audiencia, a partir del sábado 03 de octubre, la abogada a cargo de la audiencia, comenzó a recibir correos remitidos por la Sra. nombre reservado, en donde enviaba documentación para acompañar a la audiencia preparatoria, como asimismo, daba instrucciones para la audiencia. De igual manera, la Sra. nombre reservado solicitó a la abogada que compareció a la audiencia preparatoria, la posibilidad de asistir a dicha audiencia por la vía telemática, por lo que la profesional a cargo le indicó que haría la consulta al Magistrado que dirigió la audiencia, puesto que la denuncia se interpuso por la Dirección del Trabajo y la Sra. nombre reservado, como ya se dijo, no se hizo parte del proceso. Efectuada la consulta al juez de la instancia, don Camilo Obrador Castro, éste accedió a enviar el link o enlace a la plataforma Zoom, a la Sra. nombre reservado, por lo que pudo estar presente en la audiencia, como público. De acuerdo a los audios de aquella audiencia, que se acompañan el otrosí del presente informe, en el minuto 0:12, se solicita la autorización para que la trabajadora doña nombre reservado, pudiera estar presente como público en la audiencia. En el minuto 0:46, el Magistrado accede a la petición y señala que sólo comparecerá para presenciar la audiencia como público, ya que no es parte del proceso. Que, durante la realización de la audiencia y no obstante la prevención del Juez de la causa, la Sra. nombre reservado interrumpe su desarrollo, solicitando hacer uso de la palabra y en el minuto 42:00, señala: “Magistrado, quiero que me escuchen”, el juez de la causa le hace presente que no correspondía que ella hiciera uso de la palabra, al no ser parte del proceso judicial. Es así que tal y como se puede observar en el minuto 43:02, el Magistrado ante su insistencia, le reitera que la denuncia fue interpuesta de la Dirección del Trabajo, que es la denunciante y que si ella fuera la denunciante, debería haber comparecido con abogado o abogada, quien sería el interviniente.

Luego, con fecha 14 de abril de 2021, se lleva a cabo audiencia especial de juicio y llamado a conciliación, a través de video conferencia. Que para dicha audiencia, la Sra. nombre reservado, nuevamente, solicita el link de la plataforma Zoom para comparecer, a lo que la abogada actuante le indica que debe consultar al Tribunal. Que en el desarrollo de la referida audiencia, luego de conversar si existían posibilidades de arribar a un acuerdo, se le informa a la abogada compareciente por la Dirección del Trabajo que la Sra. nombre reservado había presentado una causa por sí misma, la cual correspondía a la causa judicial RIT T-67-2021, caratulada “nombre reservado con Corporación Municipal de Viña del Mar” seguida ante ese mismo Juzgado de Letras del Trabajo. Que, teniendo en consideración, el accionar de la Sra. nombre reservado, relativo a su interrupción de la audiencia preparatoria, y a ello sumado la presentación de una denuncia judicial por sí misma, en donde contaba con patrocinio de abogado para comparecer, es que no se consideró necesario su comparecencia en la audiencia especial realizada. Que, asimismo, durante el desarrollo de dicha audiencia, se solicita a la encargada de actas revisar el estado de tramitación de dicha causa presentada por la Sra. nombre reservado, quien indica que se encontraba con fecha próxima de audiencia preparatoria para el día 19 de mayo de 2021. Que, atendida la circunstancia referida a que la Sra. nombre reservado había presentado una causa por sí misma, la cual ya se encontraba notificada con anterioridad a la audiencia referida, circunstancia que no había sido informada a la abogada actuante, como asimismo, las bases de acuerdo propuestas por el Tribunal, se arribó a acuerdo en dicha instancia. Asimismo, puesto que uno de los hechos en que fundamenta la causa T-67-2021, dice relación con el tiempo transcurrido en la substanciación del procedimiento disciplinario investigado por este Servicio, se estimó procedente dar término a la causa judicial en comento y de esa manera, la trabajadora pudiera contar y presentar el informe de fiscalización que da cuenta de la investigación, en la causa que inició y que ya fuera individualizada, en consideración a sus peticiones concretas específicas y que no dicen estricta relación con lo solicitado por la Dirección del Trabajo al Tribunal.

Seguidamente, alega la improcedencia de la acción, atendida la naturaleza del acto recurrido. Al respecto, indica que el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos específicos entre partes, ni entre estas y la autoridad pública cuando dicho conflicto se encuentra sometido al conocimiento de los tribunales, autoridad u organismo correspondiente, ni aun en su tramitación y decisión se incurre en actos que puedan ser considerados arbitrarios o ilegales. En consecuencia, estimar la procedencia del presente recurso implica trivializar el recurso de protección y apartarlo de sus finalidades específicas, pues la recurrente cuenta, con un procedimiento específico, en donde se ventila la contienda sometida a la decisión del Tribunal y en que las partes pueden determinar el fondo de la cuestión debatida, proporcionándole al juez de la instancia, todos los medios probatorios de los cuales quieran valerse, garantizando con ello la existencia de un juicio oral, bilateral y contradictorio donde se determinará efectivamente la contienda sometida a discusión, procedimiento que se encuentra en actual tramitación en causa RIT T-67- 2021 del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, a la cual se agrega la causa T-171-2021 del mismo Tribunal, en que la recurrente interpone una nueva denuncia por vulneración de derechos fundamentales.

Luego, en cuanto a la ilegalidad del acto o de la acción realizada por parte de la Dirección del Trabajo, el recurrente invoca como norma infringida el artículo 495 N° 4 inciso 2° del Código del Trabajo, que establece: “En cualquier caso, el juez deberá velar para que la situación se retrotraiga al estado inmediatamente anterior a producirse la vulneración denunciada y se abstendrá de autorizar cualquier tipo de acuerdo que mantenga indemne la conducta lesiva de derechos fundamentales.” De acuerdo a la sola y simple lectura de la norma referida, es posible inferir que la Dirección del Trabajo ni siquiera aparece mencionada como sujeto activo de la norma que se le imputa.

La conciliación judicial como forma de solución alternativa a la sentencia laboral, encuentra su fundamento legal en los artículos 262 a 268 del Código de Procedimiento Civil con relación al artículo 432 del Código del Trabajo y específicamente, en el tema que nos ocupa, el artículo 453 N° 2 del mismo cuerpo legal, al regular la audiencia preparatoria. El juicio de tutela laboral, en tanto se sujeta a las disposiciones del Procedimiento de Aplicación General, en materia laboral, admite dicho acto procesal, no habiendo restricciones a su aplicación, cuando quien actúa es la Dirección del Trabajo. En ese entendido y partiendo de la base que el propio legislador consulta una vía de solución alternativa del conflicto vinculado a tutela de Derechos Fundamentales, en sede administrativa y a cargo de la Dirección del Trabajo, cual es la Mediación, no hay obstáculo que impida a este Servicio llegar a acuerdo mediante conciliación en una causa de tutela laboral en que sea parte, por lo tanto no hay ilegalidad alguna.

Luego, en lo que se refiere a la arbitrariedad, la decisión de conciliar en la causa laboral por vulneración de derechos fundamentales, tuvo un fundamento preciso, como puede desprenderse de su sola lectura, y que lo encuentra en la circunstancia que la Sra. nombre reservado interpuso una causa judicial, RIT T-67-2021, en el mismo Tribunal y con fundamentos en los mismos hechos denunciados por la Inspección del Trabajo, solicitando peticiones específicas y muy diversas a las que puede arribar la Dirección del Trabajo en este tipo de causas. La actuación de la Inspección del Trabajo, en ningún caso significó su indefensión de la recurrente, toda vez que el informe de fiscalización, al cual hace referencia en el recurso, formó parte de la presentación y de prueba ofrecida por la Inspección y en consecuencia, se encuentra a su plena disposición. La continuación del juicio de la Inspección del Trabajo además resultaba sobreabundante, por cuanto la interposición de la denuncia de la recurrente persigue la condena a la Corporación Municipal de Viña del Mar, por vulneración de derechos fundamentales, el cese de la conducta denunciada y las consecuentes medidas reparatorias, que se manifiestan peticiones concretas y específicas que se encuentran establecidas de manera muy clara y detallada en el libelo de la causa en análisis.

Finalmente, expone que su parte no ha vulnerado las garantías constitucionales cuya infracción alega la recurrente.

CUARTO; Que a folio 19, evacua informe la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Indica que la recurrente, ingresó en calidad de nutricionista a contar del 1 de enero de 2007 a trabajar en la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social. Desde el 1 de enero de 2018 desempeñó sus funciones en calidad de Directora del Cesfam Las Torres, cargo que terminó el 31 de diciembre de 2020. Que, en el ámbito de las facultades de administración de los establecimientos de salud, la Corporación tiene la facultad de perseguir la responsabilidad administrativa de los profesionales de la salud que se desempeñen en ellos, a través de una investigación o sumario administrativo, conforme lo dispuesto en la letra b) del artículo 48 de la ley 19.378. En este sentido mediante resolución de gerencia N° 122, de fecha 7 de junio de 2019, se instruyó sumario administrativo en contra de doña nombre reservado el cual se encuentra completamente terminado. Por otra parte, mediante Resolución de Gerencia N° 34, de 16 de febrero de 2021, se decidió instruir un nuevo sumario administrativo en contra de doña nombre reservado por nuevos hechos. Todas las alegaciones contenidas en el presente recurso son materia de juicio en causas RIT T-67- 2021 y RIT T-171- 2021, ambas acumuladas y que se encuentran en tramitación ante el Juzgado de Letras del trabajo de Valparaíso.

Seguidamente, indica que entender la petición planteada resulta fundamental para resolver adecuadamente el presente recurso pues para que éste prospere, es necesario que la pretensión tenga alguna posibilidad de ser satisfecha mediante la resolución que adopte el tribunal. En este sentido, tiene la convicción que no es posible satisfacer la pretensión planteada por la recurrente por cuanto presenta los siguientes defectos:

1.- La petición concreta del recurso es incongruente. La recurrente solicita que se adopten medidas tendientes a que doña nombre reservado vuelva a tener prerrogativas inherentes al cargo de Directora señalando que para conseguir eso se debe volver a una situación anterior al inicio del sumario administrativo.

Esta premisa en la que se basa la pretensión, relaciona dos circunstancias de manera errónea, estas son, el sumario por una parte y las prerrogativas de la recurrente en su calidad de Directora, por otra. Sin embargo, estas dos situaciones no tienen ninguna relación entre sí, por cuanto independientemente del inicio o no del sumario administrativo, incluso aun dejando sin efecto cualquier investigación en contra de la recurrente, no resulta posible reintegrarla a sus funciones de Directora, toda vez que sus “prerrogativas de Directora” no se encuentran vinculadas a la instrucción o no de un sumario administrativo determinado, sino que sencillamente dependen del término de su designación la cual se encuentra regulada expresamente en su vigencia por la Ley N° 19.378. En este sentido, el artículo 33 de la citada norma, Estatuto de Atención Primaria de Salud, en su parte pertinente prescribe “El nombramiento de Director de establecimiento de atención primaria de salud municipal tendrá una duración de tres años.”. En este caso concreto, conforme contrato y Decreto Alcaldicio, doña nombre reservado fue nombrada en su cargo por haber ganado concurso público y, la vigencia de su designación, abarca el período que se extiende desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020.

2. Petición concreta del recurso se funda en un hecho falso. Como se puede apreciar, la forma en que está planteada la petición da por hecho que a la recurrente se le privó de su cargo de Directora antes de concluir su período de nombramiento situación que solicita sea corregida. Sin embargo, este hecho es falso por cuanto el período por el cual fue nombrada doña nombre reservado terminó hace casi seis meses antes de la presentación de esta acción y durante dicho período doña nombre reservado jamás dejó de percibir alguna asignación relativa a su cargo como Directora.

3. Abuso del derecho. Solicitud expresa y ejemplar de condena en costas a la recurrente. A juicio de su parte, los hechos y la pretensión esgrimida en el presente recurso de protección exceden a la naturaleza y características de esta acción cautelar, toda vez que los mismo hechos que se denuncian están siendo discutidos en dos causas que se encuentran actualmente en tramitación, a saber, causas Rol 67-2021 y 171- 2021 ambas seguidas ante el Juzgado de letras del Trabajo de Valparaíso que se encuentran acumuladas y cuya audiencia preparatoria de juicio se encuentra programada para el 19 de agosto de 2021. Lo cierto es que la petición concreta planteada, es abiertamente incongruente y amerita que sea expresamente condenada en costas.

A continuación y sin perjuicio de lo anterior, analiza pormenorizadamente cada una de las alegaciones formuladas en el presente recurso de protección con el objeto de ilustrar, que adicionalmente no existe vulneración de garantías constitucionales.

1.- Alegación: Por Resolución Nº 122, de fecha 07 de junio de 2019, el Gerente General de la Corporación instruyó sumario administrativo en contra de su representada. No obstante el tiempo transcurrido, a la fecha, este procedimiento no se encuentra afinado. Defensa: A diferencia de lo que señala la recurrente, dicho procedimiento sí se encuentra terminado. A mayor abundamiento el procedimiento fue afinado con fecha 03 de marzo de 2021, mediante notificación vía zoom realizada por el abogado del Departamento Jurídico de la CMVM, don Nicolás Placencio Parraguez, quien notificó Resolución de Gerencia N° 33 de fecha 15 de febrero de 2021, que aplica sanción en contra de la recurrente.

La recurrente presentó recurso de reposición mediante correo electrónico con fecha 09 de marzo de 2021, el cual fue rechazado íntegramente a través de Resolución de Gerencia N° 63 de fecha 06 de abril de 2021. La notificación fue realizada mediante correo electrónico con fecha 22 de abril de 2021, posteriormente al no recibir acuso de recibo, se reitera diligencia con fecha 23 de abril de 2021, segunda notificación frustrada por inasistencia de la inculpada y su abogado (vía ZOOM). La notificación referida, se realizó a través de un medio validado por la recurrente y su abogado como consta en el expediente del sumario administrativo. Los antecedentes señalados constan en el expediente del sumario administrativo y están en conocimiento de la recurrente, por ende, al momento de presentar el recurso de protección materia de este informe – 20 de mayo de 2021 - el proceso disciplinario estaba afinado.

1.1. Alegación: Mi representada fue suspendida de sus funciones por el fiscal Sr. Patricio Rivas Trincado a contar del día 14 de junio de 2019, medida que la Corporación prolongó hasta el día 03 de marzo de 2021, es decir, por más de 20 meses. Defensa: Es efectivo que la funcionaria fue suspendida de funciones con fecha 14 de junio de 2019, a través de Resolución N° 2 de Fiscalía, la que fue dejada sin efecto mediante Resolución de Gerencia N° 33, de fecha 15 de febrero de 2021, notificada con fecha 03 de marzo de 2021.

1.2. Alegación: El fiscal Sr. Patricio Rivas recién con fecha 28 de febrero de 2020, habiendo transcurrido más de seis meses de suspensión de funciones de la señora nombre reservado, entregó su investigación, y acto seguido comunicó que se encontraba implicado en los hechos, solicitando se le excusara de proseguir con la sustanciación del sumario. Defensa: La recurrente con fecha 14 de junio de 2019, fue notificada de su calidad de inculpada según lo establecido en el artículo 130 de la ley N° 18.883, siendo apercibida para que dentro de segundo día formulara las causales de recusación que estimara procedentes en contra del fiscal o actuario, derecho que no fue ejercido por la recurrente. Con fecha 19 de febrero de 2020, a través de Resolución N° 05 el Fiscal del proceso disciplinario informó al Gerente General de la CMVM, que podría estar vinculado indirectamente a los hechos investigados, específicamente se refería a la revisión que debía hacer de las rendiciones de FOFI de los CESFAM de la CMVM en su calidad de Subdirector Administrativo del Área de Salud. El fiscal don Patricio Rivas Trincado no formuló cargos en contra de la inculpada, estos fueron realizados por la fiscal Pamela Torres Clavería, basándose en el mérito de la investigación.

1.3. Alegación: En el mes de marzo del año 2020, mi representada fue notificada de los cargos que le formulara una nueva fiscal, la Sra. Pamela Torres Clavería. Con fecha 13 de marzo de 2020, mi representada solicitó se dejara sin efecto dicha formulación de cargos y, en subsidio, presentó sus descargos. Defensa: Con fecha 28 de febrero de 2020, se notificó Resolución de Fiscalía N° 7, que formula cargos en contra de la inculpada, la notificación fue realizada personalmente según consta a fojas 292 del expediente. Es efectivo que la defensa de la inculpada mediante correo electrónico presentó escrito solicitando dejar sin efecto la formulación de cargos y, en subsidio presentó descargos, lo que consta a fojas 319 del expediente.

1.4. Alegación: Esa formulación de cargos fue dejada sin efecto por la misma Fiscal Sra. Torres, tres meses después, por medio de resolución Nº 08 de Fiscalía, de fecha 30 de junio de 2020, que ordenó retrotraer el proceso disciplinario a la etapa de investigación. Defensa: Respecto a esta aseveración, debemos dar cuenta que si bien la solicitud fue resuelta tres meses después, esto tiene justificación, en la Resolución de Gerencia N° 82 de fecha 31 de marzo de 2020, que suspende de forma indefinida los procesos disciplinarios, lo que consta a fojas 337 y 338 del expediente. Finalmente, a través de Resolución de Gerencia N° 106 de fecha 05 de junio de 2020, se deja sin efecto la suspensión de los procesos disciplinarios, ordenándose la reapertura de los sumarios en curso. Por ende, es efectivo que se resolvió el escrito señalado con fecha 30 de junio de 2020, lo que omite el recurrente son los hechos de conocimiento público que sustentaron la tardanza en la resolución del escrito (COVID -19).

1.5. Alegación: Casi tres meses después, en septiembre de 2020, mí representada nuevamente fue objeto de formulación de cargos. Defensa: Con fecha 24 de septiembre de 2020, se notificó Resolución de Fiscalía N° 11 que formula cargos en contra de la inculpada, la notificación fue realizada mediante correo electrónico según consta a fojas 529 del expediente. En ningún caso retrotraer el proceso implicaba algún tipo de compromiso en el sentido de no volver a formular cargos nuevamente.

1.6. Alegación: La resolución de término (Resolución N° 33, de 2021, de Gerencia) fue notificada a mi representada con fecha 03 de marzo de 2021, estableciendo la medida disciplinaria de multa del 20% de su remuneración y constancia en su hoja de vida la multa impuesta, mediante una anotación de demérito en el factor de calificación correspondiente, según lo establecido en el artículo 122 de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Defensa: Efectivamente se le aplica la sanción a doña nombre reservado que señala y luego de un procedimiento sumarial previo legalmente tramitado.

1.7. Alegación: El día 09 de marzo de 2021 mi representada impugnó la resolución anteriormente señalada, en que por vía principal solicitó retrotraer el procedimiento disciplinario a la etapa de investigación, ello por vicios que afectan gravemente el debido proceso; y, en subsidio de lo anterior, interponiendo recurso de reposición, reclamando la ilegalidad de la medida impuesta y que esta sea dejada sin efecto. Defensa: En la fecha señalada la inculpada a través de su abogado don Rodrigo Tapia Figueroa, presenta escrito de Reposición a través de correo electrónico dirigido al ex Gerente General de la CMVM, don nombre reservado, que rechazó su reclamación.

1.8. Alegación: El día 22 de abril de 2021, mi representada recibió un correo electrónico enviado por el abogado de la Corporación señor nombre reservado quien, a su vez, desempeñó el rol de actuario en el proceso sumarial objeto de la presente acción cautelar, en que comunica que se ha resuelto el escrito de mi representada de fecha 09 de marzo de 2021, señalando que adjunta resolución para conocimiento, y solicita acusar recibo de la notificación. En caso contrario, cita a reunión vía zoom, para efectos de proceder a la notificación para el día 23 de abril de 2021 a las 09:00 horas. Defensa: Cómo en este punto no existe ninguna alegación que pueda ser controvertida sólo señalamos que los hechos descritos son efectivos.

2. Posteriormente se indica que existieron irregularidades y vicios en la tramitación del proceso sumarial las que serían los siguientes:

2.1.1. Dilación en la tramitación del sumario. Efectivamente, tal como señala la actora, la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar interpuso denuncia por vulneración de derechos fundamentales en contra de su representada que dio origen a los autos RIT T -364-2020, sin embargo, dicha denuncia terminó con fecha 27 de abril de 2020, mediante una conciliación. Alega que no se explica un acuerdo de esta naturaleza sin entender que resulta evidente que la sola demora del período indagatorio de un sumario administrativo no puede ser considerada una vulneración de derechos fundamentales (menos cuando es justificada). Adicionalmente, en este caso específico, para la Dirección del Trabajo no era la sola tramitación del sumario administrativo más allá de los plazos previstos por la Ley, lo que afectaba la integridad psíquica de la denunciante sino que era la demora unida al resultado final del sumario el cual, de acuerdo a la interpretación de la normativa por parte de este organismo conllevaba necesariamente a la destitución de la actora. Sin embargo, como se hizo presente en la contestación de dicha demanda, la interpretación de la Dirección del Trabajo era completamente errada, prueba de ello consiste en que, conforme la normativa vigente, el sumario terminó por una medida distinta a la destitución. Por último, efectivamente el sumario demoró más de lo establecido en la normativa, principalmente por dificultades para gestionar declaraciones, por el “estallido social”, por la complejidad y variedad de los hechos que se investigaban y por la pandemia por COVID-19.

2.1.2. Irregularidades y vicios que constan en el proceso sumarial. En este punto se desarrollan una serie de argumentos que constituirían “irregularidades” del proceso sumarial a juicio del recurrente con su respectiva explicación.

a. “Como primera cuestión, los cargos formulados en contra de mi representada y en cuya virtud se le aplicó una medida disciplinaria, distan total y absolutamente de los hechos que formaron parte de las acusaciones que originaron el proceso sumarial…” la Fiscal Sra. Torres mantuvo la suspensión de funciones en contra de la señora nombre reservado. Es más, a la data de la nueva formulación de cargos en el mes de septiembre de 2020, es decir, contando mi representada 13 meses suspendida.”. Defensa: La Resolución de Gerencia N° 122 de fecha 07 de junio de 2019, establece en su resuelvo N° 1, que la fiscalía puede investigar “…cualquier otro hecho del que se tome conocimiento en el curso de la investigación...”, lo anterior, es concordante con la línea investigativa vinculado a la gestión administrativa de la Directora nombre reservado, lo que ha sido refrendado por la Contraloría General de la República.

Seguidamente, indica que el inicio del sumario y la medida de suspensión de funciones en caso alguno son ilegales o arbitrarios, pues se enmarcan dentro de facultades legales y se han tomado con fundamentos lógicos y racionales. Precisando que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley N° 18.883, tanto el inicio del sumario como la medida de suspensión decretada dentro del mismo, se han efectuado con estricto apego a las disposiciones legales que nuestro ordenamiento jurídico establece.

b. Cuestionamiento a la resolución Nº 08 de Fiscalía, de fecha 30 de junio de 2020 y al fiscal designado Sr. Patricio Rivas Trincado. Defensa: Para dar respuesta a las aseveraciones de la recurrente, debemos retrotraernos al escrito presentado con fecha 13 de marzo de 2020, en dicho documento la recurrente fundamenta su solicitud de retraer el proceso señalando en lo principal del escrito, numeral 11°, lo siguiente “La ocurrencia del vicio denunciado pudo ser evitado disponiendo vuestra Fiscalía la citación a declarar de doña nombre reservado, pero a pesar de tener conocimiento del reconocimiento que de su vinculación con los hechos investigados efectuó el ex Fiscal Sr. Rivas a fs. 286, la Fiscal Sra. Torres Clavería no decretó la diligencia apuntada”, es decir, expresamente la recurrente señala, que la ausencia de su citación para declarar y dar respuesta sobre el gasto del FOFI en el CESFAM “Las nombre reservado”, es el vicio que debía subsanarse. Lo anterior, es ratificado en la solicitud en lo principal del escrito, señalando que “…retrotraer a la etapa de investigación a objeto se cite a declarar a doña nombre reservado…” fojas (320 a 321) del expediente. Que, en el mismo orden de ideas, sobre una supuesta contradicción en el considerando quinto de la resolución de Fiscalía N° 8 de 2020, debemos señalar que ese considerando simplemente manifiesta una atribución legal de fiscalía de decretar las diligencias que estime pertinentes en el curso de la investigación, no siendo necesario detallarlas. La orden de autorizar el gasto FOFI, que consiste en el primer cargo formulado a la recurrente, fue acreditada en el sumario administrativo, a fojas 119 y 120 del expediente consta la autorización otorgada por la recurrente para realizar los trabajos con recursos FOFI, lo que es concordante con las declaraciones de los funcionarios que fueron parte de la etapa de investigación. Por lo señalado, rechaza cada uno de los fundamentos esgrimidos por los siguientes motivos:

- Las pruebas que constan en el expediente permitieron a la fiscalía sugerir la sanción de multa del 20% de su remuneración mensual, que posteriormente fue ratificada por el Gerente General de la CMVM, hechos que fueron acreditados en la respectiva investigación.

- La recurrente señaló expresamente la forma de subsanar el vicio alegado, es decir, citando a la inculpada para que exponga su defensa en relación al primer cargo formulado.

- La resolución que ordena retrotraer el proceso, subsana la omisión de la declaración de la inculpada sobre los cargos formulados y ratificados en la vista fiscal, con dicha diligencia y en concordancia con la solicitud de la recurrente se afina el proceso disciplinario.

c. Alegación: “No obstante que la Fiscalía desestimó el recurso de reposición mencionado en el párrafo precedente, no accediendo a pormenorizar las diligencias de investigación para restablecer el respeto al debido proceso, consta en el expediente sumarial que la Fiscal nombre reservado, en el nuevo periodo de investigación abierto a consecuencia de la invalidación de la primera formulación de cargos, tomó declaración a 18 personas vía telemática según consta a fs. 412 (siendo curioso que, de ellas, 15 personas corresponden a la nómina presentada por el abogado de los denunciantes CONFUSAM en su solicitud de tomar declaración que rola a fs. 347 y 347 vta), y no citó a declarar al señor Patricio Rivas Trincado en relación a su participación y conocimiento sobre las rendiciones de fondo fijo realizadas por la señora nombre reservado…”. Defensa: A fojas 412 del expediente constan declaraciones de 18 funcionarios que fueron parte de la etapa de investigación a cargo de la fiscal doña Pamela Torres Clavería, desconociendo la afiliación sindical de cada uno de ellos. Asimismo, tal cómo se señaló anteriormente la fiscal del sumario administrativo tiene amplias facultades para la investigación de los hechos, y determinar la participación y culpabilidad de los funcionarios implicados, por tanto, el hecho de no citar a declarar a don Patricio Rivas Trincado, es una atribución propia del fiscal, así como también cualquier otra diligencia que la recurrente estime pertinente. En este punto es importante señalar que consta en el expediente que la fiscalía accedió a todas las diligencias solicitadas por la recurrente en su escrito de descargos y asimismo, se abrió un término probatorio especial para tomar declaraciones.

d. Alegación: “Sin perjuicio de lo señalado en los literales b y c que preceden, en cuanto a la formulación de cargos y resolución sancionatoria, ocurre que tratándose del PRIMER CARGO, existen circunstancias constitutivas de irregularidades que involucran directamente al entonces Fiscal Sr. Rivas Trincado y a una de las testigos de cargo, la actual Directora (I) del CESFAM “Las nombre reservado”, doña nombre reservado, que de ser advertidas por el entonces Fiscal o por la nueva Fiscal habrían obstado a la formulación de este cargo respecto de mi representada. En efecto, el Sr. Patricio Rivas Trincado, intervino en la aprobación de las rendiciones de FOFI de los meses cuestionados respecto de los trabajos ejecutados por la empresa Construcciones Luis Antonio Rodríguez Pereira E.I.R.L, sin realizar observaciones ni reparos, esto en su calidad de Subdirector Administrativo Área Salud, según consta a fs. 207, 210, 213, 216, 218, y 221, del sumario…” Defensa: Reiteramos lo expresado en el punto anterior, se agrega que la autorización de los trabajos fueron formalizados a través de correo electrónico que consta a fojas 119 y 120 del expediente.

e. Alegación: En este punto se cuestiona la existencia de un supuesto cierre de investigación por parte del Fiscal anteriormente designado Sr. Patricio Rivas Trincado. Defensa: El Gerente General de la CMVM a través de Resolución 53 de fecha 25 de febrero de 2020, sustituye a don Patricio Rivas Trincado en su calidad de fiscal, nombrando en su reemplazo a doña Pamela Torres Clavería, quien declara cerrada la etapa de investigación con fecha 27 de febrero de 2020 (fojas 90 del expediente), por tanto a diferencia de lo que sostiene el recurrente, antes de dicho acto, no hubo un cierre formal de la etapa de investigación.

f. Alegación: “…Sin embargo, en la formulación de cargos se imputa a mi representada la comisión de una infracción administrativa en calidad de autor, respecto de un hecho que no sólo no formó parte de la acusación que originó el proceso sumarial sino lo que es peor, el entonces Fiscal Sr. Rivas Trincado no inquirió de manera específica a la inculpada en su declaración sobre el hecho consignado en el cargo de la letra b) de la formulación de cargos de Resolución N° 07/2020, efectuando con posterioridad cargos específicos respecto de puntos en que la inculpada jamás fue consultada sin otorgar la posibilidad, en el único momento que pudo declarar, de aportar la información específica y necesaria para desarrollar líneas de investigación que permitieran aclarar la realidad de lo ocurrido sobre ese punto.…” Defensa: Tal como ya fue señalado, la fiscalía no está limitada a investigar sólo los hechos denunciados en la resolución que ordena el respectivo sumario administrativo.

Luego, la recurrente trata de desvirtuar el siguiente cargo: “B) La Directora del CESFAM “Las nombre reservado” incumplió el Reglamento de Capacitación del Área de Salud de la CMVM, la conducta se imputa en calidad de autor, encontrándose consumado, ya que consta en el expediente que se otorgó la postulación al diplomado en Gestión de Recurso Humano APS a la odontóloga nombre reservado, dicho proceso no fue tramitado por los conductos regulares excluyendo del proceso a la encargada de capacitación del CESFAM “Las nombre reservado” y omitiéndose la respectiva comunicación a los funcionarios del centro, además no se constituyó la respectiva comisión técnica asesora, decidiendo la inculpada que la postulante debía ser nombre reservado, proceso que vulnera abiertamente el reglamento señalado, lo anterior fue ratificado por la contraparte técnica de la CMVM.”. La aseveración realizada por la recurrente, señalando que supuestamente no fue consultada sobre el cargo referido en el párrafo anterior es falsa, ya que con una simple revisión del expediente se puede constatar que a fojas 46 del expediente, pregunta N° 16, la recurrente es consultada directamente por la capacitación que fue adjudicada a la odontóloga nombre reservado, dando cuenta en su respuesta que estaba en conocimiento de los hechos denunciados. Por tanto, el vicio que trata de fundar en su recurso no es tal, ya que el cargo formulado fue parte de los hechos acreditados en la etapa de investigación y fue materia de prueba en el término probatorio especial solicitado por la recurrente.

g. Alegación: “Otro hecho que demuestra la génesis anómala del sumario, viene dado porque en la Vista Fiscal, la señora nombre reservado, recomienda al Gerente llamar a concurso el cargo de la Odontóloga doña nombre reservado, toda vez que dos de los denunciantes de irregularidades en la administración de la señora nombre reservado, fueron dos profesionales odontólogos del CESFAM, quienes habrían reclamado por la utilización del cupo del diplomado de la Odontóloga nombre reservado, materia de investigación del sumario.”. Defensa: La sugerencia de iniciar un concurso público fue ratificada por Gerencia de la CMVM a través de Resolución de Gerencia N° 33 de fecha 15 de febrero de 2021, ya que consta en el expediente, que las 44 horas otorgadas a la odontóloga nombre reservado, no fueron objeto del proceso señalado.

h. Alegación: “La señora nombre reservado reclamó de los vicios e irregularidades anteriormente expuestas, ejerciendo todos los medios de impugnación en tiempo y forma, no obstante lo cual la Corporación decidió la aplicación de una medida disciplinaria en su contra. También por vía de una carta dirigida al Sr. nombre reservado, sin obtener respuesta.”. Defensa: La aplicación de la medida disciplinaria está debidamente fundamentada, siendo injustificadas las alegaciones de la recurrente respecto a vicios en el proceso disciplinario que impidieren aplicar una sanción y afinar el proceso disciplinario.

2.1.3. Irregularidades y vicios que constan en otros antecedentes, en razón de un nuevo proceso sumarial en contra de la recurrente de autos. Defensa: A fojas 824, del sumario instruido por Resolución de Gerencia N° 122/2019, consta Resolución N° 13 de Fiscalía, de fecha 23 de diciembre de 2021, que fue notificada en la misma fecha mediante correo electrónico dirigido al correo electrónico de la inculpada y su abogado, la resolución resuelve solicitud de entrega de expediente en formato digital, la fiscalía accede a lo solicitado, sin embargo, se resuelve que respecto a los 4 libros de seguridad CESFAM Las Torres y 1 libro de registro de asistencia CESFAM y SAPU Las Torres, estos serán fotocopiados en la empresa DIMACOFI, dada la imposibilidad material de fotocopiar dichos libros en las impresoras de la CMVM. En la misma fecha señalada, don nombre reservado, actuario del proceso disciplinario entrega materialmente los libros señalados en dependencias de la empresa DIMACOFI, ubicada en 1 Poniente 123, Viña del Mar, con la finalidad de dar cumplimiento a la diligencia requerida. Con fecha 16 de febrero de 2021, doña Pamela Torres Clavería, fiscal del proceso disciplinario 122/2019, informó a don nombre reservado, Gerente General de la CMVM, respecto al retiro irregular de piezas del expediente. Respecto al informe final de fiscalía el documento fue emitido con fecha 04 de enero de 2021, los documentos fueron tenidos a la vista para resolver los descargos presentados por la defensa de la inculpada en forma previa de su envío a la empresa DIMACOFI, específicamente desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 23 de diciembre de 2020 (consta en expediente disciplinario), estando en poder de la fiscalía la prueba requerida por la inculpada, período durante el cual se analizó la pertinencia de la prueba ofrecida por la defensa de la inculpada. Por otra parte, a juicio de la fiscalía del sumario ordenado por Resolución de Gerencia 122/2019, la prueba solicitada no tenía relación alguna con los hechos materia de cargos, por ende, no logró desvirtuar la convicción alcanzada por la fiscalía respecto a la responsabilidad de la funcionaria.

Finalmente, señala que la Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha establecido el criterio en orden a que existiendo mecanismos de impugnación, regulados por leyes especiales, son esos los que deben utilizarse y no otros. En este sentido se debe tener presente que los sumarios son procedimientos reglados, y a su respecto no caben otros trámites que aquellos previstos en los artículos 127 a 143 de la Ley N° 18.883, normativa aplicable a los docentes por expresa disposición del artículo 72, letra b), de la Ley N° 19.070. De esta manera, las recurrentes deben utilizar los mecanismos de impugnación que prevé la referida normativa jurídica.

QUINTO; Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

SEXTO: Que como es posible advertir de las alegaciones del abogado de la recurrente -Rodrigo Tapia Figueroa- reclama respecto de los sumarios administrativo( Resolución Nº 122, de fecha 07 de junio de 2019 ), el que se le instruyó en contra de su representada- doña nombre reservado- por una serie de supuestos defectos que dicen relación con vulneración de derechos fundamentales consistente entre otros en falta de imparcialidad, exceso del plazo de tramitación de un sumario seguido por el empleador en su contra, la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social. Asimismo, todas las alegaciones contenidas en el presente recurso son materia de juicio en causas RIT T-67-2021 y RIT T-171-2021, ambas acumuladas y que se encuentran en tramitación ante el Juzgado de Letras del trabajo de Valparaíso, deducidas por la señora nombre reservado con posterioridad al sumario mencionado, siendo éste la consagración de una vía procesal para hacer efectiva esta garantía de protección que reconoce la Constitución y la ley.

SÉPTIMO: En definitiva lo que se pretende es modificar lo resuelto a través en sumario administrativo por lo que el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de las acciones ya presentadas por la recurrente ante tribunal competente ya que no constituye una instancia de declaración de derechos sino de protección de aquellos que siendo preexistente e indubitados y que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparada no existiendo dichos presupuestos en la especia.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo consignado en el motivo precedente la materia del presente recurso se encuentra amparada por el derecho, toda vez que la misma materia se encuentra siendo conocida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso.

NOVENO: Que con relación a lo expuesto en el motivo precedente el presente recurso será desestimado.

DÉCIMO: Que atendido lo razonado no se emitirá pronunciamiento de la alegación de falta de legitimidad pasiva deducida por la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido a favor de doña nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social, de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y, de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar.

Redacción de la Ministra señora Inés María Letelier Ferrada Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-19596-2021.

En Valparaíso, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.