SAN FELIPE S.A. con nombre reservado

Foja: 69 Sesenta y nueve Jvp.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.

Visto:

A fojas 34 comparece don Reynaldo Plaza Montero, abogado, en representación convencional de San Felipe S.A. –antes Constructora San Felipe S.A.–, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director General de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón de los fundamentos que expone y que, en síntesis, son los siguientes:

Señala que el acto por el que recurre es aquel contenido en la Carta expedida en Valparaíso, de fecha 16 de Marzo de 2017, D.G.T.M y M.M. ORD. N°12.200/10/INT, emanada de don nombre reservado, por la que se rechaza la solicitud efectuada por la recurrente, con fecha 28 de febrero de 2017, fundado en las normas del DFL MOP 850 del año 1998, conocida como “Ley de Caminos”, en orden a autorizar de inmediato y sin condiciones previas a San Felipe S.A., la extracción de arenas y piedras de los sectores de playa que requirió, en la comuna de Chaitén, a fin de cumplir con la ejecución de la obra pública encargada por el mismo Estado de Chile, a través de su Ministerio de Obras Públicas.

Explica que el Estado de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, y en virtud del citado DFL MOP 850, adjudicó a San Felipe S.A., por Resolución XDRV N°058 de 29 de Agosto de 2016, la ejecución de la obra pública denominada “Conservación Periódica Camino Básico Santa Bárbara-Chana, Rol W-807, Provincia de Palena”, en la Región de Los Lagos. Con un plazo de ejecución de 360 días. Por lo anterior, indica, con fecha 28 de febrero de 2017 San Felipe S.A. requirió al Director General de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile que, como encargado de la fiscalización y control de los terrenos de playas, autorizara de inmediato y sin condiciones previas, a San Felipe S.A. la extracción de las arenas y piedras de los sectores de playa que requirió en la comuna de Chaitén; ello, a fin de cumplir con la ejecución de la obra pública encargada por el mismo Estado de Chile, a través de su Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, aduce, el recurrido, mediante la dictación del acto recurrido, ya singularizado, les dio respuesta, señalando en resumen lo siguiente: Que las extracciones de arenas desde los terrenos de playa se regulan por el Reglamento de Concesiones Marítimas D.S. N°2 de 3 de enero de 2005, no aplicándose el DFL MOP 850 del año 1998; agregando que de acuerdo al Reglamento de Concesiones Marítimas, se deben solicitar “permisos de escasa importancia”, que son concesiones marítimas, y que por ello se les aplica el artículo 8 de ese Reglamento de Concesiones Marítimas, por lo que cuando terceros aleguen que ella les irrogará un perjuicio, podrá denegarse la solicitud de concesión marítima. Que dos personas, vecinos de la playa en cuestión han reclamado que ellos extraen luga y mariscos desde el mar, y que el permitir la extracción de áridos desde la playa a San Felipe S.A., los puede afectar. Que en una reunión que la Capitanía de Puerto de Chaitén tuvo en la Municipalidad de Chaitén, a requerimiento de su Alcadesa, se estaría por no conceder la autorización. Que visitado el sector de playa por la recurrida “se observó la presencia de personas realizando faenas de secado de algas en terrenos colindantes con la playa, constatándose que éstas se encontraban inscritas en el Registro Pesquero Artesanal”. Que en el sector de la playa Camahueto existirían tres casas habitadas por pescadores artesanales. Que están a la espera de un informe y que, “teniendo presente por lo demás que ya existen oposiciones de pescadores artesanales y lugareños que laboran en el sector y de la Municipalidad de Chaitén”, ello se tendrá “en consideración en la decisión a adoptar”.

Respecto de tales argumentos brindados por la recurrida, expone lo siguiente: (a) Que, para el caso que se considere que existe oposición entre las normas que regulan las concesiones marítimas, DFL 340 y el DFL MOP 850 de 1998, por expreso mandato de los artículo 13 en relación al 4, ambos del Código Civil, queda claro que el DFL MOP N°850 de 1998 es una norma especial que se refiere a “casos o negocios particulares”, por lo que prevalece por sobre las disposiciones generales del DFL N° 340 sobre Concesiones Marítimas y su Reglamento. (b) Que un par de personas extraigan mariscos en el sector no constituye título alguno para fundar una oposición frente a la actividad del que ejecuta para el Estado de Chile una obra pública. (c) Tampoco constituye argumento para desechar la pretensión de su parte lo que exponga la Municipalidad de Chaitén, toda vez que ella carece de toda competencia legal en esta materia. (d) Por último, indica que no deja de ser folklórico (sic) que el último argumento del recurrido para presagiar el rechazo de la autorización requerida para la extracción de arenas y piedras en la playa, sea la existencia de casas, o más bien chozas, de ocupantes ilegales de la playa, y de que la recurrida “observó” “la presencia de personas realizando faenas de secado de algas en terrenos colindantes con la playa y no en la playa misma, que es objeto del requerimiento de su parte.

Arguye que, para ilustrar lo descabellado de los argumentos invocados, aun cuando no estuviéramos en el caso en que se aplicara el DFL MOP N°850, el artículo 8° del Reglamento de Concesiones Marítimas tampoco permite sustentar en sus ligeros fundamentos la negativa, pues ese artículo impide otorgar una concesión marítima “cuando terceros acrediten derechos adquiridos a cualquier título legítimo sobre el objeto de la concesión”, sin embargo, los hechos enarbolados para adelantar que la autorización será rechazada, en ningún caso constituyen títulos legítimos sobre la playa misma desde la cual se pretenden extraer arenas y piedras para la ejecución de la obra pública.

En otro capítulo de su argumentación, señala que para la rápida ejecución de la obra que irá en beneficio directo de la comunidad local y del país entero, la legislación establece diversas normas que permiten a los contratistas de obras públicas ejecutar las obras en forma expedita y eficiente, citando el artículo 445 N°7 del Código de Procedimiento Civil. Además, señala que en materia de insumos para la ejecución rápida de las obras públicas que encarga el Estado de Chile a través de su Ministerio de Obras Públicas, desde larga data se dan casos en beneficio exclusivo del contratista que debe ejecutarlas. Así, indica que el artículo 48 del DFL MOP 850 de 1998 consigna que los dueños de los predios colindantes a los caminos proporcionarán el agua que se necesite para la construcción de los caminos, agregando que fundado en esta misma hipótesis, San Felipe S.A. obtuvo el pronunciamiento de la Excelentísima Corte Suprema, respecto del uso de las aguas de terceros que sean necesarias para la ejecución de las obras públicas, quien en sentencia de casación en el fondo de 4 de Agosto de 2011, rechazó el recurso de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, en causa Rol 1443-2009, caratulada “Constructora San Felipe S.A. con nombre reservado”, reproduciendo al efecto el considerando sexto de tal fallo. Agrega que en un sentido similar resolvió la sentencia de reemplazo dictada en un recurso de casación en el fondo, de fecha 4 de Agosto de 2011, rol 5149-2009, caratulado “Constructora San Felipe S.A. con nombre reservado”, reproduciendo su considerando tercero. Conforme a lo anterior, expone, en el presente caso el artículo 45 del mismo DFL MOP 850 de 1998, que a diferencia de las aguas, trata de otro material esencial para la construcción, la arena y piedras, prescribe “Los predios rústicos deberán permitir la extracción de la tierra, arenas, piedras y demás materiales análogos que fueren necesarios para la construcción y conservación de los caminos”. Adicionalmente, señala que el artículo 98 del mismo cuerpo legal, después de consignar que no se cobrarán derechos municipales cuando la extracción de ripio o arena sea destinada a la ejecución de obras públicas, señala en su inciso 3° “Asimismo, podrá extraerse ripio y arena de bienes nacionales de uso público para la construcción de caminos públicos o vecinales, debiendo los particulares dar las facilidades necesarias para la extracción”. Conforme a lo explicado, arguye que la ley exigió a los particulares dar las facilidades para que el contratista de obra pública extrajera las arenas y ripio desde los bienes nacionales de uso público, pues era de perogrullo (sic) que no tenía que invocar tal legislación respecto de órganos del mismo Estado que encargó la obra pública, pues ello está conforme con el espíritu general de la legislación y la equidad natural a que se refiere el artículo 24 del Código Civil, lo que no es más que una manifestación del artículo 112 inciso 1° del DFL MOP 850, que dispone que “la Dirección General de Obras Públicas estará exenta de todo impuesto, contribución, comisión o derecho en favor de cualquier organismo del Estado o Municipalidad,…”, norma que, según lo interpretado por la Contraloría General de la República en sus Dictámenes N°42.774 de 2014 y 17.860 de 1997 disponen, respectivamente, que tratándose de obras públicas, “la exención para la extracción de áridos ha de aplicarse cuando la individualizada Dirección actúa directamente y también cuando lo realiza mediante cualquiera de las modalidades de contratación que las normas vigentes contemplan para la ejecución de obras públicas, pues las mismas constituyen formas de que el Estado se sirve para tales fines, pero no alteran en lo sustantivo el hecho de que quien construye es este mismo”; y que “la ejecución de tales obras por administración directa o mediante la contratación con terceros por sistemas de suma alzada, serie de precios unitarios, trato directo o por concesión, no constituyen sino formas a través de las cuales el estado se sirve para tales fines, pero no alteran en lo sustantivo el hecho de que quien construye es el Estado, supuesto que permite atribuir tanto a los trabajos como a su resultado, el carácter de públicos.”

Aduce que la actuación de la recurrida constituye un acto arbitrario e ilegal que priva, perturba y amenaza las garantías constitucionales de la recurrente. Es ilegal, señala, pues sin fundamento jurídico alguno o, en subsidio, sin invocar un argumento jurídico que sea de una importancia mayor a aquél “interés público comprometido con la ejecución oportuna y óptima de la obra pública”, yendo en contra de las claras normas especialísimas del DFL MOP N°850 de 1998, impide al contratista de obras públicas ejecutar lo que le ha encargado el mismo Estado. Y es arbitrario, toda vez que fuera de toda razonabilidad, aplicando una discrecionalidad carente del más mínimo examen lógico de los hechos en que pretende sustentar una discreta argumentación jurídica, partiendo de hechos precarios, llega a consecuencias jurídicas igualmente artificiosas, sólo con el ánimo de tratar de no abandonar facultades que le están vedadas frente a las normas que favorecen la rápida ejecución de obras públicas, y que para ello, requieren no sólo agua, sino que además, en forma insoslayable, arenas y piedras de la playa.

En cuanto a las garantías constitucionales que estima conculcadas, denuncia la vulneración del derecho garantizado en el numeral 21º del artículo 19 de la Constitución, toda vez que priva, perturba y amenaza su derecho a desarrollar su actividad económica de ejecutar la obra pública denominada “Conservación Periódica Camino Básico Santa Barbara- Chana, Rol W-807, Provincia de Palena”, en la Región de Los Lagos. Igualmente, alega, el acto denunciado priva, perturba y amenaza la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, sobre los derechos personales que emanan del contrato de obra pública adjudicado en su favor por el Ministerio de Obras Públicas, y sobre las arenas y piedras de las playas, que le reconoce el DFL MOP 850 para que las use, como materiales esenciales, en la ejecución de la obra pública ya citada.

Conforme a tales argumentos concluye solicitando acoger la acción intentada, declarando que la Carta expedida en Valparaíso, con fecha 16 de Marzo de 2017 (D.G.T.M Y M.M. ORD. N°12.200/10/INT, emanada del señor nombre reservado, Vicealmirante de la Armada de Chile, en su calidad de Director General de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile, es ilegal y arbitraria, que priva, perturba y amenaza los derechos constitucionales esgrimidos por su parte, ordenándose que la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile debe autorizar de inmediato, y sin cobro alguno, a San Felipe S.A., para que extraiga las arenas, piedras y demás materiales análogos desde las playas, a fin de que ésta ejecute las obras públicas que le encargue el Estado de Chile a través del Ministerio de Obras Públicas; debiendo adoptarse las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la recurrente; con costas.

A fojas 60 comparece doña nombre reservado, abogado, por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, informando al tenor del recurso, solicitando su rechazo.

En cuanto a los antecedentes de hecho, señala que con fecha 14 de diciembre de 2016, la Capitanía de Puerto de Chaitén recibió un carta de la empresa constructora San Felipe S.A, a través de la cual la citada empresa solicitaba a la Autoridad Marítima Local autorización para extraer 8.000 m3 de material, desde un sector de playa cercano al Río Camahueto, para relleno de los trabajos de conservación del camino básico Santa Bárbara-Chana, Rol W-807. De la revisión de los antecedentes aportados por San Felipe S.A en su presentación, la Autoridad Marítima Local observó que ésta no contenía datos precisos referidos a las vías de acceso al sector donde se pretendía extraer los áridos, razón por la cual la empresa San Felipe S.A retiró su solicitud con el objeto de subsanar el defecto de que adolecía la misma. Indica que luego, con fecha 30 de enero de 2017, la Capitanía de Puerto de Chaitén recibió una nueva carta de la empresa constructora San Felipe S.A, a través de la cual efectuó la misma petición anterior, es decir, autorización para extracción de 8.000 m3 de material para relleno en sector de playa, cercano a la desembocadura del Río Camahueto, adjuntando carta de autorización de acceso a terrenos particulares y cartas de consentimiento de realización de trabajos de extracción de material, correspondientes a los vecinos del sector, antecedentes que fueron remitidos a la I. Municipalidad de Chaitén, por Carta de fecha 6 de febrero de 2017, para su conocimiento. En ese contexto, señala que con fecha 17 de febrero de 2017, dos vecinos del sector de Camahueto, se presentaron en la Capitanía de Puerto de Chaitén para efectuar una presentación escrita ante esa repartición, a través de la cual dejaron constancia de la presencia de maquinaria en el sector de Playa Camahueto, de propiedad de la empresa San Felipe S.A, con intenciones de extraer áridos en el sector desde donde ambos denunciantes y otros recolectores del lugar extraen "Luga" y mariscos, generando un grave daño al medio ambiente y perjuicios a la fuente laboral de los recolectores del lugar, conforme al parecer de los denunciantes. Así, el día 17 de febrero de 2017, se efectuó una reunión en la I. Municipalidad de Chaitén, presidida por su Alcaldesa, en la cual participó personal de la empresa San Felipe S.A, don nombre reservado, nombre reservado, representante del Sindicato de Pescadores Artesanales y Algueros "Los Delfines" de Camahueto y personal de la Capitanía de Puerto de Chaitén. En dicha reunión se expusieron los argumentos de quienes se oponían a la extracción de áridos. Con fecha 22 de febrero de 2017, el Director Regional de Pesca y Acuicultura (S) de la Región de Los Lagos, por medio de Oficio Ord/X/N° 45019, informó al Gobernador Marítimo de Castro, que con fecha 20 de febrero de 2017 recepcionó presentación escrita SIAC N°460052117, a través de la cual doña nombre reservado denuncia que la empresa San Felipe S.A. estaba realizando extracción de tierra en el sector de Camahueto, situación que generaba molestias por el daño al ecosistema y a la fuente de trabajo a los recolectores de orilla que tal actividad producía. Posteriormente, con fecha 4 de marzo, la Autoridad Marítima Local, acompañada de personal del Servicio Regional de Pesca, efectuó una fiscalización del sector en cuestión, observando la presencia de personas, todas inscritas en el Registro Pesquero Artesanal, realizando faenas de secado de algas. Se constató en dicha inspección, la existencia de un área de 18.700 m2 de sector de playa con una abundante población de la especie "Luga roja". Luego de la fiscalización efectuada en el área y previo a resolver la solicitud de permiso de escasa importancia solicitada por la empresa San Felipe S.A, la Autoridad Marítima Local debía contar con el informe pendiente a ser evacuado por el Servicio Regional de Pesca, que debía pronunciarse acerca de si el área respecto de la cual se estaba solicitando autorización para extraer áridos tenía la condición de banco natural de algas, último antecedente necesario para que el Capitán de Puerto de Chaitén se pronunciara sobre el otorgamiento del referido permiso de escasa importancia. Con fecha 27 de febrero de 2017, la empresa San Felipe S.A., por medio de una carta dirigida al Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, solicita, en forma urgente, instruir a la Capitanía de Puerto de Chaitén para que autorice la extracción de áridos solicitada por la mencionada empresa, sin condiciones previas, fundado en las normas contenidas en el DFL N° 850, de 1998. Atendido que la resolución de la Autoridad Marítima Local pronunciándose acerca del otorgamiento del permiso de escasa importancia a la empresa San Felipe S.A. para la extracción de áridos se encontraba pendiente, a la espera del informe del Servicio Regional de Pesca y Acuicultura, el Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante dio respuesta a la carta del recurrente por medio de Carta DGTM. y MM N°12.200/10/INT, de fecha 16 de marzo de 2017, informándole de este último hecho, dando cuenta que el informe pendiente constituye el último antecedente necesario para que la Autoridad Marítima Local resuelva en definitiva el otorgamiento del permiso de escasa importancia, siendo esta respuesta el acto recurrido en el presente recurso de protección. Agrega que paralelamente, por medio de Oficio Ord/X/N° 45383, de fecha 14 de marzo de 2017, del Director Regional de Pesca y Acuicultura de la Región de Los Lagos, recibido con fecha 17 de marzo en la Capitanía de Puerto de Chaitén, se informó que la playa Camahueto se encuentra expuesta a los vientos predominantes del Norte, Weste y Sur del Golfo Corcovado, por lo que de producirse la extracción de áridos en dicha ubicación, al estar afecta a los vientos y marejadas, provocaría que el banco natural de especies hidrobiológicas sea afectado por el material particulado. El informe concluye que el sector de playa en cuestión, presenta recursos hidrobiológicos bentónicos que son extraídos por recolectores de orilla pertenecientes a las comunidades del sector y que, de ejecutarse las faenas de extracción de áridos solicitada, se generaría un impacto en tales recursos hidrobiológicos, afectando la actividad extractiva. Por último, señala, la Autoridad Marítima Local de Chaitén resolvió no otorgar el permiso de escasa importancia a la empresa San Felipe SA, atendido lo informado por el Servicio Regional de Pesca y Acuicultura de la Región de Los Lagos, lo que fue informado a la recurrente por medio de carta C.P.CHN.ORD. N°12.210/17/17, de fecha 5 de abril de 2017.

Alega la inadmisibilidad del recurso, citando al efecto un fallo dictado por la Excma. Corte Suprema, en autos Rol Nº19.760-2015, en que se resolvió que los actos trámite dictados en el marco de un procedimiento administrativo complejo, no producen efectos respecto de terceros, y carecen de aptitud para conculcar garantías constitucionales, razón por la cual los actos trámite no son susceptibles de recurso de protección. Entonces, señala que del examen de la presentación efectuada por la empresa San Felipe S.A, es posible observar que el acto recurrido, a saber, la Carta DGTM y MM N°12.200/10/INT, de fecha 16 de marzo de 2017, es un acto trámite dictado en el marco de un procedimiento complejo. En efecto, el acto impugnado no es más que una carta informativa dirigida al recurrente, que da cuenta del estado de tramitación del permiso de escasa importancia solicitado ante la Autoridad Marítima Local de Chaitén, siendo esta última autoridad la llamada a pronunciarse sobre la petición de extracción de áridos a través de la concesión o denegación del referido permiso de escasa importancia, resolución ésta última que tiene el carácter de acto terminal, toda vez que contiene la decisión final del asunto y respecto de la cual proceden los recursos administrativos contenidos en la Ley N°19.880.

En cuanto al fondo del asunto, aduce que la extracción de áridos marítimos se encuentra regulada en el D.S N°2 de 2005, que establece el Reglamento de Concesiones Marítimas, cuyo artículo 4º dispone que corresponde especialmente a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante “autorizar la extracción de materiales varios que se encuentren en las áreas sujetas a su fiscalización y control”, es decir, comprende la extracción de cualquier material que se encuentre en los terrenos de playa, playas, rocas, porciones de agua y fondo de mar, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 letra m) del DFL Nº292, Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Por su parte, indica, el procedimiento para obtener el permiso de escasa importancia, se encuentra regulado a partir del artículo 25 del Reglamento de Concesiones Marítimas. Por tanto, señala, no resultan atendibles los argumentos planteados por la recurrente, referidos a un supuesto criterio de especialidad de que gozaría el DFL N°850 por sobre las normas contenidas en el Reglamento de Concesiones Marítimas, pretendiendo de esta forma eludir la aplicación del procedimiento de autorización que dicho cuerpo normativo contempla para el caso de extracción de áridos que se encuentran bajo la jurisdicción de la Autoridad Marítima, fundado en un supuesto “interés público comprometido”, olvidando de esta forma que lo que pretende el procedimiento que regula el otorgamiento de tales autorizaciones es, entre otros fines, ponderar los efectos que puede producir la extracción de áridos en los recursos naturales y el medio ambiente acuático, atendida las funciones que competen a la Autoridad Marítima. En consecuencia, plantea que de la lectura del recurso es posible observar que la recurrente pretende eludir el procedimiento administrativo al que debe someterse de acuerdo a las disposiciones del Reglamento de Concesiones Marítimas, atendida la naturaleza de su solicitud, exigiendo a la Dirección General que dé instrucciones a la autoridad competente en orden a que ésta autorice sin más el permiso de escasa importancia, prescindiendo de antecedentes que estaban aún pendientes y que resultaban esenciales en dicho procedimiento para su resolución, todo ello fundado en normas jurídicas que no resultan aplicables en la especie y obviando las que sí resultan aplicables.

En subsidio de las alegaciones anteriores, aduce que el recurso debiese ser rechazado igualmente, por no existir ilegalidad o arbitrariedad alguna que le sea atribuible. Sostiene que no existe ilegalidad en el actuar de la Dirección General por cuanto en el presente caso, no se advierte cómo una carta de carácter informativa pueda ser considerada una violación o contravención formal de un texto legal. Por el contrario, señala, la Autoridad Marítima durante el proceso de tramitación del permiso de escasa importancia sólo se ha limitado a aplicar respecto de la recurrente la reglamentación actualmente vigente y ello, bajo ningún respecto, puede ser considerado como la contravención formal de un texto legal o una violación de los elementos reglados de las potestades que se le han conferido. Por el contrario, el referido procedimiento está inspirado en el deber de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, de observar los preceptos legales y reglamentarios que regulan sus funciones, entre otras, autorizar la extracción de materiales varios que se encuentren en las áreas sujetas a su fiscalización y control, limitándose el Director General a dar respuesta a la empresa San Felipe S.A., que la tramitación de su permiso de escasa importancia estaba pendiente de resolución, en espera de un antecedente fundamental para el acto término, a saber el informe del Servicio Regional de Pesca, todo ello de acuerdo a lo dispuesto tanto en el reglamento de Concesiones Marítimas como en la Directiva A-71/004, aprobada por Resolución DGTM y MM Ord. N° 12.600/559 Vrs. de 1 de octubre de 2012. Asimismo, asevera que la actuación de la Dirección General tampoco es calificable de arbitraria, toda vez que la carta de la Dirección General sólo se limitó a informar el estado de tramitación del permiso de escasa importancia a la empresa San Felipe S.A., sin perjuicio de ello, hace presente que tampoco podría considerarse que lo resuelto por el Capitán de Puerto de Chaitén contiene elementos de naturaleza discrecional sino, por el contrario, en él se puede observar la configuración de un hecho objetivo, a saber, la ponderación de antecedentes objetivos dados por las denuncias de los recolectores de algas del sector y el informe aportado por el Servicio Regional de Pesca referido a la existencia de un banco natural de algas en el sector en cuestión, el cual da cuenta de los efectos que la extracción de áridos produciría a tales especies hidrobiológicas, todo ello de acuerdo a las facultades que la reglamentación vigente otorga a la Autoridad Marítima. En consecuencia, la obediencia debida a dicha reglamentación no puede ser considerada como caprichosa o carente de sustento racional.

Finalmente, también en forma subsidiaria, plantea que el recurso debe ser rechazado, dada la inexistencia de garantías constitucionales conculcadas. Ello puesto que en él se mencionan como afectadas las garantías constitucionales contenidas en los numerales 21° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sin señalar de qué manera éstas han sido vulneradas a través del acto impugnado, por lo que reitera su solicitud de rechazar el recurso en todas sus partes, condenándose en costas a la recurrente.

A fojas 64 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, conforme se ha expresado, el presente recurso de protección se ha deducido por San Felipe S.A. en contra del acto administrativo que estima arbitrario e ilegal, contenido en la Carta de fecha 16 de Marzo de 2017, del Director General de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile, don nombre reservado, acompañada a fojas 14, por la que el recurrido le informa ​–dentro de una serie de antecedentes– que se encuentra a la espera de un Informe del Servicio Nacional de Pesca, previo a emitir una decisión respecto de la solicitud de extracción de áridos formulada por la recurrente.

Segundo: Que, conforme a la constatación precedente, cabe concluir que el acto recurrido no tiene la naturaleza de un acto administrativo terminal, en cuanto no contiene la decisión formal del órgano recurrido respecto de la materia sometida a su conocimiento, sino que tiene la naturaleza de un acto trámite, puesto que sólo se trata de la respuesta a una solicitud desformalizada planteada por la recurrente, en la que se le anuncia la próxima dictación de la resolución de término, que decidirá sobre lo requerido.

Tercero: Que, entonces, tal como ha resuelto la Excma. Corte Suprema de Justicia en causa Rol 19.760-2015, en fallo de 7 de diciembre de 2015, siendo el acto administrativo impugnado un acto trámite, éste carece de aptitud para conculcar las garantías fundamentales citadas en la acción de protección deducida en estos autos, razón por la que la misma será desestimada.

Por estas consideraciones, lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 34 por don Reynaldo Plaza Montero, en representación de San Felipe S.A., en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director General de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº Protección 1958-2017.