nombre reservado con HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, trece de julio de dos mil veinte.

Visto:

En folio 1, Cristián Pumarino Romo, abogado, en representación de doña nombre reservado, administrativa, interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra del “Hospital Carlos Van Buren”, representado por su director, don nombre reservado, ingeniero en ejecución que con ocasión de la dictación de la Resolución TRA N° 110635/4/2020, de 21 de abril de 2020, puso término anticipado al nombramiento de su representada en el Hospital, lo que vulnera sus garantías constitucionales contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que dicha resolución sea dejada sin efecto.

Expone que su representada se desempeñaba como auxiliar de servicio en la Unidad de Cirugía Pediátrica, en calidad de titular, en el grado 22° de la Escala Única de Sueldos, cuyo cargo fue declarado vacante por salud incompatible por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. De dicha resolución, se tomó razón por la Contraloría General de la República el día 05 de mayo de 2020, siéndole notificada el 13 de mayo pasado.

Alega que dicha resolución fue dictada en contraposición a lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo en cuanto exige que, previo a la declaración de vacancia del cargo, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez debe emitir una evaluación sobre la irrecuperabilidad de la salud que le impida al funcionario desempeñar su cargo. Reclama que el acto no contiene los fundamentos de hecho que permiten establecer que la funcionaria se encuentra en esa situación, puesto que por medio de Resolución Exenta N° 10, de 7 de febrero de 2020, del Presidente de la Subcomisión COMPIN Valparaíso, se concluyó que su salud era recuperable, lo que fue comunicado al Director del Hospital mediante Oficio de 18 de febrero pasado.

Argumenta que decisión vulnera las garantías constitucionales contempladas en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República pues se desvinculó del Hospital a través de una resolución que fue dictada en contra del texto legal del artículo 151 del Estatuto Administrativo, cuestión que la deja en un pie de desigualdad con respecto a otros funcionarios públicos que no han sido desvinculados de las instituciones en las que trabajan por salud irrecuperable, siempre y cuando la COMPIN haya declarado que la salud de aquellos es recuperable previamente. Señala que se ha conculcado el derecho de propiedad que su representada tiene sobre su puesto de trabajo, derivado de su nombramiento en la planta del Hospital. Solicita en definitiva, que se declare que el acto en que ha incurrido es ilegal y se ordene al recurrido que se deje sin efecto la Resolución TRA N°110635/4/2020, de 21 de abril de 2020 y la reincorporación de su representada a sus labores en iguales términos que lo hacía antes de su desvinculación, procediendo al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de su separación y la de su efectivo reingreso, con costas. Acompaña a su recurso: 1. Resolución TRA N° 110635/4/2020, de 21 de abril de 2020, del director del HCVB. 2. Certificado de antigüedad de su representada, emitido por el Jefe de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas del HCVB, de fecha 12 de abril de 2020. 3. Oficio ORD N° 270/2020, de 18 de febrero de 2020, del Presidente de la Subcomisión COMPIN Valparaíso, Dr. nombre reservado, dirigido al director del HCVB. 4. Resolución Exenta N° 10, de 7 de febrero de 2020, del Presidente de la Subcomisión COMPIN Valparaíso, Dr. nombre reservado. 5. Recurso de reposición, de fecha 20 de mayo de 2020, presentado por su representada en contra de la Resolución TRA N° 110635/4/2020, de 21 de abril de 2020, del director del HCVB.

En folio 6, se informa por doña Camila Besoain Anabalón, abogada, en representación del recurrido Hospital Carlos Van Buren, solicitando el rechazo de la acción, con costas, ya que no se ha incurrido en alguna actuación ilegal que haya infringido las garantías constitucionales de la actora. Menciona que la recurrente ingresó al Hospital Carlos Van Buren con fecha 19.02.2007 en calidad de suplente, siendo traspasada a la planta titular el 16 de marzo de 2012. Explica que a nivel nacional los 29 servicios de salud existentes implementaron el compromiso de Gestión N°21 relativo a Ausentismo Laboral por enfermedad común, pues hace unos años se comenzó a observar que los funcionarios que se desempeñan en los establecimientos de salud duplican el ausentismo por licencia médica curativa en comparación con los demás funcionarios que se desempeñan en el sector público, detallando que el índice de ausentismo laboral del sector público bordea los 14 días promedio anual mientras que el índice para los trabajadores del sector salud es de 28,8 para el año 2018, generando costos económicos y afectando el quehacer Institucional. Continúa su exposición, señalando que a través de Resolución Exenta N°08428/10.06.2020, se constituyó el Plan Local de Gestión Ausentismo de la Unidad de Bienestar del HCVB, cuyo objetivo se orientó a “Disminuir el índice de ausentismo laboral por licencia médica curativa de los funcionarios y funcionarias pertenecientes al HCVB mediante acciones institucionales coordinadas en materias administrativas y de gestión”. En dicho contexto, en el año 2019 se informó el monitoreo realizado a 150 funcionarios que presentaban ausentismo laboral prolongado, es decir, un número superior a 180 días de licencia médica en un lapso de dos años y que en el marco de las actividades comprometidas en el Plan de Ausentismo de la Unidad, se habían realizado diversas visitas domiciliarias, acciones para obtener contacto telefónico, remisión de cartas certificadas, entrevistas presenciales, entre otras. En el caso de la ex funcionaria Doña nombre reservado, su monitoreo fue llevado a cabo por la Profesional Asistente Social nombre reservado, y presentada al Comité de Calidad de Vida y Ausentismo Laboral en sesión ordinaria del 27 de septiembre del 2019, ingresando al programa con más de 255 días de ausentismo laboral. Al analizar el caso con todos los antecedentes a la vista el Comité decidió de forma unánime ingresar a la funcionaria a la evaluación técnica de la Comisión Preventiva e Invalidez, para que se pronunciara sobre la condición de salud de la actora.

Refiere que a la fecha de evaluación por el Comité, se tuvo presente una entrevista de 17 de junio de 2019, donde la recurrente sostuvo que sus licencias médicas estaban asociadas a salud mental y por problemas lumbares. Puntualiza que según el Registro del Sistema de Recursos Humanos, la actora presenta 29 licencias médicas, de las cuales, solo dos fueron extendidas por un traumatólogo en tanto que las restantes por un médico general. Se tuvo en consideración la cantidad de trabajo y los problemas que conlleva el ausentismo laboral y la sobre carga de funciones que es absorbida por otros funcionarios. En base a dichas consideraciones, el Hospital Carlos Van Buren solicitó el pronunciamiento por parte de COMPIN acerca de la condición de irrecuperabilidad de salud de la funcionaria, emitiendo dicho organismo la Resolución Exenta N° 10 de fecha 07 de febrero del presente que establece su “salud recuperable”. Indica que la funcionaria entre el periodo comprendido entre Enero del 2018 a agosto del 2019, presentó un total de 23 licencias médicas, emitidas en su mayoría por un médico general, las cuales según la declaración de la COMPIN son de carácter recuperable. No obstante lo anterior, se adoptó dicha decisión, teniendo en consideración las diversas acciones realizadas para la recuperación y promoción de la salud de la funcionaria, conforme al plan ya mencionado y otros intereses superiores que cautelar. Dice que la sumatoria total de dichas licencias médicas presentadas por la funcionaria, superó con creces los seis meses estipulados en el artículo 151 inciso 1 de la ley 18.834, y habiendo además la institución ocupado todos los recursos disponibles para apoyar el bienestar de la funcionaria, la decisión no puede ser considerada caprichosa. Conforme a lo expresado, se dictó la resolución objeto de este recurso de la cual se tomó razón por la Contraloría General de la República.

Alega que el recurso de protección no es la vía idónea ya que lo que se ha solicitado es un pronunciamiento sobre la legalidad de la decisión del recurrido, cuyo conocimiento corresponde a la Contraloría General de la República, mediante el ejercicio del reclamo de ilegalidad consagrado en el artículo 160 de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, por lo que cualquier pronunciamiento judicial en este sentido exige la ponderación de una prueba que no se condice con la naturaleza cautelar de este recurso.

En cuanto a las garantías constitucionales que reclama la actora, dice que la Administración del Estado, se rige por el principio de servicialidad, conforme al cual se ha atender las necesidades colectivas por medio de personas “idóneas para el desempeño de las tareas que se les encomiende” y al no existir dicha idoneidad “se vuelve imposible el cumplimiento de la función pública, para lo cual se han dictado diversas normas contenidas en el Estatuto Administrativo, tales como aquellas que se refieren al cese del funcionario en el cargo y el artículo 151, del cual se desprende que es facultad de la autoridad superior del servicio. Argumenta que se requirió un pronunciamiento a la Compin que por Resolución Exenta N° 10 de fecha 07 de febrero pasado concluyó que la actora tiene salud recuperable, lo que faculta y es determinante para ejercer posteriormente la atribución de declarar el cese de funciones por salud incompatible con el desempeño del cargo, generando una armonía con lo consagrado en el artículo 151 inciso 3 de la Ley 18.834 y además de lo señalado por la jurisprudencia administrativa mediante el dictamen N° 17.351 del 2018 y en la misma línea el dictamen 33.241 del 2019 de Contraloría General de la República, el cual estipula “en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y resolver la vacancia de éste por esa causal, citando luego jurisprudencia en apoyo de su tesis. Dice que no tiene injerencia sobre la determinación de la Compin y que para la declaración de vacancia del cargo, basta la declaración de dicho organismo. Destaca que con fecha 05 de mayo de 2020 se tomó razón del acto y que en el caso particular no se está en presencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la Resolución Exenta fue dictada en ejercicio de las potestades administrativas que la ley confiere al Director del Hospital Carlos Van Buren y se expresan los presupuestos fácticos y razones jurídicas que otorgan sustento a la decisión adoptada en desvincular laboralmente a la funcionaria, por lo que pide el rechazo de la acción.

En folio 7, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que de la lectura del presente recurso, se advierte que se ha cuestionado la legalidad de la Resolución TRA N° 110635/4/2020, de 21 de abril de 2020, emitida por el Director del Hospital Carlos Van Buren, mediante la cual se declaró vacante el cargo servido por la recurrente, doña nombre reservado, quien se desempeñada como auxiliar de servicio en la Unidad de Cirugía Pediátrica, en calidad de titular, en el grado 22° de la Escala Única de Sueldos, por salud incompatible al haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Reclama la actora que dicha resolución habría sido dictada en contravención a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en cuanto dispone que previo a la declaración de vacancia del cargo, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez debe emitir una evaluación sobre la irrecuperabilidad de la salud que le impida al funcionario desempeñar su cargo.

Tercero: Que no ha sido debatido por las partes que con fecha 07 de febrero pasado, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Subcomisión de Valparaíso, dictó la Resolución Exenta N° 10, que concluyó que la salud de la actora es recuperable, por lo que corresponde dilucidar el alcance de la norma contenida en el artículo 151 ya mencionado.

Cuarto: Que sobre el particular cabe puntualizar:

1° Que el artículo 146 de la Ley N° 18.834 (D. nombre reservado de 23 de septiembre de 1989) que aprobó el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos, expresamente señala: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: A) Aceptación de renuncia. B) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación al respectivo cargo público. C) Declaración de Vacancia. D) Destitución. E) Supresión del Empleo. F) Término del Período Legal por el cual se es designado y; G) Fallecimiento.”

2° Que el artículo 150 de la citada ley, por su parte establece con ocasión de la Declaración de Vacancia, que ésta procederá por las siguientes causales: “A) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo. B) Pérdida sobreviviente de alguno de los requisitos de ingreso a la administración del Estado. C) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 y; D) Por no presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 142, inciso final.”

3° Que el artículo 151 de la citada ley prescribe: “El Jefe Superior del Servicio “podrá” considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en, los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 110 del Estatuto y el Título II, del Código del Código del Trabajo.

El Jefe Superior del Servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

4° Que el artículo 152 de la citada ley dispone: “Que si se hubiere declarado irrecuperable, la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se le notifique su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo. A contar de la fecha de la notificación y durante el plazo de seis meses, el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo de su empleador.”

Quinto: Que examinadas estas normas legales, solo cabe concluir que tratándose de salud incompatible, lo cual no supone salud irrecuperable, el propio Estatuto Administrativo, expresamente establece en el artículo 151, que corresponde al Jefe del Servicio, en este caso, al Director del Hospital Carlos Van Buren declarar la vacancia del cargo, por salud incompatible con el cargo, cuando quien lo desempeña ha hecho uso de licencia médica, en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar de salud irrecuperable, como acontece en autos.

Sexto: Que por otra parte, es menester tener presente que el acceso a la salud de los ciudadanos de un país, representa un derecho garantizado en la Constitución Política de la República de Chile, el cual supone que los funcionarios que integran los Servicios de Salud, estén prestos a desempeñar las funciones que les corresponden y si una funcionaria o funcionario no está en condiciones de ello y sus licencias médicas le impiden desempeñar el rol de prestar la atención de salud que el Estado requiere. En tal sentido, frente a la salud de la funcionaria recurrente, se impone el deber de servicialidad del Estado que le impone la obligación de contar con funcionarios idóneos para el cumplimiento del mandato impuesto por norma constitucional de garantizar la entrega en la prestación de los servicios de salud.

Séptimo: Que, en consecuencia, no puede concluirse que haya existido una actuación ilegal o arbitraria de parte del Hospital Carlos Van Buren, pues, frente a las licencias de la actora, solicitó al COMPIN, un pronunciamiento respecto a posible salud irrecuperable, lo que fue descartado, estableciéndose entonces que su salud es incompatible con el desempeño de la función pública en razón de la idoneidad que le impone el deber de servicialidad, tal como se ha expresado en los motivos precedentes. Razonamientos similares se contienen en la sentencia dictada por esta Corte de Apelaciones en el Rol 9706-2019, confirmada por la excelentísima Corte Suprema en causa Rol Nº 38.167-2019.

Octavo: Que conforme a lo señalado, no cabe sino concluir que se trata de una resolución adoptada por autoridad competente, conforme al procedimiento establecido en el artículo 151 de la Ley N° 18. 834 y de acuerdo al mérito de los antecedentes que obraban en poder del Director del Hospital Van Buren, siguiendo para tales efectos las orientaciones tendientes a reducir el impacto que produce en el servicio, las ausencias laborales prolongadas, todo lo cual lleva al rechazo de la acción cautelar.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en folio 1, en representación de doña nombre reservado en contra del “Hospital Carlos Van Buren”.

Comuníquese, regístrese y archívese.

N°Protección-19519-2020.