Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes o C

Foja: 46 Cuarenta y Seis eaam C.A. de Valparaíso Valparaíso, quince de septiembre de dos mil catorce.

Visto:

A fs. 1 comparece doña nombre reservado, jubilada, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes o C.C.A.F. Los Andes.

Expone que el 25 de noviembre de 2009, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes le otorgó un crédito por la suma de $300.000, que sería cancelado en 40 dividendos de $10.712 cada uno.

Agrega que se constituyó en mora de tal obligación el 21 de octubre de 2010, ante lo cual la recurrida interpuso demanda en su contra en el 2º Juzgado de Letras de Quilpué, causa Rol 1421-2011, demandándosele la cantidad de $389.386.

Hace presente que el 19 de julio de 2012, consignó en la cuenta corriente del Tribunal la suma de $301.900, correspondiente al capital. Agrega que el 1 de agosto de 204 solicitó la liquidación del crédito, el cual fue liquidado por el Secretaria del Tribunal en la suma de $56.726.

Indica que el 14 de julio del presente, al recibir su liquidación de pago de pensión de vejez ascendente a $443.745, le efectuaron, entre otros, un descuento de $229.494 por “prestación CCCAF Los Andes”.

Señala que se puede deducir que le efectuaron un descuento de las cuotas por un crédito cuyo cobro se está persiguiendo judicialmente, del cual sólo queda pagar un saldo de $56.726, según la última liquidación de la Secretaria del Tribunal y que si bien suscribió un mandato donde faculta a un actual o futuro empleador para descontar de sus remuneraciones la cuota correspondiente al préstamo efectuado por la recurrida, el descuento excede de manera desproporcionada el límite establecido n el artículo 58 inciso segundo del Código del Trabajo.

Refiere que de los hechos expuestos, se aprecia que la recurrida ha vulnerado su “derecho de propiedad” sobre su jubilación, consagrado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, así como el derecho a la “igualdad ante la ley”, establecido en el artículo 19 Nº de la Carta Fundamental y su “derecho a no ser juzgada por comisiones especiales” consagrada en el artículo 19 Nº 3 inciso cuarto de la Constitución Política.

Solicita se declara que el descuento efectuado carece de legitimidad, que se ordene el reintegración del monto descontado a la recurrente, que en los meses venideros, en el evento de existir una deuda vigente, se ordene que no se podrá descontar los valores que superen el 15% de la pensión y que se condene en costas a la recurrida.

Acompaña documentación a su recurso.

A fojas 15, informa el abogado don Ángel Hernández Muñoz, por la recurrida.

En cuanto a los hechos, refiere que es efectivo que el 25 de noviembre de 2009 la recurrida le otorgó un crédito a la recurrente por la suma de $300.000, pagadero en 48 cuotas mensuales de $10.247. Sin embargo, la recurrente omite que con fecha 15 de marzo de 2010, se le otorgó un segundo crédito por la suma de $2.129.423, pagadero en 56 cutas de $71.192.

Añade que en cuanto al primer crédito, es efectivo que sólo se encuentra pendiente el pago de $56.726 conforme a liquidación efectuada por la Secretaria del Tribunal. No obstante, en relación al segundo crédito, la recurrente lo adeuda en su totalidad, por lo que la recurrida, en uso de sus facultades legales, ha procedido al descuento de las cuotas de las sumas que le corresponde percibir a la recurrente por concepto de pensión Al efecto, indica que el ordenamiento jurídico contempla un mandato legal e irrenunciable para que las Cajas de Compensación procedan a requerir los descuentos de las cuotas de crédito social a las entidades empleadoras o pagadoras, que deberán retener los fondos respectivos y remesarlos a la Caja respectiva, lo cual se encuentra consagrado en el artículo 58 del Código del Trabajo, artículo 22 de la Ley Nº18.833 y 22 de la Ley Nº17.322. Con todo, refiere que la recurrente suscribió la autorización respectiva para proceder a los descuentos.

Señala que no existe afectación del derecho de propiedad por cuanto ha sido la propia recurrente quien libremente contrajo una obligación con la recurrida que produjo una serie de efectos o consecuencias jurídicas y, en cuanto a las restantes garantías constitucionales denunciadas como vulneradas, expresa que ninguna de ellas ha podido ser cometida por la recurrida, ni tampoco explica claramente la recurrente el modo en que la Caja de Compensación habría conculcado dichas garantías.

Por último sostiene que, en relación al segundo crédito concedido, se requiere para su acertada resolución la acreditación de la fecha en que fue concedido, cuotas pagadas y monto total de lo adeudado, todo lo cual debe ser ventilado a la luz de un procedimiento de lato conocimiento, razón por la cual la presenta acción constitucional no podrá prosperar.

Solicita se niegue lugar al recurso de protección, con costas.

Acompaña documentación a su informe.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción cautelar interpuesta en autos tiene por objeto obtener que esta Corte declare que el descuento que actualmente le está efectuando la Caja de Compensación Los Andes de su jubilación carece de legalidad y que se ponga fin al mismo de inmediato. Esta situación no aparece controvertida por la recurrida, sosteniendo que la actora silencia que solicitó dos préstamos a dicha Caja, que del primero de ellos se tuvo que recurrir al procedimiento ejecutivo para obtener su cobro quedando solo un saldo pendiente de $ 56.726.- luego de la liquidación practicada en autos Rol C- 1421-2011 del 2° juzgado de letras de Quilpué y que adeuda en su totalidad el segundo préstamo por la suma de $ 2.129.423.- por lo que al momento de practicarse la liquidación se le descontaron las cuotas respectivas del monto de su pensión.

Segundo: Que la recurrida expresa que la misma ley es la que impone un mandato a la Caja de Compensación en cuya virtud debe informar al agente pagador la cuota social impaga para que éste proceda a retenerla de las remuneraciones o pensiones y, posteriormente, remitirla a la Caja; mandato que es irrenunciable y se encuentra contenido en el artículo 58 del Código del Trabajo, 22 de la Ley 18.833 y 22 de la Ley 17.322, por lo que no ha incurrido en ninguna ilegalidad.

Tercero: Que el artículo 58, en lo pertinente, dispone que sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza y agrega que las deducciones no podrán exceder del 15% de la remuneración total del trabajador.

Cuarto: Que en el caso de autos, dicha norma no ha sido aplicada en la forma que corresponde por cuanto de los documentos acompañados a esta acción cautelar queda claro que siendo el monto neto de la pensión de jubilación de la actora la suma de $ 443.745.-, se le ha descontado por el crédito adeudado la suma de $ 299.494.- lo que excede en mucho el aludido 15% ya que supera el 50% del monto bruto de la pensión.

Quinto: Que, en consecuencia, la recurrida ha trasgredido la norma del artículo 58 del Código del Trabajo porque no obstante adeudar a la fecha varias cuotas correspondientes al segundo de los créditos solicitados por la actora, no puede rebajar su totalidad de una mensualidad de pensión, sino que debe hacerlo respetando el porcentaje aludido al momento de efectuarse el descuento, o bien cobrar por otra vía de las que permite la ley.

Por los motivos referidos y vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge el deducido a fs.1 y siguientes por doña nombre reservado en contra de la Caja de Compensación Los Andes, en cuanto esta última deberá abstenerse de efectuar el descuento por el crédito pendiente en un porcentaje mayor que el 15% del monto de la pensión de jubilación que a aquella le corresponde percibir.

Regístrese y comuníquese.

N° Protección 1941-2014.- Redacción del Ministro don Julio Miranda Lillo.

Pronunciada por los Ministros Sr. Julio Miranda Lillo, Sra. Gloria Torti Ivanovich y abogado integrante Sr. Julio Reyes Madariaga.

En Valparaíso, quince de septiembre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.