nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad colombiana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., por el acto que califica como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la actora conforme a lo previsto en la Ley N° 18.156.

Sostiene que dicho rechazo, comunicado el 27 de febrero de 2026, incorpora requisitos no contemplados expresamente en la normativa vigente, específicamente la exigencia de apostilla del certificado de afiliación al sistema previsional venezolano, lo que a su juicio vulnera las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente realizó la solicitud a través del portal web de la AFP recurrida adjuntando los antecedentes requeridos, no obstante lo cual fue notificada del rechazo fundado en que el documento aportado corresponde a una "constancia de cotización" y no al documento solicitado, además de carecer de la debida apostilla o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Aduce que este actuar es arbitrario e ilegal, pues la recurrida desconoce que la autenticidad del certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) puede ser verificada directamente en el portal oficial de dicha institución mediante un código de validación. Aduce, además, que la exigencia de apostilla constituye una barrera formal imposible de superar debido a la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile, configurando un caso de fuerza mayor.

Afirma que se cumplen íntegramente los requisitos de la Ley N° 18.156, ya que la actora posee la calidad de profesional y mantiene su afiliación en el extranjero, por lo que la retención de los fondos lesiona su derecho de propiedad. Pide se ordene reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a la devolución de los fondos.

A folio 5 evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., solicitando el rechazo del recurso con costas. Indica que el rechazo se ajusta estrictamente a la legalidad, por cuanto la recurrente no acompañó una constancia de afiliación vigente debidamente apostillada o legalizada, aportando en su lugar una constancia de cotización que no permite acreditar de forma específica las coberturas de seguridad social exigidas por la ley.

Enfatiza que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse legalizados según el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y que las certificaciones electrónicas sin firma ni apostilla no son medios de prueba idóneos.

A folio 6 informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que la recurrente no registra reclamo alguno ante dicho organismo respecto de estos hechos.

Explica que la Ley N° 18.156 es una normativa excepcional que debe interpretarse restrictivamente, exigiendo que la cobertura extranjera sea acreditada mediante documentación formal emitida por la autoridad competente y debidamente apostillada conforme al Convenio de la Haya.

Refiere que las constancias electrónicas venezolanas que carecen de firma y apostilla no cumplen con los estándares de autenticidad establecidos por la ley chilena.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Plan Vital S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad. Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de revisión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, cuya profesión acreditada es la de Arquitecto.

2° Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo con Natural Commerce Ltda., el 1 de febrero de 2024, para desempeñarse en funciones de vendedora con contrato de duración indefinida.

3° Por anexo de contrato de trabajo de l0 de noviembre de 2025, la trabajadora manifiesta su voluntad de mantener la afiliación al sistema de previsión y seguridad social de su país de origen que proporciona cobertura en las contingencias de enfermedad, vejez, invalidez y muerte. Por tanto, solicita mantener la afiliación a dicho régimen.

4° La recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundado en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no cumple las exigencias establecidas en la normativa vigente, pues no es un certificado de afiliación, no menciona las coberturas con las que cuenta la afiliada en su caso específico, sino que menciona de forma genérica las coberturas del sistema previsional de Venezuela, no se encuentra firmado por la persona que emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si la recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho –la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que la recurrente puede ser considerada una técnica extranjera.

En relación con los restantes requisitos para acceder a la devolución solicitada, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico del documento acompañado para acreditar afiliación previsional extranjera; su falta de autenticidad y; el no haber sido emitido por la autoridad competente, estimando que no se acreditó la concurrencia de las restantes exigencias previstas en la Ley N°18.156.

En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no reviste utilidad suficiente, en tanto dicho documento solo da cuenta de la afiliación al sistema previsional extranjero y de la calidad de asegurada de la recurrente, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera mediante una referencia general al derecho extranjero, sin consignar de manera específica la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, ni permitir establecer la concurrencia de los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable, sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.

Se previene que la Ministra señora Bluck, concurre al rechazo teniendo únicamente presente que el asunto planteado es de aquellos descritos en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo y por lo tanto requiere un pronunciamiento de lato conocimiento ante la judicatura especializada.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1937-2026.