MULTITIENDAS CORONA S.A. CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOS ANDES

Foja: 99 Noventa y Nueve Llg.

C.A. Valparaíso.

Valparaíso, treinta de septiembre de dos mil trece.

VISTO:

A fojas 26 comparece nombre reservado, empleado, en representación de Multitiendas Corona S.A., domiciliados en domicilio reservado, y en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Los Andes, sindicando como acto ilegal y arbitrario, las resoluciones multa números 1369/14/33-1 y 1369/14/33-2, de 11 de julio de 2014, por 40 y 60 UTM, debido a que no consignó por escrito en el contrato de trabajo o en documento anexo la forma como se determinó y calculó del bono denominado meritocracia y por no pagar las remuneraciones consistentes en el referido bono, lo cual afecta las garantías constitucionales del artículo 19 N° 3, igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, N° 24, derecho de propiedad, y N° 21, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica.

Indica que el 8 de julio de 2014, su parte fue notificada de un acta de citación por medio de la cual una fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo de Los Andes, requirió una serie de antecedentes relacionados a contratos de trabajo, anexos, liquidaciones de remuneraciones y reglamento interno, derivado de reclamos plateados por el sindicato existente en la sucursal Corona Los Andes, en relación al no pago, durante al año 2014, del denominado “Bono Meritocracia”.

Señala que en los últimos años, 2010 a 2013, durante el mes de abril, tiene lugar un procedimiento anual de evaluación de desempeño del personal de Corona y, en determinados casos, en los cuales un trabajador presenta un desempeño bueno, muy bueno o excelente, se genera la posibilidad eventual de disponer aumentos en su remuneración o bien de la entrega, por una vez, de un bono variable, en la medida que la remuneración se encuentre bajo los parámetros promedio existentes en el mercado y la compañía esté en condiciones económicas de hacerlo. Por lo cual, durante el año 2014, la recurrente informó a sus empleados que, por razones de resultados y capacidad económica, no resulta posible disponer el aumento de remuneraciones o pago de bonos por meritocracia.

Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 11 de julio de 2014, la recurrida, dictó, dos resoluciones multa, números 1369/14/33-1 y 1369/14/33-2, actuando fuera de su competencia legal y arrogándose facultades jurisdiccionales, propias de los Tribunales de Justicia, declarando la existencia de una obligación de la recurrente de aumentar las remuneraciones de sus trabajadores, por montos que ni siquiera precisa, que son indeterminables y sancionándole.

Solicita en definitiva se deje sin efecto la imputación e instrucciones contenidas en Acta de Constitución de Hechos de 11 de julio de 2014 y las Resoluciones Multa números 1369/14/33-1 y 1369/14/33-2, adoptando en forma inmediata cualquier otra providencia que se juzgue necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos del recurrente, especialmente las que se requieran para evitar que Corona siga siendo objeto de imposición de multas, ordenando a la Inspección Provincial del Trabajo de Los Andes inhibirse e instruir la misma determinación a sus subordinados, con costas.

A fojas 75 informa don nombre reservado, Inspector Provincial del Trabajo de Los Andes, solicitando el rechazo de la acción interpuesta.

Expresa que el 23 de junio de 2014 el Sindicato de Empresa Multitiendas Corona S.A., establecimiento Los Andes, interpuso una denuncia por varias materias, entre ellas por el no pago del beneficio adquirido, consistente en el bono por meritocracia.

Con fecha 8 de julio del mismo año, se realiza la visita inspectiva y se notifica citación para el 11 de julio; fecha en la cual se dijo por la recurrente que la empresa no tiene dinero para pagar el bono. La fiscalizadora al revisar los contratos de trabajo y comprobantes de remuneraciones, se constata que desde el año 2010 se encuentra pagado el bono denominado meritocracia, pero que no se encontraba escriturado, por lo cual se procedió a sancionar a la empresa.

Por lo que en el presente caso no existe ilegalidad o arbitrariedad alguna, toda vez que la funcionaria dependiente de la recurrida tiene el deber constitucional y legal de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, siendo el presente recurso improcedente, ya que la recurrida no actúo como una comisión especial.

En conclusión, la fiscalizadora jamás se excedió en el uso de sus facultades, ya que sólo realizó un acto de fiscalización.

A fojas 86 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección, recogida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que el recurso de protección es esencialmente cautelar. Su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas de los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido.

TERCERO: Que el presente recurso de protección ha sido deducido por la Multitiendas Corona S.A. , representado por nombre reservado, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Los Andes, en razón de una citación efectuada por fiscalizadora de la Inspección, señora nombre reservado, ello por reclamos que planteó el sindicato existente en la sucursal Corona Los Andes, respecto al no pago, durante este año 2014, del denominado “Bono Meritocracia” el que corresponde a un proceso de evaluación de desempeño. En efecto, en los años 2010, 2011, 2012 y 2013, se ha realizado un procedimiento anual de evaluación de desempeño de todo el personal, mediciones cuyo índice es conocido por los trabajadores, según la calificación de bueno, muy bueno o excelente, conforme a parámetros objetivos previamente informados.

Tal calificación permite disponer aumentos en las remuneraciones o bien entregar por una vez, un bono variable denominado “Bono Meritocracia”, ello considerando el ingreso promedio en el mercado y la empresa se encuentre en condiciones económicas de hacerlo.

En el presente año 2014, la empresa comunicó la imposibilidad de disponer de aumentos de remuneraciones o pagos de bonos por meritocracia.

Señala que la materia indicada de evaluación de desempeño y meritocracia, es un sistema amplio de administración de personal, siendo un tema de la exclusiva competencia de la empresa y sus políticas administrativas.

Con fecha 11 de julio de 2014, la recurrida actuando fuera del ámbito de su competencia legal y arrogándose facultades jurisdiccionales, propio de los Tribunales de Justicia, dictó en su contra las siguientes resoluciones de multa:

a) Multa N°1369/14/33-1, equivalente a 40 Unidades Tributarias Mensuales por: “no consignar por escrito en el contrato de trabajo o en documento anexo la forma como se determinó y calculó el denominado Bono Meritocracia que se consigna en los comprobantes de remuneraciones de los periodos Abril año 2010, Abril año 2011, Abril año 2012 y Mayo año 2013, respecto de sus trabajadores que individualiza. Infracción correspondiente a los artículos 11 y 506 del Código del Trabajo”.

b) Resolución N° 1369/14/33-2, Multa equivalente a 60 Unidades Tributarias Mensuales por: “No pagar las remuneraciones consistentes en Bono denominado “Meritocracia” cancelado en los años 2010 periodo abril, 2011 periodo abril, 2012 periodo abril y 2013 periodo mayo, respecto de los mismos trabajadores de la multa antes mencionada. Infracción al artículo 55 inciso 1° en relación a los artículos 7 y 506 del Código del Trabajo”.

Según el recurrente las infracciones respecto de las cuales se aplicó multas, se refiere a aspectos ajenos a sus facultades, la que corresponden a la potestad de decisión de Corona.

En el hecho la recurrida excediendo el ámbito de sus competencias y sus atribuciones legales, procedió a interpretar antecedentes propios de contratos y de la relación laboral, como también procedimientos de evaluación de desempeño y mérito del personal. El actuar ilegal y arbitrario ha decretado la existencia de una obligación de su parte, en orden de aumentar las remuneraciones de sus trabajadores.

Las multas cursadas lo son porque debía consignarse por escrito en el contrato de trabajo o en documento anexo la estipulación referida al Bono Meritocracia, asimismo, debía consignarse por escrito en contrato o en documento anexo, la forma como se determina el denominado Bono “meritocracia” y debía pagarse las remuneraciones consistentes en el bono meritocracia por el periodo del año 2014.

Según al entender del recurrente, tal pronunciamiento sólo compete a los Tribunales de Justicia, excediendo de las facultades de la Dirección del Trabajo y de sus Inspección Provincial.

Estima que con su actuar ilegal y arbitraria, la Inspección Provincial del Trabajo de Los Andes, a través de su Inspectora, ha privado, perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionalmente reconocidas y establecidas en los numerales 3, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, informando la Inspección Provincial del Trabajo de Los Andes, por la recurrida, señala que se recibió una denuncia por el Sindicato de la Empresa Multitiendas Corona S.A., por varias materias en contra de la empresa Multitiendas Corona S.A., entre ellas, una por no pago de beneficios adquirido.

En el informe de la Inspectora asegura, doña nombre reservado, se da cuenta de la entrevista con el Presidente del Sindicato, de la cual se desprende que la firma no les ha pagado el Bono llamado de “meritocracia” durante este año, a pesar de haber sido evaluados los trabajadores, aduciendo la empresa no disponer de dinero para realizar su pago.

En la revisión de los contratos de trabajo y comprobantes de remuneraciones, se constata que está pagado dicho bono en el mes de abril de los años 2010, 2011, 2012 y mes de mayo de 2013, agregando que dicho bono no está escriturado en un anexo de trabajo, ni se conoce por los trabajadores su forma de cálculo. Durante el presente año se constata que el referido bono no ha sido pagado.

Las resoluciones de multas han sido como consecuencia de los hechos precedentemente descritos.

Estima que no existe en su actuar ilegalidad o arbitrariedad alguna, ya que de acuerdo a las normas que regulan sus actuaciones, estas son Ley 18.834 (Estatuto Administrativo), Ley 19886, sobre Procedimiento Administrativo y DFL 2 del año 1967, que regula la actuación de los funcionarios de la Dirección del Trabajo, tienen el deber constitucional y legal de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral.

La actividad fiscalizadora tiene por un lado una acción, cual es, la constatación por el funcionario, de una situación determinada y por otro un efecto que corresponde a la multa aplicada y que es objeto de este recurso. En definitiva, la acción del funcionario fiscalizador, no puede ser calificada de ilegal, por haberse ajustado a la normativa vigente al realizar la visita, ilegal habría sido no cursar la sanción habiendo constatado la infracción. Igualmente no es arbitrario su actuar, por cuanto hubo un procedimiento previo que incluyó denuncia, visita inspectiva, entrevistas y revisión documental, determinando que un concepto remuneracional otorgado años a año desde 2010, no ha sido incorporado en el contrato de trabajo.

Considera la entidad recurrida, que la recurrente pretende a través de esta acción, evitar entrar a fijar que la bonificación que ha sido pagada por varios años consecutivos, debe ser incluida en una cláusula contractual, en forma que sea entendible para el trabajador y que no sea una liberalidad del empleador, como es el caso de los aguinaldos.

Sin perjuicio de lo reseñado, hace presente que el Código del Trabajo, señala que la resolución que aplique una multa, será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, por lo que se debe aplicar ese procedimiento y no esta acción cautelar, ya que existiendo un procedimiento de lato conocimiento y de carácter contradictorio con la posibilidad de rendir probanzas para acreditar sus dichos, resulta improcedente la interposición de esta acción cautelar de protección, siendo la vía de reclamación judicial de la multa ante el Tribunal del Trabajo, la vía jurídica aplicable en la especie.

Finalmente, señala que la resolución de multa que motivó este recurso de protección, no viola ninguna de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 1, 21 y 24 de la Carta Fundamental.

Por todo lo expuesto, solicita se rechace el recurso por ser absolutamente improcedente.

QUINTO: Que, ante lo expuesto tanto en el recurso presentado por el recurrente, como en el informe emitido por la entidad recurrida, se debe entrar a analizar si la Dirección del Trabajo ha excedido de sus atribuciones al aplicar la sanción de multas a la recurrente, dado que los hechos que dieron origen a la sanción impugnada, no han sido cuestionados.

SEXTO: Que es efectivo que la legislación laboral otorga a la Dirección del Trabajo la tarea de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, especialmente la fiscalización de la correcta aplicación de la ley laboral y sancionando, en su caso, su incumplimiento.

SEPTIMO: Que, sin embargo, tales facultades deben ejercerse sólo cuando el fiscalizador se encuentra en presencia de ilegalidades precisas y determinadas que le compete sancionar.

OCTAVO: Que, las resoluciones de multas cursadas en contra de la recurrente, dicen relación con la falta de consignar, en el contrato de trabajo o en su anexo, la forma como se determina y calcula el denominado Bono Meritocracia, como asimismo, por no pagar en las remuneraciones del presente año el referido Bono Meritocracia, habiendo sido cancelado en los meses de abril y mayo de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, que lo infraccionado por el Inspector de la Inspección del Trabajo de Los Andes, y por la cual se aplicaron las dos multas, se centró en aspectos ajenos a sus facultades, ya que tales decisiones corresponden al empleador, como es bono la evaluación del desempeño de los trabajadores y según resultado y se cumplan las condiciones que el empleador ha fijado podría otorgarse dicho bono. De la materia indicada, se desprende que se ha realizado por la entidad recurrida una actuación que excede su competencia y de sus atribuciones legales, incurriendo en antecedentes propios de los contratos suscritos entre las partes, en el caso concreto se ha impuesto una obligación en orden a aumentar las remuneraciones de sus trabajadores por méritos indeterminados.

NOVENO: Que de los hechos analizados, que motivaron la imposición de dos multas (1369/14/33-1 y 1369/14/33-2) por parte del fiscalizador, en ningún caso puede decirse que se estuviera ante aquellas infracciones patentes o claras respecto de las cuales su actuar está autorizado, por cuanto se habría interpretado y resuelto por sí, la existencia de faltas en la confección de los contratos suscritos entre las partes.

DECIMO: Que, habiendo actuado la Inspección recurrida al imponer las multas antes indicadas, al margen de sus facultades, arrogándose facultades propias y excluyentes del Poder Jurisdiccional, constituyéndose en una comisión especial, vulnerando la garantía prevista en el artículo 19 N° 3 inciso 4° de la Constitución Política de la República.

UNDÉCIMO: Que en consecuencia, la Inspección Provincial del Trabajo de Los Andes se ha excedido de sus faucltades. En esa situación se pretende variar las condiciones que se escrituran en un contrato de trabajo, obligando a una de las partes a otorgar en beneficio denominado Bono Meritocracia, aumentando con ello la remuneración, en circunstancia que lo otorgado en los años anteriores no correspondía ser incluido como un bono permanente al ser en beneficio otorgado por mera liberalidad del empleador.

DUODÉCIMO: Que así las cosas, aparece de manifiesto que la recurrida en estos autos, incurrió en un acto ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso 4° de la Constitución Política de la República, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que señala la ley, que pertenecen a los Tribunales de Justicia, razón por la cual se procederá a acoger el presente recurso.

DECIMO TERCERO: Que, no se emitirá pronunciamiento respecto de las otras garantías conculcadas, a saber de los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por estimarlo innecesario atendido lo razonado precedentemente.

DECIMO CUARTO: Que, sin perjuicio de lo determinado precedentemente, la entidad recurrida, en su informe hace presente que existe un procedimiento para solicitar reconsideración administrativa de las multas aplicadas de conformidad a lo establecido en el artículo 511 del Código del Trabajo, por lo que la vía del recurso de protección no es la procedente para ventilar estos hechos, sin embargo, ésta acción cautelar está claramente establecida, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el ejecutado ante la autoridad o los tribunales correspondientes, por lo que no es óbice que existan otros procedimientos administrativos para la procedencia de esta acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección deducido a fojas 26, por el abogado Sr. Luis Thayer Morel, en representación de Multitiendas Corona S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Los Andes, ordenándose a la autoridad recurrida dejar sin efecto la multa N° 1369/2014/33-1, en cuanto aplica a la actora una multa de 40 Unidades Tributarias Mensuales y resolución de multa N° 1369/2014/33-2, en cuanto aplica una multa de 60 Unidades Tributarias Mensuales.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.- N° Protección -1929-2014.

Redacción de la Ministra Sra. Gloria Torti Ivanovich.

Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por el Ministro Sr. Jaime Arancibia Pinto, Ministro Sra. Gloria Torti Ivanovich y Abogado Integrante Sr. Fabián Elorriaga De Bonis.

En Valparaíso, treinta de septiembre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.