TURRI S.A. CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE nombre reservado

Foja: 56 Cuarenta y Seis Vim.

C.A. de nombre reservado

Certifico: Que se anunciaron para alegar los abogados don José Luis Luengo, 10 minutos por el recurso y doña nombre reservado, 5 minutos contra, haciendo ambos uso de su derecho en estrados, luego de escuchar relación pública. nombre reservado,veinticuatro de junio de dos mil quince.

Rol N° 1910-2015.

nombre reservado

Relatora Suplente nombre reservado, a veinticuatro de junio de dos mil quince Vistos:

Que a fs. 14 comparece don Paolo Scagliotti Ravera, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional de Turri S.A., según personería que consta de la copia de la escritura pública de mandato judicial que se acompaña, quien recurre de protección en contra de la Inspectora Provincial del Trabajo de nombre reservado, doña nombre reservado, empleado público, domiciliada en domicilio reservado, en razón del acto arbitrario e ilegal consistente en la decisión adoptada por la recurrida a través de su ordinario N° 738, de fecha 28 de abril de 2015, que estimó como extemporánea y no admitió a tramitación el recurso de reconsideración de multa presentado por el actor el 24 de abril de 2015, en contra de la Resolución de multa N° 8851/15/6, vulnerándose la garantía constitucional contenida en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que por presentación efectuada el 24 de abril último solicitó, de conformidad al artículo 512 del Código del Trabajo, la reconsideración administrativa de la multa impuesta por el recurrido mediante la Resolución N° 8851/15/6, que le fue notificada el 17 de marzo de 2015, constando su depósito en la oficina de correos con fecha 9 de marzo de 2015, por lo tanto, el sexto día hábil contado desde el 9 de marzo, corresponde al 17 de marzo de 2015, desde el que se cuenta el plazo de treinta días hábiles que tenía su parte para presentar la reconsideración administrativa, el que vencía el 29 de abril del año 2015, habiéndose presentado la reconsideración el 24 de abril.

No obstante lo anterior, mediante el Ordinario N° 738 de 28 de abril de 2015, el recurrido informa que no se dio curso a la solicitud de reconsideración, debido a que ésta "No se presentó dentro de plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación", absteniéndose de emitir un pronunciamiento respecto del fondo de la solicitud de reconsideración formulada.

Señala que la decisión de la recurrida es ilegal, porque contraviene lo dispuesto por la Ley 19.880, en sus artículos 12 y 22, considerando que la resolución recaída en la solicitud de reconsideración de multa es un acto de la Administración del Estado, agregando que el artículo 25 de la misma ley prevé que “los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, los que se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente." Indica que en virtud de las normas señaladas, el plazo de 30 días que el artículo 512 del Código del Trabajo establece para solicitar la reconsideración vencía el 29 de abril del año 2015, considerando que la notificación de la resolución de multa se efectuó el 17 de marzo de 2015, porque la resolución de multa se depositó en la oficina de correos el 9 de marzo de 2015 y de conformidad al artículo 508 del Código del Trabajo, la notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, habiéndose presentado la reconsideración el 24 de abril de 2015, es decir, 3 días hábiles antes que se venciera el plazo de 30 días ya señalado, por lo que la referida presentación no es extemporánea.

Agrega que el acto es además arbitrario, porque el ordinario no señala cuales son los requisitos legales que no se habrían cumplido.

Acerca de la garantía vulnerada, señala que la afectación se produce por el desconocimiento de la recurrida del plazo legal en toda su extensión.

Solicita se sirva tener por interpuesto recurso de protección, se acoja y en definitiva se le otorgue protección y se haga lugar a las peticiones sometidas a su decisión, con costas.

Acompaña documentos a su informe.

A fojas 42 informa doña nombre reservado, Inspectora Provincial del Trabajo de nombre reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

Explica el proceso de fiscalización N° 0501/2015/316, generado el 13 de febrero de 2015, en el marco de un programa de fiscalización referido a Restaurantes y locales de comida, constatándose que la recurrente lleva un registro de asistencia que no se encuentra autorizado por la Dirección del Trabajo, lo que constituye una infracción al artículo 33° del Código del Trabajo en relación con el artículo 506 del mismo cuerpo normativo y al artículo 20 del Reglamento N° 969 del año 1933, cursándose la multa N° 8851/15/6, de 17 de febrero de 2015, deduciendo reconsideración administrativa fuera del plazo establecido, toda vez que habiéndose notificado la multa por correo certificado el día 16 de marzo de 2015, solo se recurre administrativamente el día 24 de abril de 2015, es decir, fuera de los 30 días corridos exigidos por el legislador, lo que motivó la dictación del Ordinario N° 738, de 28 de abril último, el que informó la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa por haber sido ésta presentada fuera de término.

Refiere que la acción cautelar es improcedente, atendido que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación establecido en el Código del Trabajo en sus artículos 503 y siguientes, no pudiendo el recurso de protección ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de cuanto procedimiento judicial específico exista.

Indica que la resolución reclamada en ningún caso ha sido ilegal ni arbitraria, sino que se basa en hechos objetivos, toda vez que existiendo término expreso de 30 días corridos, se efectúa la presentación al día 39, es decir, nueve días después de expirar el plazo.

Refiere que el afectado puede solicitar reconsideración administrativa de acuerdo a lo prescrito en el art. 511 del Código del Trabajo, e incluso del resultado de ésta podrá reclamar judicialmente, según lo prescrito en el inciso 2o del art. 512 del mismo cuerpo legal.

Manifiesta, además, que el recurso es improcedente por no existir acto arbitrario que atente contra la igualdad ante la ley, por haberse ajustado la resolución a los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo y a la legalidad vigente.

Agrega que debe tenerse en vista lo dispuesto por los artículos 48 y 49 del Código Civil, los que se aplican en forma armónica con lo dispuesto por el derecho administrativo. En efecto, en lo relativo a la marcha y funcionamiento de las diversas oficinas de la administración pública, los plazos deben entenderse transcurridos una vez que haya expirado el horario legal de atención de público. Todo lo anterior se encuentra reforzado por lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 11.764, norma actualmente vigente, que indica que las oficinas fiscales, semifiscales y de administración autónoma tendrán un horario uniforme de atención al público. Agregando que corresponderá al Presidente de la República fijar dicho horario y establecer sus excepciones en casos calificados, habiendo la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, resuelto que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, haciendo presente que en el ámbito del Código del Trabajo, cuando el legislador ha querido establecer un término de días hábiles, lo ha consignado expresamente.

Acompaña documentos a su informe A fojas 52 se trajeron los autos en relación Con lo relacionado y considerando Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, la acción de protección es esencialmente una tutela de urgencia. Su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas frente a los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido.

Tercero: Que, la presente acción de protección se ha enderezado en contra de la Sra. nombre reservado, doña nombre reservado, en razón del acto estimado ilegal y arbitrario por el actor consistente en la dictación del Ordinario N° 738, de 28 de abril último, a través del cual no se admitió a tramitación la solicitud de reconsideración de multa administrativa N° 8851/15/6, por considerarla extemporánea, al haber sido presentada fuera del término de treinta días corridos desde la notificación de la misma.

Cuarto: Que, la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección, por considerarla improcedente, al existir otras acciones establecidas en la ley para obtener que la multa sea dejada sin efecto o rebajada, según corresponda. Asimismo, arguye que la decisión adoptada se enmarca dentro de la legalidad, interpretando que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo para la interposición de la reconsideración de multa por el interesado, es de días corridos y no hábiles, de tal manera que, en el caso de marras venció el 15 de abril de 2015 y si la solicitud respectiva fue presentada el día 24 de abril recién pasado, a todas luces es extemporánea.

Quinto: Que, en relación a la improcedencia de esta acción cautelar de rango constitucional deducida por existir otros caminos legales para discutir la imposición de una multa administrativa, cabe señalar que el propio artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra esta acción, sin perjuicio de otros derechos que puedan ser ejercidos, teniendo naturaleza jurídica cautelar y urgente, tendiente a reestablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones que, siendo ilegales o arbitrarios, vulneren alguna de las garantías que el catálogo del artículo citado contempla, a través de la adopción de medidas protectoras e inmediatas.

Sexto: Que, en relación a la forma de computar el plazo 30 días que el artículo 512 del Código del Trabajo establece para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, debe tenerse presente que no existe norma especial que aclare si se trata de días corridos o hábiles, por lo que recibe aplicación lo previsto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, que prescribe “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente”.

En virtud de lo anterior, debe concluirse que el plazo consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, considerando además que ello es concordante con la circunstancia que los servicios públicos prestan atención a público de lunes a viernes, salvo días sábado, domingo y festivos.

Séptimo: Que, en la especie, la resolución N° 8851/15/6 que impuso la multa administrativa, fue depositada en Correos de Chile el día 09 de marzo de 2015, según se lee a fojas 34, de tal manera que se entiende notificada al recurrente al sexto día hábil, esto es, al día 16 del mismo mes y año y si el recurrente interpuso la reconsideración de multa el 24 de abril de 2015, -como se lee a fojas 4-, claramente lo fue dentro del plazo legal.

Octavo: Que, a la luz de lo razonado, es posible estimar que la garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República ha sido afectada por la recurrida, a raíz de su actuar ilegal y arbitrario, toda vez que no dio tramitación a la reconsideración administrativa deducida dentro de plazo y no explicitó en el Ordinario N° 738 mayores fundamentos y explicaciones para sustentar la decisión.

Noveno: Que, los argumentos vertidos conducirán a acoger la presente acción constitucional como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 14 por don Paolo Scagliotti Ravera en representación convencional de Turri S.A., por lo que se deja sin efecto la resolución ordinaria N° 738 de 28 de abril de 2015, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración interpuesto por el actor respecto de la Resolución de multa administrativa N° 8851/15/6.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección- 1910-2015.

Pronunciada por la Quinta Sala de la I. Corte de Apelaciones de nombre reservado, integrada por los Ministros Sra. Rosa Aguirre Carvajal, Sr. Alejandro García Silva y por el Abogado integrante Sr. Guillermo Oliver Calderón.

Incluida la presente resolución en el Estado Diario del día de hoy.