Protección contra Contraloría Regional de Valparaíso

C.A. de Valparaíso djc Valparaíso, once de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, trabajadora social, quien recurre de protección en contra de la Contraloría Regional de Valparaíso, por el acto arbitrario contenido en el Dictamen N°3770 de fecha 13 de abril de 2020, mediante el cual el órgano recurrido rechazó el recurso de reconsideración presentado por el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, en contra del informe de fiscalización final N°280/2019 de fecha 18 de octubre de 2019, emanado de la misma institución recurrida.

Sostiene que la resolución atacada mantiene una observación en relación a su contratación, disponiendo su traslado del lugar donde ha cumplido sus funciones.

Explica que fue contratada el 01 de enero de 2005 por la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso para desempeñarse como Secretaria, dependiente de dicha Corporación, en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia. En tal contexto, sus funciones según cláusulas del contrato eran: a) labores de secretariado, b) atención de público y entrega de información; especialmente en materia de maltrato infantil, justicia de los acuerdos y mediación; c) brindar información en materia de Tribunales de Familia y Ley de Matrimonio Civil; d) despacho, recibo y archivo de correspondencia; e) ser eficiente y oportuna en la entrega de la información; f) realizar todas aquellas actividades que la naturaleza de la labor de secretariado involucre; y g) en general, cumplir las instrucciones y directrices que le indique su superior.

Sostiene que su superior jerárquico es el Secretario Regional de Justicia y Derechos Humanos. En el ejercicio del contrato hubo 2 modificaciones relevantes en 2015 y 2018, la primera para establecer que a partir de esa fecha pasaba a desempeñarme como Asistente Social de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de la Quinta región dependiente de la Corporación; la segunda para establecer un cambio en su jornada.

Que, a partir del mes de febrero de 2019, la Contraloría Regional comenzó una auditoría en dependencias de la Secretaria Regional Ministerial, por el periodo 2018, la cual concluyó con el Informe Final N° 280/2019 de fecha 18 de octubre de 2019. En lo que interesa al recurso, el informe observa la siguiente anomalía:

“…en lo tocante a la contratación de funcionarios por la CAJ, para desempeñar sus labores en la SEREMI de Justicia, debe mantenerse la objeción formulada, toda vez que las argumentaciones planteadas por la entidad fiscalizada no permiten desvirtuar el hecho que las anotadas contrataciones no tuvieron por objeto que la corporación se proveyera de personal para la buena marcha del servicio, sino que se realizaron para suplir la eventual falta de personal de otra entidad diversa, situación que no se ajusta al mencionado artículo 2° de la Ley N° 17.995, y que establece que la finalidad de la CAJ es prestar asistencia jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos, razón por la cual deberán adoptarse las medidas pertinentes para regularizar las contrataciones de la especie, sin que ello necesariamente signifique, por cierto, la desvinculación de las personas que han prestado los aludidos servicios, pudiendo efectuarse contratación de aquellos directamente y con su propio presupuesto por parte de la SEREMI de Justicia, o bien, los servidores podrán desarrollar sus funciones en la CAJ, conforme a las labores y condiciones pactadas en sus respectivos contratos, lo cual será corroborado en la etapa de seguimiento que realice este Organismo de Control”

Adicionalmente, el informe observa una situación en cuanto al cumplimiento de jornada, estableciendo: “por una parte, requerir el reintegro de las 8:00 horas y 30 minutos por el tiempo no trabajado de doña nombre reservado, y por otra, adoptar medidas para el cumplimiento de su oficio circular N° 1 de 2019, en lo que se refiere al registro horario y cumplimiento de la jornada laboral de los funcionarios. Ello con el fin de evitar que este tipo de situaciones vuelvan a reiterarse”. La diferencia horaria corresponde a días individualizados en que no cumplió íntegramente su jornada.

Añade que frente al resultado contenido en el informe final, el Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos interpuso reconsideración ante el órgano de control, la que fuera desechada mediante la resolución atacada en el presente recurso de protección. En dicho recurso se explica, en síntesis, que la decisión de contratación de ambos profesionales, en los meses de enero y julio del año 2005 respectivamente, se debió a la necesidad de prestar apoyo de personal al Seremi de Justicia, por falta de disponibilidad de recursos propios para tales fines, considerando además que El SEREMI es también el presidente de la Corporación de Asistencia Judicial.

Continúa señalando que, sin hacer eco de los argumentos explicitados y desarrollados en el recurso, la Contraloría rechaza la reconsideración con fecha 13 de abril de 2020, mediante dictamen N°3770 fundado en que los funcionarios en cuestión fueron contratados en el año 2005, regulados por el código del trabajo, no por las normas del Estatuto Administrativo y, las funciones de ambos no se encuentran relacionadas con las funciones propia de la CAJ, establecidas en el art. 2° de la Ley n° 17.995. Además, en cuanto a la petición subsidiaria de mantener a los funcionarios en cuestión, a través de comisiones de servicio, señala que no es procedente aplicar la norma contemplada en el Art. 9; letra c) del DFL N° 3, de 2017, del Ministerio de Justicia, toda vez que las comisiones de servicio, dispuestas en casos calificados no pueden ordenarse de manera indefinida.

Entiende la recurrente que la resolución del ente de control fiscal atenta contra un contrato de trabajo que se ha cumplido por más de 15 años en la forma comentada en el recurso, cuyas cláusulas disponen expresamente que se debe cumplir en la Seremi de Justicia. En el fondo, se pretende establecer la ilegalidad de la contratación, desconociendo una serie de prerrogativas normativas del Seremi de Justicia acerca de la distribución del personal.

En relación a lo anterior, hace hincapié en que necesariamente, el cumplimiento de lo dispuesto en el dictamen produce modificaciones al texto de su contrato de trabajo, situación que afecta su intangibilidad y, con ello, además, se lesiona el principio de certeza jurídica y confianza legítima.

En relación a la devolución del dinero mediante descuento por planilla sostiene que la resolución es improcedente por cuanto cumple sus funciones en virtud de un contrato de trabajo, y no bajo el estatuto administrativo. En tal sentido, la Dirección del Trabajo, ha señalado expresamente que: “No existe inconveniente en compensar las horas no laboradas en la semana debido a atrasos o inasistencias con las que se hubieren laborado en exceso sobre la jornada ordinaria”.

Sostiene que la situación comentada afecta de forma ilegítima sus garantías establecidas en los numerales 2, 16 y 24 de la Carta Fundamental, por lo que solicita se acoja la acción de protección y se deje sin efecto la resolución impugnada en lo que dice relación a los hechos ventilados en este recurso, permitiendo a la recurrente seguir cumpliendo sus funciones laborales en las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, según el texto de su contrato de trabajo.

Que, a folio 17, evacua informe el Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, confirmando los elementos fácticos indicados en el recurso.

Apunta que ha iniciado el cumplimiento del dictamen emanado del órgano contralor trasladando a los funcionarios aludidos bajo las funciones y jornada para los cuales fueron contratados. Asimismo, se ha informado a la funcionaria recurrente respecto del reintegro de los fondos ordenados reingresar a las arcas fiscales.

Que, a folio 21 informa el Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso. Corrobora los antecedentes expuestos por la recurrente, haciendo presente que todas las Corporaciones de Asistencia Judicial mantienen como dependientes a personas que ejercen sus funciones ante la Subsecretaría de Justicia, la cual además constituye la máxima autoridad de la Corporación. Insiste en que la regularización ordenada por el órgano de control afectará una situación jurídica consolidada.

Que, a folio 23 evacua informe la Contraloría General de la Republica sosteniendo que el oficio impugnado no produce agravio alguno a la recurrente. La orden indicada en el documento únicamente solicita regularizar formalmente la contratación de la servidora, sin que aquello implique afectación a los derechos laborales de la misma.

En el mismo sentido anterior, sostiene que el recurso debe ser rechazado pues la entidad de control carece de legitimidad pasiva toda vez que la decisión debe ser materializada por las instituciones fiscalizadas, Corporación de Asistencia Judicial y Seremi, y sólo una vez que aquello se produzca será aquella decisión susceptible de los recursos que la Ley le entrega.

Adicionalmente, sostiene que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte de Apelaciones escapa a la naturaleza cautelar del recurso de protección. Señala que lo pretendido dice relación con discutir el sentido, alcance e interpretación de las normas que rigen a los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial. En tal sentido, no puede sostenerse en esta instancia la existencia de una situación de derecho indubitada.

Finalmente, asegura que no hay arbitrariedad o ilegalidad en la decisión, sino que sólo es posible constatar el ejercicio de una potestad y competencia del órgano contralor del estado. Asegura que la contratación de la servidora, en los hechos, no persigue el cumplimiento de las funciones de la Corporación de Asistencia Judicial. Asimismo, no puede sostenerse la existencia de una comisión de servicios, sino una contratación que tiene como fin derechamente prestar servicios en un departamento distinto de aquel que lo vinculó.

Niega por tanto, la vulneración de principios a la confianza legítima, a los derechos establecidos en el contrato y, en consecuencia a las garantías que se reclamaron infringidas.

Con dichos antecedentes, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, igualmente, resulta necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

Cuarto: Que en la especie, se recurre en contra del Dictamen N°3770 de fecha 13 de abril de 2020 de la Contraloría Regional de Valparaíso que rechaza el recurso de reconsideración presentado por el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, en contra del informe de fiscalización final N°280/2019 de fecha 18 de octubre de 2019, emanado de la misma institución recurrida que señala que se debe regularizar la contratación de la recurrente que, habiendo sido contratada por la Corporación de Asistencia Judicial para prestar servicios en esa institución, en el hecho, realiza sus funciones en la Secretaría Regional Ministerial de Justicia. Además, recomienda requerir el reintegro de las 8:00 horas y 30 minutos por el tiempo no trabajado de doña nombre reservado, Quinto: Que lo primero que se debe dejar establecido es que la resolución que sustenta el recurso solo ordena regularizar la situación contractual de la actora, sin que ello implique su desvinculación laboral, puesto que en el mismo informe de fiscalización se indica que ello puede realizarse, ya sea por medio de la contratación de la actora directamente por la Seremi de Justicia con sus propios recursos o, prestando ésta sus labores en la Corporación de Asistencia Judicial para la que fue contratada.

Lo anterior da cuenta que el acto recurrido no es un acto terminal, puesto que los derechos de la recurrente solo se verán afectados si las medidas que se adopten para regularizar su contratación se traduzcan en una eventual desvinculación de sus labores, lo que amén de no ordenarse en el informe de fiscalización del ente contralor, aún no se ha producido, por el contrario, de acuerdo con lo informado por la propia Corporación de Asistencia Judicial ese servicio trasladará a la señora nombre reservado, a sus dependencias y en sus mismas funciones y jornadas.

Sexto Que, por lo expresado, es posible concluir que la resolución reprochada no produce vulneración alguna a las garantías constitucionales de la actora, lo que conduce desde luego al rechazo de la acción constitucional en análisis.

Séptimo: Que en lo que dice relación con la restitución de lo percibido por la actora por horas no trabajadas en forma efectiva, considerando que la conclusión contenida en el informe de fiscalización emana de los antecedentes aportados por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia donde la señora nombre reservado prestaba sus servicios y que, en el libelo de reconsideración no se aportó ningún antecedente que permitirá revertir esa situación, el recurso será, igualmente rechazado.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de Contraloría Regional de Valparaíso Comuníquese, notifíquese y regístrese.

Redacción de la Ministro Sra. Figueroa.

N°Protección-18878-2020.