COOPERATIVA DE CONSUMOS CARABINEROS DE CHILE LIMITADA CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO

Foja: 105 Ciento Cinco Vim.

C.A. Valparaíso Valparaíso, veinte de octubre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 8 comparece don Rubén Soto Carvajal, abogado, en representación convencional de Cooperativa de Consumos Carabineros de Chile Limitada, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por su gerente general don nombre reservado, chileno, General de Carabineros (R), cédula de identidad N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, representada por el Jefe de la Inspección Provincial, doña nombre reservado, y de don nombre reservado, fiscalizador dependiente de dicho organismo, todos domiciliados en domicilio reservado, en razón de su actuación arbitraria e ilegal al dictar la Resolución N° 4038/14/16 de fecha 19 de mayo de 2014 y notificada a su parte el 4 de julio del presente, que impone una multa de 30 UTM por supuestamente “no cumplir estipulaciones de contrato colectivo”, y que ha implicado una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N° 3 inciso 1° y 5, N° 21 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone, que el acto arbitrario y/o ilegal se materializó en la calificación jurídica que realizó el fiscalizador recurrido, quien a consecuencia de un especulativo reclamo de la sucursal de Valparaíso de la Cooperativa de Consumos de Carabineros Ltda. (“COOPERCARAB”), y, atribuyéndose facultades privativas de los Tribunales de Justicia, resolvió que la recurrente habría procedido a “No dar cumplimiento al contrato colectivo vigente a la fecha, a las obligaciones contenidas en la cláusula N° 20 referida a bono de incentivos por control de existencias”, respecto de los trabajadores y períodos que señala, sin indicar otro hecho, relación circunstancia y/o razonamiento legal o fáctico, para concluir la existencia de dicho incumplimiento. Así las cosas, el fiscalizador recurrido habría procedido a calificar jurídicamente el sentido, alcance e interpretación que se le debe dar a la cláusula 20 del contrato colectivo suscrito por la recurrente y todos sus Sindicatos de Trabajadores el 5 de diciembre de 2012.

Explica que con el objeto de procurar incentivos a sus trabajadores para aumentar la productividad y el cuidado de los bienes de la empresa, las partes de dicho contrato colectivo han establecido el denominado “bono de incentivo por control de existencias”, en la cláusula 20 del citado contrato, consistente en el menor valor resultante por cada establecimiento a comparar, del monto por concepto de pérdidas de mercaderías registradas en los inventarios practicados al 31 de diciembre de cada año, considerando sólo las pérdidas del año correspondiente, con el habido al 31 de diciembre del año anterior, en términos reales, se distribuirá un 75% para los trabajadores de COOPERCARAB con contrato indefinido y un 25% para la Cooperativa. En el caso de las sucursales de Antofagasta y Valparaíso, se considerará como base de comparación, el monto por concepto de pérdidas de mercaderías registradas en el inventario practicado al 31 de diciembre de 1996. Reconoce la recurrente que existen legítimas diferencias particularmente con el Sindicato de la Sucursal de Valparaíso, en cuanto al sentido, alcance e interpretación de la forma de cálculo en el año 2013, con ocasión del siniestro ocurrido, materia que debe ser resulta por los Juzgados del Trabajo, y no mediante un acto administrativo como ha pretendido la recurrida, además sin fundamentación alguna. La doctrina y la jurisprudencia nacional han sostenido que la arbitrariedad radica en la carencia de racionalidad del acto en ejercicio de una potestad discrecional.

En este caso, se está ante un problema de interpretación del citado contrato colectivo, respecto a la forma de cálculo de un determinado bono de incentivo, que la recurrida pretendió resolver en sede administrativa y no jurisdiccional, sin atención al método de interpretación de los contratos. En relación a dicha interpretación, cita el artículo 1560 del Código Civil, concluyendo que el intérprete judicial deberá determinar la intención o voluntad real de las partes al momento de suscribir el contrato colectivo, lo que debe desarrollarse en un proceso judicial de lato conocimiento. La recurrida, al interpretar el contrato vulnera el principio de juridicidad contenido en el artículo 7° de la Constitución Política, al atribuirse potestades jurisdiccionales que incumben exclusivamente a los Tribunales.

Hace presente que al funcionario recurrido, se le representó en varias oportunidades durante la fiscalización, esta situación, ante lo cual sólo se apercibió a la recurrente a impugnar la multa en conformidad con lo dispuesto en los artículos 502, 506 ter, 511 y 512 del Código del Trabajo, lo que ha sido descartado por su parte ya que implicaría convalidar la ilegal y arbitraria actuación de la recurrida; y/o limitarse a la oposición a la ejecución de futuras acciones de cobranza de parte de trabajadores por supuestas remuneraciones no pagadas.

El acto recurrido es ilegal por exceder sus facultades e infringir las disposiciones del artículo 1° letra b) y 5 letra b) del DFL 2/1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo; artículo 420 letra a) del Código del Trabajo y artículos 7° y 19 N° 3 inciso 4° de la Constitución Política de la República. Es arbitrario, pues las partes no han sometido-ni pueden hacerlo-a su conocimiento una controversia respecto a la interpretación de la cláusula 20 del contrato colectivo. La facultad fiscalizadora de la recurrida debe ser ejercida únicamente cuando se presenten situaciones claras, precisas y determinadas, lo que no ocurre en el caso de autos. Además, la calificación de “incumplimiento” no expresa una relación circunstanciada de los hechos ni los fundamentos legales para arribar a esa conclusión, requisito que es una exigencia constitucional en el ejercicio de su potestad. La jurisprudencia se ha pronunciado uniformemente en el sentido que las facultades de la Dirección del Trabajo están referidas a constatar infracciones claras, precisas y determinadas que se fundan en hechos objetivos e indubitados, correspondiendo a los Juzgados de Letras del Trabajo, de acuerdo al artículo 420 del Código respectivo, conocer las cuestiones suscitadas por aplicación de las normas laborales o derivadas de interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos de trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral. Cita jurisprudencia en este sentido.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, éstas serían: la del artículo 19 N° 3 inciso 4, por cuanto los recurridos obraron como un verdadero juez del trabajo, sin serlo, constituyéndose en una comisión especial; la del artículo 19 N° 21, ya que, pese a suscribir contratos colectivos válidamente celebrados con el sindicato, ahora la recurrente se ve expuesta a una amenaza directa a su patrimonio, no sólo por la cobranza judicial de las mentadas remuneraciones que se encontrarían impagas, sino que a las correlativas cotizaciones previsionales supuestamente impagas; la del artículo 19 N° 24, al señalar que adeuda la suma de 30 UTM.

Por lo fundamentos expuestos, solicita se acoja el presente recurso, declarando que la recurrida y sus fiscalizadores carecen de facultades legales para interpretar contratos colectivos de trabajo, ordenando dejar sin efecto la Resolución N° 4038/14/14, de fecha 19 de mayo de 2014; se ordene a la recurrida y sus dependientes se abstenga de interpretar en el futuro, el o los contratos colectivos vigentes entre la recurrente y sus trabajadores sindicalizados o que se unan para negociar colectivamente con ella; y se adopten las demás medidas o providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y la debida protección de la recurrente, dejando sin efectos las conclusiones y apercibimientos contenidos en el acto administrativo impugnado, específicamente la aplicación de la multa de 30 UTM, con costas. Acompaña como fundamento de su recurso, copia de la resolución recurrida y copia del contrato colectivo en cuestión.

A fojas 82, informa la recurrida, Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes. En cuanto a los hechos, indica que con fecha 6 de mayo de 2014, el Sindicato de Trabajadores Sucursal Valparaíso de Empresa Cooperativa de Carabineros, ingresó un documento a través de la oficina de partes de dicho organismo, que daba cuenta de una denuncia por el no pago oportuno del “Bono de Control de Existencias”, expresando los trabajadores que se modificó unilateralmente la metodología de cálculo del citado bono y que además el pago no se hizo acorde a lo pactado en el contrato colectivo, ya que debió ser enterado conjuntamente con el pago de la remuneraciones del mes de abril. Con fecha 16 de mayo, estos hechos dieron origen a la denuncia N° 0501/2014/1157, asignada al fiscalizador nombre reservado, quien dejó cuenta de su gestión inspectiva en el informe N° 0501/2014/1157, de fecha 19 de junio de 2014. Dicho informe indica que se concurrió en dos oportunidades a la empresa, además de efectuar una parte de la fiscalización en ese Servicio. Se agregó la constancia de haber entrevistado a los dirigentes sindicales, quienes ratificaron la denuncia, como también haber entrevistado al representante de la empresa, específicamente al gerente de la sucursal. La labor inspectiva comprendió el periodo entre diciembre de 2013 y mayo de 2014, e implicó la revisión del contrato colectivo vigente y las liquidaciones de remuneraciones del período. En cuanto al concepto denunciado, el fiscalizador indica “se verifica que el empleador sólo efectuó un abono al incentivo de control de existencia, que debía ser liquidado antes del 30 de abril del año 2014, según lo establece la cláusula 20 del Contrato Colectivo vigente. De acuerdo a documento de fecha 29 de mayo de 2014, enviado por el empleador al Sindicato de Trabajadores Cooperativa de Consumos Carabineros Chile Ltda., Sucursal Valparaíso, el abono re liquidado en el mes de marzo 2014, asciende a la suma de $78.068 por trabajador. En el mismo documento, el empleador reconoce que el monto total del Bono Incentivo Control de Existencia al 31 de diciembre de 2013, es de $179.842, cantidad que no es aceptada por los Dirigentes Sindicales solicitantes de la denuncia que dio origen a la fiscalización que se informa, dado que las partidas que quiere descontar la empresa y especificadas en el documento señalado no tienen respaldo documental”. El fiscalizador, constató que el empleador adeudaba al 29 de mayo de este año diferencias por $101.774 por trabajador del bono “incentivo control de existencias”, cuyo pago por contrato colectivo debía ser enterado a más tardar el 30 de abril de 2014. De conformidad a este hecho objetivo, cursó la sanción objeto de este recurso, sanción N° 4038/2014/16-1 por no dar cumplimiento al contrato colectivo vigente a la fecha, a las obligaciones contenidas en la cláusula N° 20, referida a bono de incentivos por control de existencias, respecto de los trabajadores y periodos que indica.

En relación a la procedencia del recurso de protección, indica que se requiere la verificación concreta e indubitada de un derecho o garantía conculcada por un acto ilegal o arbitrario, lo que no concurre en la especie, pues el único hecho concreto imputable es haber participado en un acto fiscalizador, que arrojó como consecuencia provisional, el cursamiento de una multa. En cuanto a la fiscalización de la Dirección del Trabajo, indica que tiene una doble dimensión, esto es, una acción y un efecto. Una acción donde el fiscalizador contrasta la realidad laboral con las normas jurídicas, y un efecto, ya que si la actividad de contraste no es coincidente se produce un efecto natural, como es la sanción. Así, la actividad realizada por el funcionario se limitó a constatar una situación determinada, en base a la norma interpretada por la autoridad administrativa legalmente autorizada para ello, y de esa fiscalización surgió el resultado impugnado, cual es la resolución de multa. De esta manera, no puede calificarse de ilegal la actuación del funcionario, ya que se ajustó a la normativa vigente tras realizar una visita inspectiva, documentarse y entrevistar a las partes. En cuanto a la supuesta arbitrariedad, debe evaluarse que hubo un procedimiento que involucró una denuncia, en el que se entrevistó a las partes y existió revisión documental; el fiscalizador constata un hecho objetivo derivado de la simple aplicación del artículo 349 del Código del Trabajo.

En cuanto a la vulneración del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, indica que no existe tal vulneración, por cuanto, y tal como consta del informe del fiscalizador, el Servicio no se ha pronunciado respecto de las diferencias que se suscitan entre las partes y su interpretación respecto a la forma de cálculo del bono en cuestión, sino simplemente el hecho objetivo consistente en no pagar al 30 de abril de 2014 la suma que reconoce adeudar a cada trabajador el 29 de mayo del presente. En este sentido, lo que se ha verificado es un acto administrativo que por ningún motivo tiene características de un acto jurisdiccional, desde el momento que no produce cosa juzgada, existiendo un procedimiento judicial y administrativo para reclamar de la aplicación de sanciones por esta materia, lo que implica que la recurrente utiliza este recurso extraordinario como un mero sustituto jurisdiccional. Así las cosas, la vía jurisdiccional de protección no resulta procedente para impugnar la referida multa. Cita jurisprudencia en este sentido.

En relación a la vulneración del derecho de propiedad por cursarse la sanción, ésta fue aplicada conforme a la ley, además tiene un carácter provisional pues está sujeto a revisión administrativa y judicial, es decir, es un acto posible de impugnar.

Respecto a la garantía del artículo 19 N° 21 de la Constitución, es manifiesto que la multa cursada, en ningún momento, ha impedido o dificultado que la empresa continúe desarrollando sus labores, su giro no es afectado y, aún en el evento que la sanción fuere mantenida, la empresa sólo se vería enfrentada a pagar las diferencias del bono que reconoció adeudar a los trabajadores. Además, la recurrente no precisa en qué modo la notificación de la sanción le ha significado un impedimento para desarrollar su actividad económica. Acompaña a su informe, informe de fiscalización, resolución de multa, activación de fiscalización por denuncia, acta de constatación de hechos en terreno y anexo 4 de informe de inicio de investigación.

Por resolución de fojas 92 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ello frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que lo que se pretende con el arbitrio deducido, es que se declare por esta Corte que la recurrida y sus fiscalizadores carecen de facultades legales para interpretar contratos colectivos de trabajo y consecuencialmente con ello, se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene a la recurrida y sus dependientes que se abstengan de interpretar en el futuro los aludidos contratos entre el actor y sus trabajadores sindicalizados, adoptándose las demás medidas para restablecer el imperio del derecho.

Tercero: Que en la especie, relativamente al arbitrio deducido, nuestra Excma. Corte Suprema, ha expresado que la autoridad administrativa está facultada para calificar jurídicamente los hechos, siendo esta actividad parte de su función administrativa. En efecto, es precisamente dicha calificación jurídica la que es indispensable para el ejercicio de su labor, en particular para la sanción administrativa, por lo que, en consecuencia, no existe en ese evento garantía constitucional alguna que deba protegerse por la presente vía, ya que la Inspección del Trabajo de que se trata no ha actuado como comisión especial, sino en el ejercicio de sus facultades administrativas. (Rol 8393-2013).

Cuarto: Que por lo tanto, la sanción que en su oportunidad cursara el fiscalizador a la actora, por no dar cumplimiento al contrato colectivo vigente a la fecha con sus trabajadores, en especial por las obligaciones contenidas en su cláusula 20° del mismo, referida al bono de incentivos por control de asistencias, lo fue en uso las atribuciones que ese organismo detenta, como se dijera, por lo que pretender que la calificación jurídica que de la citada cláusula que realiza la recurrida pueda ser catalogada de una ilegalidad, resulta un exceso, ya que dicha interpretación forma parte de la actividad administrativa que ella desarrolla, siendo el órgano jurisdiccional la instancia en la cual la misma puede ser controlada por el juez, aplicando al efecto el procedimiento que contempla el artículo 503 del código del ramo.

Quinto: Que por otra parte, de lo actuado en el presente recurso no se advierte que por la recurrente exista un derecho o garantía indubitado del cual sea detentador, como asimismo, que ese derecho haya sido conculcado por un actor arbitrario o ilegal por la recurrida. En ese entendido, no existe una vulneración al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, desde que el informe del fiscalizador constata el no pago de una suma determinada a los trabajadores de la actora. Tampoco se ha producido una trasgresión al derecho de propiedad, por cuanto la multa se aplicó de acuerdo al procedimiento que la ley exige para ello, la cual puede ser cuestionada tanto administrativa como judicialmente. Y por último, en lo relativo al derecho a desarrollar cualquier actividad económica que se habría visto impedido, esto no es posible desde que la cooperativa recurrente ha podido continuar desarrollando normalmente sus labores, las cuales no se han visto afectadas en modo alguno, todo lo cual llevará al rechazo del recurso deducido en tal sentido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de los Recursos de Protección, se declara que se rechaza el deducido a fs. 8 de autos.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Pedro Arraztoa Ancízar, quien estuvo por acoger el recurso interpuesto, en atención a que la recurrida, a través de un fiscalizador, habría procedido a calificar jurídicamente el sentido, alcance e interpretación que se le debe dar a la cláusula n° 20 del contrato colectivo suscrito con sus trabajadores, atribución que sólo puede ser ejercida por el órgano jurisdiccional correspondiente.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción del Ministro don Alejandro García Silva.

Rol Civil N° 1875-2014 No firma el Sr. Luis Alvarado Thimeos, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por haber fallecido.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Luis Alvarado Thimeos, Sr. Alejandro García Silva y el Abogado integrante Sr. Pedro Arraztoa Ancízar.

Incluida la presente resolución en el Estado Diario de hoy.