Protección contra Conafe

Foja: 87 Ochenta y Siete Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, seis de junio de dos mil diecisiete.

Vistos:

A fojas 12 comparece don Fidel Reyes Castillo, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección a favor de don nombre reservado, ignora profesión u oficio, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, Forestal, anciano; y a favor de nombre reservado, niño, estudiante menor de edad y discapacitado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, Forestal, Viña del Mar, así como de todos los habitantes del mencionado campamento, en contra de Conafe, representada por su gerente don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Viña del Mar y de la Municipalidad de Viña del Mar, representada por su alcaldesa, doña Virginia Reginato Bozzo, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Indica que con fecha 08 de marzo se publicó en El Mercurio de Valparaíso el hecho de una reunión ocurrida el 07 de marzo entre la Alcaldía, Conafe V región y los dirigentes de Campamentos, en la cual la alcaldesa no sólo desconoció la autorización para conexión eléctrica, sino que además se negó a autorizar dicha conexión para el nombre reservado, incluso en el sector de los terrenos ocupados que son propiedad exclusiva del Municipio. Por su parte, la otra recurrida, Conafe V Región, negó autorizar la conexión.

Cita los artículos 125 y 126 de la Ley General de Servicios Eléctricos que obligan al concesionario a instalar y prestar el servicio regulado a toda persona que esté dentro del territorio de su concesión, lo que se ve reforzado por el artículo 9 de la Ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y que señala, en lo pertinente: “…La recepción provisoria otorgada conforme a esta ley habilitará al interesado, sea o no el propietario, para optar a programas que cuenten con financiamiento estatal destinados a la ejecución de obras de urbanización o saneamiento del loteo…Asimismo, el certificado de recepción provisoria podrá ser presentado ante las empresas de servicios de distribución domiciliaria con la finalidad de obtener las conexiones a las redes correspondientes…A partir de la recepción provisoria, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, los municipios estarán facultados para celebrar convenios con otros órganos de la administración del Estado, o con empresas de servicios básicos, como electricidad, agua potable, alcantarillado y otros, para los efectos de dotar de servicios a los loteos objeto del procedimiento de regularización de esta ley o para ejecutar la urbanización faltante”.

Colige que la Ley faculta sea o no al propietario, a instalar los servicios básicos, si se ha obtenido la regularización provisoria, a través del procedimiento radicado principalmente en el departamento de obra municipal y que la Municipalidad recurrida no lleva adelante.

Cita normativa de derechos humanos que impone deberes al Estado, tales como: artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre los que se cuenta la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, ya que una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, como agua potable, energía para la cocina, calefacción y alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.

Cita igualmente la agenda 2030 de Naciones Unidas, ratificada por Chile, que señala los objetivos de los Estados, en miras a un cabal cumplimiento de los Derechos Humanos como políticas públicas y políticas de Estado para Chile, entre los cuales se cuenta el fin a la pobreza, lo que implica los medios para trabajar y estudiar, lo que no puede hacerse en la obscuridad sin acceso a computadores que usan electricidad, lo que es casi un impedimento para desarrollarse y superar la pobreza y a oscuras se afecta la seguridad. Igualmente menciona articulado pertinente de la Convención de Derechos del Niño.

Estima infringidas las garantías de los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita se tenga por interpuesto recurso de protección en contra de las recurridas ya referidas, por la omisión en la instalación arbitraria e ilegal, de los servicios básicos de agua potable y electricidad, se acoja el mismo, se restablezca el imperio del derecho, tomando las medidas que fueren menester, proponiendo entre ellas las siguientes:1) Se ordene a Conafe V Región la conexión e instalación a su costa de las redes eléctricas tanto públicas como privadas, salvo lo que por ley corresponda al usuario, en los terrenos Municipales y privados, ya que al estar dentro de la zona de concesión eléctrica deben proveer de su servicio monopólico a todos los habitantes de la zona de concesión, no teniendo el derecho a discriminar a ningún ciudadano; 2) Se ordene al Municipio cesar inmediatamente la obstrucción para que la concesionaria instale electricidad a cada casa del campamento, especialmente en el terreno de su propiedad; 3) Ordenar al Municipio de Viña del Mar y a su alcaldesa, iniciar los trámites para sanear los campamentos obteniendo la regularización provisoria primero, a través del propio Departamento de Obras Municipales, de acuerdo les faculta y ordena la ley 20.234 y sus prórrogas, como la ley de Urbanismo y Construcción y 4) Cualquier otra medida que se estime necesaria tomar.

Acompaña documentos a su recurso.

A fojas 57 informan don nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en representación de la I. Municipalidad de Viña del Mar, solicitando el rechazo del recurso.

Primeramente refieren que lo solicitado a esta Corte se asila en el hecho que los recurrentes, que se domicilian en Avenida Bachelet, casa N° 31 del denominado nombre reservado, ubicado en el sector de Forestal de la comuna de Viña del Mar, refieren que, no obstante, tener la calidad de ocupantes de un terreno ajeno, que hicieron suyo de manera ilegal, ello obliga, por una parte, a Conafe a dotarles de la conexión a la energía eléctrica y, por otro, al Municipio, a regularizar el estado en que se encuentran, esto es, a regularizar su ocupación ilegal, so pretexto de que su parte habría tolerado en los hechos dicho estado de cosas.

Alegan en forma principal la extemporaneidad del recurso, ya que el actor señala haber tomado conocimiento del accionar y la omisión del municipio por una publicación del diario "El Mercurio" de fecha 8 de marzo de 2017, sin embargo, el recurrente ha hecho una interpretación errada de dicha publicación, pues en ella la Sra. Alcaldesa señala exactamente lo contrario a lo referido por el recurrente en su libelo, esto es, acerca de la instalación de una red eléctrica, en la Parcela 15-2, denominada actualmente de manera informal como "nombre reservado", predio cuyo dueño es el Municipio, según se señaló. "Nosotros siempre hablamos del terreno municipal y con eso hemos cumplido. Pero eso no fue un convenio, fue una reunión. Ellos pueden ver eso como quieran". Además, en el libelo el actor pide se conmine al Municipio a regularizar el terreno donde se encuentra asentada la vivienda del recurrente, sin embargo, la publicación no se refiere a dicho punto, sino que sólo se refería a temas de tendido eléctrico y no a otros servicios públicos o la situación jurídica de la toma.

Así cabe la extemporaneidad, por cuanto el supuesto conocimiento de los recurrentes relativo a los hechos que dan origen al presente recurso, no pudo ser adquirido en la fecha que indican, sino que en una anterior.

Como alegaciones subsidiarias, plantean una cuestión previa relativa al dominio del inmueble que los recurrentes ocupan vulnerando el ordenamiento jurídico, toda vez que la Municipalidad de Viña del Mar en el año 2007 adquirió el Lote 15.2 o Parcela 15.2, que es el lugar que los recurrentes ocupan de manera espuria, haciendo presente que en el mismo año 2007, el Municipio había adquirido, vía donación, otro lote denominado 15.1. Así, a finales del año 2010, comienzos del año 2011 y después de que un importante grupo de personas había efectuado ocupación ilegítima del Lote 15.1 antes mencionado, otro diverso grupo de personas, azuzados por los primeros, procedieron a ocupar ilegítimamente un terreno de absoluto dominio municipal, entre los cuales están los recurrentes, quienes de modo irregular, esto es, sin ninguna autorización de la Dirección de Obras Municipales de la comuna de Viña del Mar y con total infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza y Plan Regulador de la comuna, levantaron una vivienda sin contar con ningún servicio básico disponible, en específico luz y agua.

Los recurrentes indican vivir en domicilio reservado, nombre reservado, pero tal arteria no existe, no está en el plano regulador de la ciudad, sino que se trata de una ocupación de carácter delictivo, a la que, en virtud de las acciones humanitarias que ha debido desplegar el Municipio en ese sector, se pretende atribuirle la adquisición de un título de dominio que autoriza a los recurrentes a exigir el otorgamiento del servicio de energía eléctrica, lo que sí se ha hecho, pero con el carácter de solución humanitaria, porque en el lugar se han instalado no sólo adultos, sino que adultos de edad avanzada y niños de toda edad.

Agrega que el 17 de febrero de 2012, dado que tanto el lote 15.1 como el lote 15.2 eran objeto de una ocupación ilegal, la señora Alcaldesa, doña Virginia Reginato Bozzo, solicitó a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y las Unidades correspondientes, el inicio de acciones judiciales para precaver el patrimonio municipal, informándose a la Dirección Jurídica del Municipio que al 22 de febrero de 2012 el lote o parcela 15.2 ya era ocupado por unas 100 familias que correspondían al 14,2% del total de los grupos de familias usurpadoras, sin que existiese un catastro detallado de las mismas, lo que motivó interponer ante el Ministerio Público una denuncia por usurpación del artículo 446 y siguientes del Código Penal, cuyo RUC es 1200206622-8.

Señala que los recurrentes son meros ocupantes de un predio cuyo dueño tiene su posesión inscrita en el respectivo registro del Conservador de Bienes Raíces, de lo que se colige que carecen de todas y cada una de las facultades que el dominio confiere al verdadero dueño, no pudiendo exigir nada al propietario. Ningún acto de mera tolerancia desplegado por el Municipio puede conferir título alguno a los recurrentes, como tampoco abrirles la posibilidad para exigir del dueño la instalación de mejoras.

En relación a la situación actual del predio, no es indiferente para el Municipio la ocupación, porque hay familias de escasos recursos, pero hay otras personas de mala fe que buscan una solución habitacional. Por ello se ha proveído al sector de agua potable, mediante la entrega del vital elemento a través de camiones aljibes, como también de la recolección de los residuos sólidos generados por el campamento.

En relación a la electricidad, el Municipio no se encuentra por sí solo en condiciones de asegurar una red de tendido eléctrico que permita a las familias contar con dicho servicio público, pues para hacerlo requiere que la empresa que provee este servicio, Conafe S.A, realice la instalación y habilitación de la red respectiva conforme al ordenamiento legal vigente. La Municipalidad carece de facultades para obligar a Conafe a realizar esa instalación, inclusive siendo dueño del predio, sin embargo, se ha gestionado ante Conafe la habilitación de este servicio.

Indica que se han realizado gestiones con la empresa Conafe, tales como, el envío de la documentación que acredita el dominio del lote o parcela 15.2, para complementar la solicitud del Municipio de instalación de 10 empalmes eléctricos en esa parcela; reuniones en donde se alcanzaron acuerdos y compromisos, estableciendo la manera de alcanzar en forma definitiva una solución para generar la concesión eléctrica. Agrega que el 14 de febrero de 2017, la señora Alcaldesa precisó a Conafe, a través de oficio, que: 1) Que la Municipalidad se encontraba desarrollando un plano de loteo con el objeto de brindar una solución habitacional a sus ocupantes, sujeto ello al amparo de lo previsto en la Ley N° 18.138; 2) Que, sin perjuicio de lo anterior, que para la ejecución del referido loteo, no existía inconveniente en que los lotes habitacionales resultantes fueren dotados desde ya de empalme eléctrico sujeto, sin embargo, a que los referidos empalmes se acordasen con las familias beneficiadas según el catastro oficial elaborado por la Dirección de Desarrollo Comunitario y su instalación respetase estrictamente las viabilidades y los lotes en la ubicación, configuración, medidas y demás características establecidas en el anteproyecto de plano de loteo; el Oficio adjunto a Conafe el mencionado catastro en tanto no había claridad respecto de los beneficiarios y el anteproyecto ya señalado.

En el mencionado catastro figura el nombre del recurrente nombre reservado como beneficiario del Lote F 14, de tal manera que quienes recurren gozarán de conexión eléctrica en su casa habitación una vez realizados los empalmes respectivos, tarea en la que se encuentra a la fecha trabajando personal de Conafe y encontrándose la postación respectiva ya instalada, lo que demuestra que el Municipio no ha obstaculizado las gestiones de conexión eléctrica ante Conafe, sino que las ha impulsado.

En cuanto a la regularización del predio, resulta imposible aplicar el estatuto legal de la Ley N° 20.234 y la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en los términos solicitados por el recurrente, respecto a sanear el campamento, lo que además excede al alcance de un recurso de protección, por cuanto no se cumple con el artículo 2 de dicha normativa. Además, la Ley General de Urbanismo y Construcción, en sus artículos 79 y 80 se refieren a poblaciones, que para tener la condición de tales deben ser formadas de acuerdo a las normas de los artículos 65 y siguientes de dicha ley, relativas a la subdivisión y urbanización de suelos, lo que en este caso no concurre al tratarse de una toma ilegal, en la que no existe una subdivisión y urbanización aprobada.

Refiere que no se cumplen los presupuestos básicos para una tutela judicial en el marco de la Acción Constitucional de Protección, ya que no se puede colegir de forma alguna que haya existido alguna acción por su parte de carácter obstructivo, ni una omisión al no actuar bajo la normativa de la Ley N° 20.234, por cuanto no es posible darle aplicación.

Acompaña documentos a su informe.

A fojas 74 informa don Cristóbal Valenzuela González, abogado, en representación de Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A., en adelante "CONAFE", solicitando el rechazo de la acción de protección, con costas.

Señala que el recurso no contiene una solicitud precisa o concreta respecto de los recurrentes, siendo improcedente, ya que no se trata de una acción popular, debiendo accionarse en favor de quien sufre un perjuicio en el legítimo ejercicio de un derecho. En este caso, se efectúa una solicitud absolutamente general e indeterminada y no acotada o precisa respecto de la persona específica de los recurrentes. Tampoco se explica cómo los actores han visto vulneradas sus garantías constitucionales.

Por otro lado, no existe acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de Conafe que amerite acoger el recurso.

Sin perjuicio de lo referido, señala que el nombre reservado se fundó en el año 2011, en la parte alta del sector de Forestal, Viña del Mar, conformado por muchísimas familias agrupadas hoy en 10 Comités de Vivienda, que ocupan sin título alguno, tanto terrenos privados como municipales. Lo cierto es que la I. Municipalidad de Viña del Mar, desde hace años, instruyó una mesa de trabajo con el objeto de abordar y solucionar los distintos problemas que tienen las familias de dicho campamento, entre los cuales se encuentra el suministro eléctrico.

Señala que la legislación eléctrica establece que los concesionarios de servicio público de distribución deben exigir a los interesados que soliciten la conexión del servicio, copia legalizada de los títulos de dominio del inmueble o instalación o, en su caso, la respectiva autorización notarial para tales fines, otorgada por quien aparezca como dueño de ellos, por lo que Conafe se encuentra imposibilitada de acceder a los requerimientos de aquellas familias del nombre reservado que ocupan terrenos privados, donde sus dueños no han autorizado ni solicitado la conexión del servicio. Es más, Conafe ha recibido cartas de un propietario de estos terrenos (Quiscal S.A.) señalándole expresamente "que no se otorgue conexión sin establecer previamente la calidad jurídica del ocupante respecto del inmueble que detenta y para el que solicita conexión".

Indica que el mérito de lo anterior, Conafe solicitó a la SEC pronunciamiento acerca de la posibilidad de entregar el servicio público de electricidad a través de líneas de terceros, establecidas en un inmueble particular, a las viviendas del nombre reservado e hizo presente a la SEC, que la empresa Quiscal S.A. propietaria de parte del predio en que se encuentra el referido campamento, solicitó a Conafe abstenerse de otorgar suministro eléctrico por la precariedad y riesgo que conlleva este tipo de asentamiento humano. Con fecha 7 de abril de 2017, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) se pronunció respecto de la consulta realizada, respondiendo en lo medular que Conafe “...debe solicitar el título de dominio vigente del inmueble a que pide el servicio o recibe el suministro, o bien, una autorización notarial del propietario de las instalaciones o del inmueble según corresponde, actuando así de acuerdo con el marco legal vigente..." Señala que Conafe, en coordinación con la I. Municipalidad de Viña del Mar, se encuentra hoy construyendo una red de distribución de media y baja tensión en la Parcela 15-2 del sector de Forestal, Viña del Mar, de dominio municipal, con el objeto de conectar a las 157 familias (según información proporcionada por SECPLAC Viña del Mar) que ocupan dicho terreno y que se agrupan en 3 de los 10 Comités de Vivienda que conforman el Campamento. Según información proporcionada a Conafe, los recurrentes formarían parte de las familias que se verán beneficiadas con estas obras, lo que demuestra que el recurso de protección no tiene ningún sustento ni asidero.

Agrega que comenzaron las obras necesarias en el mes de noviembre de 2016 y al día de hoy la construcción de la red de distribución de media y baja tensión presenta un 95% de avance.

Con fecha 7 de marzo de 2017 se realizó una reunión convocada por la I. Municipalidad de Viña del Mar, donde participaron junto a Conafe los 10 Comités de Vivienda de dicho campamento. En esa reunión Conafe informó de la construcción de la red de distribución en el terreno municipal referida (lote 15-2). Adicionalmente informó que proporcionará los empalmes de cada vivienda y coordinará en conjunto con los Comités correspondientes los requerimientos administrativos y técnicos para ejecutar la conexión como cliente final, coordinación que se realizó en reunión conjunta que se realizó el sábado 22 de abril de 2017, donde se le entregó a las familias toda la información y documentos necesarios que ellos deben proporcionar para proceder con la conexión del servicio eléctrico.

Acompaña documentos a su informe.

A fojas 80 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que lo primero que cabe dilucidar es si esta acción de protección que sido interpuesta en forma extemporánea, como lo sostiene la recurrida Municipalidad de Viña del Mar, o bien ella se encuentra dentro de los plazos legales pertinentes. Esta parte recurrida sostiene al efecto que el plazo debe contarse desde la publicación efectuada por El Mercurio el 8 de Marzo de 2017 y que daría cuenta de la negativa del municipio de regularizar la situación que han planteado los recurrentes en este libelo.

Segundo: Que, sobre este punto, debe considerarse que los recurrentes plantean diversas situaciones que les aquejan y que se prolongan en el tiempo, por lo que debe estimarse que existen efectos permanentes que van más allá de establecer una fecha precisa respecto de la cual comience a operar algún plazo y ello sin perjuicio de tener que evaluar el contenido de la reunión que da cuenta el periódico, esto es, si constituye en efecto una negativa o una parte de las correspondientes tratativas, en virtud de lo anterior, será desestimada la extemporaneidad planteada por el municipio Viña del Mar.

Tercero: Que, en cuanto al fondo, en la especie se ha planteado un recurso de protección entablado en contra de la Municipalidad de Viña del Mar y en contra de la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica, con el objeto de que la segunda haga la conexión e instalación de las redes pública y privadas en los terrenos que estén dentro de la zona de concesión eléctrica; que la primera cese en el impedimento para la referida instalación e inicie los trámites para sanear el campamento del que integran los recurrentes; indicándose que el actuar de los requeridos les afecta sus garantías constitucionales establecidas en los números 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, en primer lugar, cabe señalar que a través de este arbitrio, se pretende que la Corte se pronuncie, dentro del marco de un recurso de protección, de materias que no están en el marco de su competencia. En efecto, el recurso de protección está concebido para abordar y solucionar problemas graves y de urgencia, en que aparezca patente una infracción constitucional manifiesta, cuyo no es el caso. Lo anterior en virtud de que la situación planteada es de público conocimiento que se arrastra desde hace muchos años, en concreto a partir del año 2010 y que tiene su origen en tomas irregulares de terreno, cual ocurre en el presente caso. La dilatación en el tiempo del problema y la existencia de varios actores involucrados, demuestran la complejidad del tema, el análisis de normativa concreta que es atinente a la materia, de lo cual no puede pretenderse que por esta vía excepcional pueda darse una solución definitiva al tema.

Quinto: Que, en segundo término, en la especie han accionado dos personas naturales y hacen referencia a todos los habitantes del nombre reservado. Como no estamos en presencia de una acción popular, la forma de interposición del presente recurso es erróneo y en el caso hipotético de acogerse éste, no tiene un efecto expansivo. Fuera de lo anterior, también la situación del referido ocupante es diferente, pues se encuentran distribuidos en distintos lotes o parcelas, inclusos con propietarios diferentes, por lo que el régimen jurídico de cada lote es distinto, lo que es más que suficiente para rechazar la acción constitucional interpuesta.

Sexto: Que, de otro lado, las partes están contestes en que por lo menos en uno de los tres lotes en que está dividido el terreno, la solución al problema de la regularización se encuentra bastante encaminada, dado que siendo efectivo que independientemente de la legalidad de los títulos, en este tema se encuentran involucrados aspectos humanitarios que impelen a una debida solución. Incluso en la especie existe un cronograma y fechas tentativas en que algunos de las materias que integran este recurso de protección, podrán tener una solución favorable.

Séptimo: Que, además, no podemos olvidar que toda la problemática que se ha planteado, tiene su origen en una toma irregular. En ese sentido la Corte, a través de un recurso de protección, no puede cohonestar una situación de hecho ilegítima e irregular, dado que, a mayor abundamiento, de acuerdo a los informes de los recurridos, existe una denuncia por usurpación ante el Ministerio Público, la que deberá ser resuelta a través de los procedimientos ordinarios.

Octavo: Que, en concreto, tratándose por una parte de que a través de este recurso de protección se plantean cuestiones de carácter técnicas relacionadas con la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Leyes 18.138 y 20.234, y de que se encuentran involucrados otros servicios u organismos que también deben evacuar sus informes, esta vía resulta absolutamente inidónea para abordar las peticiones que se contienen en el libelo, existiendo instancias y procedimientos distintos que los afectados pueden interponer.

Noveno: Que, por lo demás, existiendo avances significativos en la solución de algunos de los problemas más acuciosos que plantea el recurso, como es la instalación eléctrica de aquella parte más avanzada del campamento que se encuentra en vías regularización, también este recurso pierde oportunidad ante dicha realidad.

Décimo: Que, por último, de acuerdo a lo expuesto tampoco se advierte transgresión alguna a las garantías constitucionales que se han invocado, por lo que en razón de ello y por lo expuesto en los considerandos precedentes, esta acción será rechazada.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto a fojas 12 y siguientes por Fidel Reyes Castillo, en la representación que inviste, en contra de la I. Municipalidad de Viña del Mar y Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A., sin costas.

Se previene que la Ministra Sra. Donoso adscribe a todos los fundamentos, con excepción del N° 7.

Y tiene, además, presente que sin perjuicio delo resuelto, resulta necesario consignar que conforme a la Constitución Política de la República y Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, especialmente en su artículo 7°, el Estado debe asegurar condiciones dignas de vida a todos los administrados y, en consecuencia, la dilación de las tratativas en los Campamentos en examen, deviene en incumplimiento de las normas antes citadas.

Anótese, regístrese, notifíquese a las partes y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro Sr. Jaime Arancibia Pinto.

N° Protección- 1874 -2017.-