nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado don Maximiliano Benjamín Merino Toledo, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de A.F.P. Hábitat S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en negarse a cursar la solicitud de devolución de fondos previsionales para extranjero N° 46800002749, comunicada mediante correo electrónico de 10 de diciembre de 2025.

Expone que la recurrente cuenta con título de educación superior de Técnico Superior en Administración, mención Contabilidad y Finanzas, debidamente apostillado, y que se desempeña laboralmente para la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana desde mayo de 2022, relación que se rige por el Código del Trabajo. Agrega que el 2 de julio de 2025 se suscribió un anexo de contrato en el que la trabajadora manifestó su voluntad de mantener su afiliación a un régimen previsional extranjero, con los efectos allí indicados.

Añade que, para acreditar afiliación y cotizaciones en su país de origen, acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), actualizada al 8 de enero de 2026, con firma y código de verificación, lo que –a su juicio- satisface el estándar de certeza jurídica dispuesto en la Ley N°19.799 y, aún más, explica que en dicho documento se señala la “fecha de contingencia” para el 25 de diciembre de 2028, que coincide con el cumplimiento de la edad legal de jubilación de su representada, esto es, a los 55 años según la legislación venezolana.

A mayor abundamiento, sostiene que posee 706 semanas cotizadas y acumuladas, con fecha de primera afiliación el 3 de agosto de 1987, lo que demuestra una historia previsional real, efectiva y consolidada en su país de origen y que, la cobertura integral del sistema venezolano, se encuentra regulado detalladamente en el Reglamento General de la Ley del Seguro Social, promulgado mediante Decreto N°8.922, publicado en la Gaceta Oficial N°39.912 de 30 de abril de 2012, desprendiéndose de sus artículos 118, 148 y 162 la total cobertura en materia de salud y previsión.

Reclama que, el 9 de diciembre de 2025, la recurrida rechazó dar curso a la solicitud, argumentando para ello, la respuesta otorgada a un acto previo, en cuanto le indica que debe estarse a la carta de rechazo enviada el 25 de julio de 2025, que imponía la obligación de presentar en cualquier sucursal los documentos físicos originales, lo que es –a su entender- ilegal, pues requiere la incorporación física de un documento que solo tiene existencia electrónica. Asimismo, añade que existe una contradicción en los actos de la propia A.F.P. que en su oportunidad calificó el documento del IVSS “sin observación”, pero posteriormente rechazó la solicitud exigiéndole en formato físico un documento que no existe en esa modalidad.

Estima que el acto impugnado vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, solicita que se tenga por acreditado el requisito de afiliación previsional extranjera mediante el certificado electrónico del IVSS acompañado, validando su verificación legal, asimismo, que se proceda a la devolución íntegra de los fondos de la actora en el plazo que esta Corte determine, con costas.

A folio 7, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones. Como primera cuestión, hace presente que la señora actora no registra presentaciones ante ese organismo relativas a solicitudes de devolución de fondos al amparo de la Ley N°18.156.

En cuanto al fondo, explica que la exención de cotizar y la devolución de fondos contempladas en la Ley N°18.156 constituyen un régimen excepcional, aplicable solo si se acreditan copulativamente los requisitos del artículo 1°: (a) afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, que otorgue prestaciones al menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y (b) manifestación en el contrato de trabajo de la voluntad de mantener dicha afiliación; agregando que el artículo 7° condiciona la devolución al cumplimiento de los mismos requisitos.

Precisa que, conforme a su jurisprudencia administrativa, para satisfacer el requisito de la letra a) se exige una acreditación específica en orden a que el trabajador ha contado efectivamente, a todo evento, con protección por los riesgos exigidos durante todo el tiempo de prestación de servicios en Chile, y que, en materia de salud, la cobertura debe ser integral, comprendiendo prestaciones médicas y pecuniarias. Añade que la afiliación al régimen extranjero debe existir con anterioridad al inicio de los servicios en Chile. Asimismo, señala que el documento debe emanar de la entidad competente y presentarse debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

Argumenta que, la recurrente acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS, cuyo texto da cuenta, en síntesis, de semanas cotizadas, fecha de primera afiliación, estatus de asegurado cesante y una referencia general a las contingencias cubiertas por la Ley del Seguro Social venezolana, concluyendo que dicho documento no sería suficiente para acreditar el requisito de cobertura previsional del artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, pues: a) No acredita cobertura efectiva y a todo evento de los riesgos exigidos por la ley durante todo el período en que prestó servicios en Chile; b) No se encuentra firmado por quien lo emite; y c) No está legalizado ni apostillado por la autoridad competente, conforme a la normativa aplicable.

A folio 10, informa la recurrida AFP Habitat S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, sostiene la improcedencia de esta acción constitucional, señalando que no existiría acto ilegal o arbitrario, sino la aplicación estricta de la Ley N°18.156, normativa de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, cuyos requisitos no han sido acreditados por la recurrente.

Expone que la recurrente presentó solicitud de devolución conforme a la Ley N°18.156, el 14 de julio de 2025, acompañando cédula de identidad para extranjeros, copia de título profesional apostillado, anexo de contrato de trabajo en que manifiesta su voluntad de mantener afiliación previsional extranjera y constancias electrónicas de cotizaciones emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y que, el 21 de julio de 2025, mediante informe de Fiscalía interna, se rechazó la solicitud por estimar que la documentación aportada no cumplía con las exigencias legales, específicamente por cuanto la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS carecía de firma autorizada y no se encontraba apostillada, y que la apostilla del título universitario presentaba código QR ilegible, solicitándose la presentación física y original de la documentación.

Añade que, el 10 de diciembre de 2025, ante una nueva solicitud ingresada por la recurrente, se le informó que no era posible cursarla mientras no acompañara los documentos físicos originales en los términos previamente indicados.

Afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones presentada por la recurrente no cumple con las exigencias para otorgar el beneficio, por carecer de firma del responsable y de legalización o apostilla, señalando que la verificación en línea mediante código electrónico no sustituye los requisitos formales previstos en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y en el Convenio de La Haya sobre Apostilla.

Agrega que las Administradoras se encuentran obligadas a aplicar las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Pensiones, particularmente las contenidas en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que exigen que la documentación presentada para estos efectos se encuentre debidamente legalizada, bajo apercibimiento de no dar curso a la solicitud.

Finalmente, señala que los fondos previsionales de la recurrente permanecen íntegramente en su cuenta individual, sin que hayan sido desconocidos ni apropiados por la Administradora, pudiendo la afiliada ejercer los derechos previsionales que le otorga el D.L. N°3.500 en las condiciones generales del sistema, y que, de subsanar las observaciones formuladas, podría volver a presentar solicitud conforme a la normativa vigente.

A folio 11, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Habitat S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales de la actora.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que la recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana cuya profesión sería la de Técnico Superior en Administración (mención contabilidad), y que cuenta con permanencia definitiva en el país.

2° Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo con la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana, el 1 de marzo de 2024, para desempeñarse en funciones de encargada de inventario en el establecimiento educacional Liceo Bicentenario Técnico Profesional Mary Graham, consignándose en el párrafo segundo de la cláusula segunda, que la Corporación hará las deducciones legales que sean de cargo de la Asistente de la Educación, y en la cláusula octava, que la Asistente de la Educación se regirá en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el desempeño de sus labores, por las normas de la ley 16.744.

3° Por anexo de contrato de trabajo simple, de 2 de julio de 2025, las partes estipulan que complementan el contrato a que se refiere el numerando previo, haciendo mención que durante el tiempo que doña nombre reservado, preste servicios a la Corporación Municipal, opta por mantener el régimen previsional al que está afiliada fuera de Chile, esto es, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de acuerdo a las disposiciones que se establecen en la Ley N°18.726, liberando a la Corporación Municipal de Villa Alemana de su obligación de efectuar el pago de imposiciones en organismos de previsión chilenos.

4° La recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales en dos oportunidades. En la primera ocasión, en julio del año 2025, la recurrida rechazó tal petición, fundado en que no cumplía con las exigencias legales, específicamente por cuanto la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS carecía de firma autorizada y no se encontraba legalizada o apostillada, y que la apostilla del título universitario presentaba código QR ilegible, por lo que se le solicitó la presentación física y original de la documentación. En la segunda oportunidad, el 9 de diciembre de 2025, ingresó una nueva solicitud a través del portal web de la Administradora, la que fue informada como no cursable mediante correo electrónico de 10 de diciembre de 2025, atendido lo indicado en la carta de rechazo anterior de 25 de julio de 2025, requiriéndose nuevamente que, para una nueva gestión, se acompañaran documentos físicos originales para su revisión por Fiscalía.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si la recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo con lo relacionado y con los documentos que obran en la carpeta electrónica, consta que la recurrida reprocha que el certificado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma de la autoridad competente y no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, cuestionando así su autenticidad; asimismo, objeta el título profesional acompañado, por cuanto la apostilla incorporada no permite su verificación, atendido que el código respectivo resultaría ilegible.

En efecto, es efectivo que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, no reviste ninguna utilidad en tanto dicho documento sólo señala la fecha de afiliación y deja constancia de la calidad del recurrente como asegurado, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera, por medio de una referencia al derecho extranjero, transcribiendo el artículo 1 de la Ley del Seguro Social de Venezuela, lo que tampoco permite establecer la concurrencia de los requisitos ya referidos, sin perjuicio de recordar aquí que el derecho extranjero debe ser probado en Chile, por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe traer a colación la calidad de la recurrente como titular de permanencia definitiva, lo que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican para los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en ciertas situaciones, la devolución de los fondos previsionales, en una condición de privilegio para los trabajadores extranjeros que han decidido legítimamente avecindarse en Chile de manera definitiva, permitiéndoles sustraerse de las obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como una suerte de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y que además supone una probable carga previsional para el Estado de Chile que igualmente deberá atender, a lo menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores extranjeros con permanencia definitiva, en tanto éstos no contarán entonces con ahorro previsional.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.

Se previene que la ministra Nancy Bluck Bahamondes concurre al rechazo teniendo únicamente presente que, a su entender, la materia discutida requiere un procedimiento de lato conocimiento y corresponde a las materias descritas en la letra c) del artículo 420 del Código del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-187-2026.

En Valparaíso, veintitrés de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.