nombre reservado CONTRA TESORERIA REGIONAL DE VIÑA DEL MAR

Foja: 73 Setenta y Tres edp C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticinco de agosto de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 16, don nombre reservado, empresario gastronómico, domiciliado en domicilio reservado, acciona de protección en contra del Juez Sustanciador de la Tesorería Regional de esa ciudad don nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado.

Señala que el día 4 de julio de este año y en su presencia, el recaudador fiscal don Enrique González Pereira embargó las patentes comerciales que protegen su actividad laboral y comercial y que son las siguientes: 1.- Patente gaseosas rol 217.411-K; 2.- Comerciales rol 266178-1; 3.- De alcohol Nº 401.849-3, restaurant turismo; y 4.- De alcohol, restaurant, rol 402.122.

Indica que la actuación mencionada constituye procesalmente una ampliación de embargo, dado que con anterioridad se habían embargado los elementos muebles del local, tales como sillas, refrigeradores, mesas y otros.

Sostiene que en contra de los juicios tributarios seguidos en su contra tiene interpuesto excepciones, de todas las obligaciones que tienen una data de cobranza de más de tres años, lo que motivó que se decretara la suspensión del pleito, mientras pende la tramitación de la excepción alegada.

Señala que la Constitución Política de la República en su artículo 19 Nº 16 asegura a todas las personas la libertad de trabajo y su protección, que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida y que su actividad principal es el comercio el cual ejerce en el ramo de restorán de turismo, denominado Stella Maris, en el borde costero de Viña del Mar – Con Con.

Dice que el embargo sobre las patentes le impide seguir comerciando y laborando el restorán, lo que constituye un acto de autoridad que prohíbe la ejecución de la actividad laboral que ejerce, lo que perjudica a su familia y a los dependientes del local.

Agrega que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 445 señala los bienes inembargables, entre los que se cuentan los libros relativos a la profesión del deudor, las máquinas e instrumentos de los que éste se sirve, los uniformes y equipos de los militares, los objetos indispensables al ejercicio personal del arte u oficio… etc. e indica que tal enumeración no es taxativa y que lo que pretende el legislador es que el deudor o ejecutado, asediado por el cobro de obligaciones impagas, no sufra, por dicho cobro la posibilidad (sic) de subsistir por su labor, trabajo, oficio o actividad.

Finalmente señala que el propio juez decretó la suspensión del apremio, lo que lo no se condice con haber seguido adelante la ejecución con la ampliación de embargo que afectó a las patentes ya mencionadas.

Pide que se deje sin efecto la ampliación de embargo que afectó a las aludidas patentes comerciales por tratarse de bienes inembargables.

A fojas 63 el recurrido informa y pide el rechazo de esta acción de naturaleza constitucional, en todas sus partes y con expresa condenación en costas.

En primer lugar señala que en contra del recurrente se siguen diversas demandas (12) para recuperar créditos que adeuda al Fisco de Chile, deudas que alcanzan a la suma de $ 172.550.247.- y no sólo una como lo da a conocer en su recurso.

Enseguida hace un cuadro explicativo de las mismas, donde aparecen las doce causas seguidas en contra del recurrente, con las fechas en que se generaron los respectivos expedientes, la etapa en que se encuentran, los montos demandados y los roles que corresponden a cada una.

Se hace cargo de la afirmación que se hace en el libelo que contiene la acción en el sentido que “el Juez sustanciador decretó las suspensiones de la tramitación del juicio mientras pende la tramitación de las excepciones alegadas por esta parte”, expresando que ello es completamente falso, puesto que, si bien es cierto que se entabló una excepción de prescripción, sólo se entabló en 1 de los 12 expedientes, encontrándose suspendida la tramitación en ese solo expediente y no en los demás en los cuales no se interpuso excepción alguna.

Del referido cuadro, la última causa, Rol 10885-2013, es la única que aparece con suspensión (del apremio). De las otras 11 causas en una se señala “Cierre Administrativo” y, en las restantes 10, su estado indica que están en etapa de embargo.

El recurrido manifiesta que es absolutamente improcedente que se decretara la suspensión del apremio en las once causas en que el recurrente no opuso excepción alguna.

Se hace también cargo de la afirmación del actor en el sentido que, por un acto de autoridad, se le habría prohibido la ejecución de la actividad laboral que ejerce explotando el restorán y que sin patentes comerciales no podría efectuar la actividad laboral que lo sustenta, al igual que a sus familiares y a los empleados del local, entre los cuales se cuentan cocineros, garzones, cajera, secretaria y relacionadores públicos, todos dependientes de la misma actividad gastronómica. A ese respecto precisa que la traba del embargo en caso alguno puede afectar tal actividad, porque embargo no es sinónimo de remate y que aquél no produce una especie de muerte civil como lo esgrime el actor, ni es una situación desamparante que lo conduzca a la ruina como lo ha afirmado.

Finalmente indica que ninguna de las patentes embargadas es de aquellos bienes que se señalan como inembargables en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil y que no pueden equipararse o igualarse con los libros relativos a la profesión del deudor o a las máquinas e instrumentos de que se sirve, ni a los uniformes y equipos de los militares, ni a los objetos indispensables al ejercicio personal del arte u oficio de algún deudor ejecutado.

Ambas partes acompañaron documentos, respectivamente, al momento de interponerse la acción y al informarse ésta.

A fojas 67 se trajeron los autos en relación, se dispuso la inclusión de la causa en Tabla y en su vista alegó el abogado de la parte recurrida.

CONSIDERANDO:

1.- El recurrente, persona natural y empresario gastronómico es el titular de las patentes comerciales embargadas, las que amparan su local comercial de restorán y, por tanto, es el afectado y tiene interés y la calidad jurídica necesaria para ser precisamente el legitimado activo para deducir esta acción de naturaleza constitucional.

2.- En principio, el acto contra el cual se recurre no es de aquellos que la doctrina y la jurisprudencia consideran como recurribles por medio de este arbitrio. En efecto, las ampliaciones de embargo que recayeron en las patentes ya referidas, responden a actuaciones judiciales llevadas a cabo por el recaudador fiscal que emanan de resoluciones que en uso de sus atribuciones dictó el Juez Sustanciador de la Tesorería Regional de Viña del Mar que, conforme al Código Tributario, no obstante ser un funcionario administrativo, está constituido en un juez especial, que cumple funciones jurisdiccionales; y, por regla general, las actuaciones judiciales no son recurribles por esta vía excepcional, desde que las resoluciones que las disponen pueden ser objeto de recursos, es decir, las partes pueden impugnarlas por los medios legales, sin recurrir a esta acción constitucional, la que en todo caso se ha estimado procedente cuando las resoluciones judiciales respectivas afectan a derechos de terceros, ajenos a la relación procesal de que se trate, o sean manifiestamente contrarios al ordenamiento jurídico, en cuanto dan cuenta de abuso de poder.

Por lo demás, quien ha accionado por este medio bien pudo oponerse al embargo, pedir su sustitución o su reducción conforme a las reglas generales establecidas en el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, supletorio para el procedimiento en que se dispuso el embargo de las patentes y no existe antecedente alguno en orden a que hubiera hecho uso de tales facultades procesales.

3.- Enseguida cabe considerar que el recurrente estima afectada su libertad de trabajo y su protección y señala que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, citando el Nº 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Respecto de dicha garantía constitucional, conforme al texto del artículo 20 de la carta fundamental, lo que está amparado por la acción de protección es la libertad de trabajo, el derecho a la libre elección y libre contratación y el que ninguna clase de trabajo poder ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o salubridad públicas, o que lo exija en interés nacional o alguna ley lo declare así, como asimismo la no obligatoriedad de afiliación para el ejercicio de algún trabajo.

La referida garantía corresponde o se da en el marco del derecho propiamente laboral, es decir, en el de las relaciones subordinadas o dependientes en las que por una parte una persona natural se compromete a prestar servicios personales para otra, natural o jurídica, la que tiene, a su vez, el poder de dirección o mando y que debe otorgar ese trabajo convenido y remunerar por el mismo al trabajador.

No se divisa como los actos que se impugnan por medio de este recurso puedan afectar a tal garantía, salvo que el mismo se reconduzca por esta Corte hacia la garantía del Nº 21 del mismo artículo 19 de la Constitución Política, esto es, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a los bienes jurídicos y valores que tal norma indica. Lo anterior dada la calidad de comerciante del recurrente y la amenaza que para ella pudiera significar el embargo de las patentes municipales que amparan su actividad.

4.- Ahora bien, aun en este último caso, deberá tenerse en cuenta que el derecho del recurrente a explotar su local comercial, que supone contar con las respectivas patentes municipales, no es de manera alguna indubitado.

En efecto, según se aprecia de los propios documentos aparejados por el actor, los embargos de tales patentes comerciales se llevaron a efecto en las causas Nº 1012-2007; Nº 550-2004; y Nº 572-2005, en tanto que según lo informado por el recurrido tales causas forman parte de doce que se llevan en contra del recurrente, las que representan una cobranza por la suma total de $ 172.550.274- y en la que se opuso la excepción de prescripción y en la cual el apremio fue suspendido es solo una, la Nº 10885-2013, que no coincide con aquellas en que se practicaron los embargos.

Así, el riesgo de embargo de las patentes siguió latente para el recurrente, puesto que en 11 de dichas causas el procedimiento de apremio no fue suspendido ya que ninguna excepción opuso el deudor en ellas.

5.- En cuanto a los actos reclamados o impugnados –el embargo de las patentes comerciales del recurrente- no pueden estimarse ilegales, desde que emanan de una autoridad con facultades suficientes y son consecuencia, como se dijo, de resoluciones dictadas en las causas incoadas en contra del recurrente, en un procedimiento reglado por los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, las que se encontraban en su fase de apremio y, particularmente, en uso de las facultades que al Juez sustanciador le confieren los artículos 170 y 171 de ese cuerpo legal.

Tampoco existe algún antecedente que permita sostener que tales actos sean fruto del mero capricho de quien los decretó o de quien los llevó a cabo o que sea irracionales o atenten contra la lógica, como para que puedan estimarse arbitrarios.

6.- A mayor abundamiento, el recurrente sostiene que habría ilegalidad en los embargos de las patentes, las que asimila a las especies que se mencionan en algunos de los numerales del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, que señala cuáles son las inembargables.

No es posible compartir tal tesis, primeramente porque la regla general en la materia es que la todas las especies son embargables y la excepción es la inembargabilidad dispuesta por el artículo 445 citado, de tal suerte que esta última norma legal debe ser interpretada restrictivamente, y cabe considerar que, en la enumeración dada por esa disposición legal, no se incluyen patentes comerciales.

7.- Corresponde, por último hacerse cargo que en el recurso se alude y de una manera muy general e incompleta a “los libros relativos a la profesión del deudor”, “las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor, “los uniformes y equipos de los militares” y “los objetos indispensables al ejercicio del arte u oficio…, etc.”, citándose el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil y se dice además que la enumeración que da esa norma no es taxativa.

El Nº 9º de esa disposición legal señala como inembargables y hasta la suma de 50 UTM los libros de los profesionales, tales como los que abogados, médicos, ingenieros y otros profesionales utilizan en el ejercicio de sus actividades propias, cuyo no es el caso de autos, desde que el recurrente no tiene esa calidad.

El Nº 10 se refiere a las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta el mismo valor. Se trata de especies que utilizan docentes para impartir sus enseñanzas, cuyo tampoco es el caso del recurrente.

El Nº 11 se refiere a los uniformes y equipos de los militares, calidad que tampoco tiene quien dedujo esta acción.

Y el Nº 12 señala que no son embargables los objetos indispensables para el ejercicio personal del arte u oficio de artistas, artesanos, obreros de fábrica; y los aperos, animales de labor y materiales de cultivo de labradores o trabajadores del campo, calidades que tampoco tiene el actor de autos.

Si bien puede sostenerse que la norma en análisis no es taxativa, desde que en su último numeral expresa: “18. Los demás bienes que leyes especiales prohíban embargar”, ello en nada altera este análisis desde que el recurrente ninguna cita legal ha hecho en su favor y que se refiera a prohibición de embargar patentes municipales.

Por lo demás, por ser una norma limitativa del derecho general de prenda, debe ser interpretada en forma restrictiva.

Por estas consideraciones, disposiciones constitucionales y legales citadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el interpuesto a fojas 16 y siguientes por don nombre reservado, sin costas, por haber tenido motivo plausible para recurrir.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro don Pablo Droppelmann Cuneo.

N° Protección- 1844-2014.

Pronunciada por los Ministros de la Tercera Sala doña nombre reservado, don Pablo Droppelmann Cuneo y la Fiscal Judicial doña nombre reservado.

Incluida la presente resolución en el estado diario del día de hoy.