COMERCIALIZADORA DE CALZADOS Y VESTUARIO GOTTA LIMITADA con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO PONIENTE

Foja: 43 Cuarenta y tres Jvp.

C.A. de Valparaíso.

Valparaíso, nueve de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS:

A fojas 2 comparece el abogado Ricardo Garrido Cortés, domiciliado en domicilio reservado, en favor de Comercializadora de Calzados y Vestuarios Gotta Ltda., interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, con domicilio en domicilio reservado; en razón de los fundamentos que expone y que, en síntesis, consisten en lo siguiente:

Señala que el día 29 de diciembre de 2016, la Inspección del Trabajo le cursó la multa N°8380/16/289 por “No comparecer a citación de la Inspección del Trabajo”, señalando la existencia de una infracción a los artículos 29 y 30 del D.F.L. N°2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esta multa fue a su vez notificada por carta certificada, la cual fue recepcionada por Correos de Chile el día 11 de enero del año 2017.

Aduce que mediante carta certificada enviada el día 13 de febrero de 2017, dedujo Reconsideración Administrativa en contra de tal sanción, conforme a lo dispuesto por el artículo 511 del Código del Trabajo, sin embargo, con fecha 28 de febrero del presente, la Jefa del Centro de Conciliación y Mediación de la Inspección del Trabajo se pronuncia respecto del recurso, rechazándolo, señalando: “No se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación, no cumple con requisito admisibilidad”. Alega que la multa que le fue cursada se entiende notificada el día lunes 23 de enero del presente año y que, por lo tanto, tuvo plazo hasta el día lunes 6 de marzo para interponer el Recurso Administrativo, siendo enviado a la Inspección del Trabajo de Valparaíso el día 13 de febrero de 2017, es decir, dentro de plazo.

Conforme a los antecedentes señalados, sostiene que la resolución de la Inspección del Trabajo que rechaza el Recurso Administrativo considerándolo extemporáneo, constituye un acto arbitrario que priva y perturba el legítimo ejercicio de los derechos y garantías de la recurrente, establecidos en el artículo 19 N°3 inciso 6° de la Constitución Política, que establece “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.”

Finaliza solicitando que se declare que el acto de la Inspección del Trabajo que rechaza el recurso administrativo presentado por la empresa Gotta Limitada en razón de ser considerado extemporáneo, es arbitrario, ilegal e injusto, por privarle del ejercicio legítimo de los derechos establecidos en el artículo 19 Nº3 inciso 6° de la Carta Fundamental.

A fojas 33 comparece doña Mabel Muñoz Miranda, abogado, en representación judicial de la Inspectora Provincial del Trabajo de Valparaíso y de la Jefa del Centro de Conciliación y Mediación, informando el recurso y solicitando su rechazo, exponiendo al efecto que la funcionaria doña nombre reservado, dependiente del Centro de Conciliación y Mediación de Valparaíso, constató la infracción cometida por la recurrente, por no comparecer legalmente ante tal centro el 29 de diciembre de 2016 a las 13:00 horas; lo que se encuentra sancionado por los artículos 29 y 30 del D.F.L N° 2, del D.F.L. Nº2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social , cursándose la multa respectiva signada con el número 8380/16/289, de fecha 29 de diciembre de 2016, por un monto de un ingreso mínimo mensual. Agrega que, posteriormente, la recurrente Comercializadora de Calzados y Vestuario Gotta Ltda. dedujo solicitud de reconsideración administrativa ante el Centro de Conciliación y Mediación de Valparaíso, sin embargo tal presentación la efectuó fuera del plazo establecido, toda vez que habiéndose notificado la multa el 12 de enero 2017, sólo se recurrió administrativamente el día 13 de febrero 2017, es decir, fuera de los 30 días corridos exigidos por el legislador. Atendido lo expuesto, la Jefa del Centro de Conciliación y Mediación de Valparaíso, dictó el ordinario N°207, de 28 de febrero 2017, por el que informó la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa por haber sido ésta presentada fuera de plazo.

Alega la improcedencia de la acción cautelar, atendida la naturaleza del acto recurrido, señalando que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas administrativas poseen un procedimiento especial de impugnación establecido en los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo. En consecuencia, el recurso de protección no se encuentra destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes, como los contemplados en la ley.

Aduce que la resolución reclamada en ningún caso ha sido ilegal ni arbitraria, sino que por el contrario se basa en hechos objetivos, toda vez que existiendo término expreso de 30 días corridos, se efectuó la presentación al día 31, es decir, un día después de expirar el plazo. Explica que el artículo 511 del Código del Trabajo, faculta al Director del Trabajo para reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia, cumpliéndose ciertas condiciones mínimas, de igual modo, el artículo 512 del mismo cuerpo normativo, dispone que el Director del Trabajo hará uso de dicha facultad ante solicitud escrita del interesado, la cual deberá presentarse dentro del término de 30 días contados desde la fecha de notificación de la resolución de multa que se impugna. Entonces, señala, tal como consta del expediente administrativo, la resolución de multa administrativa Nº8380/16/289 aplicada por la fiscalizadora dependiente del Centro de Conciliación y Mediación de Val paraíso, doña nombre reservado se notificó por carta certificada el día 12 de enero 2017, de acuerdo a lo dispuesto artículo 508 del Código del Trabajo, por lo que el término fatal para la interposición de solicitud de reconsideración administrativa, según se establece en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, vencía el día 12 de febrero de 2017, siendo ingresada la solicitud de reconsideración administrativa el día 13 de febrero 2017, en forma abiertamente extemporánea.

Arguye que el Ordinario N°207, de 28 de febrero 2017, que por este acto se impugna, se emitió total y absolutamente ajustado a derecho, tanto es así que la Contraloría General del República, mediante dictamen N°49.126 de fecha 20 de octubre de 2008, ha señalado que los plazos dados por las leyes son fatales y éstos no pueden ser modificados o alterados por la autoridad administrativa y en tal tenor señala que el “Plazo de 30 días corridos establecido en el Código del trabajo para solicitudes de reconsideración de la multa administrativa y otros trámites establecidos en dicho código vence necesariamente el último día de dicho término, a la hora de cese de atención de público en las oficinas de la Dirección del Trabajo, por aplicación de las normas del código civil relativas a los plazos en armonía con los preceptos de derecho administrativo relativos al funcionamiento de las oficinas de la administración”. Y luego agrega que “Extender plazos al día siguiente significaría prorrogar un plazo vencido sin facultad alguna para ello.” Añade que el formulario mediante el cual la empresa solicita la reconsideración, N°10 (F-10), es explícito y claro en señalar dentro del ítem “Notas Importantes: Esta solicitud debe presentarse dentro del plazo fatal de 30 días corridos de notificada la resolución de la multa.” Cita fallos de Tribunales Superiores de Justicia, en que se ha resuelto que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, señalando aquel dictado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta Rol 57-2012; y fallos Rol 1970-2015, 4840-2015, 4701-2015 y 1390-2016, todos de esta Corte de Apelaciones de Valparaíso. Indica que en el plano interno, la Circular N° 73 de fecha 8 de junio de 2012, emitida por los Departamentos Jurídico e Inspectivo de la Dirección del Trabajo ha resuelto que el plazo para solicitar los recursos administrativos de reconsideración y de sustitución conforme al artículo 511 y 506 ter del Código del Trabajo, es de 30 días corridos. Agrega que la Dirección del Trabajo solicitó en su oportunidad la reconsideración del dictamen Nº64.985, de 2009, en la parte en que éste concluye que es de días corridos el plazo de 30 días, establecido en el artículo 512 del Código del ramo, para reclamar en contra de las multas cursadas por los inspectores del trabajo, y la Contraloría ratificó en todas sus partes lo informado en el dictamen N° 64.985, de 2009, en el sentido de que el plazo que contempla dicho precepto es de días corridos.

Sostiene que el artículo 511 del Código del Trabajo faculta al Director del Trabajo, en aquellas situaciones en que el afectado no haya reclamado de conformidad con el artículo 503, para dejar sin efecto o rebajar, en su caso, las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia; y el artículo 512 del mismo cuerpo legal previene que “El Director del Trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa”. Entonces, señala, la disposición transcrita no señala expresamente si el término que establece es de días corridos o de días hábiles. Ahora bien, el hecho de que esta norma no haga mención de cuál es la naturaleza del plazo en cuestión como, igualmente, la circunstancia de que el mismo esté comprendido en un proceso que tiene lugar en sede administrativa, no importan necesariamente que al respecto deba regir supletoriamente el artículo 25 de la ley Nº19.880, en cuya virtud “los plazos de días establecidos .en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos”. En efecto, plantea, aunque el proceso sancionatorio en comento configura un procedimiento administrativo especial, la aplicación supletoria prevista en el artículo 1° de la Ley N°19.880 está destinada a integrar algo que falte dentro de dicho procedimiento, lo cual por cierto no ocurre cuando, como sucede en la especie, de la preceptiva que lo rige aparece sistemáticamente cual es la regla que corresponde aplicar. En este sentido, aduce que cabe consignar que una reiterada jurisprudencia administrativa, contenida en los dictámenes Nº33.255 de 2004, 12.971 de 2006 y 15.492 de 2008, entre otros, que ha informado que la aplicación de la Ley N°19.880, con carácter de supletoria, debe ser conciliable con el conjunto de preceptos que regulan el correspondiente procedimiento administrativo especial. Sin embargo, en el ámbito del Código del Trabajo, cuando el legislador ha querido establecer un término de días hábiles, lo ha consignado expresamente.

Conforme a lo anterior, sostiene que no se aprecia cómo podría estimarse arbitrario el acto recurrido, pues la finalidad abierta y transparente de la fiscalización dispuesta y de la sanción aplicada es desincentivar la conducta infraccional multada. Así, cabe concluir la total carencia de arbitrariedad en la actuación del funcionario de este Servicio, permitiendo sostener que la resolución que ha sido objeto de este recurso, en caso alguno ha podido privar, perturbar o amenazar el ejercicio de los derechos constitucionales a que alude la recurrente, por lo que finaliza solicitando rechazar el recurso por ser absolutamente improcedente, con costas.

A fojas 38 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, la acción de protección es esencialmente una tutela de urgencia. Su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas frente a los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido.

Tercero: Que, la presente acción de protección se ha enderezado en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, en razón de la resolución que consta en el Ordinario Nº207, de fecha 28 de febrero de 2017, a través de la cual la Jefa del Centro de Conciliación y Mediación de Valparaíso no admitió a tramitación la solicitud de reconsideración respecto de la Multa Administrativa N°8380/16/289, por considerarla extemporánea, al haber sido presentada fuera del término de treinta días corridos desde la notificación de la misma.

Cuarto: Que, la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección, por considerarla improcedente, al existir otras acciones establecidas en la ley para obtener que la multa sea dejada sin efecto o rebajada, según corresponda. Asimismo, arguye que la decisión adoptada se enmarca dentro de la legalidad, interpretando que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo para la interposición de la reconsideración de multa por el interesado, es de días corridos y no hábiles, de tal manera que la solicitud respectiva fue presentada en forma extemporánea.

Quinto: Que, en relación a la improcedencia de esta acción cautelar de rango constitucional deducida por existir otros caminos legales para discutir la imposición de una multa administrativa, cabe señalar que el propio artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra esta acción, sin perjuicio de otros derechos que puedan ser ejercidos, teniendo naturaleza jurídica cautelar y urgente, tendiente a reestablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones que, siendo ilegales o arbitrarios, vulneren alguna de las garantías que el catálogo del artículo citado contempla, a través de la adopción de medidas protectoras e inmediatas.

Sexto: Que, en relación a la forma de computar el plazo 30 días que el artículo 512 del Código del Trabajo establece para solicitar reconsideración de una multa administrativa ante la Inspección del Trabajo, debe tenerse presente que no existe norma especial que aclare si se trata de días corridos o hábiles, por lo tanto, encontrándose tal medio de impugnación contemplado dentro de un procedimiento administrativo seguido ante el Director del Trabajo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº19.880, recibe aplicación supletoria el artículo 25 de la misma ley, que prescribe: “Los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.”

En virtud de lo anterior, debe concluirse que el plazo consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, considerando además que ello es concordante con la circunstancia de que los servicios públicos prestan atención a público de lunes a viernes, salvo días sábado, domingo y festivos.

Séptimo: Que, en la especie –conforme consta a fojas 18 y 19– la resolución N°8380/6/289 que impuso la multa administrativa tiene fecha 29 de diciembre de 2016, y fue remitida al recurrente por correo certificado el 5 de enero de 2017, de tal manera que se entiende notificada a éste el día 12 de enero de 2017; luego, si el recurrente interpuso la solicitud de reconsideración de multa el día 13 de febrero de 2017–según se lee a fojas 20–, sólo cabe concluir que lo fue dentro del plazo legal.

Octavo: Que, a la luz de lo razonado, es posible estimar que la garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República ha sido afectada por la recurrida, a raíz de su actuar ilegal y arbitrario, toda vez que no dio tramitación –por extemporánea– a la reconsideración administrativa deducida dentro de plazo y no explicitó en el Ordinario N°207 de 28 de febrero de 2017, acompañado a fojas 27, mayores fundamentos y explicaciones para sustentar la decisión.

Noveno: Que, los argumentos vertidos conducirán a acoger la presente acción constitucional como se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 2 por el abogado Ricardo Garrido Cortés, en favor de Comercializadora de Calzados y Vestuarios Gotta Ltda., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso, por lo que se deja sin efecto la resolución contenida en el Ordinario N°207 de 28 de febrero de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración interpuesto por el actor respecto de la Resolución de multa administrativa N°8380/6/289 de 29 de diciembre de 2016.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.