SOCIEDAD COMERCIAL ZEN LIMITADA CONTRA INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE VIÑA DEL MAR Y OTRO

Foja: 71 Setenta y Uno Edp C. A. de Valparaíso Valparaíso, veintiséis de febrero de dos mil quince.

VISTO:

A fojas 26, comparece don Felipe Weinstein Gottlieb, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Sociedad Comercial Zen Limitada, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar y de su Inspectora doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, y de su Director don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Señala que por Resolución Nº 6093/14/058, de fecha 2 de junio de 2014, se cursaron a su representada 4 multas administrativas por infracción a la normativa laboral. En primer término, y en relación con la multa 6093/14/058-2 de la Inspección del Trabajo de Viña del Mar y la Resolución 387 de dicha Inspección, señala que se aplicó a su representada una multa de 40 UTM por la infracción de no proporcionar a sus trabajadores elementos de protección personal adecuados para la labor que realizan correspondiente a zapatos antideslizantes para su uso en cocina; agregando que se presentó reclamación ante la autoridad administrativa solicitando que se dejara sin efecto la multa impuesta atendido el error de hecho en que se incurrió al cursarla, la que fue desestimada haciendo caso omiso a sus alegaciones.

Al respecto sostiene que en el lugar y horario en que se desempeñan los referidos trabajadores no existen superficies húmedas que ameriten contar con zapatos antideslizantes, a lo que se suma el hecho que los pisos de la cocina en que éstos ejecutan sus labores son antideslizantes, de forma tal que se cumple íntegramente con las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores, y específicamente de posible deslizamientos y/o caídas por humedad. A mayor abundamiento, indica que la limpieza de los pisos se realiza en horarios extraordinarios cuando no existe personal ni clientes en el local.

Explica que el artículo 184 del Código del Trabajo, establece que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores; mientras que el artículo 53 del D.S. 594/1999, precisa que el empleador debe proporcionar a sus trabajadores, libre de costo, los elementos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir; de lo que concluye que no existe disposición alguna que expresamente obligue a su representada a entregar a sus trabajadores zapatos antideslizantes, mas sólo se le obliga a adoptar las medidas que fueren necesarias, siendo la entrega de dichos zapatos una de ellas, pero no la única.

Por su parte, y con respecto a las multas 6093/14/058-1, 3 y 4 y Resolución RAS 0506/2014/058 de la Inspección del Trabajo de Viña del Mar, señala que se le aplicaron respectivamente a su representada: (i) multa de 40 UTM, por no pagar a sus trabajadores horas extraordinarias; (ii) multa de 40 UTM, no mantener en el contrato de trabajo estipulación respecto a la jornada laboral; y (iii) multa de 20 IMM, por no mantener en el establecimiento algunos contratos de trabajo; añadiendo que se presentó reclamación administrativa solicitando dejar sin efecto las multas atendido a que se incurrió en un error de hecho al aplicarlas, lo que fue rechazado por la autoridad.

Al efecto, expone que su representada cumplió íntegramente para tales efectos con todos los requisitos establecidos en el formulario de reconsideración administrativa de multas, esto es, reconoció haber incurrido en las infracciones cursadas; presentó el recurso administrativo simplificado dentro del plazo de 10 días corridos contados desde la notificación de las multas; solicitó formalmente acogerse a dicho recurso; acreditó el cumplimiento de las infracciones cometidas; acompañó oportunamente documentación destinada a acreditar dicho cumplimiento mediante comprobantes de pago de horas extraordinarias, anexos de contrato que incorporan la duración de la jornada laboral y el depósito de los contratos de trabajo en el establecimiento comercial; además de no haberse ejercido este recurso especial por más de 2 veces respecto de la misma infracción dentro de los doce últimos meses, o por más de 4 veces respecto de distintas infracciones dentro de igual periodo. En consecuencia, alega que habiéndose cumplido con tales condiciones, correspondía que se aplicara una significativa rebaja de las multas, de forma tal que cada una ellas quedaran en el mínimo de cada tramo, tal como se indica en el referido formulario e informativo.

Sin embargo, alega que en virtud del recurso de revisión deducido ante la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, se dictó Resolución Nº 352, de fecha 1 de diciembre de 2014, que rechazó este recurso resolviendo mantener las multas aplicadas, y confirmar las sanciones impuestas por la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, precisando que tratándose de la Resolución 387 que impuso la multa por falta de elementos de seguridad, la autoridad sostiene que no se ha incurrido en un manifiesto error de hecho que haya sido determinante para la decisión adoptada ni se ha acompañado documentos de valor esencial para la resolución del asunto; mientras que tratándose de la Resolución RAS 0506/2014/058, la autoridad señala que la recurrente no ha acreditado el cumplimiento íntegro de las infracciones constatadas.

Asimismo, y en relación a las multas aplicadas, señala que en virtud de las infracciones 6093-14-058- 1, 3 y 4, se le ha impuesto a su representada sanciones de elevada cuantía, en circunstancias que el establecimiento comercial en que fueron cursadas tiene menos de 49 trabajadores en Viña del Mar, y que aquellas se refieren a infracciones menores como las ya indicadas (no pagar horas extraordinarias, no contener el contrato de trabajo estipulación sobre la jornada laboral y no mantener en el establecimiento los contratos de trabajo de algunos trabajadores), las que además fueron corregidas, al menos en parte, como lo reconoce la propia autoridad administrativa; agregando que conforme al artículo 506 del Código del Trabajo, en estos casos las multas para pequeñas empresas van de 2 a 40 UTM, mientras que para grandes empresas éstas van de 3 a 60 UTM; a lo que se suma que según lo previsto en el artículo 511 del mismo cuerpo legal, si el empleador corrige la infracción dentro del plazo de 15 días, se rebajará la multa impuesta a grandes empresas en al menos un 50%, lo que no hizo la autoridad en este caso.

A su turno, y en relación a la multa de 40 UTM con que ha sido sancionada la infracción 6093/14/058-2, por falta de elementos de seguridad para los trabajadores, precisa que ésta ha sido erróneamente aplicada por la Inspección del Trabajo recurrida conforme al artículo 53 del D.S. 594/1999, por cuanto según lo previsto en el artículo 131 de dicho decreto, tales infracciones deben ser sancionadas por los servicios de salud respectivos.

Concluye señalando que se han conculcado por la autoridad laboral recurrida las garantías fundamentales previstas en el artículo 19 Nº 21 y 22 de la Constitución Política de la República, dado que el desmedido monto y la objetiva improcedencia de las multas aplicadas, ha impedido el desarrollo de la actividad económica de su representada, siendo con ello además discriminada arbitrariamente por la autoridad.

Solicita que se adopten las medidas necesarias para permitir el pronto restablecimiento y protección de los derechos conculcados y que, en definitiva, se ordene dejar sin efecto las multas impuestas a su representada, con costas.

Acompaña a su presentación documentación.

A fojas 44, informa la recurrida Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, solicitando rechazar en todas sus partes el recurso de protección, con costas. Señala que con fecha 20 de mayo de 2014, se inició fiscalización Nº 0506/2014/1590 respecto de la recurrente verificándose por el funcionario a cargo de dicho proceso infracciones a la normativa laboral consistentes en: (i) no pagar horas extraordinarias a sus trabajadores; (ii) no proporcionar a sus dependientes elementos de protección personal adecuados al riesgo del trabajo que ejecutan (zapatos antideslizantes para su uso en cocina); (iii) no contener los contratos de trabajo la estipulación referida a la jornada laboral; y (iv) no mantener en el establecimiento o faena, toda la documentación que deriva de las relaciones de trabajo, como es el caso de los contratos de trabajo y cotizaciones previsionales.

Agrega que a causa de las infracciones constatadas se cursó a la recurrente 4 multas administrativas bajo el Nº 6093/14/58, deduciendo ésta reconsideración administrativa respecto de la infracción (ii), y recurso administrativo simplificado en contra de las infracciones singularizadas bajo los números (i), (iii) y (iv); precisando al respecto que la reconsideración administrativa fue rechazada por la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, mediante Resolución Nº 387, de fecha 24 de julio de 2014, por no haberse acreditado la existencia de un error de hecho por parte del fiscalizador actuante; y que, por su parte, el recurso administrativo simplificado también fue desestimado en virtud de Resolución Nº 0506/2014/058, de fecha 26 de junio de 2014, en atención a que la recurrente no acreditó el cumplimiento de las disposiciones legales infringidas, teniendo presente para ello que conforme a la Orden de Servicio Nº 3, de fecha 29 de marzo de 2012, de la Dirección del Trabajo, que regula el procedimiento de recurso administrativo simplificado, para poder acceder a la rebaja de multa pretendida, se debe acreditar fehacientemente la corrección de la conducta sancionada, lo que no ha ocurrido en la especie.

Acto seguido, indica que con fecha 27 de octubre de 2014, la recurrente de autos dedujo recurso de reposición y recurso jerárquico y, en subsidio, recurso de revisión, tanto en contra de la Resolución Nº 387, de fecha 24 de julio de 2014, como en contra de la Resolución Nº 0506/2014/058, de fecha 26 de junio de 2014, precedentemente referidas; aclarando que el recurso de reposición y jerárquico fueron desestimados mediante Ordinarios Nº 1916 y 1918, ambos de fecha 06 de noviembre de 2014, en cuya virtud la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, comunicó a la recurrente que su solicitud resultaba improcedente, por cuanto conforme lo dispone el Dictamen Nº 9494, de 28 de febrero de 2007, de la Contraloría General de la República, no procede la aplicación de dichos recursos respecto de resoluciones dictadas en un procedimiento de reclamación de multas dispuestas por inspectores o funcionarios de la Dirección del Trabajo.

Bajo dichas condiciones, expone que se procedió a resolver por la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, el recurso de revisión deducido subsidiariamente a los recursos de reposición y jerárquico, el que fue también rechazado en atención a que la Resolución Nº 387, se ajusta plenamente a derecho, no incurriéndose en un manifiesto error de hecho que haya sido determinante para la decisión adoptada, ni acompañado documentos de valor esencial al caso; y a que respecto de la Resolución Nº 0506/2014/058, no se acreditó por la recurrente la corrección íntegra de las infracciones cometidas.

En primer término, alega la improcedencia de la acción cautelar deducida por la recurrente en contra de la citada resolución administrativa de multa, en atención a que las resoluciones de la Dirección del Trabajo relativas a multas poseen un procedimiento especial de impugnación regulado en los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo, no pudiendo ser utilizada la acción de protección como un sustituto jurisdiccional de cuanto procedimiento judicial específico exista, y más aún si con ello se pretende reemplazar procedimientos concebidos como precisos, urgentes y específicos para la defensa de los derechos afectados. En efecto, explica que la recurrente goza de amplias facultades de impugnación tanto administrativas como judiciales respecto de una resolución de multa, en tanto puede efectuar la reclamación judicial de ésta ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente, o solicitar la reconsideración administrativa de la misma ante el superior jerárquico de la Inspección del Trabajo que aplicó la sanción, pudiendo incluso reclamarse judicialmente del resultado de dicha reconsideración ante el Juez de Letras del Trabajo.

Asimismo, sostiene la improcedencia del presente recurso cautelar ante la imposibilidad de destruir a través de esta vía, la presunción de veracidad de que gozan los hechos constatados por el fiscalizador conforme lo previsto en el artículo 23 del DFL Nº 2 del año 1967, pues para que ello se verifique es indispensable la existencia de un juicio de lato conocimiento, cuestión que no lo permite la sede de protección que requiere de un derecho indubitado que amparar, el que no puede encontrarse cuando frente a él se colisiona con una presunción de veracidad.

Luego advierte la ausencia de un acto arbitrario e ilegal en la especie, pues el proceso de fiscalización que derivó en la aplicación de las multas administrativas a la recurrente ha cumplido estrictamente con todos los procedimientos establecidos por la propia Dirección del Trabajo, apegándose rigurosamente a la legalidad vigente; no existiendo en consecuencia arbitrariedad en la actuación de los recurridos, ya que la resolución de multa se ha dictado una vez que el fiscalizador en uso de sus atribuciones privativas contenidas en el artículo 505 del Código del Trabajo y DFL Nº 2 de 1967, constató las infracciones; ni ilegalidad en su proceder, pues ha existido por parte de la Dirección del Trabajo un irrestricto respeto y cumplimiento al principio de legalidad consagrado en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, en cuya virtud dicho organismo actuando dentro del marco de su competencia y en la forma prescrita por la ley, ha obrado fiscalizando el cumplimiento de los derechos que establece la legislación laboral, en ejercicio de la función pública que el propio ordenamiento jurídico le ha encomendado; agregando que concluir lo contrario importaría desconocer al Estado en su misión de preservar el bien común que es la base y sustento de su existencia, tal como lo dispone el artículo 2º inciso final del Código del Trabajo por el que se le encomienda velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios.

Justifica el actuar administrativo de la Dirección del Trabajo en el artículo 1º del DFL 2 de 1967 que confiere a dicho organismo la fiscalización de la aplicación de la normativa laboral; el artículo 23 del mismo cuerpo normativo que establece que los inspectores del trabajo tendrán el carácter de ministros de fe de todas las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones; y el artículo 505 del Código del Trabajo que entrega a la Dirección del Trabajo la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación, la que cumple a través de las respectivas Inspecciones del Trabajo. De esta forma, aclara que fiscalizar la aplicación de la legislación laboral conlleva una actividad que, necesariamente, requiere tanto la recopilación de los antecedentes de hecho, como la determinación de si esa realidad que se observa se adecua a la normativa laboral vigente, lo que en ningún caso significa un juicio o interpretación de las cláusulas contractuales, sino que sólo la apreciación de los hechos.

Finalmente, y en relación a las garantías que se reclaman vulneradas, señala que la resolución de multa administrativa que ha motivado la presente acción cautelar, no infringe de ninguna forma los derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 Nº 21 y 22 de la Constitución Política de la República, por cuanto dicha actuación en caso alguno ha impedido el derecho al recurrente desarrollar una actividad económica, ni ha importado otorgar un trato diferenciado desde la administración al recurrente; lo anterior, sin perjuicio que la recurrente en su libelo sólo invoca de forma genérica la conculcación de garantías fundamentales, sin desarrollar cuál sería dicha contravención.

A fojas 53, informa la recurrida Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas. En primer término, alega la extemporaneidad del acción cautelar, toda vez que entendiendo que el acto impugnado por esta vía es la Resolución Nº 6093/14/58, de fecha 2 de junio de 2014, y que el presente recurso ha sido interpuesto sólo con fecha 9 de enero pasado, concluye que ha transcurrido el plazo de 30 días establecido para su presentación desde la ocurrencia del acto que motiva este arbitrio. En lo demás reproduce los mismos argumentos de hecho y de derecho alegados por la recurrida Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, en cuanto a la improcedencia del recurso atendida la naturaleza del acto recurrido, la imposibilidad de destruir por esta vía la presunción de veracidad en relación a las infracciones constatadas, la ausencia de actuación arbitrario e ilegal de su parte, y la inexistencia de privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales.

Por resolución de fojas 67 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

2° Que para los efectos de resolver el recurso conviene tener presente lo siguiente:

a.- Que el día 2 de junio de 2014, el fiscalizador la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar impuso a la recurrente cuatro multas en atención al incumplimiento de la normativa laboral respecto de los trabajadores que indica en los siguientes ítems: no pago de horas extraordinarias (multa N°1); no proporcionar zapatos antideslizante (multa N°2); no contener el contrato de trabajo estipulación referida a la jornada de trabajo (multa N°3); y no contar con contratos de trabajo y comprobantes de pago de cotizaciones previsionales (multa N°4). Esta resolución fue notificada a la empresa ese mismo día.

b.- El 12 de junio del mismo año, el recurrente solicitó a la Inspectora Comunal del Trabajo, reconsideración administrativa de la multa relativa a los zapatos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, la que fue rechazada por resolución N°387 de 24 de julio de 2014. El empleador alegó error de hecho, sustentado en que no era necesario utilizar la implementación de seguridad porque el piso era antideslizante, lo que pretende acreditar con un certificado emanado de su parte, y en que no existe norma legal que lo obligue a proporcionarlos.

c.- El 12 de junio de 2014, el recurrente, presentó recurso administrativo simplificado (RAS), respecto del resto de las multas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 511 inciso final del Código del Trabajo, en relación con la Resolución Exenta N°444, publicada en el Diario Oficial el día 7 de mayo de 2007, y la Orden de Servicio N°3, de 29 de marzo de 2012, ambas de la Dirección del Trabajo, la que fue rechazada por resolución N°506, de 26 de junio de 2014.

d.- En contra de las resoluciones que rechazaron sus recursos, el día 24 de octubre de 2014, la recurrente presentó sendos recursos de reposición y jerárquico, contemplados en el artículo 10 de la Ley 18.575 y 59 de la Ley N°19.880. En subsidio dedujo el recurso de revisión sustentado en el artículo 60 de la Ley 19.880, que procede en contra de las resoluciones administrativas ejecutoriadas. Alegando, en el caso de la letra a) que antecede, que no se justifica la entrega de zapatos; y en el caso de la letra b) haber cumplido y rectificado las infracciones cometidas.

e.- Por resolución N°562, de 1° de diciembre de 2014, el Director Regional del Trabajo de Valparaíso, rechazó los recursos. El de reposición y jerárquico por ser improcedentes, y el de revisión porque no se acreditó la existencia de un error de hecho, ni se adjuntó documentos de valor esencial para la resolución del asunto ignorados al dictarse el acto o bien que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento, en el caso de los zapatos antideslizantes; o el cumplimiento integro de las infracciones en el caso del resto de las multas impuestas.

3° Que de la lectura del recurso de protección aparece que este se dirige en contra de la Dirección del Trabajo; la Inspección del Trabajo de Viña del Mar; don nombre reservado, Director Regional y doña nombre reservado del Trabajo, se reproducen los hechos reseñados en el considerando que antecede, y las argumentaciones utilizadas en su oportunidad para que se dejara sin efecto la multa número dos y se rebajaran las multas números uno, tres y cuatro.

No se explicita la ilegalidad o arbitrariedad en que habrían incurrido los recurridos.

Termina solicitando se deje sin efecto las multas impuestas.

4° Que la deficiencias del recursos obligan a suponer que respecto la Inspección del Trabajo y la Inspectora doña nombre reservado, se recurre en cuanto dictaron la resolución N° 387, de 24 de julio de 2014, en cuanto rechazó la reconsideración administrativa deducida en contra de la multa N°2. Lo anterior se desprende del hecho que de los documentos acompañados emana que fue la última actuación de éstos recurridos.

A fojas 9, el recurrente, afirma que tomó conocimiento de la señalada resolución el día 21 de octubre de 2014, motivo por el cual el recurso, en este aspecto, deberá ser rechazado por extemporáneo. En efecto, entre el día antes señalado y el 9 de enero de 2015, corrió en exceso el plazo de 30 días establecido en el artículo 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales.

5° Que, sin perjuicio de la extemporaneidad declarada, cabe señalar que no se percibe cómo o de que manera, los mencionados recurridos habrían podido cometer alguna ilegalidad o arbitrariedad al sancionar a la empresa Zen por no proporcionar elementos de seguridad -ante la constatación de un riesgo-, a que se encuentra obligada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, que impone al empleador tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores; a lo que se suma que parece del todo razonable rechazar los argumentos del recurrente, sustentados en meras declaraciones emanadas de su Gerente de Operaciones. Por lo demás, y en lo que se refiere a la competencia de la Inspección para aplicar la multa recurrida, baste reproducir el inciso primero del artículo 505 del Código del Trabajo en cuanto dispone: “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen”.

6° Que en lo que respecta a la Dirección del Trabajo y su Director Regional, de seguro se recurre en contra de la resolución N°562, de 1° de diciembre de 2014. Como el libelo no señala cuál es la ilegalidad o arbitrariedad en que se habría incurrido, no queda más que rechazar el recurso porque de la lectura de la mencionada resolución aparece que fue dictada por la autoridad prevista en la ley, en materias de su competencia, de acuerdo al procedimiento previamente establecido, y se encuentra razonablemente fundada.

7° Que, por lo demás, cabe señalar que respecto de las multas números 1, 3 y 4, la sociedad Zen Limitada, recurrió ante la autoridad administrativa, reconociendo la efectividad de la infracción constatada por el Inspector del Trabajo, solicitando su rebaja; lo que de manera alguna se condice con el petitorio del recurso en estudio, en el que se solicita se las deje sin efecto. Esta incoherencia, confirma lo infundado de recurso y la convicción de que este debe ser rechazado.

En cuanto a la multa número dos debe estarse a lo señalado en el considerado quinto que antecede.

8° Que, sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo, establecen sendos recursos previstos por el legislador para someter a revisión judicial las multas impuestas por la Inspección del Trabajo, por lo que resulta improcedente, el uso de esta vía excepcional, concebida para resolver situaciones de hecho graves, como un sustituto procesal de acciones ordinarias reconocidas en el ordenamiento jurídico laboral, máxime si mediante el recurso extraordinario, de revisión establecido en el artículo 6 de la Ley N°19.880, se pretende renovar plazos fenecidos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido a fojas 26 por don Felipe Weinstein Gottlieb, abogado, en representación de Sociedad Comercial Zen Limitada, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar y de su Inspectora doña nombre reservado, y de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, y de su Director don nombre reservado.

Redacción del Ministro señor Pablo Droppelmann Cuneo Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección 182-2015.

No firma la Ministro Srta. Quezada, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.

Pronunciada por los Ministros de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, Srta. nombre reservado, Sra. nombre reservado y Sr. nombre reservado.

Incluida la presente resolución en el estado diario del día de hoy.