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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1814-20163 may 2016
Fecha
3 de mayo de 2016
Corte
Corte de Apelaciones de Valparaiso
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Valparaiso, Rol N° 1814-2016, sentencia de 3 de mayo de 2016

Resumen

Se rechaza el recurso de protección de las herederas contra la AFP, porque este no sirve para resolver conflictos de interpretación legal como el planteado sobre la entrega de los fondos.

Texto íntegro

Foja: 72 Setenta y Dos Llg.

C.A. Valparaíso.

CERTIFICO: Que se anunció para alegar el abogado Sr. Lautaro Cabrera Cabrera, 10 minutos por el recurso, quien ejerció su derecho en estrados, después de escuchar relación pública. Valparaíso, tres de mayo de dos mil dieciséis.

nombre reservado

Relator Ad Hoc Valparaíso, a tres de mayo de dos mil dieciséis.

Visto:

A fs. 16 comparece Lautaro Carrera Caroca, Abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado; nombre reservado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado; y, nombre reservado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, todas de apellidos nombre reservado, con domicilio la primera en Población Expresos Viña, domicilio reservado, y las dos últimas en calle patrullero Lautaro, casa Nº7, Glorias Navales, Viña del Mar; quien interpone recurso de protección en contra de la A.F.P. Habitat, representada para estos efectos por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Señala que las recurrentes son herederas intestadas de todo el patrimonio quedado al fallecimiento de su padre don nombre reservado, cuyo deceso tuvo lugar el día 16 de septiembre de 2015, quien, al momento de su fallecimiento, era afiliado activo de la AFP recurrida, y los únicos bienes dejados a su fallecimiento lo conforman el saldo contenido en los fondos de cuenta individual obligatoria y voluntaria mantenidas en la administradora de fondos de pensiones referida, equivalente a la suma total de $16.858.747; todo lo anterior, según decreto de posesión efectiva emitida por el Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación dela Región de Valparaíso por resolución exenta Nº 22996 de fecha 3 de diciembre de 2015 y publicada el 15 de diciembre del mismo año.

Expone que dichos antecedentes fueron puestos en conocimiento de la recurrida por medio de las presentaciones correspondientes con el objeto de que entregara y pagara el saldo de cotizaciones previsionales, que en conformidad a la legislación actual son parte de la masa hereditaria, tal como quedó determinada en la posesión efectiva precitada. Por intermedio de su Unidad de Soluciones al Cliente, la recurrida comunicó al abogado compareciente, vía correo electrónico y con fecha 14 de marzo de 2016, su negativa a pagar el saldo de cotizaciones individuales, obligatorias y voluntarias, argumentando: "De acuerdo al análisis de los antecedentes, informamos que la Superintendencia ha interpretado que la calidad de Beneficiario de Pensión de Sobrevivencia del hijo mayor de 18 años y menor de 24 años, se fija en dos situaciones: Si es estudiante al cumplir los 18 años de edad. Si es estudiante al fallecimiento del causante. En ambos casos si un hijo deja de estudiar, se suspende el derecho a la pensión, no obstante puede volver a estudiar en cualquier momento antes de cumplir los 24 años, por ende, es responsabilidad de la Administradora disponer de los fondos para financiar pensión. En este caso, hija del causante Ma. nombre reservado actualmente es menor de 24 años, independiente que haya efectuado una declaración que renuncia a los derechos a que hace mención el DL. 3.500, sigue siendo potencial Beneficiaria de Pensión de Sobrevivencia, por tal motivo no es posible seguir con el trámite de Herencia." Aclara que, a este respecto, el Decreto Ley 3.500 de 1980, que regula las pensiones de sobrevivencia, señala en su Art. 8º: "Los hijos para ser beneficiarios de pensión de sobrevivencia, deben ser solteros y cumplir uno de los siguientes requisitos: a) Ser menores de 18 años de edad; b) Ser mayores de 18 años de edad y menores de 24, si son estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior. La calidad de estudiante deberá tenerla a la fecha del fallecimiento del causante o adquirirla antes de los 24 años de edad; y c) Ser inválido, cualquiera sea su edad, en los términos establecidos en el artículo 4°. Para estos efectos, la invalidez puede producirse después del fallecimiento del causante, pero antes de que cumpla la edad máxima establecida en la letra b) de este artículo." Afirma que la recurrente nombre reservado no cumple con ninguno de las condiciones indicadas en la letra b) del artículo precitado para percibir dicha pensión puesto que, si bien al momento del fallecimiento de su padre ella tenía 20 años de edad, no era estudiante al momento de su deceso, y tampoco lo es el día de hoy.

Añade que otro de los argumentos que la recurrida esgrime para negarse al pago de los fondos de don nombre reservado por concepto de herencia intestada se apoyan en que la hija de este, doña nombre reservado "...sigue siendo potencial Beneficiaria de Pensión de Sobrevivencia... " por ser ella menor de 24 años por lo que podría reiniciar estudios en cualquier momento, y en el caso de autos, respecto a la recurrente nombre reservado, jamás ha solicitado ni ha dado inicio a trámite alguno para obtener un beneficio de pensión de sobrevivencia, como tampoco se le ha pagado uno similar por parte de la recurrida; por consiguiente, mal podría consecuencialmente suspendérsele un derecho a pensión de sobrevivencia cuando nunca lo ha percibido, y tanto más cuando no tiene derecho a la misma debido a que, como se ha señalado, no cumple con ninguno de los requisitos dispuestos en la letra b), del Art. 8º del D.L 3.500.

Explica que resulta claro que no existe disposición legal alguna que faculte a la recurrida a retener los fondos de capitalización individual quedados al fallecimiento de su afiliado activo don nombre reservado, y que le pertenecen a las recurrentes por concepto de herencia intestada, fundándose en un hecho futuro e incierto cual es que la hija nombre reservado, antes de cumplir los 24 años de edad, podría reiniciar estudios; menos aun cuando, argumentando su atribución a suspender el pago de una pensión de sobrevivencia, ni siquiera se ha dado inicio al pago de una, y concluye que lo que hace la AFP Habitat es incurrir en un ilícito penal conocido como "apropiación indebida de dinero".

Relata que actualmente nombre reservado es madre soltera de una niña de 12 meses de edad, trabajando con contrato indefinido y ha manifestado por medio de declaración jurada, presentada a la misma recurrida con fecha 25 de enero de 2016, su intención de seguir trabajando a fin de darle a su pequeña hija el sostén económico y los cuidados debidos.

Expresa que la recurrida hace es interpretar arbitrariamente y en forma antojadiza la norma legal que regula estas situaciones, reteniendo en forma injustificada e ilegal el saldo de cotizaciones previsionales que por derecho le corresponde a las recurrentes por concepto de herencia quedados al fallecimiento de su padre.

Señala que, de lo expuesto en los párrafos precedentes, se evidencia que la recurrida se ha negado injustificadamente a pagar los fondos dejados al fallecimiento del padre de las recurrentes haciendo una interpretación arbitraria y antojadiza de la ley, perturbando el derecho de propiedad que les asiste sobre los fondos de capitalización individual que son parte de la masa hereditaria; luego, declarada la posesión efectiva en favor de las mismas les cabe el derecho de propiedad que se protege en el Art. 19 Nº 24 de la Carta Fundamental. Dicha perturbación y vulneración al derecho de propiedad radica en una interpretación improcedente del Decreto Ley 3.500 y del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones que la recurrida razona erróneamente y que queda verificada, primero, con la negativa injustificada y sin fundamento jurídico alguno del traspaso de los fondos en favor de las recurrentes, más todavía cuando nombre reservado no era estudiante al momento del fallecimiento de su padre, como tampoco lo es hoy. Segundo, porque la interpretación arbitraria que hace la recurrida da lugar a la imposición de una carga no contemplada por el Decreto Ley 3.500 consistente en que las recurrentes deberán esperar a que se cumpla una condición futura impuesta por la misma recurrida consistente en que transcurra aproximadamente un plazo de 3 años para que una de sus hermanas llegue a la edad de 24 años a fin de que al término de dicho período puedan recién iniciar una solicitud de herencia; no obstante que en el mismo período la misma desee no emprender estudio alguno. Tercero, porque no nos encontramos en ninguna de las hipótesis de suspensión de la pensión de sobrevivencia puesto que, para ello, previamente debió haberse otorgado la misma a un asignatario que haya cumplido con todos los requisitos, y luego este haya cesado en sus estudios; circunstancia que no ha ocurrido respecto de nombre reservado a quien se le negará la solicitud de pensión de sobrevivencia por no cumplir con los requisitos de la letra b) del Art. 8º del D.L. 3.500, y si no cumple con dichos requisitos, los montos constitutivos de capitalización individual del causante pasaría a la masa hereditaria conforme al Art. 66 del D.L. 3.500.

En definitiva, concluye que a la recurrida le asiste la obligación de liquidar, liberar y traspasar los fondos que ella mantiene injustificadamente en su poder, siendo la misma solo una administradora de los fondos que sus afiliados mantienen en sus instituciones, bastándole, tal como se procedió en un principio, con la sola presentación del certificado de posesión efectiva acompañado, en su oportunidad, en la solicitud de fecha 26 de febrero de 2015, para hacer el traspaso o entrega de las sumas correspondientes, y su negativa injustificada por más de 4 meses desde que se otorgó la posesión efectiva en favor de las hijas del causante constituye un acto arbitrario e ilegal.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección por actos arbitrarios e ilegales que perturban el derecho de propiedad de las recurrentes, garantizado en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental; someterlo a tramitación y acogerlo en todas sus partes, solicitando que se adopten de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus derechos; con costas.

Acompaña copia simple de documento denominado "datos afiliado fallecido", de fecha 18 de noviembre de 2015; Copia simple de Resolución Exenta de fecha 3 de diciembre de 2015, publicada con fecha 15 de diciembre del mismo año, y por la cual se declara la posesión efectiva intestada en favor de las recurrentes; Certificado de exención de impuesto a la herencia; Documento en donde se aprecia que la funcionaria doña nombre reservado apunta, de su puño y letra, la frase: "Se solicita pronunciamiento fiscalía, memo Nº 7165 del 8/01/2016"; Documento denominado "solicitud de herencia" emitido por la A.F.P. Habitat; Declaración jurada de doña nombre reservado de fecha 21 de enero de 2016; Reclamo ante la AFP Habitat Nº CREC-145563 de fecha 9 de marzo de 2016; Carta de Respuesta al reclamo anterior de la AFP Habitat de fecha 14 de marzo de 2016.

A fs. 64 informa nombre reservado, Agente de la Sucursal Valparaíso, de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., en su representación, exponiendo: que con fecha 25-09-2015 se presentó solicitud de cuota mortuoria, procediéndose al pago el día 29-06-2015 a la señora nombre reservado. Con fecha 26-01-2016 el señor Lautaro Carrera Caroca, en representación de la sucesión del afiliado Sr. nombre reservado suscribió una solicitud de herencia, por la causal sin beneficiario de pensión de sobrevivencia. En febrero del presente año AFP Hábitat recibió, a través de la Superintendencia de Pensiones, una consulta del abogado Sr. Lautaro Carrera, en la representación antedicha, en la cual consultaba si los herederos debían esperar a que una de las herederas cumpliera los 24 años para que todos los herederos pudieran disponer del saldo dejado por su padre como afiliado de AFP Habitat, consulta que se hacía considerando que la Administradora le había informado que dicha heredera era una potencial beneficiaria de pensión porque podría estudiar hasta los 24 años, caso en el cual los fondos debían destinarse a pensión. Se indica, además, en la mencionada carta, que Habitat no le ha aceptado una renuncia de la potencial beneficiaria de pensión al derecho a ejercer tal derecho a pensión.

Señala que la respuesta entregada por AFP Habitat no podía ser otra que la que establece la Ley y la normativa, esto es, que al existir un hijo soltero menor de 24 años que puede adquirir la calidad de estudiante hasta que cumpla esa edad, la Administradora está impedida de entregar dichos recursos a los herederos porque deben mantenerse para financiar una eventual pensión de la potencial beneficiaria.

Indica que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1° del D.L. 3.500, de 1980, se establece un Sistema de Pensiones en el cual la regla general es que los fondos previsionales se deben destinar al pago de pensiones y sólo por excepción, los saldos incrementan la masa hereditaria del afiliado. La Ley protege en primer lugar a quienes son o pueden llegar a ser beneficiarios de pensión, y solo en el momento de tener certeza que no existen beneficiarios de pensión ni personas que pudieran adquirir tal calidad y, por lo tanto, exigir derecho a pensión, podrán pagarse los fondos a los herederos. La única excepción está contenida en el artículo 12 del D.L. 3500, que establece una incompatibilidad entre las pensiones de dicho cuerpo legal y las amparadas por alguna disposición legal que contemple la protección contra riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, como lo es la ley 16.744, que no aplica en la especie.

Expone que en el D.L. 3.500 se establece que los hijos son beneficiarios de pensión de sobrevivencia, si cumplen con los requisitos que se detallan en el art. 8°, entre otros: b) Ser mayores de 18 años de edad y menores de 24, si son estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior. La calidad de estudiante deberá tenerla a la fecha del fallecimiento del causante o adquirirla antes de los 24 años de edad, por lo que, conforme a la Ley, en ningún caso es posible pagar herencias si existe un hijo soltero que no haya cumplido esa edad.

Añade que, de conformidad al inciso final del artículo 66 del DL 3500, los fondos previsionales se pagarán como herencia sólo si no existen beneficiarios de pensión de sobrevivencia, sólo en ese evento el saldo remanente incrementa la masa de bienes del difunto.

Por otra parte, señala que en el artículo 94 Nº 3, DL 3.500, se dispone que la Superintendencia de Pensiones es la entidad encargada de fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras, y en esta materia ha dictado normas que regulan los trámites que deben realizarse previo al pago de una herencia, estableciendo que las Administradoras no pueden realizar el pago de una herencia si existen beneficiarios de pensión de sobrevivencia o potenciales beneficiarios, como son los hijos solteros menores de 24 años que pueden adquirir la calidad de estudiantes.

Concluye que no existe ninguna interpretación arbitraria ni menos antojadiza de parte de la recurrida, toda vez que su proceder se ha ajustado en todo momento a la Ley y a las normas de la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto a lo señalado por las recurrentes respecto a la renuncia presentada por la hija del afiliado, doña nombre reservado, informa que las prestaciones de Seguridad Social son derechos personalísimos y, en consecuencia, son inalienables, intrasmisibles e irrenunciables, sin perjuicio de que nadie puede ser obligado a ejercerlos, por lo que no es posible, conforme a derecho, aceptar la renuncia de la recurrente nombre reservado.

Expresa que a la recurrida no le asiste interés alguno en retener los fondos de propiedad de sus afiliados ni cobra comisiones por la mantención de sus saldos obligatorios en los fondos de pensiones que administra, los que constituyen patrimonios separados y no forman parte de los recursos de la Administradora, resultando totalmente infundada e improcedente la imputación de un supuesto delito de apropiación indebida que se formula en el recurso.

Agrega que las recurrentes nombre reservado y nombre reservado, también hijas del causante, no cumplen con los requisitos para ser beneficiarias de pensión, por lo cual nada les corresponde en los fondos de capitalización individual dejados por su padre, sino hasta que no haya beneficiarios ni potenciales de pensión de sobrevivencia.

Por último, señala que resulta improcedente la interposición de este recurso de protección considerando que no ha existido un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste el libre ejercicio de los derechos y garantías enunciadas en el art. 20 de la Constitución Política de la República , no cumpliéndose los requisitos para interponer esta acción de naturaleza cautelar, puesto que los fondos previsionales de la cuenta individual del Sr. nombre reservado a la fecha no son constitutivos de herencia conforme a la ley por haber una beneficiaria de pensión, por lo que solicita su rechazo, agregando que, en conformidad al artículo 139 del Código de Procedimiento Civil, solicita el rechazo de cualquier condenación en costas.

Acompaña copia de la carta reclamo del abogado de las recurrentes.

A fs. 70 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que el recurrente ha fundado su recurso en la supuesta vulneración del derecho de propiedad de sus representadas, garantizado en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por la negativa injustificada de la administradora de fondos de pensiones recurrida en cuanto a pagar los fondos dejados al fallecimiento del padre de las recurrentes haciendo, para ello, una interpretación arbitraria y antojadiza de la ley.

Tercero: Que la recurrida ha informado que ha actuado con apego a la Ley ya que, de conformidad a las normas que cita, contenidas en el Decreto Ley N° 3.500, está impedida de entregar los recursos que reclaman las recurrentes a los herederos, porque deben mantenerse para financiar una eventual pensión de la potencial beneficiaria, y que en la especie una de las hijas del causante aún se encuentra en dicha situación.

Cuarto: Que del análisis del artículo 20 de la Constitución Política de la República, fluye que la finalidad del recurso de protección es la de reaccionar contra una situación de acto anormal, que de manera evidente vulnere una garantía constitucional, no encontrándose destinado a resolver conflictos de intereses o dificultades de aplicación o interpretación de una norma legal, cuyo es el caso de autos, motivo por el cual el presente recurso no podrá prosperar.

Por lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto en el art. 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto a fojas 16 por Lautaro Carrera Caroca, en representación de nombre reservado, nombre reservado, y, nombre reservado, todas de apellidos nombre reservado, en contra de la A.F.P. Habitat, representada por nombre reservado, todos ya individualizados.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1814-2016.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada la Ministro Titular Sra. Rosa Aguirre Carvajal, quien la preside, Ministro Suplente Sr. Jorge Fernández Stevenson y Ministro Suplente Sra. Ingrid Alvial Figueroa.

En Valparaíso, tres de mayo de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.