Protección contra Ministra Señora Nancy Bluck Bahamondes

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinte de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, venezolana, en contra el Servicio Nacional de Migraciones, por el acto ilegal y arbitrario de tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente mediante Resolución Exenta N° NUM000 de 16 de diciembre de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones, vulnerando con ello su garantía fundamental, establecida en los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que ingresó a Chile por paso no habilitado el 3 de marzo de 2022. Posteriormente, con fecha 2 de noviembre de 2022, la Policía de Investigaciones de Chile emitió un Certificado de Declaración Voluntaria de Ingreso Clandestino.

Explica que luego de haber solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado, se le comunica que su solicitud no cumple con los requisitos formales legales mínimos establecidos en la ley, se le otorga el plazo de 15 días hábiles para subsanar, señala que dentro de plazo adjuntó una explicación subsanando su solicitud, y que luego de ello se emite la resolución que impugna por esta vía, la que considera ilegal y arbitraria, pues se le pide cumplir con requisitos que son imposibles, ya que realizó su ingreso por paso no habilitado al territorio de la república el 20 de febrero de 2024, antes de la entrada en vigencia de la modificación legal a La ley 20.430, que establece los requisitos que para el Servicio estarían incumplidos.

Solicita que, se ordene dejar sin efecto Resolución Exenta que tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, que en su lugar se ordene tener por subsanada dicha solicitud, y que se ordene emitir una nueva resolución teniendo por formalizada la solicitud del recurrente, reanudando de esta forma la tramitación de dicha solicitud, en un plazo no superior de 30 días, o la providencias que se estimen pertinentes, con costas.

A folio 7, informa el Servicio Nacional de Migraciones, oponiendo la excepción de incompetencia, argumenta que la actora al momento de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiada, declara estar residiendo en “DIRECCION000, comuna de Melipilla, provincia de Melipilla, región Metropolitana”. Agrega que nunca ha informado a este Servicio, algún domicilio ubicado en la región de Valparaíso.

En cuanto al fondo explica que, la actora ingresó al territorio nacional por un paso no habilitado, y que el 7 de noviembre de 2025, manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada.

Refiere que, verificados los requisitos formales, con fecha 18 de noviembre de 2025, se le notificó que la solicitud se encontraba incompleta, por exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el art. 26 de la ley 20.430. Se le concedió 15 días para subsanar la solicitud, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 bis de la Ley 20.430 y en el artículo 31 de la Ley 19.880.

Refiere que, habiendo presentado los antecedentes y analizados los mismos, mediante Resolución Exenta Resolución Exenta N° NUM000 de 16 de diciembre de 2025, la recurrida tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Además, hace presente que con fecha 20 de febrero de 2024, se publicó la Ley 21.655, que modificó la Ley 20.430, sobre protección de refugiados, en cuyo artículo 28 bis, otorgó al Servicio la facultad de tener por desistidas aquellas solicitudes que no cumplan con los requisitos formales establecidos en los artículos 26 y 28 y en el artículo 37 de Reglamento de la ley y si, de conformidad con el artículo 2° es manifiestamente infundada, con lo que se pone término a la discusión de si el Servicio puede efectuar un análisis de admisibilidad de las solicitudes. Solicita el rechazo del recurso, y acompaña resolución previa al rechazo y resolución exenta impugnada.

A folio 12, se decretaron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la excepción de incompetencia:

Primero: Que, el Servicio Nacional de Migraciones, opone la excepción de incompetencia fundado en que la recurrente al realizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, el 7 de noviembre de 2025, señala domicilio en la comuna de Melipilla, no registrando ante el Servicio domicilio alguno en esta jurisdicción.

Segundo: Que, la alegación de incompetencia será desestimada pues la actora al momento de presentar esta acción ha indicado mantener domicilio en la comuna de Los Andes, lo que habilita a este Tribunal de Alzada a conocer del presente arbitrio.

II.- En cuanto al fondo:

Tercero: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Cuarto: Que, mediante la presente acción constitucional, se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho, ante la eventual actuación arbitraria e ilegal por parte del Servicio Nacional de Migraciones, en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000 de 16 de diciembre de 2025, que tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada presentada por la recurrente, por haber presentado documentación que no permite entender por subsanados los requisitos formales faltantes.

Quinto: Que de los antecedentes acompañados se desprende que la actora ingreso al país antes del 2 de noviembre de 2022, fecha en la que Policía de Investigaciones de Chile emitió un Certificado de Declaración Voluntaria de Ingreso Clandestino.

Sexto: Que, de esta manera, es posible concluir que el Servicio debió aplicar a la tramitación de su solicitud de refugio la legislación vigente a la época de su ingreso al país, esto es, la Ley 20.430 sobre Protección de Refugiados previa a la modificación introducida con fecha 20 de febrero de 2024.

Séptimo: Que, en consecuencia, el acto impugnado deviene en ilegal, pues exige el cumplimiento de un requisito imposible de cumplir toda vez que la actora ingresó al país antes de la modificación legal introducida por la Ley 21.655 de 20 de febrero de 2024 a la Ley que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, lo que demuestra que la autoridad administrativa ha creado una hipótesis no prevista por el legislador para tener por desistida al peticionario de su solicitud, conculcando con dicho proceder su garantía a la igualdad ante la ley.

Octavo: Que, en cuanto a la alegación del Servicio, de haberse modificado la Ley 20.430, permitiéndole tener por desistidas las solicitudes que no cumplen con los requisitos formales para obtener el reconocimiento de la condición de refugiado, constituye una aplicación retroactiva de dicho cuerpo normativo, toda vez que, el actor ingresó al país antes del 20 de febrero de 2024.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

I.- Que se rechaza la excepción de incompetencia.

II.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000 de 16 de diciembre de 2025, debiendo la recurrida continuar con tramitación de la solicitud presentada por la recurrente, como en derecho corresponda, hasta la dictación del acto terminal respectivo.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Señora Nancy Bluck Bahamondes, quien estuvo por acoger la excepción de incompetencia deducida por el Servicio Nacional de Migraciones, de conformidad a las siguientes consideraciones. 1°) Que, sin perjuicio de la naturaleza de la acción cautelar deducida, atendido que la propia recurrente al realizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado el 7 de noviembre de 2025 informó al Servicio Nacional de Migraciones mantener domicilio en la comuna de Melipilla, aparece claramente que no reside en el territorio jurisdiccional de esta Corte. 2°) Que, de un tiempo a esta parte, los abogados que tramitan causas relacionadas con la normativa sobre migraciones eligen la Corte de Apelaciones que desean y ante ella deducen las acciones cautelares, sin que exista ninguna vinculación geográfica, en este caso, entre la recurrente y la Corte de Apelaciones de Valparaíso. 3°) Que, lo anterior, no es un tema baladí en tanto se observa un aumento sostenido de los recursos de protección de migraciones lo que impide el avance de otros asuntos de igual importancia y que sí responden a criterios competenciales de esta Corte, a diferencia del que hoy nos ocupa, que debió ser ingresado y resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, sin que existan ni siquiera temáticas sobre acceso a la justicia desde que los estudios de abogados que suelen asumir la defensa de estas temáticas, por regla general, ni siquiera concurren presencialmente ante esta Corte sino que desarrollan sus alegaciones por zoom o simplemente no ejercen su derecho a efectuar defensa en estrado, como en este caso.

Regístrese, notifíquese, certifíquese una vez ejecutoriada y en su oportunidad, archívese.

Sujeto a anonimización.

N°Protección-179-2026.

En Valparaíso, veinte de abril de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.