Protección contra Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso

Foja: 73 Setenta y Tres Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS:

A fojas 13 comparece don Roberto Vásquez Hidalgo, abogado, en representación de don nombre reservado, comerciante, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, fundado en la circunstancia que el recurrido, al dictar la Resolución N° 72 de 23 de enero de 2017, contenida en oficio N° 143 de 23 de enero del mismo año, notificada el día 28 de febrero del corriente, incurrió en acto que califica de arbitrario e ilegal.

Señala que Inspección Provincial del Trabajo, mediante Resolución N° 7751/15/85, de 16 de diciembre de 2015, que le impuso una multa de 70 UTM, por no reintegrar a sus funciones a una trabajadora con fuero maternal, en circunstancias que su parte desconocía el embarazo de doña nombre reservado, quien terminó sus funciones por el vencimiento del plazo. En contra de dicha resolución, dedujo una reclamación administrativa, la que por Resolución N° 441, de 22 de septiembre de 2016 de la Inspección Provincial del Trabajo, se le notificó la confirmación y el consecuente rechazo de la reconsideración planteada por su parte.

Expone que en contra de la Resolución que desestimó su reconsideración, dedujo Recurso Jerárquico, ante la Dirección Regional del Trabajo en Valparaíso, el que fue rechazado por el Director Regional del Trabajo de Valparaíso, por Resolución N° 072 de 23 de enero de 2017, contenida en el Oficio N° 143 de 24 de enero de 2017, notificado a su parte recién con fecha 28 de febrero pasado. Alega que la Resolución contenida en el Ordinario N° 143 del Director Regional del Trabajo, constituye un procedimiento que vulnera el debido proceso y se erige como un acto arbitrario e ilegal, al confirmar una resolución aplicando el máximo de multa, para una conducta respecto de la cual es difícil imputar dolo o culpa al empleador, quien además, ha cumplido a cabalidad lo ordenado por el Juzgado Laboral respectivo.

Agrega que la actuación impugnada vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N° 3 inciso 6° y N° 24 de la Constitución Política de Chile, toda vez que la aplicación de la multa significa la imposibilidad del desarrollo de su actividad laboral como pequeño empresario gastronómico, del giro de Restaurant y expendio de comida rápida, e incluso debió ceder la administración y dominio del mismo, con serio riesgo de tener que cerrar el negocio atendida la crisis que dicha multa le provocó.

Solicita se reestablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto el acto impugnado en todas sus partes.

A fojas 22 Que a fojas 22 informa al tenor del recurso don nombre reservado, Director Regional del Trabajo de Valparaíso, por la recurrida, solicitando su rechazo, con costas.

Como cuestión previa, alega la extemporaneidad de la acción cautelar, por cuanto la Resolución N° 072 que por esta vía se impugna, fue remitida a la recurrente por carta certificada, entendiéndose notificada con fecha 09 de febrero de 2017, por lo que el plazo para deducir este recurso, vencía el 11 de marzo de 2017. Hace presente que aun en el evento de entenderse que fue notificada el 28 de febrero, de todas maneras el recurso interpuesto con fecha 4 de abril de 2017, lo fue de manera extemporánea.

En cuanto a los hechos que dieron origen a la Resolución impugnada, indica que en fiscalización realizada el día 9 de diciembre de 2015, conforme a denuncia efectuada ante la Inspección Provincial del Trabajo de Marga Marga, se verificó una infracción consistente en separar ilegalmente de sus funciones a la trabajadora doña nombre reservado, al no contar con la autorización previa del juez competente, habiéndose constatado que se encuentra amparada por fuero laboral por maternidad, según consta en el respectivo certificado médico de matrona. En contra de dicha multa, la recurrente dedujo solicitud de reconsideración administrativa, la que fue resuelta mediante Resolución N°441 de 22 de septiembre de 2016, manteniendo la sanción. Luego, el 21 de octubre de 2016, el actor dedujo Recurso de Reposición, y en subsidio Recurso Jerárquico, en contra de dicha Resolución.

Indica que el Inspector Provincial del Trabajo de Marga Marga, rechazó el recurso de reposición por extemporáneo y remitió los antecedentes a la Dirección Regional para que emitiera pronunciamiento del recurso jerárquico.

Refiere que la Contraloría General de la República, en Dictamen N° 9494, de 28 de febrero de 2007, ha manifestado que no procede la aplicación de los recursos de reposición y jerárquico contemplados en los artículos 10 de la Ley 18.575 y 59 de la Ley 19.880, respecto de resoluciones dictadas en procedimientos de reclamación de multas dispuestas por los inspectores o funcionarios de la Dirección del Trabajo, contemplados en los artículos 503, 511 y 512 del Código del Trabajo. Este criterio resulta obligatorio para los funcionarios de la Dirección del Trabajo por tratarse de un servicio sometido a su fiscalización, por lo que el incumplimiento de tales pronunciamientos por parte de esos organismos, significa la infracción de los deberes funcionarios de los servidores involucrados. Así, el referido recurso fue rechazado por improcedente, dictándose la Resolución Exenta N° 072, de fecha 23 de enero de 2017.

Sostiene la improcedencia de la presente acción cautelar, atendida la naturaleza del acto recurrido, ya que se reclama en contra de una resolución que aplica una multa de carácter administrativo; decisión en contra de la cual el ordenamiento jurídico otorga al afectado, amplias posibilidades de impugnación tanto administrativa como judicial, de conformidad con los procedimientos establecidos en los artículos 503 y 511 y siguientes del Código del Trabajo. Por otra parte, por la vía del recurso de protección, resulta imposible destruir la presunción de veracidad de los hechos constatados por un fiscalizador en el ejercicio de sus funciones, para lo que se requiere un juicio de lato conocimiento que permita que ello ocurra. La sede de protección, por su parte, requiere de un derecho indubitado que amparar, el que no se puede encontrar cuando frente a él se colisiona con una presunción de veracidad.

Refiere que el proceso de fiscalización, que derivó en la aplicación de la multa recurrida, se apegó a la legalidad vigente, constatándose una infracción a la legislación laboral, por cuanto la trabajadora aforada, Sra. nombre reservado, se encontraba embarazada de 8 semanas al momento del despido, y en el procedimiento de reincorporación de la trabajadora, el empleador no se allanó, lo que significó, en definitiva la aplicación de la multa impugnada. En el caso de autos, el funcionario de la Inspección del Trabajo ha actuado en ejercicio de sus facultades específicas de fiscalización laboral, no habiendo arbitrariedad ni ilegalidad en las actuaciones denunciadas. Tampoco ha invadido la competencia del Poder Judicial “arrogándose facultades jurisdiccionales” ni ha modificado el contrato de trabajo, ya que se ha limitado a ejercer sus atribuciones y potestades privativas de naturaleza administrativa.

Sostiene que la Resolución de multa no establece una diferencia arbitraria ni vulnera la garantía de igual protección ante la ley, ya que la Inspección Provincial se ha limitado a ejercer su labor fiscalizadora dentro de los parámetros que le otorga el principio de legalidad. En cuanto al perjuicio económico que señala la recurrente, hace presente que encontrándose vigente un procedimiento de reclamo judicial se produce la suspensión del proceso de ejecución, por lo que no existe tal perturbación, infracción o amenaza de tal derecho. Respecto a la propiedad, el recurrente no explica de qué forma se habría afectado este derecho, sino que simplemente lo ha remitido al ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica, por lo que esta acción constitucional no pude prosperar, en la forma en que ha sido planteada.

A fojas 57 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que de la acción deducida, se desprende que lo pretendido por el recurrente es que se deje sin efecto la Resolución N° 72 de 23 de enero de 2017, contenida en oficio N° 143 de 23 de enero del mismo año, dictada por el Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, pero la argumentación que para tal pretensión se desarrolla tiene que ver con el fondo de la situación que motivó la aplicación de la multa. En otros términos, se está reclamando de esa sanción pecuniaria, pretendiendo revivir un plazo fenecido mediante el expediente de recurrir ahora contra la decisión que desechó el recurso jerárquico por motivos formales, de suerte que ya por esta primera razón la acción constitucional intentada no puede prosperar pues resulta extemporánea.

2.- Que si se pudiera admitir que el reclamo se dirige sólo contra la decisión de rechazar el recurso jerárquico la acción no sería extemporánea, porque el escrito fue recibido en la oficina virtual del Poder Judicial el 30 de marzo del año en curso; esto es, el último día del plazo, más allá de cuándo se le diera ingreso como recurso de protección. Pero en ese caso deberíamos sólo examinar la legalidad de esa decisión, y no ya de la multa. La resolución 072 de 23 de enero de 2017, emanada de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso desecha el recurso jerárquico no por razones de fondo, sino por improcedente, de manera tal que sería esa improcedencia, y no otra cosa, lo que deberíamos revisar aquí.

3.- Que la Dirección del Trabajo de Valparaíso entiende que el recurso jerárquico es aquí improcedente por mediar una interpretación para ella obligatoria, emanada de la Contraloría General de la República, según Dictamen N° 9494 de 28 de febrero de 2007, que señala en forma expresa que este recurso no es aplicable a la situación en comento por mediar normas especiales, que son las contenidas en los artículos 503, 511 y 512 del Código Laboral.

4.- Que aparte de ser efectivo que el señalado dictamen es obligatorio para la recurrida, sin que se haya incluido a la Contraloría en el recurso, resulta que el criterio del órgano contralor es correcto, porque efectivamente la ley establece para la especie un procedimiento especial de reclamación, regulado en el Código del Trabajo, que evidentemente se superpone y prefiere al régimen general de los recursos de reposición y jerárquico, procedimiento especial que permite reclamar de la resolución que aplica la multa directamente ante el tribunal laboral, o bien acudir al Director del Trabajo dentro del plazo de treinta días desde que se aplicó la multa, para que se la deje sin efecto si ha mediado error de hecho, o para que se la rebaje si se ha subsanado la infracción, y esa decisión del Director es, a su turno, reclamable ante la Judicatura especial. Huelga decir que no puede haberse infringido el debido proceso si el actor, por su propia omisión, no acudió a las instancias que la ley le franqueaba, ni puede vía recurso de protección corregir, ahora, su error.

5.- Que, en suma entonces, la resolución 072 de 23 de enero del año en curso, que ha sido recurrida, ni es la que impone la multa, ni tampoco es ilegal ni arbitraria, sino que decide conforme a derecho la improcedencia de un recurso jerárquico por motivos formales correctos, razones todas que son bastantes para desechar la acción.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 13 en representación de don nombre reservado, y en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Mera.

N°Protección-1789-2017.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los Ministros Sr. Raúl Mera Muñoz, Sra. Silvana Donoso Ocampo y el Abogado Integrante Sr. Raúl Núñez Ojeda.