nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintitrés de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales para técnico extranjero de fecha 19 de febrero de 2026, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente, profesional de nacionalidad venezolana, solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos de pensiones al amparo de la Ley N° 18.156, cumpliendo con los requisitos de calidad técnica y afiliación a la seguridad social en su país de origen. Señala que la AFP rechazó la solicitud argumentando que el certificado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no cumplía con los criterios de aceptación por no estar apostillado. Argumenta que la recurrida incorpora requisitos no previstos en la ley, realizando una interpretación excesivamente formalista que desconoce la validez de las constancias electrónicas verificables en el portal oficial del IVSS mediante código alfanumérico. Indica que es un hecho público la dificultad para obtener documentos apostillados debido a la crisis institucional en Venezuela y la inexistencia de relaciones diplomáticas plenas, lo que constituye un obstáculo insalvable para el recurrente. Sostiene que la negativa afecta el derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales y el derecho a la igualdad ante la ley, citando jurisprudencia de tribunales superiores que han validado este tipo de certificaciones digitales ante la imposibilidad de legalizaciones consulares.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento y se efectúe la devolución de los fondos solicitados en un plazo razonable.

A folio 6, evacúa informe nombre reservado en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Indica que con fecha 18 de febrero de 2026 el recurrente solicitó la devolución de fondos invocando la Ley N° 18.156. Refiere que, tras el análisis de los antecedentes, se determinó no dar curso a la solicitud debido a que la documentación aportada no cumplía con las exigencias del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Alega que la recurrida no ha actuado de forma arbitraria, sino que ha seguido rigurosamente las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, las cuales exigen que los certificados de afiliación extranjeros se presenten debidamente legalizados o apostillados conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Sostiene que las certificaciones electrónicas sin firma ni apostilla no son medios idóneos para acreditar la cobertura previsional externa según la normativa administrativa vigente. Aduce que la AFP, como entidad fiscalizada, arriesga sanciones si no exige el cumplimiento estricto de estas formalidades probatorias destinadas a evitar fraudes.

Finalmente pide el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

A folio 7, evacúa informe nombre reservado en representación de la Superintendencia de Pensiones.

Indica que la Ley N° 18.156 constituye una norma de excepción que requiere el cumplimiento copulativo y fehaciente de requisitos, especialmente la acreditación de que el trabajador cuenta con cobertura efectiva en el extranjero para riesgos de vejez, invalidez, muerte y enfermedad. Señala que, conforme al principio de legalidad, los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben ser legalizados o apostillados para producir fe en el país. Argumenta que la mera incorporación de un código de verificación electrónica no suple las solemnidades legales nacionales. Agrega que la situación diplomática con Venezuela no configura fuerza mayor, pues el sistema de apostilla electrónica venezolano se encuentra activo según información de Cancillería. Refiere que la negativa no vulnera el derecho de propiedad, pues los fondos conservan su finalidad de seguridad social bajo la titularidad del afiliado, pero su disposición anticipada está sujeta a prueba estricta.

Finalmente pide tener por cumplido lo ordenado e informar según los criterios técnicos expuestos.

A folio 8, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se impugna el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales por concepto de técnico extranjero, fundada en la falta de apostilla del certificado de afiliación previsional venezolano, solicitando que se ordene a la AFP recurrida tramitar la devolución de los fondos acumulados.

Tercero: Que, conforme se desprende del informe evacuado por la recurrida, la petición del actor fue rechazada teniendo en consideración que el recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que se encuentra vencida, toda vez que en el instrumento se consigna expresamente que "tendrá vigencia hasta el día 31 del mes de enero de 2026", habiéndose presentado la solicitud en el mes de febrero del mismo año; además, el documento carece de la debida cadena de legalización o apostilla exigida por la normativa aplicable.

Cuarto: Que, el artículo 1° de la Ley 18.156, establece que "Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte [...]".

Quinto: Que, teniendo presente la normativa que regula la exención de cotizar en el país a los técnicos extranjeros y del análisis del documento denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañado por el actor, es posible constatar que este carece de la debida legalización exigida por la normativa vigente, toda vez que no se encuentra debidamente apostillado.

En efecto, el hecho que el instrumento contenga un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que reviste especial relevancia cuando se trata de antecedentes que inciden en el cumplimiento sustancial de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio excepcional como el impetrado.

Sexto: Que, cabe destacar que la exención establecida en la Ley N° 18.156 es de carácter excepcional, ya que modifica la regla general del sistema chileno en cuanto a la obligatoriedad de cotizar para todos los trabajadores dependientes, por lo que dicha normativa debe ser interpretada restrictivamente, debiendo las Administradoras aplicar estrictamente los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones, organismo técnico facultado para interpretar la legislación con carácter obligatorio.

Séptimo: Que, por lo demás, el rechazo de la petición del recurrente no impide que posteriormente pueda volver a presentarla acompañando la documentación que cumpla con los requisitos legales y administrativos vigentes, al tratarse de un acto subsanable y no de una decisión definitiva que genere indefensión.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1785-2026.