nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecinueve de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros de fecha 18 de febrero de 2026, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el recurrente, de nacionalidad venezolana y técnico electromecánico, solicitó la devolución de sus fondos conforme a la Ley N° 18.156, cumpliendo con los requisitos de estar afiliado a un régimen de seguridad social en su país de origen y manifestar su voluntad de mantener dicha afiliación. Señala que, la recurrida rechazó la solicitud argumentando la falta de un título de nivel universitario y la carencia de una constancia de afiliación apostillada o legalizada. Argumenta que, tal exigencia es ilegal, toda vez que la normativa solo requiere la calidad de técnico y no restringe el beneficio a profesionales universitarios. Sostiene que, respecto a la apostilla, el certificado electrónico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cuenta con un código de verificación alfanumérico plenamente validable en línea, lo que satisface la finalidad de certeza del documento. Refiere que, la exigencia de una formalidad imposible de cumplir —debido a la crisis diplomática y la inexistencia de representación consular venezolana en Chile— constituye un obstáculo irrazonable y arbitrario. Agrega que, otras administradoras han aceptado la misma documentación, por lo que el rechazo de Provida infringe la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales.

Concluye solicitando que se deje sin efecto el acto impugnado, se reconozca la validez de la documentación acompañada y se ordene a la recurrida proceder a la devolución de los fondos de pensión solicitados dentro de un plazo razonable.

A folio 6, evacúa informe nombre reservado, Jefe de la Dirección de Asesoría Jurídica, en representación de la Superintendencia de Pensiones. Refiere que la solicitud de devolución de fondos es un régimen de excepción que debe interpretarse restrictivamente, informando que el rechazo se fundamenta objetivamente en los siguientes puntos: 1) La "Constancia Electrónica de Cotizaciones" acompañada no se encuentra firmada por quien la emite, ni cuenta con la respectiva apostilla o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil; 2) El documento del IVSS menciona coberturas de forma genérica según la ley venezolana, pero no certifica de manera específica que el trabajador contó con protección efectiva para los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el periodo en que prestó servicios en Chile; 3) La declaración jurada ante notario chileno no es un instrumento idóneo, ya que la facultad legal para dar fe sobre la situación previsional en el extranjero recae exclusivamente en la autoridad previsional del país de origen; 4) La existencia de un código de verificación electrónica no sustituye las formalidades legales de los instrumentos públicos extranjeros para producir efectos en Chile. Finalmente pide que se desestime la acción por ajustarse el actuar de la AFP a la normativa vigente.

En apoyo a sus dichos acompañó los siguientes documentos: a) Oficio Ordinario N° 4364 de fecha 4 de marzo de 2026 que contiene el informe técnico de la Superintendencia.

A folio 7, evacúa informe Ana María Herrera Brummer, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. Opone como alegación previa que la acción de protección no es la vía idónea por ser una materia de lato conocimiento con derechos controvertidos. En cuanto al fondo, argumenta que el rechazo se basa en los siguientes hechos objetivos: 1) El recurrente no dio cumplimiento íntegro a los requisitos de la Ley N° 18.156, específicamente en lo relativo a la acreditación de afiliación en el extranjero mediante documentos debidamente legalizados o apostillados; 2) La documentación presentada carece de firma del emisor y solo menciona coberturas genéricas, sin precisar el periodo de protección efectiva; 3) Existe una manifestación de voluntad contradictoria y extemporánea, por cuanto el contrato de trabajo original de fecha 23 de julio de 2021 no mencionaba la afiliación extranjera, incorporándose dicha voluntad recién en un anexo de fecha 24 de enero de 2023, periodo durante el cual el trabajador cotizó en el sistema chileno; 4) El recurrente posee residencia definitiva en Chile y es propietario de un inmueble, lo que desvirtúa la finalidad de la ley dirigida a personal técnico cuya estadía es transitoria, evitando que en el futuro el Estado deba asumir el costo de pensiones solidarias por el retiro prematuro de fondos. Finalmente pide el rechazo del recurso con expresa condenación en costas.

A folio 10, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías —preexistentes— protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros —personal técnico— existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, cuya profesión es la de técnico electromecánico y que cuenta con residencia definitiva en el país.

2° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundado en que el actor no cumple con las exigencias necesarias para ello, por cuanto la Constancia Electrónica de Cotizaciones Previsionales adjunta carecería de firma, no se encontraría apostillada ni legalizada, y no acreditaría en forma suficiente y específica la cobertura previsional requerida. Del mismo modo, sostiene que la declaración jurada acompañada tampoco sería un medio idóneo para tales efectos, por no emanar de la autoridad previsional competente.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho —la devolución de fondos previsionales— del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, sin perjuicio que el actor ha invocado su calidad de técnico electromecánico con experiencia en la empresa PDVSA, corresponde tener presente que el reparo específico formulado por la recurrida para rechazar la devolución solicitada se centró en la forma de acreditación de la afiliación previsional extranjera, al estimar que la documentación acompañada carecía de aptitud suficiente por cuanto no se encontraba apostillada ni legalizada, no estaba firmada y no daba cuenta, en forma específica, de las coberturas previsionales exigidas por la Ley N° 18.156.

En relación con dicho punto, y de acuerdo con los documentos que obran en la carpeta electrónica, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada por el recurrente no reviste utilidad suficiente para tener por cumplida la exigencia prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, desde que dicho instrumento se limita a dar cuenta, en términos generales, de la afiliación del actor al sistema previsional extranjero y de su calidad de asegurado con 983 semanas cotizadas, sin consignar de manera específica que cuenta con cobertura por las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que prestó servicios en Chile, ni precisar el alcance de dichas prestaciones. A ello se suma que el documento carece de firma, no se encuentra apostillado ni legalizado, y su eventual valor probatorio no puede suplirse por la sola posibilidad de verificación electrónica invocada por el recurrente, máxime si se trata de acreditar un presupuesto de excepción cuyo cumplimiento debe constar en forma fehaciente, y sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Por otra parte, la declaración jurada acompañada ante el notario Jaime Bernales y con apostilla EAC9724959 tampoco resulta idónea para estos efectos, por cuanto dicha apostilla solo certifica la firma del ministro de fe chileno mas no la veracidad de la situación previsional en el extranjero, la cual debe emanar de la autoridad previsional competente del país de origen, única habilitada para certificar la efectiva cobertura previsional exigida por la ley. De este modo, aun ciñéndose al motivo concreto de rechazo invocado por la recurrida, no aparece acreditado que el actor haya cumplido suficientemente con el requisito relativo a la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social extranjero en los términos exigidos por la normativa aplicable.

NOVENO: Que, finalmente, y a mayor abundamiento, cabe considerar la calidad del recurrente como titular de permanencia definitiva, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1783-2026.