nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A, por el acto ilegal y arbitrario de fecha 26 de enero de 2026, que rechazó la solicitud de retiro de fondos para extranjero, vulnerando los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso, en que el recurrente, ciudadano venezolano, solicitó a la AFP PROVIDA el retiro de sus fondos previsionales bajo la Ley N° 18.156, que permite la devolución a trabajadores extranjeros que están afiliados a un sistema previsional en su país de origen.

Que, la administradora de fondos de pensiones recurrida notifico al recurrente vía correo electrónico de fecha 26 de enero en curso del rechazo de la solicitud presentada, fundamentada en síntesis, porque la Constancia Electrónica de Cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), no permitía acreditar que da cumplimiento al requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, por cuanto, si bien acredita que usted se afilió el 01/03/2007 al IVSS, no acredita que usted efectivamente hubiese podido acceder a la cobertura señalada durante todo el periodo en que prestó servicios en Chile. Adicionalmente, en el caso de la cobertura por enfermedad, la constancia no señala que comprende prestaciones médicas y pecuniarias; y por otro lado, se le indicó al recurrida que las declaraciones juradas otorgadas ante notario público chileno presentadas por afiliados venezolanos con el objeto de acreditar el cumplimiento del requisito contemplado en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, no resultaban útiles para este efecto, por cuanto no constituyen medios idóneos.

Alega, que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que la Administradora de Fondos de Pensiones admite que efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social del país de origen no obstante, rechazaron argumentando que no se acreditaría que el recurrente pudiese haber accedido a la cobertura señalada durante el período en que prestó servicios en Chile y que para el caso de la cobertura por enfermedad, la constancia no señala que comprende prestaciones médicas y pecuniarias. En tal caso, es claro que la recurrida incorpora un requisito adicional que se aparta a lo estatuido en el cuerpo legal que regula la materia.

Refiere además, que al ser profesional extranjero cumple con los requisitos, y en consecuencia, se evidencia que ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato de certificado de relación laboral y la validez de sus documentos.

Hace presente, que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que, desde ya, deviene en un actuar arbitrario e ilegal según se desarrollará en lo sucesivo.

Así las cosas, señala que además de acompañarse el certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente notariado, y que puede ser verificado y validado en el link acompañado al recurso, de una simple búsqueda, empleando las palabras validar ivss, arrojará la web indicada.

Agrega que no existe exigencia legal de que los certificados estén apostillados o legalizados.

Previas citas legales y jurisprudencia, solicita en síntesis, acoger el presente recurso, ordenando a la AFP PROVIDA aceptar la documentación presentada y proceder con el retiro de los fondos previsionales.

Acompaña documentos a su recurso.

A folio 5, evacua informe la Superintendencia de Pensiones, y en refiere que el recurrente no presentó reclamo previo ante dicho organismo, limitándose a exponer el marco normativo aplicable.

Señala que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional, cuya aplicación exige el cumplimiento copulativo de requisitos, especialmente acreditar afiliación a un sistema de seguridad social extranjero con cobertura efectiva en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período laboral en Chile.

Asimismo, precisa que dicha acreditación debe realizarse mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente y debidamente legalizada o apostillada, no siendo suficientes declaraciones juradas ni documentos electrónicos carentes de tales formalidades. En el caso concreto, indica que los antecedentes acompañados por el recurrente no cumplen con estos estándares, por lo que la decisión de la AFP se ajusta a derecho.

Por último, agrega que tanto la jurisprudencia administrativa como judicial han confirmado este criterio de interpretación restrictiva de la ley, descartando ilegalidad o arbitrariedad en rechazos fundados en la falta de acreditación válida de la cobertura previsional extranjera.

A folio 7, evacua informe ANA MARIA HERRERA BRUMMER, abogada, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., solicitando el rechazo del presente recurso, en todas sus partes y con costas.

En primer lugar, alega la improcedencia del recurso de protección, por cuanto, a su juicio no es el mecanismo adecuado para resolver esta clase de controversias, ya que el derecho reclamado no es indubitado sino discutido, y además, el recurso de protección solo procede ante actos ilegales o arbitrarios evidentes, lo que —según la AFP— no ocurre en este caso, por cuanto el rechazo de la devolución de fondos fue conforme a la Ley N° 18.156.

En cuanto al fondo, la AFP refiere que rechazó la solicitud de devolución de cotizaciones como técnico extranjero porque el solicitante no acreditó adecuadamente cobertura previsional en su país de origen (Venezuela) para los riesgos de: enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Agrega, que la constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS): no acredita cobertura completa durante todo el período trabajado en Chile, no específica prestaciones médicas y pecuniarias, no está firmada ni apostillada, y no cumple los requisitos exigidos por la Superintendencia de Pensiones.

Asimismo, las declaraciones juradas no son consideradas medio idóneo para acreditar cobertura previsional.

Por otro lado, señala que el recurrente tiene residencia definitiva y bienes en Chile, lo que podría implicar que en el futuro el Estado deba financiar una pensión solidaria, situación que la normativa busca evitar cuando no se cumplen los requisitos para retirar fondos.

Añade, que los fondos de la cuenta de capitalización individual tienen como destino principal financiar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, y solo pueden retirarse en los casos expresamente autorizados por la ley.

Previas citas legales y jurisprudencia administrativa y judicial, sostiene la recurrida que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad, ya que el rechazo de la devolución de fondos se ajusta a la Ley N° 18.156, el DL 3.500 y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, y que la discusión planteada excede el ámbito del recurso de protección.

Acompaña al informe copia del oficio de la Superintendencia de Pensiones Nº 12954-2025, y Nº 21880, de fecha 17-07-2025 y 17-11-2025, respectivamente, que ratifican el correcto actuar de ProVida en el caso de la no entrega de fondos previsionales a técnicos extranjeros que no cumplan con la normativa vigente.

Acompaña además, jurisprudencia.

A folio 8, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondo de Pensiones Provida S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

TERCERO: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

CUARTO: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad.

Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N° 18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entender por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, ya citado.

SEXTO: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, cuya profesión acreditada es la de Técnico Universitario en Administración, Contabilidad y Finanzas.

2° Dicha persona extranjera celebró contrato de trabajo con Banco Santander Chile, el 1 de diciembre de 2021, para desempeñarse en funciones de ejecutivo de VOX, mediante teletrabajo, bajo un contrato de duración indefinida.

3° Por anexo de contrato de trabajo de la misma fecha, el trabajador manifiesta su voluntad de mantener la afiliación al sistema de previsión y seguridad social de su país de origen que proporciona cobertura en las contingencias de enfermedad, vejez, invalidez y muerte. Por tanto, solicita mantener la afiliación a dicho régimen.

4° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundado en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no cumple las exigencias establecidas en la normativa vigente, pues no es un certificado de afiliación, no menciona las cobertura con las que cuenta el afiliado en su caso específico, sino que menciona de forma genérica las coberturas del sistema previsional de Venezuela, no se encuentra firmado por la persona que emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado.

SÉPTIMO: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N° 18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho –la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo relacionado y a los documentos que obran en la carpeta electrónica, se puede concluir que el recurrente posee conocimientos de una ciencia o arte y que, por lo tanto, puede ser considerado como técnico extranjero.

En relación con los restantes requisitos para acceder a la devolución solicitada, consta que la recurrida reprocha el contenido genérico del documento acompañado para acreditar afiliación previsional extranjera; su falta de autenticidad y; el no haber sido emitido por la autoridad competente, estimando que no se acreditó la concurrencia de las restantes exigencias previstas en la Ley N°18.156.

En efecto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no reviste utilidad suficiente, en tanto dicho documento solo da cuenta de la afiliación al sistema previsional extranjero y de la calidad de asegurado del recurrente, pretendiendo acreditar la cobertura que tal condición genera mediante una referencia general al derecho extranjero, sin consignar de manera específica la existencia de prestaciones médicas y pecuniarias en materia de enfermedad, ni permitir establecer la concurrencia de los demás requisitos exigidos por la normativa aplicable, sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida.

Se previene que la Ministra señora Bluck, concurre al rechazo teniendo únicamente presente que el asunto planteado es de aquéllos descritos en el artículo 420 letra c) del Código del Trabajo y por lo tanto requiere un pronunciamiento de lato conocimiento ante la judicatura especializada.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-1782-2026.