nombre reservado con COMERCIALIZADORA VH S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.

Visto:

A folio 1, comparece don Francisco León Salvatierra, abogado, en representación convencional de nombre reservado, quien actúa por si, y en representación de la Sociedad Agrícola y Comercial Rokafran Limitada y de don nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de Banco Santander-Chile, y de las sociedades Viveros Hijuelas S.A. y Comercializadora VH S.A, entidades que habrían incurrido en acciones y omisiones que constituyen una amenaza a los derechos constitucionales de los recurrentes, contemplados en los numerales 1, 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que, el día 23 de enero de 2021, se produjo un incendio en el predio denominado “Chacra Magdalena”, que corresponde a la parte sur de la Chacra El Carmen, número dos, de propiedad de Banco Santander-Chile; encontrándose subdividido en dos lotes. Explica que habitan en el lote 7 A, de propiedad de Agrícola y Comercial Rokafran Limitada, representada por nombre reservado, donde existe una mediería y un contrato de arrendamiento en favor de nombre reservado. Precisan que en dicho predio, y en la parte no arrendada, nombre reservado reside junto a su familia y desarrolla su actividad comercial.

Luego de exponer latamente las circunstancias del incendio ocurrido en la fecha indicada, y las acciones desplegadas por los recurrentes para controlarlo, señala que en el predio vecino se produce un producto denominado “turba”, que se conforma principalmente con material de ship de algunos árboles, principalmente de pino, el que al ser ácido es tratado al parecer químicamente por uno de los recurridos para bajar su acidez. En dicho contexto, lo rocían con elementos que desconocen, en cuanto a su composición, pero del que emana un fuerte olor. Posteriormente, de dichos ships, se decanta un líquido negro que el vecino apoza en los canales laterales de su predio, para posteriormente mezclarlo con la tierra que tiene en el sector para generar tierra de hoja. Advierte que con ello se produce un problema ya que la formación de la turba constituye la primera etapa del proceso por el que la vegetación se transforma en carbón mineral, por lo que aquella no sólo sirve para abono de las plantas sino también para la formación de combustible. Continúa indicando que en el proceso de putrefacción de la turba emanan gases, que de no ser tratados adecuadamente, generan igniciones espontáneas a temperatura ambiente, como las que ocurrieron en el predio de propiedad de Banco Santander-Chile. Reclama que para que la turba no se convierta en un peligro inminente, debe estar constantemente siendo humedecida, cuestión que los recurridos no efectúan, no obstante los constantes reclamos que se han formulado. Dice que las igniciones espontáneas de la turba, se ven agravadas por la falta de orden, aseo y la acumulación de desperdicios, plásticos, neumáticos y otros combustibles que existen en el predio contiguo, que provocaron no sólo el incendio que se ha relatado, sino que las condiciones de riesgo de incendio se mantienen, precisando que a una semana del incendio del 23 de enero, se produjo otro, de similares características. Puntualiza que se ha conversado con el representante legal de Viveros Hijuelas S.A. sin ningún resultado positivo, sobre el tratamiento de la turba y los escombros y otros combustibles, que aún mantiene en sus deslindes de la propiedad. Menciona las acciones que se han llevado a cabo por los recurrentes para la prevención de incendios, tales como el desmalezado de su sector y la mantención de un ojo de agua, lo que no habría sido suficiente, ya que el incendio que se inició en el predio vecino, e igualmente alcanzó el de los actores.

Considera que esta situación es una negligencia de los vecinos, que constituye una grave perturbación o amenaza, en contra de la propiedad de sus representados, de la vida, salud e integridad física y psíquica de los habitantes del predio, de sus trabajadores, de los animales y vegetación existente en el lugar. Refiere que el Ministerio Público de La Calera inició una investigación desformalizada, en contra de quienes resulten responsables por el incendio, no obstante ello, busca aplicar una sanción por los hechos, y el fundamento de este recurso es evitar que se produzcan nuevos riesgos de incendio.

Añade que además, se ha configurado una perturbación y amenaza a la garantía del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, garantía contemplada en el numeral octavo del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En lo que respecta al derecho de propiedad, argumenta que se ponen en riesgo de ser consumidos por las llamas, los paltos del Lote 7-A y las dependencias que corresponden a la casa habitación del recurrente y demás instalaciones.

La arbitrariedad que se denuncia, la cual sirve de fundamento a la acción de protección de los referidos derechos constitucionalmente amenazados, se configura no sólo por la subsistencia real y cierta del riesgo de un nuevo incendio, toda vez que persiste la acción omisiva de los recurridos en cuanto no han generado acción tendiente a suprimir las condiciones del “triángulo del fuego”, refiriéndose a las condiciones que favorecen la generación del fuego. Reitera que Viveros Hijuelas S.A. y Comercializadora VH S.A. se han negado injustificadamente a la adopción de las medidas idóneas y que el Banco Santander–Chile S.A., ha permitido aquella circunstancia.

Pide, en definitiva, que se ordene la construcción de un cortafuego, precisando las características que debiese tener, ordenar el corte y tala de las especies arbóreas quemadas, que corresponden a palmeras y álamos con severo peligro de su caída hacia el predio de propiedad de los recurrentes; la limpieza de malezas en el predio de los recurridos y la extracción de basuras, restos orgánicos, maderas y plástico, que se encuentran apilados en el referido predio; que se disponga la limpieza de los caminos interiores y senderos del predio de los recurridos y se implemente un sistema de riego, respecto de la turba que tiene en el respectivo predio.

Asimismo, solicita que se ordene a los recurridos adoptar las medidas de seguridad, debiendo constituirse con la Secretaría Regional Ministerial de Salud y la Superintendencia del Medio Ambiente, o el organismo que esta Corte de Apelaciones determine, para revisar el cumplimiento de toda la normativa que regula la materia. Pide además, que se disponga la implementación de manejos preventivos de las especies arbóreas existentes en los lotes A y B de la Chacra Magdalena de los recurridos, considerando la edad, tipo de especie, estructuras de copas, tipo de raíces, etc., y las medidas de prevención y mitigación del riesgo predial e implementación de medidas para la detección y aviso oportuno de incendios, con costas.

A folio 12, se acompaña documento denominado “Acta Circunstanciada”, de fecha 4 de marzo de 2021, suscrita por el suboficial de Carabineros de la Séptima Comisaría de La Calera, Retén Hijuelas, que da cuenta del estado actual del lote B de la Chacra Magdalena, de propiedad del Banco Santander-Chile y del Lote 7, de propiedad de la Sociedad Agrícola y Comercial Rokafran Ltda., informando que no se ha efectuado ningún tipo de remoción de escombros y limpieza del lugar, por parte de la empresa en donde comenzó el siniestro, manteniéndose en el lugar las palmeras quemadas, y no se ha efectuado la reparación del deslinde perimetral.

A folio 17, se informa en representación de Viveros Hijuelas S.A., y de Comercializadora VH S.A., que el incendio ocurrido con fecha 23 de enero de 2021, no se debe a la acción u omisión de las recurridas, ya que cuentan con todas las medidas de seguridad para realizar sus operaciones. Consideran que se trató de un caso fortuito y que habría existido intervención de terceras personas (sic). En cuanto a la actividad que desarrollan, expresan que Viveros Hijuelas S.A. es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en la producción de plantas ornamentales, teniendo como giro el cultivo de plantas perennes, plantas vivas y la producción en viveros. Dichas operaciones se realizan en el sector ubicado en Panamericana Norte km. 102, al inicio de la Chacra Magdalena, encontrándose a una gran distancia del predio de los recurrentes, por lo tanto, no tiene relación alguna con el siniestro que motiva la presente acción cautelar. En cuanto a la Comercializadora VH S.A., está enfocada en la producción y comercialización de sustratos productivos, tales como la corteza de pino compostada, perlita, turba y fibra de coco. El giro de esta empresa es la venta al por mayor de materia prima agrícola, por lo que ocupa variados espacios para el almacenaje y/o bodegaje de los productos que se comercializan, siendo el lugar siniestrado, el espacio físico para almacenar corteza de pino, la que pasa por un proceso natural de compostaje de 6 meses. Hacen presente que la “turba” que se comercializa, no es creada en su predio, si no que se compra a un proveedor externo, según consta en las facturas que acompañan. El proceso descrito lleva aproximadamente 15 años realizándose, sin que se haya generado algún daño, como el que se reclama por los actores. Agregan que a partir del año 2018, existe un plan de manejo de la corteza de pino en Comercializadora VH S.A., el que fue realizado por un prevencionista de riesgos, que acompaña. Concluye que la acción constitucional interpuesta es improcedente ya que los riesgos o amenazas pueden ser verificados a través de un procedimiento de fiscalización administrativo, ya sea ante la Seremi de Salud, o ante la Superintendencia del Medio Ambiente, ante el Servicio Agrícola y Ganadero, o ante la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y no consta que haya sido realizada solicitud alguna con anterioridad a esta acción cautelar. Adicionalmente, una vez que cesaron los efectos del incendio, se iniciaron en forma progresiva las labores de limpieza del predio siniestrado. Por otra parte, los derechos fundamentales supuestamente amenazados, no son de la envergadura que los recurrentes alegan, ya que en los 15 años que llevan realizando su actividad económica, no existe reclamo alguno. Dice que la situación ocurrida el día 23 de enero de 2021 cesó en los días posteriores, ya que por la magnitud del incendio (3 hectáreas quemadas), dejó focos que se activaron en los días siguientes a su inicio, sin que esta situación sea un hecho nuevo, sino que proviene del mismo hecho del día sábado 23 de enero. Finalizan su informe señalando que de la redacción del libelo pareciera ser esta acción de protección una forma de preparar la vía para una instancia o juicio civil, lo que es improcedente, solicitando el rechazo del recurso.

A folio 20, se informa en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, que no ha recibido a la fecha ninguna notificación, relativa al incendio ocurrido en la comuna de Hijuelas el día 23 de enero de 2021, del cual da cuenta la acción constitucional de protección deducida por los recurrentes, por lo que no se han realizado fiscalizaciones relativas a estos hechos en las instalaciones del predio denominado Chacra Magdalena. Indica que las áreas temáticas de salud ocupacional, residuos industriales y seguridad química de la Oficina Provincial Quillota de la SEREMI de Salud Región de Valparaíso no cuentan con registros de resoluciones sanitarias otorgadas a las razones sociales indicadas en el recurso. Refiere que de conformidad a lo dispuesto en el DFL 1/1989 del Ministerio de Salud, que determina las materias que requieren autorización sanitaria expresa, la Secretaría Regional Ministerial de Salud carece de competencias relativas a otorgar autorizaciones vinculadas al tratamiento del uso de suelo y la generación de turba. No obstante, en virtud a lo prescrito en el artículo 1 nº 44, de dicho cuerpo normativo, sí requieren de autorización sanitaria la “Acumulación y disposición final de residuos dentro del predio industrial, local o lugar de trabajo cuando los residuos sean inflamables, explosivos o contengan algunos de los elementos o compuestos señalados en el artículo 13 del "Reglamento de Condiciones Sanitarias y Ambientales Mínimas en los Lugares de Trabajo", por lo que en caso de que el predio en cuestión produjese dicho tipos de residuos, debería requerir y obtener de esa secretaría, la correspondiente autorización. Respecto a la Comercializadora VH S.A, no existen en la Oficina Provincial Quillota de ese organismo de Salud, detallando las fiscalizaciones efectuadas al Vivero Hijuelas S.A., en los años 2010 y 2019.

A folio 23, se acompaña en representación de la Corporación Nacional Forestal, informe elaborado por personal del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de esta región, documento técnico que sirve de base para el trabajo y prevención de incendios forestales que ejecuta, indicándose que no puede ser utilizado para establecer la responsabilidad que le podría caber a los presuntos responsables. Se consigna que, de acuerdo a los antecedentes recopilados, el incendio del día 23 de enero, se generó por combustión espontánea de acumulación de material orgánico “turba”. Esta ignición espontánea es un tipo de combustión que ocurre por aumento en la temperatura, debido a la actividad microbiológica y a las reacciones químicas internas y reacciones exotérmicas, seguido por un auto-calentamiento que acelera rápidamente las temperaturas altas y, finalmente, genera la autoignición. Se agregan en el informe diversas sugerencias para disminuir el riesgo de incendio, como la reubicación de los acopios de materia orgánica, a sectores más limpios y adecuados, manejo de vegetación perimetral en área de Comercializadora H.V., en base a poda y manejo del fuste de las palmeras, limpieza de matorrales (zarzamoras) y retiro de desechos tales como plásticos, pallet y otros; retiro de todos los desechos, desde los límites prediales, principalmente los del sector este y sur-este, y confeccionar una franja de al menos 15 metros de ancho con el fin de que obre como cortafuegos; la instalación de mallas cortaviento, altas, en todo el perímetro donde se produce humus o turba, así como mantener de forma permanente, con un sistema de riego, la humedad y temperatura baja, de las rumas de material orgánico y generar un Plan Preventivo para emergencias de este tipo, disponer de medidas y equipamiento para emergencias, tales como acopio de agua cercana y sistemas con mangueras, que cubran toda el área.

A folio 27, se informa en representación del Banco Santander que la acción incoada en su contra debe ser rechazada, ya que no se ha cometido ningún acto arbitrario e ilegal en contra de la recurrente. Banco Santander es dueño del predio contiguo, por la realización de una operación de leaseback, de modo que adquirió los bienes con el único fin de entregarlos en arrendamiento a Viveros Hijuelas S.A., consiguiendo dicha empresa financiamiento a través de esta operación. Refiere que en la cláusula sexta del contrato referido, se expone que la arrendataria debe mantener, a su cargo y costo, el inmueble arrendado en perfecto estado de aseo y conservación, efectuando todas las reparaciones que fueren necesarias, cualquiera sea su causa. Concluye que no tiene mayores antecedentes que otorgar al recurso, sin perjuicio de reservarse el ejercicio de las acciones pertinentes que correspondieren por el eventual mal estado de conservación del inmueble y el consiguiente incumplimiento de contrato de arrendamiento en que habría incurrido Viveros Hijuelas S.A.

A folio 31, se informa por el Servicio Agrícola y Ganadero, detallando los certificados de inscripción que se registran a nombre de Viveros Hijuelas, y que en relación a las verificaciones o inspecciones del funcionamiento, éstas se realizan a través de las actividades de fiscalización, específicamente la oficina sectorial Quillota, la que ejecuta estas actividades, las cuales se encuentran en regla.

A folio 40, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción cautelar, contemplada en el art. 20 de nuestra Constitución Política del Estado, tiene como objetivo restablecer el imperio del Derecho y otorgar debido amparo al sujeto pasivo del agravio, cuando éste ha sido privado, perturbado o amenazado por actos u omisiones arbitrarios y/o ilegales respecto de garantías o derechos fundamentales, expresamente consagrados en la norma en estudio.

SEGUNDO: Que los recurrentes basan su acción, motivados por las consecuencias que habría provocado el incendio, acaecido el día 23 de enero de 2021, originado en la parcela colindante a la suya, denominada “Chacra Magdalena”, lugar donde se llevaría a efecto el acopio de turba, cuya manipulación inadecuada generaría un serio peligro de incendio, denunciando además, que dicha actividad económica no puede ser desarrollada en el referido predio, pues el giro de la sociedad recurrida Comercializadora V.H. S.A., de venta al por mayor de materias primas agrícolas, no guarda relación con la actividad que desarrolla en los hechos.

TERCERO: Que según concluye el informe emanado de la Corporación Nacional Forestal, sobre “Determinación de Causa de Incendio Forestal Regional N° 238, denominado “Vivero Sone”, de la comuna de Hijuelas, datado el 10 de marzo del presente año, “la causa probable del incendio forestal, fue generado por combustión espontánea producto de la actividad microbiológica no manejada, en una ruma de turba cercana al límite predial”.

CUARTO: Que, si bien en la presente acción, una de las recurridas, Comercializadora VH S.A., admitió su dedicación a la venta mayorista, de materia prima agrícola, ocupando el lugar siniestrado para almacenar corteza de pino, aduce que si bien comercializa “turba”, ésta es comprada a un proveedor externo, proceso que lleva alrededor de 15 años realizando, sin que se haya generado algún daño.

Por otra parte, de acuerdo a lo informado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, ese organismo es competente para el otorgamiento de autorizaciones vinculadas a la acumulación y disposición final de residuos inflamables, aunque se indica que no registran denuncia, que involucre a alguna de las recurridas, por desarrollar una actividad riesgosa, como la sostenida por los actores.

En consecuencia, resultaba indispensable dilucidar la efectividad de generarse acopios de material, como los descritos en la normativa citada, por parte de algunas de las recurridas, para luego poder concluir si, al momento del incendio en comento, existió alguna infracción a la normativa indicada, y si ello habría incidido en la vulneración a las garantías fundamentales alegadas por los actores.

QUINTO: Que frente a la complejidad de la actividad agrícola descrita, que ha sido cuestionada por los recurrentes, ésta requiere también ser determinada, en cuanto al cumplimiento de la correspondiente normativa legal, en instancias previas, ante organismos públicos especializados, como por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Corporación Nacional Forestal y la Superintendencia de Medio Ambiente.

SEXTO: Que, asimismo, se ha tenido en consideración el análisis efectuado por el Departamento de Protección contra Incendios Forestales, no pudiendo concluirse con precisión sobre la causa del incendio ocurrido en la Chacra Magdalena, el 23 de enero pasado.

Dicho evento, debe ser estudiado además, bajo la perspectiva de las diversas consecuencias alegadas por los recurrentes, como los riesgos para la integridad física y la salud de terceros, los peligros de siniestralidad de construcciones emplazadas en las cercanías y la pérdida de plantaciones, todo lo cual debe establecerse mediante un procedimiento de lato conocimiento, en que cada una de las partes involucradas puedan rendir las correspondientes probanzas, que permitan a la correspondiente magistratura determinar fehacientemente la responsabilidad en el episodio denunciado, sin perjuicio de que los interesados puedan recurrir ante organismos técnicos especializados para la adopción de medidas paliativas y preventivas, como las sugeridas en el informe referido.

SEPTIMO: Que la conclusión anterior se ve reforzada, considerando la existencia de herramientas legales, especificas al asunto en cuestión, referentes a la protección del medio ambiente, derecho consagrado en el numeral octavo del art. 19 de nuestra Carta Fundamental, vulneración alegada también por los recurrentes. Esta garantía tiene su concreción en la ley 19.300, que en su artículo 3° prescribe que “todo el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente, estará obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley”. Por otra parte, en el art. 10, letra ñ, menciona las actividades susceptibles de causar impacto ambiental, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, como la “Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas”. Asimismo, el art. 54 faculta a cualquier persona a “requerir a la municipalidad en cuyo ámbito se desarrollen las actividades que causen daño al medio ambiente para que ésta, en su representación y sobre la base de los antecedentes que el requirente deberá proporcionarle, deduzca la respectiva acción ambiental”.

OCTAVO: Que por las razones expuestas, no resultando idónea la presente acción constitucional para alcanzar el objetivo perseguido por los actores, por tratarse éste de un procedimiento breve y urgente, y no habiendo antecedentes que permitan establecer la existencia de las ilegalidades denunciadas por los recurrentes, se procederá al rechazo de la misma.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado, don Francisco León Salvatierra, en representación de don nombre reservado, por sí, y en representación de la Sociedad Agrícola y Comercial Rokafran Limitada y por don nombre reservado, en contra de la sociedad Viveros Hijuelas S.A., Comercializadora VH S.A y Banco Santander-Chile.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Suplente doña Roxana Valenzuela Reyes.

N°Protección 1780-2021.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por el Ministro Titular Sr. Jaime Arancibia Pinto, la Ministra Suplente Sra. Roxana Valenzuela Reyes y por la Fiscal Judicial Sra. Jacqueline Nash Álvarez.