nombre reservado con HOSPITAL CARLOS VAN BUREN

Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, ocho de julio de dos mil veinte.

Visto:

A folio 1 se interpone recurso de protección de garantías constitucionales en favor de nombre reservado, administrativo, domiciliado en domicilio reservado, Región de Valparaíso, en contra del Hospital Carlos Van Buren, representado por su director, don nombre reservado, ingeniero en ejecución, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 5566, de 30 de abril de 2020, suscrita por el director de la recurrida, por medio de la cual se pone término anticipado a su contrata en dicha institución.

Refiere que en dicha resolución, se menciona que por medio de la Resolución Exenta N° 5565, de 29 de abril de 2020, se decide restructurar la Unidad de Gestión Docente Asistencial, integrándose aquella a la Unidad de Capacitación y Desarrollo, indicándose respecto del recurrente que “sus actividades no requieren de un apoyo exclusivo en el área de la fotografía puesto que el hospital cuenta con la Unidad de Comunicación y Extensión, no se requerirá contar con los servicios de D. nombre reservado, correspondiendo dar término anticipado a su contrata, por cuanto el mismo no se encuentra contemplado en el plan de reorganización de la Unidad por no poseer las competencias técnicas necesarias”, evidenciándose así una manifiesta falta de fundamentos.

Expone que el recurrente ha mantenido su calidad de funcionario a contrata de manera ininterrumpida desde el mes de mayo de 2008, por lo que se ha desempeñado por 12 años como funcionario del Hospital en dicha calidad. Precisa que, a través de Resolución Exenta N° 19.867, de fecha 31 de diciembre de 2019, se prorrogó su contrata hasta el 31 de diciembre de 2020, detentando actualmente el grado 13° en la Escala Única de Sueldos. Indica que fue contratado como administrativo para realizar apoyo logístico y de funcionamiento en la Unidad de Comunicación y Extensión. Dentro de sus funciones como administrativo, y como complemento de aquellas, desarrolló tareas de fotógrafo, porque cuenta con conocimientos de diseño gráfico y fotografía. Añade que en septiembre de 2019, mediante la Resolución Exenta N° 14697, y por razones de buen servicio, fue trasladado desde la Unidad de Comunicación y Extensión a la Unidad de Capacitación y Desarrollo. En esta última, realizó labores de apoyo logístico y administrativo, como también de apoyo gráfico, lo que en principio se extendería por siete meses solamente.

Alega que la resolución que por esta vía se cuestiona, y que puso término a su contrata, adolece de falta fundamentación, debido a que se evidencia un error, ya que no está contratado como fotógrafo, sino que como administrativo y porque no es efectivo que sus servicios ya no sean necesarios, toda vez que aparece en la misma resolución cuestionada que se considera que en el equipo de la Unidad de Capacitación y Desarrollo se contratará a dos nuevas profesionales, por lo cual no existe fundamento en la resolución impugnada que permita entender por qué sus servicios ya no son necesarios.

Razona que el actuar de la recurrida es arbitrario, por cuanto la restructuración de la Unidad de Capacitación y Desarrollo no debiese afectar la carrera funcionaria del recurrente, ya que esta no es su unidad de origen. Además, expone que sería arbitrario el actuar de la recurrida, al vulnerarse el principio de la confianza legítima de mantener su vinculación con el Hospital recurrido. Señala que en ese sentido, la renovación reiterada de una contrata torna en permanente y constante la mantención del vínculo laboral que tiene con el Hospital, generándosele a su respecto una legítima expectativa que le induce a confiar en la repetición de tal actuación; por ello, desde la segunda prórroga, al menos, el director del Hospital, en su calidad de superior jerárquico del recurrente sólo puede adoptar una decisión contraria a través de un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalen esa determinación, detallando el razonamiento y los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta, lo que se materializa mediante la emisión de una resolución exenta, citando al efecto diversos dictámenes de la Contraloría General de la República. Finalmente, reflexiona que la conducta es arbitraria también, al no existir calificación deficiente que justifique su desvinculación.

Aduce que el actuar de la recurrida, ha vulnerado las garantías contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, debido a que al no haberse considerado la confianza legítima que ha operado a su respecto queda en una posición de desigualdad frente a otros trabajadores a quienes sí se les ha respetado, y además se conculcó su derecho a la propiedad sobre su puesto de trabajo.

Solicita en definitiva que, acogiendo el presente recurso, esta Corte:

I.- Ordene al recurrido que deje sin efecto la Resolución Exenta N° 5566, de 30 de abril de 2020, suscrita por el director del Hospital Carlos Van Buren, por medio de la cual se pone término anticipado a la contrata del recurrente;

II.- Ordene la reincorporación del recurrente a sus labores habituales en el Hospital Carlos Van Buren, en los mismos términos que lo hacía antes de la dictación del acto recurrido; y III.-.Condene al recurrido a pagar las costas de esta causa.

A folio 12, la abogada Camila Besoain Anabalón, evacúa el informe por el recurrido Hospital Carlos Van Buren, solicitando su rechazo con costas.

Indica que el recurrente de profesión técnico paramédico, con fecha 01 de mayo del 2008 se incorpora en calidad de contrata al Hospital en labores de apoyo de fotografía para la Dirección de la institución. Formalmente pasa a integrar la Unidad de Comunicación y Extensión a partir del 01 de enero de 2010, labores que desempeñó hasta el 24 de septiembre de 2019, ya que mediante Resolución Exenta N° 14697 es destinado desde la Unidad Comunicación y Extensión a la Unidad de Capacitación y Desarrollo del Hospital Carlos Van Buren para apoyo fotográfico. Agrega que con fecha 31 de diciembre de 2019 mediante Resolución Exenta N° 19869, se le prorroga la contrata hasta el periodo de 31 de diciembre de 2020 mientras sean necesarios sus servicios.

Relata que con fecha 29 de abril de 2020 mediante Resolución Exenta N° 5565, con la finalidad de generar planes de organización que apunten a optimizar de manera eficiente los recursos dispuestos para el cumplimiento de las funciones de la institución, se decide reestructurar la Unidad de Gestión Docente Asistencial, integrándola a la Unidad de Capacitación y Desarrollo, y finalmente mediante Resolución Exenta N° 5566 con fecha 30 de abril de 2020 se decreta el término anticipado a la contrata del recurrente.

Alega que el presente recurso no es la vía idónea para conocer de los hechos alegados que dicen relación con el término del empleo, en atención a que cualquier pronunciamiento judicial en este sentido exige la ponderación de una prueba que no se condice con la naturaleza de urgencia, rapidez y eficacia de esta sede.

Menciona, que no es efectivo, que producto de la reestructuración de la Unidad de Gestión Docente Asistencial, se vayan a contratar dos nuevas profesionales, ya que tal como lo indica la Resolución Exenta Nº 5565, dos funcionarias que ya pertenecían a la Unidad de Gestión Docente Asistencial fueron derivadas a la Unidad de Capacitación y Desarrollo.

Añade que el procedimiento efectuado por el Hospital Carlos Van Buren, fue realizado con respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República y realizado con estricto apego a la normativa vigente, en específico, la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 10, refiriéndose a los cargos a contrata, señala que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año, y quienes lo sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley. Citando el dictamen Nº 48.251 de 2010 de Contraloría General de la República, señala que la aplicación de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, puede estar referida a las aptitudes personales del empleado, las cuales ya no son requeridas por la institución, sin que eso implique necesariamente que el organismo dejará de desarrollar las tareas que aquél se le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario, no obstante, en este caso deberán expresarse las razones por las cuales los servicios del afectado dejaron de ser necesarios para el organismo, lo que reafirma su carácter de transitoriedad en la institución.

Expone que en el caso en particular, los actos administrativos dictados y por sobre todo Resolución Exenta N° 5566 de fecha 30 de abril de 2020, cumplen a cabalidad con todos los requisitos prescritos en el Estatuto Administrativo y lo dictaminado por el ente contralor en reiteradas oportunidades, estándose en presencia de un acto administrativo debidamente fundamentado y que en ningún caso es arbitrario en contra del recurrente, cumpliendo a cabalidad por lo estipulado en el artículo 11 y 41 del Procedimiento de los Actos Administrativos.

En lo que se refiere al principio de la legítima confianza, expone que no impide la desvinculación de un funcionario a contrata, sino que impone a la administración el deber de fundar sus decisiones en esta materia, exigencia que cumple la resolución cuestionada.

Concluye señalando que la Resolución Exenta que por esta vía se impugna, fue dictada en ejercicio de las potestades administrativas que la ley confiere al Director del Hospital Carlos Van Buren, en donde el acto impugnado, se relaciona exclusivamente con la decisión de terminar anticipadamente su contrata y por ende no renovarla, la cual se enmarca en el ejercicio de una facultad que atiende a la naturaleza transitoria de los servicios y a los efectos de las vinculaciones a contrata.

A folio 13 se trajeron estos autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que el acto cuya arbitrariedad se reprocha por esta vía como vulneratorio de las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, es la Resolución Exenta N° 5566, de 30 de abril de 2020, dictado por la recurrida, que pone término anticipado a la contrata del recurrente, por estimarlo infundado y haber operando a su respecto el principio de confianza legítima en la mantención de su empleo.

Tercero: Que, el motivo aludido en el acto cuestionado, para poner término anticipado a la contrata, es que los servicios del recurrente no son necesarios, por no estar contemplado en el plan de reorganización de la Unidad, por no poseer las competencias técnicas necesarias.

Para ello se basa en la Resolución Exenta N° 5565, del día anterior, 29 de abril de 2020, por la que se decidió reestructurar la “Unidad de Gestión Docente Asistencial”, integrándola a la “Unidad de Capacitación y Desarrollo”, con la finalidad de fortalecer la estructura de trabajo y la coordinación en esta área.

Cuarto: Que, de acuerdo a los antecedentes allegados, queda de manifiesto que el ingreso del recurrente al hospital Van Buren fue en el año 2007 como suplente clínico, según Resolución N° 2628, de 03 de julio de 2007; luego, por Resolución N° 2194, de 07 de mayo de 2008, comenzó su contrata como administrativo en la “Unidad de Comunicación y Extensión”; por Resolución Exenta N° 14697, de 24 de septiembre de 2019 fue trasladado a la “Unidad de Capacitación y Desarrollo”, por razones de buen servicio; más tarde, por Resolución Exenta N° 19869, de 31 de diciembre de 2019, se prorroga su contrata hasta el 31 de diciembre del año 2020 mientras sean necesarios sus servicios; y mediante Resolución Exenta N° 5566, de fecha 30 de abril de 2020, se decreta el término anticipado de la contrata.

Quinto: Que, a efectos de determinar si el acto impugnado adolece de los vicios denunciados, debe estarse a lo prescrito en el artículo 89 de la ley N° 18.834, norma de la que emana el principio de la confianza legítima, que expresa: “Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo y a ascender en el respectivo escalafón, salvo los cargos de exclusiva confianza; participar en los concursos; hacer uso de feriados, permisos y licencias; recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicio o de enfermedad contraída a consecuencia del desempeño de sus funciones, y a participar en las acciones de capacitación, de conformidad con las normas del presente Estatuto. Asimismo, tendrá derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemplen los sistemas de previsión y bienestar social en conformidad a la ley y de protección a la maternidad, de acuerdo a las disposiciones del Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.”

Sexto: Que, al respecto, el profesor Bermúdez, señala que“las actuaciones de los poderes públicos suscitan la confianza entre los destinatarios de sus decisiones. “En este sentido, es razonable entender que las actuaciones precedentes de la Administración pueden generar en los administrados la confianza de que se actuará de igual manera en situaciones semejantes”. Como concepto jurídico puede entenderse al principio de protección de la confianza legítima (Vertrauensschutz) como el amparo que debe dar el juez al ciudadano frente a la Administración Pública, la que como ha venido actuando de una determinada manera, lo seguirá haciendo de esa misma manera en lo sucesivo y bajo circunstancias (políticas, sociales, económicas) similares” -nombre reservado (2014): Derecho Administrativo General (Santiago, Thomson Reuters, p. 110)-.

En relación a lo que se dice, el criterio de la Contraloría General de la República sobre la materia, expresado en Dictamen N° 22766 de 2016, que consignó el denominado “principio de confianza legítima”, concluye que la renovación continua de las contrataciones de los empleados afectados tornó en permanente y constante la mantención del vínculo de los mismos, lo que determinó, en definitiva, que las entidades involucradas incurrieran en una práctica administrativa que generó para los recurrentes una legítima expectativa que les indujo razonablemente a confiar en la repetición de tal actuación.

Séptimo: Que, por otra parte, la Excma. Corte Suprema ha sostenido, en causa Rol 8.390-2019 “Cuarto: Que la circunstancia de haber permanecido nombre reservado en el cargo a contrata por más de 10 años, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie. Por ello, la decisión de no renovar la contrata del actor, ha devenido en una vulneración de las garantías constitucionales invocadas”.

Octavo: Que, en base a las normas, doctrina y jurisprudencia, previamente señaladas, cabe concluir que en la especie ha operado el principio de la confianza legítima respecto del recurrente, que ha visto renovadas sus contratas desde el año 2008, cuando ingresó a prestar funciones para la recurrida en labores administrativas a la “Unidad de Comunicación y Extensión”, siendo derivado después de diez años y por razones de buen servicio a la “Unidad de Capacitación y Desarrollo”, a contar del cuatro de septiembre de 2019 y, estando en esta última unidad, nuevamente se prorroga su contrata para el año 2020, que es a la que se le puso término anticipadamente.

Noveno: Que, no se estableció que el recurrente haya tenido una calificación deficitaria, ni investigaciones y/o sumarios administrativos que culminaran con la medida de destitución, siendo su trayectoria laboral de cerca de doce años indiciaria de un buen desempeño, frente a lo cual el solo hecho de la reestructuración consistente en integrar una unidad a aquella en que se desempeñaba, sin contemplarse en la reorganización por no poseer las competencias técnicas necesarias, carece del mérito necesario que permita justificar la no renovación de la contrata que lo amparaba.

Tal argumentación no dice relación con un mal desempeño del recurrente, sino porque se decidió no contemplarlo en la reestructuración de la unidad en la que se desempeñaba desde hacía pocos meses, después de más de diez años en otra que no fue intervenida, situación que le es ajena y por la que no puede ser castigado mediante el cese de su cargo. Más aún si se considera que fue destinado como administrativo a la “Unidad de Capacitación y Desarrollo” para labores de apoyo audio-visual y fotografías, esto es, no sólo para esta última función, que es la que le atribuye el acto impugnado y que considera no necesaria por la reestructuración, ante lo cual la expresión que utiliza la última renovación de su contrata en cuanto ella se mantiene “mientras sean necesarias sus servicios”, no es posible sino considerarla como una justificación aparente.

Décimo: Que, lo que se discurre, no se ve alterado por las dos anotaciones de demérito que registra, de 15 de diciembre de 2012 y 01 de febrero de 2019, no solo porque frente a ello cuenta con otras cuatro notas de mérito por su eficiente desempeño laboral, sino principalmente porque no se demostró que por aquellas dos haya sido sometido a sumario administrativo o investigación que trajera aparejada su destitución, siendo la primera, además, de larga data, desempeñándose con posterioridad por más de siete años.

Undécimo: Que, es imperativo para la administración sustentar sus actos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 41, inciso 4° de la Ley N°19.880 y no conteniendo el acto reprochado una verdadera, racional y ponderada fundamentación, conforme se ha razonado precedentemente, no cabe sino concluir que la Resolución Exenta N° 5566, de 30 de abril de 2020, devino en arbitraria e ilegal, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1 y siguientes del Acta N° 94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra del Hospital Carlos Van Buren, representado por su director nombre reservado, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° 5566, de 30 de abril de 2020, por medio de la cual se pone término anticipado a la contrata del recurrente, ordenándose su reincorporación a las funciones que mantenía antes de la dictación del acto recurrido.

Firme y ejecutoriada la presente sentencia, queda sin efecto la orden de no innovar decretada.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la ministra doña María Cruz Fierro Reyes.

N°Protección-17725-2020.