nombre reservado con SECCION REMUNERACIONES DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, cuatro de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece Gonzalo Arancibia Goldsworthy, abogado, quien interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, pensionado, y en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por el actuar que estima como ilegal y arbitrario, consistente en no haberle pagado la gratificación de zona incluyendo la asignación de especialidad de grado efectivo desde su ingreso a la institución y hasta su retiro, situación que ha conculcado sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile el 1° de febrero de 1985, retirándose de la misma el 27 de junio de 2020, época en que contaba con el grado de Prefecto Inspector. Dice haber desempeñado funciones en una serie de ciudades que dan derecho a percibir asignación de zona, esto es, Osorno, Valdivia y Arica. En cuanto a la asignación de grado efectivo, explica que también la percibía, pues ella se paga según el cargo y grado que se tiene, con un incremento determinado si el funcionario se desempeña en ciertas ciudades que dan derecho a percibir la asignación de zona.

Refiere que, en mayo de 2019, mediante Radiograma N°225, la recurrida informó que por error se estaba pagando de forma incompleta la remuneración, al no haberse incluido la asignación de grado efectivo en la gratificación de zona, procediendo a modificarse la base de cálculo de la asignación de grado efectivo.

Arguye que, pese a lo anterior, en junio de 2019, mediante Radiograma N°285, la recurrida suspendió dicho pago, indicando que el asunto sería sometido a pronunciamiento de la Contraloría General de la República. Refiere que, mediante Dictamen N°E98928/2021, de 26 de abril de 2021, el órgano contralor concluyó que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había realizado correctamente.

Reclama que la regularización de pago hecha por la PDI fue parcial, y malinterpretó el dictamen de la Contraloría, al estimar que solo desde su dictación procedía el pago de lo adeudado, cancelando sólo desde el 26 de abril de 2021 en adelante.

Refiere que, no fue sino hasta que la Corte Suprema, mediante sentencia Rol N°147.027-2023, que se estableció que el pago debía realizarse desde el ingreso a la institución y hasta el 26 de abril de 2021.

Indica que se enteró de la vulneración, luego de que un ex compañero de trabajo, nombre reservado, el 24 de marzo del presente año le informara que otros ex colegas de trabajo que se desempeñaron en la PDI, habían obtenido sentencias favorables en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, dejando constancia de la comunicación mediante declaración jurada de 10 de abril de 2025, que acompaña.

Sostiene que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida priva al actor del derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, poniéndolo además en posición desventajosa frente a los demás destinatarios de la ley. Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones del país que han acogido recursos similares.

Por tanto, solicita que se acoja el recurso, y se ordene regularizar el pago por los montos adeudados de la asignación de grado efectivo, desde el ingreso a la institución y hasta su retiro.

Acompaña certificado de destinaciones, declaración jurada, sentencias definitivas, radiogramas del año 2019 y dictamen de la Contraloría General de la República.

A folio 11, informa María Inés Wise Díaz de la Vega, abogada, en representación del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo del recurso, oponiendo, en primer lugar, la excepción de prescripción, fundada en que el derecho al cobro de las asignaciones prescribe en el plazo de seis meses desde la fecha en que el derecho se hizo exigible, conforme al artículo 99 de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, plazo que ha transcurrido extensamente en el caso del actor, pues reclama dineros que datan del año 1995 a 2020.

Además, reclama que la acción es extemporánea, ya que asunto litigioso es de público conocimiento dentro de la población policial desde la dictación de la sentencia de 15 de diciembre de 2022, por parte de la Excelentísima Corte Suprema, en la causa Rol N°12.008-2022, ratificado por sentencia en causa Rol N°147.027-2023, de 5 de diciembre de 2023.

En cuanto al fondo, sostiene que el Dictamen N°E98928/2021, de la Contraloría General de la República, no tuvo efecto retroactivo, debiendo interpretarse según las reglas generales del Código Civil. En particular, señala que la palabra “actualmente” utilizada en el dictamen significa “en el tiempo actual”, por lo que el pronunciamiento sólo tendría efectos desde su dictación y hacia el futuro.

Hace presente que el actor pretende la regularización de pagos de la gratificación de zona desde su ingreso a la institución hasta el año 2020, sin embargo, conforme del Decreto Supremo N°135, de 2009, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el reglamento de asignaciones, sobresueldos, gratificaciones especiales y otros derechos económicos del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, dichos pagos solo rigen desde el año 2009, por lo cual malamente se podría extender la vigencia de aquella normativa a situaciones anteriores a su entrada publicación.

Finalmente, la recurrida sostiene que no ha existido acto ilegal o arbitrario que vulnere derechos fundamentales, ya que ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, cuyas decisiones son vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado.

Acompaña resolución exenta de la Contraloría General de la República, en la cual se acoge la prescripción extintiva de la gratificación de zona, sentencias de la Excelentísima Corte Suprema, entre otros documentos.

A folio 12, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad alegada por la Policía de Investigaciones de Chile.

Primero: Que, la alegación de extemporaneidad será desestimada, teniendo únicamente presente que el acto que se califica de ilegal y arbitrario perdura hasta la fecha y produce efectos de carácter permanente en el patrimonio del recurrente, al privarlo de parte de remuneraciones que, según funda en el libelo, debió percibir durante todo el tiempo en que gozó de la gratificación de zona, motivo por el cual el recurso ha sido interpuesto dentro del término de treinta días establecido en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

II.- En cuanto a la excepción de prescripción y el fondo de la acción de protección.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar, se cuestiona por el recurrente la omisión de la Policía de Investigaciones de Chile por no haber pagado íntegramente la gratificación de zona durante todo el tiempo en que estuvo destinado en Osorno, Valdivia y Arica, y hasta su retiro de la institución en el año dos mil veinte, al no haberse incorporado dentro de ella la asignación de grado efectivo, pretendiendo que se ordene a la recurrida regularizar el pago por los montos adeudados en aquellos periodos en que percibió la asignación de zona.

Tercero: Que, la Policía de Investigaciones informó, en síntesis, que ha actuado conforme a derecho respecto al pago de la asignación de especialidad al grado efectivo, argumentando que, según el Dictamen N°E98928/2021 de la Contraloría General de la República, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dicha asignación debe considerarse en la base de cálculo de la gratificación de zona, sin efecto retroactivo. Además, aseveró que no ha existido actuar ilegal o arbitrario que atente contra derechos fundamentales, pues la institución ha realizado todas las actuaciones conforme a las decisiones del órgano contralor, que son vinculantes para todas las instituciones de la Administración del Estado.

Cuarto: Que, en este contexto, el conflicto planteado ante esta Corte consiste en determinar si el ex funcionario de la institución recurrida tiene o no derecho a percibir la asignación de grado efectivo en aquellos periodos en que desempeñó su función en un territorio nacional que daba derecho a percibir la gratificación de zona. Por lo tanto, se trata de un requisito contenido en normas estatutarias que, como tales, son de orden público e indisponibles para las partes. Así, su concurrencia debe ser verificada por el órgano jurisdiccional de instancia competente, a través del procedimiento de lato conocimiento que la ley otorga a los interesados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales, pues se está frente a un asunto de naturaleza civil.

Quinto: Que, por lo tanto, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del libelo y la excepción de prescripción deducida por la recurrida, se rechazará el presente arbitrio, en el entendido que, el conflicto jurídico que se pretende resolver con el recurso, no puede ser dilucidado por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, toda vez que, ello excede su naturaleza y finalidad, al no constituir una instancia de declaración de derechos individuales sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados se encuentran afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por consiguiente, en situación de ser amparados o tutelados, lo que no se produce en el caso sometido a conocimiento de esta Corte.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se declara:

I.- Que, se rechaza la excepción de extemporaneidad deducida por la Policía de Investigaciones de Chile.

II.- Que, se rechazan, sin costas, la excepción de prescripción interpuesta por la recurrida, y la acción de protección deducida por nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1769-2025.

No sujeta a anonimización.