nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

I.C.A. de Valparaíso Valparaíso, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, quien interpuso acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-DC-14898-2026, de 30 de enero de 2026, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 115204571-5, 115864514-5, 116809694-8, 117519338-k, 118302767-7, 118107178-2 y 120388355-9, extendidas por un total de 105 días a contar del 15 de marzo de 2025, por reposo no justificado.

Expone que, en marzo de 2024, siendo funcionario de la Municipalidad de Viña del Mar, concurrió como voluntario en el contexto del gran incendio ocurrido en dicha ciudad, a petición de la Corporación Municipal. Durante sus labores, presenció hechos de alta perturbación, incluyendo destrucción de viviendas, cuerpos quemados y personas heridas de gravedad. Con posterioridad a ello, desarrolló sintomatología psiquiátrica severa, iniciando tratamiento con psicólogo y psiquiatra, y obteniendo su primera licencia médica el 13 de marzo de 2024.

En cuanto al derecho, el recurrente argumentó que el acto impugnado adolece de ilegalidad y arbitrariedad, por cuanto la resolución recurrida carece de la debida fundamentación exigida por el artículo 41 de la Ley N°19.880, y que la Superintendencia omitió adoptar las medidas previstas en el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, de 1984, para mejor resolver. Sostuvo además que dicho acto vulnera sus derechos constitucionales a la integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1, y al derecho de propiedad, establecido en el artículo 19 N°24, ambos de la Constitución Política de la República.

En virtud de lo expuesto, solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-DC-14989-2026 y que se ordene el pago de las licencias médicas rechazadas o, en subsidio, decrete los peritajes pertinentes para determinar su procedencia, dictando una nueva resolución debidamente fundada.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Resolución Exenta N°R-01-DC-14898-2026, de 30 de enero de 2026, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social; 2) Contrato de trabajo indefinido como asistente de la educación suscrito con la Corporación Municipal de Viña del Mar; y 3) Cédula nacional de identidad del recurrente.

A folio 8, informa la Superintendencia de Seguridad Social. En primer lugar, solicitó que la acción de protección sea declarada extemporánea, por cuanto el recurrente habría tomado conocimiento cierto del rechazo de sus licencias médicas desde una fecha anterior a los treinta días previos a la interposición del recurso. En efecto, señaló que con fecha 1 de septiembre de 2025, el propio recurrente dedujo reclamación acompañando los antecedentes del rechazo dispuesto por la Subcomisión Viña del Mar-Quillota-COMPIN Región de Valparaíso, lo que evidencia conocimiento previo de dicho acto. Añadió que las posteriores solicitudes de reconsideración no tienen la virtud de generar un nuevo plazo para recurrir de protección, conforme ha sido reconocido por la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia.

En segundo lugar, y en subsidio, alegó la improcedencia de la acción, por cuanto la materia debatida corresponde al derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, garantía que se encuentra expresamente excluida del catálogo de derechos amparados por la acción cautelar del artículo 20 de la misma Carta Fundamental.

En tercer lugar, e informando en cuanto al fondo, sostuvo que las resoluciones dictadas por esa institución se ajustan plenamente al marco jurídico aplicable, toda vez que se basaron en el mérito de los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente, los cuales fueron ponderados por profesionales médicos competentes. Argumentó que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en su actuación, y que tampoco se ha vulnerado derecho constitucional alguno del recurrente, pues la institución se limitó a ejercer las facultades que la ley le confiere. Precisó además que la sola emisión de una licencia médica no genera derecho de propiedad sobre el subsidio por incapacidad laboral, mientras aquélla no se encuentre autorizada por el organismo competente.

Respecto a los antecedentes, hace referencia al informe del médico nombre reservado de 23 de enero de 2026, indica respecto de los 105 días reclamados y los 135 autorizados por la patología, que es un paciente con seguimiento desde marzo 2024, por trastorno mixto de depresión, con inicio de ansiedad severa y crisis de angustia múltiple descompensaciones durante el 2024 en tratamiento con fármacos con ajustes progresivos a evolución, actualmente en control por deterioro en neurocognitivo, agrega que persisten limitaciones funcionales, tras exposición evento traumático como voluntario del incendio de Viña del Mar, presenta animo bajo , compromiso de memoria reciente, deterioro funcional y moderado. Agrega que, si bien se reporta una mejoría paulatina la sintomatología persiste con carácter debilitante, evolución tórpida respecto al manejo terapéutico. Señala, que se usa un tratamiento farmacológico mantenido principalmente en medicina general, sin que se acredite una derivación formal y ni controles regulares por la especialidad de psiquiatría, pese a la severidad clínica descrita y la cronicidad del cuadro. Asimismo, la psicoterapia se presenta intermitente, ausencia de un ajuste de tratamiento con la gravedad de los síntomas impide establecer que el reposo prescrito mantenga un rol terapéutico, sugiere no acoger.

En virtud de lo expuesto, solicita que se rechace en todas sus partes la acción de protección deducida.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Copia del expediente administrativo relativo al caso del recurrente, incluyendo las resoluciones exentas N°R-01-UME-140841-2025, de 15 de octubre de 2025; N°R-01-DC-162026-2025, de 24 de noviembre de 2025; y N°R-01-DC-14898-2026, de 30 de enero de 2026; y 2) Informes médicos elaborados por los doctores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, que sirven de fundamento a las resoluciones impugnadas.

A folio 6, informa la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, señala que de acuerdo con los registros del Sistema Informático de Fonasa (SIF), el recurrente presenta licencias médicas por patología psiquiátrica a contar del mes de marzo de 2024 hasta marzo de 2026, con un total de 627 días autorizados por patología psiquiátrica. Asimismo, señaló que la COMPIN dictaminó el rechazo de las licencias recurridas, dejando constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar dicha decisión.

En cuanto a la actuación de la COMPIN, informó que las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez constituyen un organismo técnico compuesto por profesionales médicos cirujanos, cuya función es la revisión de los antecedentes clínicos que justifican el reposo contenido en la licencia, conforme las reglas de la lex artis médica. Precisó que las decisiones adoptadas por dicho organismo se han ajustado a la normativa aplicable, particularmente a lo dispuesto en el artículo 16° del Decreto Supremo N°3, de 1984, y que el artículo 21 del mismo cuerpo normativo faculta —mas no obliga— a la COMPIN a adoptar determinadas medidas para mejor resolver, constituyendo ello una facultad discrecional, criterio que ha sido sostenido por la jurisprudencia reciente de la Excelentísima Corte Suprema en causas ROL 25.341-2025, 44.411-2025 y 44.621-2025. Finalmente, hizo presente que las SEREMI de Salud, incluidas las COMPIN Regionales como departamentos de su dependencia, gozan del Privilegio de Pobreza conforme al artículo 34 del D.S. N°136/04 y el artículo 81 de la Ley N°10.383, en concordancia con el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales.

Para acreditar sus alegaciones, adjuntó los siguientes documentos: 1) Cartola médica del Sistema Informático de Fonasa (SIF); 2) Listado Maestro SIF; y 3) Resoluciones dictadas por la COMPIN respecto de cada una de las licencias reclamadas.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

I. En cuanto a la alegación extemporaneidad.

Primero: Que en el caso sub lite, el recurso se dirige contra la resolución terminal del procedimiento de revisión administrativa, decisión adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social en ejercicio de sus facultades de control respecto de aquella, por lo que si bien la negativa al pago de las licencias médicas proviene en primer término de la citada Comisión, es la resolución recurrida, la que concluye con el referido procedimiento de revisión, por lo que resulta del todo pertinente atacar dicha decisión en esta sede cautelar a partir de dicho momento, por lo que se desechará la presente alegación.

II. En cuanto a la alegación de improcedencia.

Segundo: Que, en lo que respecta a la alegación de improcedencia, ésta también será desestimada, toda vez que, si bien el conocimiento y resolución de licencias médicas pertenece al ámbito de la seguridad social, las actuaciones impugnadas también afectan garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, específicamente la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de la recurrente.

III. En cuanto al fondo:

Tercero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, a través de esta vía cautelar se impugna la Resolución Exenta N°R-01-DC-14898-2026, de 30 de enero de 2026, de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N° s 115204571-5, 115864514-5, 116809694-8, 117519338-k, 118302767-7, 118107178-2 y 120388355-9, extendidas por un total de 105 días a contar del 15 de marzo de 2025, por reposo no justificado, pretendiendo el recurrente que se deje sin efecto dicho acto y se ordene el pago de las licencias médicas rechazadas o se realicen nuevos peritajes para dictar una resolución fundada.

Quinto: Que, la recurrida, sostiene, que lo resuelto emana de evaluaciones técnicas de profesionales médicos que determinaron la improcedencia del reposo al no acreditarse continuidad en el tratamiento de especialidad ni ajustes farmacológicos acordes a la severidad descrita, que no fundamenta la prolongación del reposo con fines terapéuticos ante la ausencia de un plan de manejo integral intensificado, lo que impide validar la pertinencia del reposo reclamado, descartando arbitrariedad. Por su parte, la COMPIN de la región de Valparaíso, subraya el carácter discrecional de las medidas para mejor resolver y habiéndose autorizado previamente 697 días por patologías psiquiátricas desde marzo de 2024.

Sexto: Que, para resolver el presente arbitrio, es necesario considerar que el Párrafo II del artículo 4° del DS Nº7/2013 que aprueba el "Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán respaldar las licencias médicas" establece requisitos para la emisión de licencias médicas sobre 60 días prorrogables hasta 180 días respecto de patologías mentales, implica que: (i) Siempre debe ser otorgada por médico psiquiatra, para cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE10, incluyendo el trastorno de adaptación, y excluyendo trastorno de personalidad como diagnostico principal. (ii) Se debe contar con un informe de peritaje, por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días, síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral. (iii) Refractariedad o resistencia a tratamiento y con evaluaciones periódicas durante los 60 días previos. Podrían requerirse nuevos períodos de reposo hasta completar un máximo de 180 días. El reposo laboral debería ser indicado por el médico psiquiatra por períodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días cuando existen circunstancias especiales que impiden un acceso a psiquiatra más frecuente), y (iv) Cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: Tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales (recomendable terapia cognitivo conductual), teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud.

Séptimo: Que, en efecto, del análisis de los antecedentes y de la resolución impugnada, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, se desprende que los profesionales médicos de la misma, analizaron los antecedentes del caso concreto, sobre la base de los cuales concluye que el reposo prescrito por las licencias médicas no se encuentra justificado, no permitiendo establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, que alcanzaba a 697 días por patologías psiquiátricas.

Octavo: Que, en consecuencia, la decisión que se cuestiona ha sido adoptada por la autoridad competente, en un procedimiento legalmente tramitado mediante resolución fundada, de manera que no es arbitraria ni ilegal, puesto que fue resuelta tanto por la respectiva Comisión Médica, como por la Superintendencia de Seguridad Social, basada en antecedentes médicos idóneos para ello, lo que lleva al rechazo de la acción constitucional interpuesta.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad de la acción.

II.- Que se rechaza la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Que, en cuanto al fondo, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Acordada con el voto en contra de Ministra Interina Sra. Cohen, quien estuvo por acoger el presente arbitrio, teniendo presente los antecedentes, que la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en la práctica de un peritaje clínico, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que la gobierna al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la actual condición de salud del recurrente, configurándose un actuar arbitrario.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-1764-2026.