nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A

C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, se interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., debido a que por comunicación de fecha 02 de febrero de 2026 se rechazó su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros, configurándose un acto arbitrario e ilegal al denegar la devolución de dichos fondos, vulnerando con ello los artículos 19 N°2 y 19 N°24 de la Constitución Política de la República, relativos a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad.

El recurrente señala que solicitó ante la AFP recurrida, a través de su portal web, la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, acompañando los documentos que acreditan que se encuentra afiliado a un régimen de seguridad social en su país de origen. Sin embargo, la recurrida rechazó la solicitud argumentando que el certificado de afiliación al sistema previsional venezolano no se encontraba legalizado o apostillado, pese a que dicho documento-constancia-es emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y cuenta con un código de verificación electrónica que permite comprobar su autenticidad en el sitio web oficial del organismo, circunstancia que no fue verificada por la recurrida.

Agrega que la exigencia de apostilla o legalización no se encuentra establecida en la Ley N°18.156, la cual solo requiere acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisitos que el recurrente sostiene cumplir plenamente. Asimismo, indica que la decisión de la recurrida constituye una interpretación excesivamente formalista de la normativa, incorporando requisitos no contemplados por el legislador y omitiendo verificar la autenticidad del certificado electrónico acompañado, lo que termina afectando su derecho a disponer de los fondos previsionales de su propiedad.

Solicita que se acoja el recurso de protección, declarando ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales y ordenando a la AFP recurrida reconocer la validez de la documentación presentada y emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y permitir la devolución de los fondos previsionales del recurrente.

A folio 6, informa la recurrida AFP Habitat S.A. solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, debido a que no existe acto ilegal ni arbitrario en la decisión adoptada por la administradora, toda vez que la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente no cumplía con los requisitos exigidos por la normativa vigente, en particular por la Ley N° 18.156, que regula la devolución de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros.

Señala la recurrida que el recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos acompañando, entre otros documentos, una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual carecía de legalización o apostilla, requisito expresamente exigido por la normativa previsional para acreditar la afiliación a un régimen de seguridad social extranjero. En tales condiciones, la administradora no podía dar curso a la solicitud, puesto que la acreditación de la doble cobertura previsional debe realizarse mediante documentación fehaciente y debidamente legalizada, conforme a lo dispuesto tanto por la ley como por las instrucciones de la autoridad fiscalizadora.

Agrega que la Superintendencia de Pensiones, en uso de sus facultades legales, ha establecido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones que la documentación que respalde la afiliación previsional extranjera debe presentarse debidamente legalizada o apostillada, de manera que la administradora se encuentra obligada a verificar estrictamente el cumplimiento de dichos requisitos. En consecuencia, no corresponde exigir a la AFP realizar verificaciones alternativas, como ingresar a páginas web de organismos extranjeros, pues es el propio afiliado quien debe acreditar el cumplimiento de las condiciones legales del beneficio.

Finalmente, sostiene que el rechazo de la solicitud no vulnera las garantías constitucionales invocadas, ya que los fondos previsionales del recurrente permanecen íntegramente en su cuenta individual y podrá disponer de ellos conforme a las reglas generales del sistema previsional cuando cumpla los requisitos legales correspondientes. Por ello, al no existir privación ni perturbación de derechos constitucionales y haberse limitado la administradora a aplicar la normativa vigente, solicita que el recurso sea rechazado en todas sus partes, con costas.

A folio 7, informa la Superintendencia de Pensiones, señalando que la recurrente no registra reclamo alguno ante dicho organismo respecto de estos hechos.

Explica que la Ley N° 18.156 es una normativa excepcional que debe interpretarse restrictivamente, exigiendo que la cobertura extranjera sea acreditada mediante documentación formal emitida por la autoridad competente y debidamente apostillada conforme al Convenio de la Haya.

Refiere que las constancias electrónicas venezolanas que carecen de firma y apostilla no cumplen con los estándares de autenticidad establecidos por la ley chilena.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A sostiene que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 y la normativa de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican y deroga la Ley N° 9.705, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: “a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. A su turno, el artículo 7º de la citada Ley, señala que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1º de esta Ley”

Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional Sexto: Que, si bien la Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de documentos otorgados en el extranjero, máxime cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio.

Séptimo: Que, por lo demás, la recurrente cuenta con permanencia definitiva en Chile, circunstancia que vinculada al hecho de haber enterado regularmente sus cotizaciones en el sistema nacional, evidencia una voluntad contradictoria que impide tener por acreditado el requisito de mantener la afiliación en el extranjero conforme exige la Ley N° 18.156.

Octavo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-1735-2026.