nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciocho de agosto de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, representada por el abogado de la Corporación de Asistencia Judicial don nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-DC-15341-2026 de 31 de enero de 2026, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 85792498-3, 87074336-K, 88392293-K, 89456913-1 y 90766422-8, por reposo injustificado, y rechazó, además, las licencias N°s 92111418-4, 93712630-1, 95460090-4, 97069692-K, 97906162-5, 99693555-8, 100633990-1, 102046828-5, 103086335-2, 104253264-5, 105607793-2, 106639104-K, 107964705-1, 112642211-K y 113714357-3.

Expone que el 1 de diciembre de 2021 comenzó a prestar servicios para la empresa Económico 1 Limitada, inicialmente en labores administrativas y de atención telefónica, pero que, transcurridos tres meses, su empleador habría modificado unilateralmente sus funciones, asignándole labores de venta en terreno en la V Región, con constantes traslados en locomoción colectiva.

Señala que dicho cambio afectó gravemente su salud, por cuanto padece diversas patologías crónicas, entre ellas fibromialgia de larga data, hipertensión arterial, lumbago crónico, tendinopatía en hombro derecho, algia en tobillo derecho, trastorno depresivo, vértigo y artrosis. Indica que, si bien tales enfermedades son crónicas, las incapacidades laborales asociadas a ellas serían temporales, siendo sus licencias otorgadas por los facultativos tratantes cuando el reposo ha resultado necesario para su recuperación y posterior reintegro laboral.

Agrega que, por recomendación médica, el 3 de mayo de 2022 inició trámites de invalidez ante la Comisión Médica de la V Región, solicitudes que habrían sido rechazadas de manera reiterada bajo las causales de “tratamiento pendiente” o “bajo observación y tratamiento”, indicándosele que debía continuar con licencias médicas hasta finalizar sus tratamientos. Precisa que su última solicitud, iniciada el 21 de noviembre de 2024, se encuentra actualmente en apelación ante la Comisión Médica Central, trámite que, según se le habría informado, podría demorar más de un año.

Sostiene que lo anterior la ha dejado en una situación insostenible, pues, por una parte, la COMPIN y la SUSESO rechazan sus licencias por reposo injustificado y, por otra, la Comisión Médica niega la invalidez por existir tratamientos pendientes. Estima que ello evidencia una falta de coordinación entre órganos públicos, al quedar sin condiciones suficientes para trabajar, sin acceso al pago de licencias médicas y sin pensión de invalidez.

Refiere que su situación económica se ha tornado extremadamente precaria, al no percibir ingresos, razón por la cual debió pactar su finiquito para obtener recursos y acceder al seguro de cesantía, viéndose obligada a volver a vivir con sus padres, quienes serían su único apoyo económico y emocional. Afirma que dicha situación ha generado un menoscabo en su integridad física y psíquica.

Alega que la Superintendencia y demás organismos administrativos han ignorado los informes médicos, exámenes y antecedentes actualizados presentados en las distintas instancias. En particular, sostiene que el rechazo de las licencias se funda en una supuesta falta de justificación médica, bajo el argumento de que los días de reposo previamente autorizados serían suficientes para su cuadro clínico y que los nuevos antecedentes no demostrarían una evolución que amerite mayor reposo.

Plantea que la decisión recurrida es ilegal y arbitraria por falta de motivación suficiente, por no considerar debidamente sus antecedentes clínicos y por contravenir el principio de coordinación administrativa. Añade que, conforme al Boletín N° 4 de la Superintendencia de Pensiones y a la Circular N° 3433 de la SUSESO, correspondería autorizar licencias médicas cuando el trámite de invalidez ha sido rechazado por encontrarse el trabajador bajo observación y tratamiento.

Estima vulneradas las garantías previstas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, relativas a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y derecho de propiedad, este último respecto del subsidio por incapacidad laboral que afirma corresponderle.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene a la recurrida dictar una nueva resolución que acoja la reconsideración deducida, declarando que la afección que padece requiere un tiempo mayor de reposo y recuperación por las particularidades de su caso, disponiendo el pago de las licencias médicas rechazadas ya individualizadas; o, en subsidio, que se decreten los peritajes pertinentes para determinar la procedencia o improcedencia de las licencias rechazadas, dictándose en su oportunidad una nueva resolución debidamente fundada, o las providencias que esta Corte estime conformes a derecho.

A folio 10, informa la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, señalando que la recurrente registra, según historial de ISAPRE Nueva Más Vida, un período continuo de licencias desde el 5 de agosto de 2020 por diagnóstico de tipo psiquiátrico.

Expone que las licencias reclamadas fueron revisadas por su Contraloría Médica en sede de reposición, resolviéndose su rechazo principalmente por tratarse de reposo prolongado, atendido que la recurrente ya contaba con trámite previo de pensión de invalidez rechazado mediante resolución ejecutoriada el 7 de abril de 2023, que determinó un menoscabo de capacidad de trabajo de 34%, manteniéndose vigente un nuevo trámite iniciado el 21 de noviembre de 2024, pero prevaleciendo el resultado anterior.

Precisa que, conforme al Decreto Supremo N° 3 de 1984, corresponde a la ISAPRE la tramitación y calificación inicial de las licencias, siendo además dicha entidad la que mantiene el historial clínico completo de la afiliada, mientras COMPIN Subcomisión Viña del Mar solo cuenta con competencia para pronunciarse en segunda instancia administrativa sobre la base de los antecedentes disponibles.

Informa que la recurrente efectuó diversas presentaciones ante la Superintendencia de Seguridad Social, las que fueron resueltas mediante las Resoluciones Exentas N° R-01-UME-26655-2024 de 19 de febrero de 2024; N° R-01-IBS-100398-2024 de 26 de junio de 2024; y N° R-01-DC-15341-2026 de 31 de enero de 2026.

Respecto de dichas resoluciones, indica que la Superintendencia de Seguridad Social concluyó reiteradamente que el reposo no se encontraba justificado, por cuanto los antecedentes aportados no permitían establecer incapacidad laboral temporal más allá de los extensos períodos ya autorizados -superiores a 400 y luego 471 días por la misma patología-, estimándose que las afecciones presentadas son de carácter crónico, persistentes pese al tratamiento, y generan una incapacidad no modificable con reposo, de modo que nuevas licencias no contribuyen a la recuperación ni al reintegro laboral.

Añade que, paralelamente, la recurrente inició procedimientos de invalidez conforme al D.L. N° 3.500, los que culminaron con resolución de la Comisión Médica Central que confirmó el rechazo de la invalidez, al no alcanzar una pérdida de capacidad de trabajo igual o superior al 50%, fijándose en 34%.

Finalmente, expone el marco normativo aplicable, citando la Ley N° 20.585, el Decreto Supremo N° 3 de 1984 y el Decreto Supremo N° 7 de 2013, destacando que en patologías mentales con reposos superiores a 60 días se exigen requisitos reforzados, entre ellos prescripción por médico psiquiatra, informes especializados y períodos acotados, señalando que en este caso las licencias fueron emitidas por neurología, por períodos de 30 días o más, sin acreditarse circunstancias excepcionales que justificaran apartarse de dichas exigencias, por lo que sostiene que la actuación administrativa se ajustó a la normativa vigente y solicita el rechazo del recurso.

A folio 13, informa la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando en primer término que se declare la improcedencia de la acción, por estimar que la controversia recae sobre materias propias del derecho a la seguridad social, regulado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, cuya protección –afirma- no se encuentra comprendida dentro del ámbito del recurso de protección, atendido que la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas y el eventual subsidio por incapacidad laboral forman parte de un sistema especial, reglado y de doble instancia administrativa.

En subsidio, expone que la recurrente solicitó el 26 de noviembre de 2025 la reconsideración del Dictamen N° R-01-IBS-100398-2024, mediante el cual se había confirmado el rechazo de diversas licencias médicas extendidas desde el 3 de mayo de 2023, así como de otras posteriores emitidas desde el 30 de septiembre de 2023, además de la reducción de la licencia N° 109300375-2.

Señala que, revisados los antecedentes médicos y administrativos, resolvió autorizar íntegramente la licencia N° 109300375-2, por estimarse acreditada incapacidad laboral temporal durante dicho período, pero confirmó el rechazo de las restantes licencias reclamadas, concluyendo que, tras 471 días de reposo autorizado por la misma patología, las afecciones de la recurrente son de carácter crónico, persistentes pese al tratamiento, y generan una incapacidad no modificable con reposo, de manera que nuevas licencias no cumplen función terapéutica ni se orientan a la recuperación o reintegro laboral.

Precisa que respecto de la licencia N° 89456913-1 no emitió pronunciamiento por no haberse acompañado la resolución del recurso de reposición previo ante COMPIN.

Añade que sus facultativos analizaron el historial clínico completo de la recurrente, incluyendo antecedentes de cuadro depresivo grave, fibromialgia, hipertensión, episodios traumáticos, múltiples tratamientos farmacológicos, recomendaciones psicológicas de iniciar trámite de invalidez y dictámenes previos de invalidez que fijaron una incapacidad global de 34%, concluyendo que se trata de una patología irrecuperable para efectos de nuevas licencias psiquiátricas, manteniéndose únicamente procedente autorizar reposos vinculados a episodios agudos diversos, como pancreatitis acreditada.

Expone como fundamento normativo que la licencia médica constituye un beneficio esencialmente temporal, destinado a permitir la recuperación y reinserción laboral, conforme al artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 y al D.S. N° 3 de 1984, por lo que no corresponde su autorización cuando no exista posibilidad real de recuperación funcional mediante reposo.

Agrega que, conforme al D.S. N° 7 de 2013, tratándose de patologías mentales prolongadas, existen exigencias clínicas específicas para reposos superiores a 60 días, incluyendo control psiquiátrico especializado, peritajes y criterios de refractariedad, sosteniendo que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa legal y reglamentaria aplicable.

Finalmente, sostiene que no existe acto ilegal ni arbitrario, que la recurrente no posee un derecho indubitado a las licencias ni al subsidio reclamado, y que tampoco se vulneran las garantías de integridad física o psíquica ni el derecho de propiedad, por cuanto el subsidio solo puede nacer respecto de licencias válidamente autorizadas, solicitando el rechazo íntegro del recurso, con costas.

A folio 14, se ordenó traer los autos en relación.

A folio 25, como trámite previo para entrar al conocimiento del asunto, se ordenó oficiar a la Comisión Médica de la Quinta Región, dependiente de la Superintendencia de Pensiones, a fin que informase a esta Corte sobre el estado de tramitación de la solicitud de invalidez presentada en noviembre de 2024 por la recurrente, suspendiéndose, entretanto, el decreto autos en relación.

A folio 27, informa la Comisión Médica Regional de Viña del Mar, señalando que la recurrente presentó una nueva solicitud de calificación de invalidez el 21 de noviembre de 2024, respecto de la cual se dispusieron evaluaciones por especialistas en reumatología, traumatología, psiquiatría y psicología, además de evaluación social y diversos exámenes.

Expone que, mediante Dictamen de Invalidez N°006.9663/2025 de 10 de septiembre de 2025, dicha solicitud fue inicialmente rechazada, por estimarse que las enfermedades alegadas como invalidantes se encontraban bajo observación y tratamiento médico y que no se había configurado una pérdida de, a lo menos, el 50% de la capacidad de trabajo.

Agrega que, interpuesto reclamo en contra de dicho dictamen, los antecedentes fueron remitidos a la Comisión Médica Central, la que, mediante Resolución C.M.C. N°6407/2026 de 8 de abril de 2026, acogió la reclamación y revocó el dictamen impugnado, declarando que procede otorgar a la recurrente una invalidez parcial transitoria, al determinar un menoscabo laboral de 51%, derivado de la configuración de los impedimentos de fibromialgia y lumbago crónico. Precisa que la fibromialgia determinó un 49% de pérdida de capacidad de trabajo, al que se adicionaron dos puntos porcentuales por factores complementarios, mientras que el lumbago crónico configuró un menoscabo individual permanente de 7%, sin incidencia en la determinación de la invalidez parcial transitoria.

Finalmente, señala que no existen gestiones pendientes y que actualmente la recurrente es titular de una pensión de invalidez parcial transitoria, debiendo ser reevaluada conforme al artículo 4° del Decreto Ley N°3.500.

A folio 29, se ordenó regir el decreto autos en relación.

A folio 33, se ordenó como trámite previo para entrar al conocimiento del asunto, oficiar a la Superintendencia de Seguridad Social a fin que emitiese pronunciamiento respecto de la licencia médica N°90766422-8, suspendiéndose, entretanto, el decreto autos en relación.

A folio 35, la Superintendencia de Seguridad Social, en cumplimiento de lo ordenado, informa que la recurrente reclamó el 10 de noviembre de 2023 en contra de lo resuelto por la COMPIN respecto de las licencias médicas N°s 89456913-1 y 90766422-8, extendidas por un total de 60 días a contar del 1 de agosto de 2023.

Señala que, mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-26655-2024, de 19 de febrero de 2024, resolvió mantener el rechazo de ambas licencias, por estimar que los antecedentes aportados no permitían establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo previamente autorizado, que superaba los 400 días por la misma patología. Agrega que sus facultativos tuvieron especialmente en consideración que las licencias habían sido emitidas por un neurólogo particular, que no se acreditaba evaluación por especialista, psicoterapia durante el período reclamado ni atención GES, estimándose insuficientes los antecedentes para justificar la extensión del reposo.

A folio 36, se ordenó regir el decreto autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- En cuanto a la alegación de improcedencia:

Primero: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso, cabe señalar que, si bien la autorización, rechazo y modificación de licencias médicas se inserta en el ámbito de la seguridad social, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y en el Decreto Supremo N° 3, de 1984, del mismo Ministerio, en la especie la recurrente ha denunciado como vulnerados los derechos consagrados en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y derecho de propiedad, los cuales se encuentran amparados por la acción constitucional de protección, de acuerdo con el artículo 20 de la Carta Fundamental. Por consiguiente, la alegación de improcedencia debe ser desestimada.

II.- En cuanto al fondo:

Segundo: Que, la presente acción se dirige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-DC-15341-2026 de 31 de enero de 2026, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, mediante la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 85792498-3, 87074336-K, 88392293-K, 92111418-4, 93712630-1, 95460090-4, 97069692-K, 97906162-5, 99693555-8, 100633990-1, 102046828-5, 103086335-2, 104253264-5, 105607793-2, 106639104-K, 107964705-1, 112642211-K y 113714357-3, por reposo injustificado.

La recurrente reclama que dicho acto carece de fundamentación suficiente, pues no ponderaría adecuadamente sus antecedentes médicos ni su situación previsional, atendido que, por una parte, se le rechazan las licencias por estimarse que su cuadro sería crónico y no recuperable mediante reposo, mientras que, por otra, sus solicitudes de invalidez no han prosperado al no alcanzar el porcentaje legal exigido. Solicita, en definitiva, que se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene el pago de las licencias médicas rechazadas, o en subsidio, que se decreten los peritajes pertinentes y se dicte una nueva resolución debidamente fundada.

Tercero: Que, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, en representación de la COMPIN, informó inicialmente que la recurrente registra un período continuo de licencias médicas desde el 5 de agosto de 2020 por patología psiquiátrica, código F32.0, y que las licencias reclamadas fueron rechazadas, en lo medular, por tratarse de reposo prolongado. Agregó que existe un trámite previo de pensión de invalidez rechazado, ejecutoriado el 7 de abril de 2023, que determinó un menoscabo de la capacidad de trabajo de 34%, y un nuevo trámite iniciado el 21 de noviembre de 2024, actualmente vigente, estimando que prevalece el resultado del primero.

Asimismo, sostuvo que la ISAPRE Nueva Más Vida se encuentra en mejores condiciones de informar el perfil clínico general de la paciente, por ser la entidad que mantiene el historial de licencias y la cartola médica, encontrándose la COMPIN Subcomisión Viña del Mar únicamente en condiciones de informar sobre los pronunciamientos emitidos en segunda instancia administrativa.

Cuarto: Que, la Superintendencia de Seguridad Social, por su parte, informó que la recurrente solicitó el 26 de noviembre de 2025 la reconsideración del Dictamen N° R-01-IBS-100398-2024, mediante el cual se había confirmado el rechazo de diversas licencias médicas extendidas desde el 3 de mayo de 2023, además de otras emitidas desde el 30 de septiembre de 2023.

Expuso que, revisados los antecedentes médicos y administrativos, autorizó íntegramente la licencia médica N° 109300375-2, por estimar acreditada incapacidad laboral temporal durante dicho período, pero mantuvo el rechazo de las restantes licencias reclamadas, concluyendo que, luego de 471 días de reposo autorizado por la misma patología, las afecciones de la recurrente son de curso crónico, persistentes pese al tratamiento, y producen algún grado de incapacidad no modificable con reposo, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, al no contribuir ya a la recuperación ni orientarse al reintegro laboral.

Quinto: Que, en cumplimiento del trámite decretado por esta Corte, la Comisión Médica Regional de Viña del Mar informó que la solicitud de calificación de invalidez presentada por la recurrente el 21 de noviembre de 2024 fue inicialmente rechazada mediante Dictamen N°006.9663/2025, de 10 de septiembre de 2025. Sin embargo, reclamado dicho pronunciamiento, la Comisión Médica Central, por Resolución N°6407/2026 de 8 de abril de 2026, acogió el reclamo y revocó el dictamen, determinando un menoscabo laboral de 51% y declarando procedente otorgarle una pensión de invalidez parcial transitoria, principalmente por la configuración del impedimento de fibromialgia. Agregó que actualmente no existen gestiones pendientes y que la recurrente deberá ser reevaluada conforme a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Ley N°3.500.

Sexto: Que, de los antecedentes acompañados aparece que la recurrente presenta un cuadro de salud complejo y de larga data, con antecedentes de trastorno depresivo, fibromialgia, hipertensión arterial, vértigo y otras afecciones orgánicas, además de múltiples tratamientos farmacológicos y controles médicos. Consta, asimismo, que fue evaluada en sede de invalidez, determinándose inicialmente un menoscabo de su capacidad de trabajo equivalente a 34%, insuficiente para acceder a pensión de invalidez. Posteriormente, con ocasión de la nueva solicitud presentada el 21 de noviembre de 2024, la Comisión Médica Regional volvió a rechazar su solicitud por estimar que sus enfermedades se encontraban bajo observación y tratamiento médico, decisión que fue revocada por la Comisión Médica Central, que el 8 de abril de 2026 determinó un menoscabo laboral de 51% y le reconoció una invalidez parcial transitoria, principalmente por fibromialgia.

Séptimo: Que, para resolver la controversia, cabe tener presente que las licencias médicas y el subsidio por incapacidad laboral constituyen prestaciones de carácter temporal, vinculadas a la existencia de una incapacidad laboral susceptible de recuperación. Sin embargo, la circunstancia de que una patología sea calificada como crónica o irrecuperable no constituye, por sí misma, fundamento suficiente para el rechazo de las licencias médicas.

En efecto, la propia normativa administrativa que regula la relación entre las licencias médicas y los procedimientos de calificación de invalidez reconoce una continuidad entre ambas prestaciones. Así, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispone que, si el afiliado se encuentra acogido a licencia médica, la fecha de devengamiento de la pensión será a contar del día siguiente al término de la licencia que se encuentre vigente a la fecha en que quede ejecutoriado el dictamen que aprueba la invalidez, siempre que ésta haya sido extendida por la o las mismas patologías que dieron origen a aquella. Asimismo, tratándose del primer trámite de calificación de invalidez, contempla expresamente que la licencia médica puede ser autorizada aun cuando el diagnóstico invocado sea irrecuperable, hasta que el primer dictamen quede ejecutoriado.

Octavo: Que, en la especie, la Superintendencia recurrida fundó el rechazo de las licencias reclamadas, esencialmente, en que la recurrente acumulaba 471 días de reposo previamente autorizado y en que sus afecciones eran de carácter crónico, persistentes pese al tratamiento y generadoras de una incapacidad no modificable mediante reposo, concluyendo que nuevas licencias no contribuirían a su recuperación ni estarían orientadas al reintegro laboral.

Si bien es efectivo que las licencias médicas y el subsidio por incapacidad laboral son de carácter temporal, siendo esencial la posibilidad real de recuperación, tales circunstancias no resultan suficientes, en el caso concreto, para justificar el rechazo de los reposos reclamados, desde que la cronicidad de las patologías y la extensión del reposo previamente autorizado no permiten, por sí solas, descartar la existencia de períodos de incapacidad laboral temporal. A ello se agrega que la recurrente permaneció sometida a evaluación y tratamiento médico, culminando su último procedimiento de calificación de invalidez con el reconocimiento de un menoscabo laboral de 51% y de una invalidez parcial transitoria.

Noveno: Que, en estas condiciones, al mantener el rechazo de las licencias médicas reclamadas sin justificar suficientemente, en atención a los antecedentes clínicos concretos de la recurrente, por qué los reposos prescritos carecían de finalidad terapéutica, la recurrida incurrió en una actuación arbitraria.

Tal actuación afecta el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al impedir a la recurrente acceder al subsidio por incapacidad laboral asociado a las licencias médicas reclamadas, razón suficiente para acoger la presente acción en los términos que se dirá.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que, se rechaza la alegación de improcedencia formulada por la recurrida.

II. Que, se acoge, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado y, en consecuencia, se dejan sin efecto las Resoluciones Exentas N° R-01-DC-15341-2026 de treinta y uno de enero de dos mil veintiséis y N°R-01-UME-26655-2024 de diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, en cuanto mantuvieron el rechazo de las licencias médicas reclamadas, debiendo la Superintendencia de Seguridad Social adoptar las medidas pertinentes para autorizar y disponer el pago del subsidio por incapacidad laboral correspondiente a las licencias médicas N°s 85792498-3, 87074336-K, 88392293-K, 89456913-1, 90766422-8, 92111418-4, 93712630-1, 95460090-4, 97069692-K, 97906162-5, 99693555-8, 100633990-1, 102046828-5, 103086335-2, 104253264-5, 105607793-2, 106639104-K, 107964705-1, 112642211-K y 113714357-3.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1728-2026.

En Valparaíso, dieciocho de agosto de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.