nombre reservado con COLEGIO JUANITA FERNÁNDEZ

Jepv.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, tres de febrero de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1, comparece don nombre reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, sección nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por don nombre reservado, trabajador dependiente, domiciliado en domicilio reservado, actuando en representación de los derechos e intereses de su hijo de 13 años nombre reservado, quien interpone recurso de protección, en contra del COLEGIO JUANITA FERNÁNDEZ representado por el Director don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por los hechos que constituyen una perturbación a los derechos constitucionales del recurrente, establecidos en el artículo 19 Nos 1, 2, 12 y 24 de la Constitución Política de la República, a fin de que se adopten las medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho.

Señala que el estudiante nombre reservado ingresó al Colegio Juanita Fernández en pre kínder, sin tener problemas de índole académico, siendo calificado en varias ocasiones con excelencia académica, ni cuenta con sanciones previas de suspensión u otras situaciones. Adicionalmente, el estudiante pertenece a la selección de fútbol del colegio.

Indica que el día 10 de noviembre de 2022, en la sala de clases mientras se encontraban en la asignatura de geometría con la Profesora nombre reservado, el curso 7° básico A, en general, se encontraba presentando un comportamiento generalizado de desobediencia y falta de respeto; así, se llegó al punto de que todos estaban lanzando aviones de papel, y tras sonar el timbre para salir, la profesora ordenó que se limpiara la sala. No obstante la instrucción, todos los adolescentes seguían lanzándose aviones, y, cuando la profesora finalmente se colocó en el umbral de la puerta, le llegó lamentablemente uno en la frente.

Expresa que ese avión de papel que colisionó en la frente de la profesora no fue lanzado por el estudiante, como también que este último en ningún caso tuvo intercambio directo de palabras ni miradas con la docente. De hecho, la misma resolución final de fecha 22 de noviembre de 2022 expresa que el estudiante Darci Campos arrojó un avión de papel en la frente de la profesora, tras lo cual la profesora de geometría sufrió una descompensación emocional.

Por lo anterior, la docente debió acudir al IST y en la clase siguiente, en un intento de reflexión, señaló que el curso se había comportado de tal forma porque ellos “eran maltratados en sus casas, les faltaba cariño y que no les prestaban atención, por eso tenían ese comportamiento”, lo que provocó un alto grado de angustia para Maximiliano, quien producto de la expresión de esos prejuicios por parte de la profesora, toma la palabra y le expresa que ella no debería decir esas cosas porque ella no vive en las casas de los alumnos, haciendo uso así de su libertad de expresión.

Señala que tras el comentario de Maximiliano, la profesora se dirigió a Convivencia Escolar acusando a este del desorden que se habría producido en clases aquel día jueves 10 de noviembre, por lo que se inició un procedimiento disciplinario en contra de este, el cual concluye con fecha 22 de noviembre de 2022, aplicándose al pupilo de 13 años, por medio de la resolución de la Subdirectora nombre reservado, en conjunto con los encargados de convivencia escolar Sra. nombre reservado, Sr. nombre reservado y dos profesores más, la más grave medida disciplinaria, consistente en la cancelación de matrícula para el año 2023.

Indica que el día 23 de noviembre de 2022, la apoderada de Darci Campos Osses eleva solicitud de reconsideración, la cual fue resuelta en el Acta de Consejo de profesores de fecha 28 de noviembre del presente año confirmando la decisión de cancelación de matrícula, y con fecha 28 de noviembre de 2022, la madre de Maximiliano, doña nombre reservado, presenta una carta destinada a que sea reconsiderada la decisión de expulsión por parte del Colegio, para efectos de que el niño pueda continuar con su formación académica para el año 2023, siendo un hecho objetivo, atendido el desarrollo evolutivo de Maximiliano, que el que le haya llegado a la profesora en su frente un avión de papel no reviste los caracteres de gravedad suficientes como para expulsarlo del Colegio del que es parte desde pre kinder, y siendo que el alumno Maximiliano ha presentado un buen comportamiento sin registro de suspensiones.

Agrega que con fecha 01 de diciembre de 2022, el Colegio recurrido resolvió la solicitud de reconsideración elevada por ambas apoderadas, confirmando la medida de cancelación de matrícula para el año 2023.

En cuanto al derecho, cita el artículo 41 de la Ley 21.430, incisos quinto y octavo sobre “Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia”, que regula el derecho a la educación.

Agrega que de conformidad a la normativa citada, la medida de expulsión adoptada por el Colegio no se ajusta al reglamento del mismo, principalmente atendido a que en las dos resoluciones pronunciadas se da cuenta de que respecto del alumno no concurren todas las hipótesis contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, lo que conduce a que sea considerado como improcedente someterlo a la más grave sanción en el proceso de formación académica de un niño de 13 años.

Señala que fue el estudiante Darci Campos quien arrojó un avión de papel en la frente de la profesora, ni siquiera se ha acreditado si lo hizo o no a propósito, siendo totalmente desproporcionado y carente de fundamento plausible sancionar a nombre reservado por ese hecho en concreto.

Expresa que la cancelación de la matrícula además resulta ilegal debido a que vulnera lo dispuesto por el artículo 46 letra f) de la Ley 20.370, norma que impone a cada establecimiento educacional la obligación de contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre aquél y los distintos actores de la comunidad escolar, garantizando el “justo procedimiento” en el caso que contemple sanciones.

En el mismo sentido se expresa la Ley N° 21.128 sobre Aula Segura, estableciendo en el inciso décimo quinto del artículo 6 que, “en los procedimientos sancionatorios se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros”, por lo que en la cancelación de matrícula se ha resuelto existiendo una errónea interpretación de los hechos, por cuanto la resolución adoptada por el Colegio Juanita Fernández no pondera hechos sustanciales como lo son que el recurrente no lanzó en específico el avión de papel en la frente de la profesora, siendo sancionado de esta forma de manera desproporcionada en comparación a todos los demás compañeros del curso que también estaban lanzando aviones de papel, y nuevamente, atendido a su estado evolutivo, no puede ser considerada una falta gravísima el haber estado jugando con sus demás compañeros.

Añade que se sancionó al estudiante sin existir prueba tendiente a determinar la veracidad de su declaración, sino tan solo la de la Profesora Patricia, por lo que el Colegio lo juzgó culpable y lo sancionó con la mayor severidad permitida, vulnerando lo dispuesto en el inciso primero del artículo 28 de la Ley N° 21.130, el que establece el Derecho a ser oído.

Indica que producto de los dichos de la profesora alusivos a que los alumnos de séptimo básico “son maltratados en la casa y que por eso se comportan así”, implicó la apertura de un protocolo de maltrato de adulto a estudiante, y fue en ese contexto en que Maximiliano se sintió vulnerado y le expresó a la profesora su opinión, para que luego ella fuera a Convivencia Escolar a solicitar que iniciara dicho procedimiento de investigación contra el recurrente, lo que vulnera el artículo 29 de la señalada Ley 21.430, el cual regula la libertad de expresión y comunicación.

Agrega además, que los dichos emitidos por la Profesora en cuestión atentan gravemente con la integridad psíquica del niño de autos.

Señala que la cancelación de matrícula constituye una decisión arbitraria, al no ser producto de un procedimiento que cumpla con las garantías del debido proceso que le son exigibles tanto por su reglamentación interna, como por encontrarse reconocidas en el artículo 19 N° 3, inciso 5° de la Constitución Política de la República; pues, no parece existir razón alguna que revista el carácter de plausibilidad por la cual el Colegio ha impedido que los representantes legales puedan hacer valer sus alegaciones y defensas.

Expresa que el acto arbitrario e ilegal amenaza, perturba y priva el legítimo ejercicio de los siguientes derechos: En primer lugar, la Integridad física y psíquica. Artículo 19 N°1 de la Constitución Política, por cuanto dicha decisión le ha generado al alumno un importante estrés tanto psicológico como emocional, puesto que no solamente lo apartaron de su grupo de pares, sino que también lo estigmatizaron.

Además el hecho de a estar alturas del año buscar matrícula en un colegio acorde a la situación socio-económica del recurrente le ha provocado un grave estrés además de imaginarse dejando su colegio al que asiste desde pre kinder.

En segundo lugar, la igualdad ante la ley del Articulo 19 N°2 de la Constitución, al generar una discriminación en el trato al recurrente, otorgándole un trato distinto al dispensado a los otros compañeros de curso que se encontraban en su misma situación, y cita los artículos 1, 2, 7 inciso segundo, letra e), 8 de la Ley N° 21.430.

En tercer lugar, la libertad de emitir opinión y de informar, del articulo 19 N°12 Constitución Política, por cuanto Maximiliano expresó de manera oral su opinión respecto a los dichos de la profesora ya señalados, generándose un importante control posterior de carácter represivo a la hora en que, al mencionar su disconformidad, la maestra se dirigiera a Convivencia Escolar y se iniciara ese procedimiento de investigación para perseguir su responsabilidad y expulsarlo del colegio, por haberle llegado un avión de papel que ni si quiera lanzó el alumno, en hipótesis en que no se ha cometido ningún abuso en el ejercicio de dicha libertad, imputándole toda la culpa respecto al comportamiento generalizado del curso a la hora de lanzar dichos aviones de papel.

En último lugar, el derecho de propiedad del Articulo 19 N°24 de la Constitución Política, por cuanto la cancelación de matrícula para el año 2023 decretada por el Colegio Juanita Fernández constituye una afectación concreta al derecho de propiedad del niño Maximiliano, en particular, el derecho a la igualdad de oportunidades en materia educacional y a la inclusión, los cuales son derechos que han ingresado en su patrimonio.

Pide en definitiva, se ordene al colegio individualizado, que deje sin efecto la decisión de cancelar la matrícula del niño Maximiliano para que aquel curse su año escolar 2023, y junto con ello, se decrete que el Colegio Juanita Fernández debe renovar la matrícula del menor de autos, como también cualquier otra medida que S.S.I. considere necesaria para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña documentos al recurso.

A folio 13, informa la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION REGION DE VALPARAISO, señalando que el establecimiento educacional Colegio Juanita Fernández, Rol Base de Datos (RBD) 14608-0, corresponde a un colegio particular subvencionado, cuya entidad sostenedora es la Fundación Educacional Padre Kepa Bilbao Laca, y su representante legal don nombre reservado.

Indica que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998, del Ministerio de Educación, con fecha 6 de diciembre de 2022, el Director del Colegio, envía informe y antecedentes de aplicación de medida de cancelación de matrícula del estudiante nombre reservado, a esa Dirección Regional, para la revisión que ordena dicha norma legal.

Luego de recepcionados los antecedentes y analizados por el funcionario a cargo, con fecha 28 de diciembre de 2022, la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de esa Dirección Regional, emite "Informe Técnico de Revisión de Expediente", dirigido a la Encargada Regional Unidad de Fiscalización, bajo el Memo N°701, tras cumplir con el proceso de revisión y análisis en relación a la medida de cancelación de matrícula.

La revisión se realizó en virtud de los dispuesto por la Ley 20.845 de Inclusión que modifica el procedimiento por expulsiones y Ley Aula Segura, en relación con lo ordenado en el artículo 6 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de Subvenciones del año 1998.

El informe de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de esa Dirección Regional concluye que, en mérito del cumplimiento de la Ley, que la medida disciplinaria no se ajustaría a la normativa educacional al no dar cumplimiento al procedimiento de cancelación de matrícula del año 2023 del estudiante, de conformidad a lo señalado en su informe técnico.

En resumen, expresa que la proporcionalidad de la medida, se funda en la desproporcionada configuración de las faltas, ya que se le atribuyen varias de diversa gradualidad por un mismo acto/hecho, más cuanto el estudiante nombre reservado no dirige su mal comportamiento concreta y unilateralmente hacia la docente afectada, no existiendo evidencia a la vista de agresiones directas, de tipo verbal y/o física, pero sí de acciones disruptivas y posiblemente desafiantes a la docente en el aula.

Dicho informe constata que apoderada fue informada y/o advertida sobre las conductas del estudiante, tal como consta en registro de condicionalidad extrema con fecha 28 de septiembre de 2022 (apoderada se niega a firmar). No obstante, a la advertencia identificada, se verifica que ante la serie de faltas a la buena convivencia escolar presuntamente realizadas por parte del estudiante, el establecimiento no respaldo necesarios que acrediten la implementación de medidas de apoyo pedagógico o psicosocial expresamente consignadas en el Reglamento Interno. A mayor abundamiento, Registro de Observaciones Personales año 2022 del estudiante nombre reservado, describe faltas y citaciones a apoderada, pero esas descripciones no se acompañan de documentos complementarios que constaten el cumplimiento y adopción de medidas o acompañamientos mencionados en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (medidas pedagógicas, reparatorias, acompañamientos, derivaciones, apoyos previos, otras)." Indica que el informe de legalidad se envía a la Unidad de Fiscalización de la Superintendencia de Educación con el objeto de realizar el pertinente acto de fiscalización e iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 66 y siguientes de la Ley N° 20.529, si se constatan presuntas vulneraciones a la normativa educacional, lo que se encuentra en proceso en esa institución, en cuyo proceso el Director Regional competente debe dictar la resolución exenta que ordena instruir proceso administrativo y designa fiscal, quién es el encargado de su tramitación, de formular cargos, de investigar los hechos, solicitar informes, ponderar las pruebas y disponer toda otra diligencia que dé curso al procedimiento.

Con posteridad a ello, el Fiscal Instructor designado, tramitará el proceso administrativo formulando cargos, otorgando un plazo de 10 días hábiles, en que el sostenedor podrá hacer sus descargos y entregar los medios de prueba que estime necesario. Finalmente, el Director Regional de la Superintendencia de Educación, resolverá el proceso administrativo mediante resolución fundada.

En el caso de existir infracción a la normativa educacional, al ejercer la potestad sancionatoria del Estado, puede aplicarse una sanción al sostenedor del establecimiento educacional (amonestación por escrito, multa a beneficio fiscal, privación de la subvención, inhabilitación de la entidad sostenedora y/o revocación del reconocimiento oficial del estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Ley N° 20.529), según el tipo de infracción cometida y de las circunstancias de! caso concreto; y que en el caso en concreto se encuentra frente a una infracción grave de acuerdo a lo que estipula expresamente el artículo 6 letra d) inciso final del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Acompaña Informe Técnico de Revisión de Expediente.

A folio 15, informa la FUNDACIÓN EDUCACIONAL PADRE KEPA BILBAO LACA, señalando que el estudiante de autos, ingresó al colegio el año 2014 a pre-kínder, y durante su permanencia escolar en el colegio, a partir del año 2016, ha mantenido una conducta disruptiva, agresiva y confrontacional con distintos miembros de la comunidad educativa, lo que trajo aparejadas muchas dificultades en el desarrollo de su relación tanto con sus pares, como con sus docentes, generando reclamos de parte de otros apoderados y estudiantes del establecimiento.

Se trata de un niño que no respeta límites, normas de conductas, profesores, inspectores y personal del colegio, situación que no logra ser corregida, ni mejorada, a lo largo de los nueve años que ha sido parte del establecimiento, no siendo posible advertir un real compromiso por parte de la apoderada, ni de los padres en general, en orden a rectificar los problemas conductuales del estudiante en cuestión, toda vez que en los registros de hojas de vida consta que desde que el estudiante lleva cursando educación básica en el colegio, se puede comprobar su mal comportamiento, así como que a pesar de los reiterados compromiso de su madre y apoderada a mediar para que su hijo cambie de conducta y mejore su comportamiento ello no sucede, sino se va agravando con los años.

Su conducta se ha caracterizado por: (a) No seguir instrucciones, (b) Interrumpir constantemente distintas clases, (c) Problemas conductuales reiterados, (d) Golpes a compañeros de clases, (e) Faltar el respeto a distintos profesores, (f) Realización de conductas riesgosas para él mismo y para sus compañeros, como el lanzar objetos peligrosos como tijeras o manipular fósforos, (g) No querer trabajar en clases y molestar a compañeros, (h) Atrasos, (i) Agresiones físicas del niño a otros compañeros, efectuando un detalle desde el 14 de abril de 2016 de las conductas y agresiones del alumno.

En relación a los hechos en los cuales se vio involucrado el estudiante, estos fueron informados en forma oportuna a la apoderada mediante citaciones y comunicaciones tanto por correo electrónico institucional, personal (cuando no se logró recibir respuesta por otro medio) y por vía telefónica cuando la urgencia así lo ameritaba, pero durante el año 2022, dichas citaciones y/o intento de comunicaciones no siempre fueron contestadas por parte de la apoderada y madre del estudiante.

Durante todo ese tiempo y debido a los constantes conflictos protagonizados por Maximiliano, se prestó la contención debida por parte de los profesionales pertinentes, se promovió el diálogo reflexivo y distintas intervenciones con el curso del mismo estudiante con el fin de disminuir los conflictos de convivencia escolar ya expuestos, tomando parte en los conflictos vividos por el niño en cuestión la psicóloga del colegio, Nycol nombre reservado, luego del conflicto ocurrido entre Maximiliano y nombre reservado, el día 29 de septiembre de 2022. La profesional le indicó en su oportunidad que podía acudir a ella cada vez que lo sintiera necesario, ofreciendo su ayuda, sin embargo, es menester recordar que como psicóloga escolar solo pueden realizar contenciones emocionales y no iniciar una terapia con los estudiantes, ni observar el caso como uno clínico.

Con fecha 19 de agosto de 2022 se produce un conflicto de convivencia escolar entre los estudiantes nombre reservado y nombre reservado en la salida del establecimiento educacional.

Ese mismo día se inicia un procedimiento de investigación sobre los hechos que habrían antecedido lo ocurrido fuera del colegio, conforme a los artículos 155 y siguientes del Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Terminado el procedimiento, en el informe de 12 de septiembre de 2022, se estableció distintas faltas graves y gravísimas cometidas por ambos estudiantes, tales como: faltas de respeto o conductas de maltrato no constitutivas de bullying a otros compañeros; incumplimiento reiterado de sanciones impuestas por la autoridad, toda vez que ambos habían firmado una carta de compromiso por el conflicto acaecido el día 9 de junio de 2022 entre ambos; amenazar a miembros de la comunidad escolar en clases, recreos o por redes sociales.

Adicionalmente se le imputan a Maximiliano las faltas graves de: expresarse con burlas o vocabularios groseros hacia otros compañeros e incitar a estudiantes a pelear entre sí.

Por todo lo anterior, a Maximiliano se le aplica la sanción de condicionalidad extrema de matrícula, establecida en el artículo 195 letra G.

La medida anterior es informada a su apoderada el día 28 de septiembre de 2022, la que no quiso ser firmada por ella y de lo cual queda registro en acta de entrevista de la misma fecha.

No alcanzan a pasar ni dos meses desde la aplicación de la sanción de condicionalidad extrema, cuando nuevamente el alumno, el día 10 de noviembre de 2022, se ve involucrado en un nuevo conflicto de convivencia escolar, junto a otro compañero, y consecuencia del relato de la profesora, la jefa de UTP autoriza a la docente, luego de concluidos los hechos, a retirarse del establecimiento para que pudiese calmarse, ya que visiblemente estaba muy afectada por lo ocurrido.

La profesora afectada se dirige hasta el Instituto de Seguridad del Trabajo, siendo diagnosticada con reacción al estrés agudo, por lo cual se le extiende una licencia médica por 2 días, luego de lo cual se le vuelve a extender otra por 16 días, siendo dicha profesora una trabajadora de la Fundación y de acuerdo al artículo 184 del Código del Trabajo, se encuentra obligada a adoptar todas las medidas para proteger la integridad física y psíquica de sus trabajadores, incluida obviamente la docente afectada por las conductas del estudiante.

Ante la denuncia de la profesora nombre reservado, se dispuso la activación de procedimiento general de convivencia escolar regulado en nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar, por los hechos que generaron una afectación grave a la convivencia escolar, especialmente en el curso 7° básico A.

En atención a la constatación de distintas faltas leves, graves y gravísimas consagradas en los artículos 188, 189 y 190 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que el Director decide tomar lo sugerido por los encargados de Convivencia Escolar y aplicar la medida disciplinaria al alumno, y el día 28 de noviembre de 2022 la apoderada doña nombre reservado, presentó apelación a la medida notificada de cancelación de matrícula para ambos estudiantes involucrados.

Conforme lo exige el artículo 6 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N.° 2 de 1998, dictado por el Ministerio de Educación, se procede a hacer llegar dicha reconsideración al Consejo de Profesores, con la finalidad de que ese órgano expresase su opinión sobre la reconsideración de la medida, siendo una opinión meramente consultiva, señalando que el mal comportamiento del alumno persiste en distintas clases luego de lo ocurrido el día 10 de noviembre de 2022, no observando arrepentimiento o concientización sobre la situación, añadiendo que la forma en la que continuamente se dirige tanto a estudiantes como a docentes es muy agresiva y desobediente, haciendo imposible entablar un diálogo reflexivo con él, añadiendo a su vez el nulo arrepentimiento de su apoderada frente a todos los hechos protagonizados por el alumno, tras lo cual sus méritos académicos y logros deportivos se ven empañados por su problemático comportamiento y actitud en torno a situaciones de convivencia escolar, sugiriendo al Consejo de Profesores confirmar la aplicación de la medida disciplinaria de cancelación de matrícula, y frente a la opinión tan categórica del consejo de profesores (al que asistieron 79 docentes), el Director ratifica la sanción y deniega la reconsideración presentada por la apoderada, lo cual es comunicado, La confirmación de la medida de cancelación de matrícula es comunicada a la apoderada el día 1 de diciembre de 2022, siendo firmada por la misma. Cita la cláusula quinta del Contrato de Prestación de Servicios.

Tras lo conversado con la apoderada tanto en entrevista, en la carta de reconsideración, como en el recurso de protección interpuesto por el padre del estudiante, es claro que la familia de Maximiliano no está dispuesta a asumir responsabilidades que como padres les competen al momento de corregir el actuar de su hijo.

Indica que la medida contra la cual se interpone el recurso no es un acto ilegal o arbitrario, cita en primer lugar la letra f) del artículo 46 de la Ley General de Educación, la cual reconoce una potestad reglamentaria en materia escolar a todo establecimiento educacional del país, y el Colegio ejerció un derecho que la ley le reconoce en forma expresa, por lo que su decisión no puede ser calificada de ilegal. En segundo lugar, la medida recurrida se encontraba establecida previamente en el reglamento interno del colegio, el cual está publicado en la página web del mismo, conforme a las disposiciones del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de Educación.

En tercer lugar, la medida recurrida fue precedida de un proceso previo, correctamente tramitado conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar que rige, en el cual se tomó declaración debida al hijo del recurrente en su calidad de denunciado, así como también de su madre y testigos; la cuarta medida recurrida corresponde al aplicar a un estudiante que estaba con condicionalidad extrema de matrícula por mala conducta e infracciones al reglamento interno y de convivencia. Específicamente en el artículo 195 letra G, de dicho reglamento; la quinta medida dice relación con seguir el procedimiento establecido tanto en el artículo 6 letra d) del DFL N°2 de 1998, como lo dispuesto en Dictamen N°0052 de 2020 emitido por la Superintendencia de Educación, toda vez que, con fecha 22 de noviembre de 2022, se comunica la sanción a la apoderada, señalando el plazo de reconsideración de la medida; la sexta consiste en aclarar que la medida sancionatoria tomada tras el procedimiento general establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar no correspondió a la expulsión del estudiante, tal y como se señala en la acción de protección interpuesta, sino a la de cancelación de matrícula.

Expresa que en este procedimiento de investigación no se aplicó el proceso de Aula Segura, sino el procedimiento general establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Indica que la conducta del hijo del recurrente es una abierta y reiterada infracción a lo establecido en la letra a) del artículo 10 de la Ley General de Educación, así como el recurrente y la apoderada de nombre reservado, han infringido reiteradamente las obligaciones establecidas en la letra b) del artículo 10 de la citada Ley.

Pide, se tenga por informado el recurso y en definitiva, se rechace el recurso interpuesto, por carecer de todo fundamento de hecho y de derecho, y declare que la decisión técnico-pedagógica adoptada por el colegio se ajusta a derecho Acompaña documentos al informe.

A folio 17, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales deducido ha sido instaurado por el Constituyente para brindar el debido resguardo a quienes sufran una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República producto de un acto u omisión arbitrario o ilegal.

Segundo: Que, por esta vía extraordinaria, la parte recurrente solicita se revoque la medida disciplinaria que el establecimiento recurrido ha decretado en desmedro de su hijo, correspondiente a la cancelación de matrícula para el presente año, y se ordene el reingreso del mismo al colegio recurrido.

Tercero: Que, atendido el mérito de autos, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el acto denunciado, toda vez que según la exposición del recurrido y los documentos acompañados en su informe, el alumno sancionado cometió una serie de faltas a la sana convivencia escolar, desde el año 2016 hasta el año 2022, las que fueron documentadas en su hoja de vida y que fueron informadas oportunamente a su apoderado, aplicándose primeramente la sanción de condicionalidad extrema, además de brindarle al alumno apoyo en el ámbito de convivencia escolar a través de una serie de intervenciones, no obstante lo cual, cometió nuevos actos sancionados que resultaron en la aplicación de la sanción recurrida. Además, se acredita la baja participación del apoderado recurrente a estas instancias, con repetidas inasistencias o no firma de las mismas, demostrando baja cooperación en el proceso de apoyo brindado por el establecimiento educacional.

Cuarto: Que, consecuente con ello, la medida adoptada de cancelación de la matrícula del alumno, se justifica en hechos de especial gravedad, como son atentados contra la integridad física y/o psíquica de otros miembros de la comunidad educativa, en particular otros compañeros, justificándose la adopción de los procedimientos establecidos en el Reglamento Interno del Establecimiento Educacional y que concretan lo establecido en el DFL 2 del Ministerio de Educación de 1998, referido a aquellos casos de especial gravedad, y que justifican la no renovación de la matrícula.

Quinto: Que, por su parte, a partir de los antecedentes acompañados, aparece que el apoderado recurrente dedujo su derecho de reconsideración respecto de la medida adoptada por el establecimiento, el que fue conocido en Consejo Extraordinario de Profesores, quienes ratificaron unánimemente la decisión de cancelación de la matrícula del alumno sancionado; sin observarse, en consecuencia, vulneración alguna a las garantías constitucionales protegidas por esta acción constitucional.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, según lo informado por el Director General de la Superintendencia de Educación, Región de Valparaíso, los antecedentes esgrimidos en la acción de protección fueron enviados a la Unidad de Fiscalización de esa repartición, con el objeto de realizar el pertinente acto de fiscalización e iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio, si se constatan las presuntas vulneraciones a la normativa educacional informada, lo que se encuentra en proceso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, en contra del Colegio Juanita Fernández.

Acordada con el voto en contra de la ministra Sra. Quezada, quien estuvo acoger el presente arbitrio, considerando:

1° Que la Superintendencia de Educación a través de su Director Regional don Reinaldo Orellana Fernández, que en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ley con Fuerza N°2 de 1968 del Ministerio de Educación, revisó la decisión del Colegio recurrido en cuanto a la aplicación de la medida de cancelación de matrícula del menor nombre reservado, previo Informe Técnico de la Unidad de Fiscalización de dicha entidad.

2° Que, luego de revisados y analizados los antecedentes por la referida Unidad, y conforme a lo dispuesto en la Ley 20.845 de Inclusión Escolar, que estableció tres principios fundamentales, la no discriminación; la inclusión, y la dignidad del ser humano, junto a una educación integral que desestima la expulsión arbitraria, la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Dirección Regional concluyó que en mérito del cumplimiento de la Ley, la medida disciplinaria que a través de la presente acción se denuncia, no se ajustaría a la normativa educacional al no dar cumplimiento al procedimiento de cancelación de matrícula del año 2023 del estudiante nombre reservado en los siguientes aspectos: i) la medida no se sujeta a los principios de proporcionalidad y no discriminación; ii)que atendido que el Colegio recurrido a través de su Director y previo a la adopción de la medida de expulsión cuestionada, representó a la apoderada del estudiante la inconveniencia de las conductas de este último, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementación de las medidas de apoyo psicológico o psicosocial expresamente establecido en el reglamento interno, sin que se acredite que aquéllas u otras se hayan efectivamente realizado.

3° Que al haberse detectado las infracciones antes anotadas, y pudiendo éstas significar contravención a la normativa educacional, la Unidad de Fiscalización de la Superintendencia de Educación ordenará el correspondiente acto de fiscalización e iniciará, si procediere, el procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la recurrida de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 66 y siguientes de la Ley 20.529, cuestión que está en proceso.

4° Que atendido lo anterior, sumado a los antecedentes que obran en autos, esta Ministra estima que la medida de cancelación de la matrícula de Maximiliano como consecuencia del comportamiento que se le imputa, similar al de otros estudiantes que no fueron sancionados, y considerando además, que el alumno ejecutor del acto considerado grave por la recurrida, esto es, dirigir como proyectil un avión de papel hacia la profesora afectada, impactándola en su rostro, quedó en definitiva, sin sanción, resulta del todo arbitraria.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-172395-2022.

En Valparaíso, tres de febrero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.