nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para técnico extranjero, notificado el 19 de febrero de 2026. Lo anterior, estima, vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente, de nacionalidad venezolana y profesional en informática, solicitó la devolución de sus fondos bajo el amparo de la Ley N°18.156. Señala que la recurrida fundó el rechazo en que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encontraba legalizada ni apostillada.

Alega que tal exigencia es de imposible cumplimiento debido al cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, hecho que constituye un caso fortuito ajeno a su voluntad. Argumenta que el documento cuenta con un código de verificación único validable en línea, lo que garantiza su autenticidad sin necesidad de trámites consulares adicionales.

Sostiene que el propio Estado chileno, a través del Servicio Nacional de Migraciones, ha flexibilizado estos requisitos para ciudadanos venezolanos mediante la Circular N°10, reconociendo la imposibilidad material de obtener legalizaciones. Refiere que la conducta de la recurrida es caprichosa e impone requisitos no contemplados en la ley, realizando una interpretación restrictiva que afecta su derecho de propiedad sobre los ahorros.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, se declare la validez de la documentación acompañada, se ordene a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y se efectúe la devolución de los fondos solicitados en un plazo razonable.

A folio 5, evacúa informe Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. Expone que la acción es improcedente pues el recurso de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento que requieren de un procedimiento declarativo. Indica que su representada actuó en estricto cumplimiento de la ley y de las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, las cuales exigen que la certificación de afiliación extranjera esté debidamente legalizada o apostillada.

Sostiene que el documento aportado por el actor es una mera "constancia de cotización" genérica que no especifica las coberturas por los riesgos de la Ley N°18.156 ni cuenta con firma del emisor. Argumenta que el anexo de contrato donde se manifiesta la voluntad de exención fue suscrito de forma extemporánea, casi dos años después del inicio de la relación laboral, lo que contraviene la norma que exige que dicha condición exista con anterioridad al contrato en Chile.

Aduce que el recurrente posee residencia definitiva en el país, lo que implica un riesgo fiscal futuro, pues el Estado podría verse obligado a garantizar pensiones solidarias si se permite el retiro indiscriminado de fondos. Finalmente pide el rechazo del recurso con expresa condenación en costas.

A folio 6, evacúa informe nombre reservado, Jefe de la Dirección de Asesoría Jurídica, en representación de la Superintendencia de Pensiones. Informa que el recurrente no registra reclamos administrativos previos ante el organismo. Reitera que la Ley N°18.156 es de excepción y aplicación restrictiva. Señala que el certificado electrónico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no es idóneo por carecer de firma, apostilla o legalización, y por no especificar si la cobertura de salud incluye prestaciones médicas y pecuniarias.

Sostiene que el procedimiento de la apostilla es la única vía legal para que documentos extranjeros surtan efectos en Chile, sin que el código de verificación digital pueda sustituirlo.

A folio 7, se ordena traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que no existe discusión alguna en cuanto a la ocurrencia del acto que motiva la interposición del recurso de protección, esto es, que la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. negó lugar a la petición de devolución de los fondos previsionales del actor.

Tercero: Que, para una adecuada comprensión del asunto planteado, conviene tener presente que la Seguridad Social, en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En este contexto, Chile cuenta con un sistema que tiene por finalidad proteger a los ciudadanos frente a diferentes contingencias, como la salud, la vejez, el desempleo y los accidentes laborales, el que funciona a través de una estructura mixta, que incluye tanto entidades públicas como privadas, y que se financia principalmente mediante las cotizaciones previsionales de los trabajadores y empleadores, además de aportes del Estado.

Cuarto: Que, por otra parte, es útil señalar que el sistema de seguridad social resulta aplicable a todos los trabajadores, cualquiera que sea su nacionalidad. Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de ciertos trabajadores extranjeros -personal técnico- existe una normativa especial que establece una exención a la obligación de efectuar imposiciones en los organismos chilenos bajo determinadas condiciones.

En efecto, la Ley N°18.156 le permite al personal técnico extranjero y a las empresas que los contraten, marginarse del cumplimiento de las leyes de previsión y por lo tanto, no están obligados a realizar imposiciones en los organismos de seguridad social chilenos, en la medida que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Complementando lo anterior, la Circular N° 553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones establece que se entenderá por técnico para estos efectos, a los trabajadores que posean conocimientos de una ciencia o arte, que puedan ser acreditados mediante documentos justificativos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quinto: Que, reseñado el sistema de exención para ciertos trabajadores extranjeros, corresponde ocuparse de aquellos que pudiendo acogerse a este sistema excepcional igualmente registren cotizaciones en una AFP, los que tienen derecho a solicitar la devolución de los fondos que hubieren depositado en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, ya citado.

Sexto: Que el recurrente presenta las siguientes circunstancias relevantes para el análisis del asunto debatido:

1° Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, cuya calidad de profesional o técnico no se encuentra acreditada de forma fehaciente en esta sede, toda vez que si bien acompañó un título de Licenciado en Diseño Industrial otorgado por la Universidad de Los Andes el 10 de diciembre de 2010, dicho documento se trata de una copia simple, que no se encuentra debidamente autorizada, apostillada ni legalizada conforme a las exigencias establecidas en la Circular N°553 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.

2° El recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales y la recurrida rechazó tal petición, fundado en que el actor no cumple con las exigencias necesarias para acceder a su petición, por cuanto la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada a su solicitud carecería de firma, no se encontraría apostillada ni legalizada, y no acreditaría en forma suficiente y específica la cobertura previsional requerida.

Séptimo: Que, previo a determinar si el recurrente cumple las exigencias que prescribe el artículo 1° de la Ley N°18.156, en cuyo caso la negativa de la recurrida sería ilegal, resulta importante reiterar que la normativa sectorial examinada constituye un sistema de excepción que le permite a ciertos trabajadores extranjeros y a sus empleadores sustraerse de la obligación de efectuar cotizaciones en los organismos previsionales chilenos, y en su carácter de especial debe ser interpretada de forma restrictiva ya que establece un derecho -la devolución de fondos previsionales- del que carecen los trabajadores chilenos.

Por otra parte, el sentido de la devolución de los fondos previsionales, en el contexto de extranjeros que llegan a Chile como personal técnico y por períodos acotados de tiempo, consiste en evitar una cobertura duplicada de las mismas contingencias, tanto en Chile como en el país de origen del trabajador extranjero (o aquel donde registre cotizaciones de seguridad social) razón por la cual resulta fundamental establecer la equivalencia entre las coberturas reconocidas en nuestro país y aquellas que proporciona el país de origen del extranjero y, además, la coincidencia temporal entre unas y otras, es decir, que todo el período cotizado en Chile tenga su correlato en el país del extranjero.

Octavo: Que, el reparo específico formulado por la recurrida para rechazar la devolución solicitada se centró en la forma de acreditación de la afiliación previsional extranjera, al estimar que la documentación acompañada carecía de aptitud suficiente por cuanto no se encontraba apostillada ni legalizada, no estaba firmada y no daba cuenta, en forma específica, de las coberturas previsionales exigidas por la Ley N°18.156.

En relación con dicho punto, y de acuerdo con los documentos que obran en la carpeta electrónica, la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada por el recurrente no reviste utilidad suficiente para tener por cumplida la exigencia prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, desde que dicho instrumento se limita a dar cuenta, en términos generales, de la afiliación del actor al sistema previsional extranjero y de su calidad de asegurado, sin consignar de manera específica que cuenta con cobertura por las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el período en que prestó servicios en Chile, ni precisar el alcance de dichas prestaciones. A ello se suma que el documento carece de firma, no se encuentra apostillado ni legalizado, y su eventual valor probatorio no puede suplirse por la sola posibilidad de verificación electrónica invocada por el recurrente, máxime si se trata de acreditar un presupuesto de excepción cuyo cumplimiento debe constar en forma fehaciente, y sin perjuicio de recordar que el derecho extranjero debe ser probado en Chile por los medios legales, lo que no ha ocurrido.

Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe considerar la calidad del recurrente como titular de permanencia definitiva, circunstancia que le confiere los mismos derechos y obligaciones que se aplican a los trabajadores chilenos, de manera que no resulta procedente la restitución solicitada una vez adquirido dicho estatus migratorio, rigiendo plenamente, a contar de su adquisición, la obligación de cotizar en Chile. Pretender lo contrario transforma la norma de excepción que permite, en determinadas situaciones, la devolución de fondos previsionales, en una condición de privilegio para trabajadores extranjeros que han decidido avecindarse de manera definitiva en el país, permitiéndoles sustraerse de obligaciones previsionales y utilizar el régimen de AFP como un mecanismo de ahorro de libre disposición, lo que resulta improcedente y supone, además, una eventual carga previsional para el Estado de Chile, que deberá atender, al menos parcialmente, las contingencias de seguridad social de dichos trabajadores en caso de no contar con ahorro previsional suficiente.

Noveno: Que, en consecuencia, no se advierte la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, en los términos expuestos, ni la afectación de garantías constitucionales en la forma denunciada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-1707-2026.