nombre reservado con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciocho de junio de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile, quien interpone acción de protección en contra de la Sección de Remuneraciones de dicha institución, por el actuar que estima como ilegal y arbitrario, consistente en no haberle pagado la gratificación de zona desde su ingreso a la institución y hasta la actualidad, conforme a derecho, al no incluir la asignación de grado efectivo, vulnerando sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile el 1° de febrero de 2009, y que ha cumplido funciones como destinado en la región de Atacama desde el 13 de enero de 2012 al 19 de julio de 2015; en Arica desde el 23 de enero de 2017 al 9 de febrero de 2024, y en Los Andes desde el 9 de febrero de 2024 y hasta la fecha, añadiendo que todas estas destinaciones confieren el derecho a percibir asignación de zona.

En cuanto a la asignación de grado efectivo, explica que también tiene derecho a percibirla, la que se paga según el cargo y grado que se tiene, con un incremento determinado si el funcionario se desempeña en ciertas ciudades que dan derecho a percibir la asignación de zona, como es su caso.

Refiere que, en mayo de 2019, mediante Radiograma N°225, la recurrida informó que por error se estaba pagando de forma incompleta la remuneración en un ítem que debía cancelarse de acuerdo con la asignación de zona, procediendo a modificarse la base de cálculo de la asignación de grado efectivo, para incluirla en la gratificación de zona.

Arguye que, pese a lo anterior, en junio de 2019, mediante Radiograma N°285, la recurrida suspendió dicho pago, indicando que el asunto sería sometido a pronunciamiento de la Contraloría General de la República. De este modo -refiere- mediante Dictamen N°E98928/2021, de 26 de abril de 2021, el órgano contralor concluyó, en síntesis, que la forma de pago efectuada en el mes de mayo de 2019 se había realizado de forma correcta.

Reclama que la regularización de pago hecha por la PDI fue parcial, y malinterpretó el dictamen de la Contraloría, al estimar que solo desde su dictación procedía el pago de lo adeudado, cancelando sólo el período desde el 26 de abril de 2021 y en lo sucesivo.

Refiere que, no fue sino hasta que la Corte Suprema, mediante sentencia Rol N°147.027-2023, que se estableció que el pago debía realizarse desde el ingreso a la institución y hasta el 26 de abril de 2021.

Indica que se enteró de la vulneración mediante comunicación por la aplicación de mensajería WhatsApp de un compañero de trabajo en un grupo de funcionarios, quien informó el 18 de marzo que se estaban presentado recursos de la misma naturaleza.

El recurrente sostiene que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida priva al actor del derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, poniéndolo además en posición desventajosa frente a los demás destinatarios de la ley. Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones del país que han acogido recursos similares.

Por tanto, solicita que se acoja el recurso, y se ordene regularizar el pago por los montos adeudados de la asignación, por el período que ha fijado la Excma. Corte Suprema para el asunto debatido, esto es desde el ingreso a la institución y hasta el 26 de abril de 2021.

Acompaña certificado de destinaciones y de antigüedad, impresión de pantalla de la aplicación WhatsApp, radiogramas del año 2019 y dictamen de la Contraloría General de la República.

A folio 6, informa María Inés Wise Díaz de la Vega, abogada, en representación del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando el rechazo del recurso, oponiendo, en primer lugar, la excepción de prescripción, fundada en que el derecho al cobro de las asignaciones prescribe en el plazo de seis meses desde la fecha en que el derecho se hizo exigible, conforme al artículo 99 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, plazo que ha transcurrido extensamente en el caso del actor, pues reclama dineros que datan del año 2012 a 2021.

Además, reclama que la acción es extemporánea, ya que asunto litigioso es de público conocimiento dentro de la población policial desde la dictación de la sentencia de 15 de diciembre de 2022, por parte de la Excelentísima Corte Suprema, en la causa Rol N°12.008-2022, ratificado por sentencia en causa Rol N°147.027-2023, de 5 de diciembre de 2023.

En cuanto al fondo, sostiene que el Dictamen N°E98928/2021, de la Contraloría General de la República, no tuvo efecto retroactivo, debiendo interpretarse según las reglas generales del Código Civil. En particular, señala que la palabra “actualmente” utilizada en el dictamen significa “en el tiempo actual”, por lo que el pronunciamiento sólo tendría efectos desde su dictación y hacia el futuro.

Además, afirma que, en la liquidación del mes de diciembre del año 2022, se le pagó al recurrente de forma retroactiva la suma de $1.403.334, por concepto de asignación de zona, luego del dictamen de la Contraloría de 26 de abril de 2021.

Finalmente, la recurrida sostiene que no ha existido acto ilegal o arbitrario que vulnere derechos fundamentales, ya que ha procedido conforme lo señala la Contraloría General de la República, cuyas decisiones son vinculantes para todos los órganos de la Administración del Estado.

Acompaña resolución exenta de la Contraloría General de la República, en la cual se acoge la prescripción extintiva de la gratificación de zona, sentencias de la Excelentísima Corte Suprema, entre otros documentos.

A folio 12, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

I.- En cuanto a la alegación de extemporaneidad alegada por la Policía de Investigaciones de Chile.

Primero: Que la alegación de extemporaneidad será desestimada, teniendo únicamente presente que el acto que se califica de ilegal y arbitrario perdura hasta la fecha y produce efectos de carácter permanente en el patrimonio del recurrente, al privarlo de parte de remuneraciones que, según funda en el libelo, debió percibir durante todo el tiempo en que gozó de la gratificación de zona, motivo por el cual el recurso ha sido interpuesto dentro del término de treinta días establecido en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

II.- En cuanto a la excepción de prescripción y el fondo de la acción de protección.

Segundo: Que, a través de esta vía cautelar se cuestiona la omisión de la Policía de Investigaciones de Chile por no haber pagado íntegramente la remuneración del recurrente durante todo el tiempo en que estuvo destinado en Atacama y Arica, y hasta el mes de abril de dos mil veintiuno, a consecuencia de no incorporar la asignación de especialidad al grado efectivo dentro de la base de cálculo de la gratificación de zona, pretendiendo que se ordene a la recurrida regularizar el pago por los montos adeudados desde su ingreso a la institución hasta el veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

Tercero: Que, la Policía de Investigaciones informó, en síntesis, que ha actuado conforme a derecho respecto al pago de la asignación de especialidad al grado efectivo, argumentando que, según el Dictamen N°E98928/2021 de la Contraloría General de la República, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dicha asignación debe considerarse en la base de cálculo de la gratificación de zona, sin efecto retroactivo. Asevera que no ha existido actuar ilegal o arbitrario que atente contra derechos fundamentales, pues la institución ha realizado todas las actuaciones conforme a las decisiones del órgano contralor, que son vinculantes para todas las instituciones de la Administración del Estado.

Por otro lado, señaló que se pagó al actor la suma de $1.403.334, por concepto de asignación retroactiva de zona, luego del dictamen de la Contraloría.

Cuarto: Que, en este contexto, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del libelo y la excepción de prescripción deducida por la recurrida, se rechazará el presente arbitrio, en el entendido que, el conflicto objeto del recurso no puede ser dilucidado por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, toda vez que ello excede su naturaleza y finalidad, al no constituir una instancia de declaración de derechos individuales sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados se encuentran afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, y, por consiguiente, en situación de ser amparados o tutelados, lo que no se produce en el caso sometido a conocimiento de esta Corte.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se declara:

I.- Que, se rechaza la excepción de extemporaneidad deducida por la Policía de Investigaciones de Chile.

II.- Que, se rechazan, sin costas, la excepción de prescripción interpuesta por la recurrida, y la acción de protección deducida por nombre reservado, en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1705-2025.

No sujeta a anonimización.

En Valparaíso, dieciocho de junio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.