nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparece la abogada Carla Nicole Cañon Rubio, quien interpone acción constitucional de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro y/o devolución de fondos previsionales para extranjero.

Expone que la recurrente se encuentra afiliada al sistema previsional chileno administrado por la recurrida, respecto de las cotizaciones enteradas durante el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que durante el mes de noviembre de 2025 presentó nuevamente una solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros ante la AFP recurrida, siendo rechazada, según afirma, pese a haber acompañado toda la documentación que estima exigida por la normativa aplicable, entre ella su título profesional apostillado, contrato de trabajo y anexo laboral, cédula de identidad para extranjeros y certificado de afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Refiere que posee título de Licenciada en Administración Industrial, el que se encontraría debidamente apostillado y legalizado, y que acompañó, además, contrato de trabajo y anexo celebrado con Embotelladora Andina, en el que constaría su voluntad de mantenerse afiliada a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, con cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Agrega que también adjuntó constancia de afiliación al seguro social de su país de origen, sosteniendo que dicho documento fue obtenido oportunamente con su respectiva apostilla y que, atendidas las actuales condiciones institucionales de Venezuela, le habría resultado imposible obtener nuevas legalizaciones o apostillas. Señala que, con todo, acompañó tanto la constancia previamente apostillada como una versión electrónica vigente, estimando que ambas acreditan suficientemente su afiliación extranjera.

Sostiene que la recurrida ha rechazado reiteradamente sus solicitudes, sin precisar adecuadamente una causal concreta y suficiente de rechazo, limitándose a formular observaciones genéricas o a requerir antecedentes que, a su juicio, ya fueron acompañados, incurriendo así en una conducta caprichosa y formalista que obstaculiza injustificadamente la tramitación de su petición.

Afirma que tal obrar importaría una interpretación errónea y restrictiva de la Ley N°18.156, desatendiendo su finalidad, cual sería permitir al trabajador extranjero disponer de sus fondos previsionales cuando cumple los requisitos legales, produciendo una retención injustificada de tales dineros.

Concluye que la actuación de la AFP vulnera las garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, al exigir antecedentes adicionales que estima improcedentes, desconocer la validez de la documentación acompañada y otorgar, un trato distinto al conferido en otros casos, por lo que solicita que se reconozca la documentación suministrada y se orden realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y la devolución dentro de un plazo razonable, o lo que esta Iltma. Corte estime conforme al mérito de autos.

A folio 5, informa la Superintendencia de Pensiones, aclarando que la recurrente no registra reclamo alguno ante dicho organismo respecto de los hechos materia del recurso, por lo que no existen antecedentes administrativos específicos sobre la solicitud cuestionada.

Expone que la Ley N°18.156 contempla un régimen excepcional, de interpretación restrictiva, aplicable solo a trabajadores extranjeros técnicos o profesionales que acrediten copulativamente los requisitos de su artículo 1°, en relación con el artículo 7°, y que conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de ese organismo, la cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación emanada de la autoridad previsional competente, debidamente legalizada, en la que conste de manera específica que el trabajador contó efectivamente, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, con cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, incluyendo en materia de salud prestaciones médicas y pecuniarias.

En relación con este caso particular, sostiene que la declaración jurada acompañada por la recurrente no resulta idónea para acreditar dicho requisito, por no emanar de la autoridad previsional competente. Agrega que la constancia de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile tampoco serviría para esos efectos, por cuanto, según consta del propio documento, su vigencia expiró en junio de 2024, de manera que a la fecha de la solicitud presentada en noviembre de 2025 se encontraba vencida.

Finalmente, refiere que la exigencia de legalización o apostilla y de acreditación específica de la cobertura previsional ha sido reiteradamente respaldada por la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, concluyendo que no cuenta con antecedentes que permitan establecer que la recurrente cumplía las exigencias legales para acceder a la devolución de fondos previsionales solicitada.

A folio 8, informa la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

Señala que la recurrente presentó solicitudes de devolución de fondos previsionales el 3 de noviembre de 2025 y 2 de marzo de 2026, pretendiendo acogerse al régimen excepcional de la Ley N°18.156 respecto de cotizaciones enteradas por su empleador Embotelladora Andina S.A.

Expone que, para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, la actora acompañó título profesional, constancia electrónica de cotizaciones, constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para retiro de fondos ante AFP emitida el 21 de marzo de 2024, y contrato de trabajo con su respectivo anexo.

Indica que, revisados tales antecedentes, la Administradora concluyó que la documentación no satisfacía las exigencias de la Ley N°18.156, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y de la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, por lo que no dio curso a la solicitud.

Precisa que el reparo principal recayó en la documentación destinada a acreditar la afiliación y cobertura previsional en el extranjero, por cuanto la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no correspondería a un certificado de afiliación, no señalaría las coberturas específicas del caso concreto, sino solo referencias genéricas al sistema previsional venezolano, no se encontraría firmada por quien la emite y tampoco legalizada o apostillada. Añade que la “Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para Retiro de Fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones” tampoco resultaría idónea, desde que no se encontraba vigente al momento de ingresar la solicitud.

Sostiene que su actuación se ajustó a lo dispuesto en el Libro II, Título XI, N°2 letra b) del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, conforme al cual la documentación pertinente debe presentarse debidamente legalizada, pues en caso contrario la Administradora no puede dar curso a la solicitud de devolución de fondos previsionales de la Ley N°18.156.

Concluye que no ha existido obstaculización ni interpretación arbitraria de la norma, sino el estricto cumplimiento de la ley y de las instrucciones impartidas por la autoridad competente, por lo que no se configura acto ilegal o arbitrario alguno susceptible de ser corregido por esta vía.

A folio 9, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

SEGUNDO: Que, en la especie, la acción constitucional se ha interpuesto por doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., denunciando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales formulada conforme a la Ley N° 18.156.

Sostiene que acompañó toda la documentación exigida por la normativa, entre ellos título profesional apostillado, contrato de trabajo y anexo laboral, cédula de identidad para extranjeros y constancia de afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen, por lo que la negativa de la recurrida, fundada en observaciones que estima genéricas y carentes de precisión, constituiría una interpretación formalista, desprovista de razonabilidad, que vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y de propiedad.

TERCERO: Que la recurrida, sostiene que la decisión se ajustó estrictamente a la normativa vigente. Refiere que la documentación presentada por la actora para acreditar el requisito del artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156 no cumple con las exigencias contenidas en dicha normativa y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, desde que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no correspondería a un certificado de afiliación, no señalaría coberturas específicas del caso concreto, no se encontraría firmada por quien la emite y tampoco debidamente legalizada o apostillada; agregando que la “Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para Retiro de Fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones” emitida el 21 de marzo de 2024, tampoco resultaría idónea por no encontrarse vigente al tiempo de la solicitud.

CUARTO: Que, la Superintendencia de Pensiones informó que la recurrente no registra reclamo ante dicho organismo por estos hechos, y agregó que, conforme a la normativa sectorial y a su jurisprudencia administrativa, la cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación de la autoridad previsional competente, debidamente legalizada, en la que conste de manera específica que el trabajador contó efectivamente, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, con cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, incluyendo en materia de salud prestaciones médicas y pecuniarias. Añade que la declaración jurada acompañada por la actora no resulta idónea para esos efectos y que la constancia presentada, además de no emanar propiamente de la autoridad competente en los términos exigidos, se encontraba vencida.

QUINTO: Que, para resolver, corresponde tener presente que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece que las empresas que celebren contratos con personal técnico extranjero, y este personal, estarán exentos de las leyes de previsión chilenas siempre que se reúnan las condiciones de: a) encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Por su parte, el artículo 7° de la misma ley dispone que los trabajadores extranjeros que hubieren registrado cotizaciones en una administradora podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1°.

El Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en el Libro II, Título XI, dispone que la cobertura previsional en el extranjero debe acreditarse mediante certificación de la autoridad competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar las prestaciones señaladas durante todo el tiempo en que el trabajador prestó servicios en Chile.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que la documentación acompañada por la recurrente para acreditar el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 no satisface las exigencias formales y sustantivas requeridas por la normativa aplicable.

En efecto, si bien la actora sostiene en su recurso que cuenta con una constancia electrónica vigente y verificable en línea, lo cierto es que no acompañó a estos autos documento actualizado de esa naturaleza que permita tener por acreditada tal alegación. Por su parte, la constancia de afiliación emitida con fecha 21 de marzo de 2024, aun cuando aparece legalizada, se encontraba vencida al tiempo de formularse la solicitud de noviembre de 2025 y, además, su contenido no resulta suficiente para establecer, en los términos requeridos por la normativa sectorial, una cobertura previsional efectiva durante todo el período de prestación de servicios en Chile.

A mayor abundamiento, dicho antecedente tampoco emana de la autoridad previsional competente llamada a certificar esa circunstancia, sino que aparece construido sobre la base de una declaración de la propia interesada y su posterior refrendación consular, lo que no satisface la exigencia de contar con una certificación emitida por el organismo de seguridad social extranjero competente.

A ello se suma que la declaración jurada notarial acompañada por la actora no constituye certificación emanada de la autoridad previsional competente del país de origen, razón por la cual tampoco resulta apta para subsanar las deficiencias señaladas.

SÉPTIMO: Que, asimismo, aun cuando la citada Ley N° 18.156 no explicita la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de La Haya sobre Apostilla, vigente tanto en Chile como en Venezuela. Por lo mismo, la exigencia de legalización o apostilla constituye una garantía de autenticidad que no puede omitirse, en especial cuando se trata de un régimen previsional de excepción que exige acreditar con certeza los requisitos copulativos de la ley.

OCTAVO: Que, en estas condiciones, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., al no dar curso a la solicitud de devolución de fondos de la actora, toda vez que dicha decisión se encuentra fundada en la falta de acreditación suficiente de los requisitos legales y en el cumplimiento de instrucciones dictadas por la autoridad fiscalizadora competente, sin que se advierta vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1701-2026.