nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Dgm.

C.A. de Valparaíso Valparaíso, doce de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, deduce acción de protección en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros, lo que estima vulnera sus derechos fundamentales garantizados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, cumpliendo íntegramente los requisitos legales. Señala que, la recurrida rechazó la solicitud el 29 de diciembre de 2025 argumentando que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no es válida por no estar apostillada ni señalar coberturas específicas. Alega que, tal decisión es arbitraria e ilegal, pues la normativa no exige apostilla y la autenticidad del documento puede verificarse directamente en el portal web de la institución emisora mediante un código alfanumérico.

Sostiene que, se impone un requisito de imposible cumplimiento dada la falta de representación diplomática venezolana en Chile, lo que constituye un obstáculo irrazonable para el ejercicio de su derecho de propiedad. Argumenta que, esta interpretación formalista desatiende la finalidad del legislador y vulnera la igualdad ante la ley, al otorgar tratos desiguales frente a otros solicitantes en similares condiciones.

Concluye solicitando que se ordene a las recurridas reconocer como válida la documentación acompañada, realizar un nuevo pronunciamiento y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, dentro de un plazo razonable.

A folio 7, evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, solicitando el rechazo de la acción.

Indica que, su actuación se ajustó estrictamente al principio de legalidad y a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones. Argumenta que, la Ley N°18.156 es un régimen de excepción que exige acreditar la afiliación previsional en el extranjero mediante certificación debidamente legalizada o apostillada, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Asevera que, la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" presentada por el actor carece de firma autorizada y no cumple con las formalidades legales para instrumentos públicos extranjeros, resultando insuficiente para acreditar las coberturas específicas exigidas.

Refiere que, la Superintendencia ha instruido explícitamente que las certificaciones electrónicas venezolanas sin apostilla no sirven como medio de prueba idóneo. Sostiene que, no existe acto ilegal ni arbitrario, toda vez que la AFP está impedida de admitir documentación que no reúna los estándares normativos vigentes.

A folio 10, evacúa informe la Superintendencia de Pensiones.

Expone que, en el ejercicio de sus facultades de supervigilancia y control del sistema de pensiones, la Superintendencia ha fijado la interpretación obligatoria de la Ley N°18.156 a través del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Señala que el requisito de afiliación previsional en el extranjero debe acreditarse mediante una certificación de la institución de seguridad social correspondiente, la cual debe estar debidamente legalizada o apostillada, conforme a las reglas generales de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Informa que, mediante el Oficio Ordinario N°12.954 de 17 de julio de 2025, se aclaró específicamente que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que carezcan de firma de la autoridad emisora, legalización o apostilla, no constituyen un medio de prueba idóneo para acreditar la exención legal. Sostiene que la exigencia de tales formalidades busca resguardar la fe pública y la seguridad del tráfico jurídico, asegurando que los documentos extranjeros que pretenden surtir efectos en Chile sean auténticos y fidedignos.

A folio 11, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Segundo: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud realizada por el recurrente a AFP Modelo S.A., por la que pretendía la devolución de sus fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Tercero: Que, por su parte, la recurridas sostienen que su actuación no ha sido ilegal ni arbitraria, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones conforme al artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156 y la normativa e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, rechazando la solicitud por no haberse acompañado el certificado de afiliación al régimen previsional extranjero debidamente legalizado.

Precisa que el recurrente no adjuntó el documento legalmente exigido -Certificado de afiliación al IVSS-, sino únicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", la que carece de firma autorizada, no está apostillada ni legalizada, y no especifica las coberturas con que cuenta el afiliado ni permite determinar el período de cobertura efectiva durante la prestación de servicios en Chile.

Cuarto: Que, para resolver la presente acción de protección, es necesario tener presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, regula las siguientes condiciones que deben reunirse para acogerse a este beneficio: "a).- Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b).- Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida." A su turno, el artículo 7° de la citada Ley, señala que: "En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta Ley." Quinto: Que, por su parte, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con N°7 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la Ley N°18.156.

De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.

Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Asimismo, mediante el Oficio N°21.480 de la Superintendencia de Pensiones de 20 de septiembre de 2017, la misma ha instruido: "(...) se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 (...)".

Más recientemente, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12.954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: "Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión (...) En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156." Sexto: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el documento presentado por el actor "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no se encuentra apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente. En efecto, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, conforme a lo establecido en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta además que el actor cuenta con residencia definitiva en el país.

Asimismo, dicho documento no detalla las prestaciones específicas ni señala las coberturas con que cuenta la recurrente, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, sin que se pueda inferir un determinado período de cobertura efectiva durante la prestación de servicios en Chile Séptimo: Que, en dicho contexto, no puede estimarse ilegal ni arbitraria la conducta de la institución recurrida, en tanto ha circunscrito su actuación a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa administrativa para acceder al beneficio impetrado, aplicando de manera uniforme los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones a todos los solicitantes, sin que se configure trato discriminatorio alguno.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, notifíquese y archívense los antecedentes en su oportunidad.

N°Protección-169-2026.

En Valparaíso, doce de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.