Protección contra Tesorería Regional de Valparaíso

Foja: 30 Treinta eaam C.A. de Valparaíso Valparaíso, dieciséis de septiembre de dos mil catorce.

Visto:

A fojas 4 comparece don nombre reservado, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, esquina José Freire Barrancas, San Antonio, e interpone recurso de protección en contra de Tesorería Regional de Valparaíso, representada por la Sra. nombre reservado (S), empleado público, con domicilio en domicilio reservado.

Expone que la recurrida ha efectuado actos de autotutela, lo cual está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico, pues en su calidad de contribuyente que ejerce una profesión liberal como persona natural, solicitó la devolución de un remanente de impuestos correspondiente a la Operación Renta 2014, por un total de $670.893. Es del caso, continúa, que con fecha 1 de julio de 2014, mediante carta certificada, se le informó por parte del Tesorero Provincial de San Antonio, don nombre reservado, que se le negó la devolución de la referida suma, y que la misma había sido objeto de retención por parte de dicho servicio, compensándola con una multa de $2.000.000.- que figuraban en sus antecedentes tributarios. A juicio del recurrente, esta compensación constituye un acto de autotutela, ya que la multa que le fue impuesta se encuentra impugnada por la vía de las excepciones que permite oponer el artículo 177 del Código Tributario, en fase judicial ante el Abogado Provincial en procedimiento contencioso cuyo número de causa y rol es N° 10.207-2013, restando aún el conocimiento de la fase judicial de la misma. Agrega que el procedimiento de ésta, se encuentra suspendido, por lo que la retención de impuestos no tiene asidero legal, constituyendo ello un acto de autotutela, arbitrario de derechos. Estima vulnerado su derecho de propiedad y solicita se acoja su acción y se ordene a la recurrida proceder a la devolución de los dineros.

A fojas 13, informa el Tesorería Provincial de San Antonio que, según consta de los autos ejecutivos Rol N° 10.207-2013 San Antonio, fecha 11 de octubre de 2013 el Sr. Tesorero Provincial de San Antonio, en su calidad de Juez Sustanciador, despachó mandamiento de ejecución y embargo respecto del Sr. nombre reservado, a fin de obtener el pago compulsivo del formulario 21 Folio 104094945, correspondiente a una multa de $2.000.000.-, girada en su contra por el Servicio de Impuestos Internos, notificándosele la demanda vía carta certificada del 21 de octubre de 2013. Con fecha 11 de noviembre siguiente, indica, el recurrente se opuso a la acción, alegando especialmente el pago parcial de la deuda, fundado en el hecho de haber consignado la cantidad de $401.450 en causa Rol N° 10.029-2013 del Tribunal Tributario de Valparaíso, suma que señala “debe ser compensada por el Servicio de Tesorerías y descontada del requerimiento de pago”. Explica que la oposición del ejecutado aún no ha sido acogida a tramitación, pues se encuentra pendiente de dilucidar si ella fue interpuesta dentro de plazo. Con este fin, el día 14 de noviembre de 2013 se ofició a la empresa de Correos de Chile, a fin que informara la fecha de remisión de la carta al ejecutado, habiéndose reiterado con fecha 19 de marzo de 2014, sin que se haya obtenido aún respuesta.

Refiere que no habiéndose recibido respuesta por parte de Correos de Chile, se dispuso con fecha 23 de diciembre de 2013 la suspensión de la ejecución por el término de 30 días corridos abriendo así además un plazo prudente para que el propio ejecutado proporcionara antecedentes que permitieran verificar la fecha de su notificación. Posteriormente, con fecha 19 de marzo de 2014, se reiteró oficio a la citada empresa, decretándose nuevamente una suspensión de la ejecución, esta vez por el término de 60 días corridos, plazo que venció el 18 de mayo pasado, no siendo renovada la suspensión no fué solicitada por el deudor, por lo que la ejecución se entendió plenamente activa.

En cuanto a la compensación objetada por el recurrente, informa que la misma fue aplicada con fecha 23 de mayo de 2014, esto es, cinco días después de haber vencido la suspensión, por lo que ella se produjo estando activa la ejecución dirigida en contra del ejecutado, por lo que la obligación que la generó era exigible. Finalmente, señala que incluso en el caso de darle tramitación y acogerse la excepción de pago parcial, igualmente quedaría un crédito remanente en favor del Fisco de Chile que el ejecutado deberá pagar, por lo que la ejecución en su contra proseguirá por dicho saldo.

A fojas 21 se prescindió del informe requerido a la Tesorería Regional de Valparaíso, servicio que a fojas 22 hace presente que el mismo fue evacuado por la Tesorería Provincial de San Antonio que es la autoridad competente.

A fojas 24, se ordenó traer estos autos en relación.

A fojas 26 se decretó como medida para mejor resolver y para un mejor acierto del fallo, oficiar a la Tesorería Provincial de San Antonio a fin que, remita el expediente ejecutivo seguido en contra del recurrente Sr. nombre reservado, Rol N° 10207-2013 San Antonio, que se tuvo por cumplida con fecha 10 de septiembre de 2014.

A fojas 29 se decretó rija el estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Segundo: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Tercero: Que el recurrente aduce que en su calidad de contribuyente, inició el proceso de declaración de renta respecto al año 2014, presentando su solicitud de devolución del remanente de impuestos que ascendía a la suma de $ 670.893; sin embargo con fecha 1 de Julio de 2014 recibió una carta del Señor Tesorero Provincial de San Antonio, don nombre reservado comunicándole la negativa de la devolución de dicha suma por retenerla para compensarla con la suma de $ 2.000.000 (dos millones de pesos) por multa aplicada en su contra, y por la cual se sigue la causa Rol 10.207-2013 ante el Juez sustanciador de la Tesorería de San Antonio.

La referida multa fue impugnada a través de la oposición de las excepciones deducidas, de acuerdo lo dispuesto en el artículo 177 del Código Tributario, en razón de esta presentación el Sr. Juez Tributario decretó la suspensión del procedimiento por el período de 60 días corridos.

Considera que en la etapa del curso de la causa Rol 10.207-2013, encontrándose suspendido el procedimiento, la retención de la devolución de impuesto, constituye un acto de auto tutela arbitrario de derecho. La entidad Tesorería no podía pagarse de su acreencia reteniendo los dineros, ejecutando una compensación prohibida.

Estima que se han visto afectadas con la actuación de la Tesorería, su derecho a la igualdad y su derecho de propiedad, establecidos en el artículo 19 números 2 y 24 respectivamente, ambas disposiciones de la Constitución Política de la República.

Solicita que a través de este recurso, se ordene a la Tesorería devolver los dineros de impuestos retenidos.

Cuarto: Que el informe de la recurrida fue evacuado por el señor Tesorero Provincial de San Antonio a quien se le remitieron estos antecedentes por el Director Regional de Tesorería, por ser quien es el real recurrido, informe agregado a fojas 13 en el que se hace un recuento de la situación planteada con ocasión de la Operación Renta 2014, en relación con el recurrente, quien solicitó la devolución del remanente de impuestos que le correspondía ascendente a $ 670.893.- petición a la que no se accedió por tener el recurrente una deuda con el Servicio de Impuestos Internos de $ 2.000.000.- correspondiente a una multa cursada en su contra, por cuya ejecución se sigue la causa Rol 10.703-2013 ante el Director Provincial de San Antonio. En la referida causa, que se trajo a la vista como medida para mejor resolver, consta que se suspendió la ejecución por el término de 30 días corridos, con el fin de esperar la respuesta de Correos de Chile sobre la fecha de remisión desde sus dependencias de la carta certificada, al domicilio del recurrente, para posteriormente prorrogar nuevamente la suspensión de la tramitación del juicio por 60 días, transcurrido este segundo período, por resolución de fecha uno de agosto del año en curso, se negó lugar a la devolución solicitada, señalándose que las excepciones opuestas por el recurrente, se encuentran pendientes de resolver por esperar informe de Correos, para constatar si han sido deducidas en plazo.

Quinto: Que, de los antecedentes reunidos se desprende que el señor Tesorero Provincial de San Antonio, estima en su informe, que en el caso que se diera tramitación a la excepción de pago parcial, interpuesta por el recurrente, siempre quedara un remanente en favor del Fisco dado los montos adeudados por cada parte por lo que la compensación efectuada ha sido una gestión procedente, la que se concretó una vez transcurrido el período de suspensión de la tramitación del juicio.

Por todo lo expuesto, el recurrido solicitó sea rechazado este recurso.

Sexto: Que antes de entrar al fondo del recurso, se debe precisar que el recurrente estima vulneratorio de sus derechos, es la comunicación que se le efectúa a través de una carta fechada el 17 de Junio de 2014, por la que se le señala que la devolución de renta A.T. 2014 se compensó con la deuda que mantiene con el servicio; y así lo solicitado concretamente, es acoger el recurso y se ordene a la Tesorería devolver los dineros de impuestos retenidos, a saber la suma de $ 670.893 por cuanto lo actuado por el Servicio e Tesorerías es haberse pagado de su acreencia por sí y ante sí, al retener dichos dineros ejecutando una compensación, que afecta su derecho de propiedad sobre los dineros retenidos, por cuanto la compensación constituiría un acto de auto tutela de derechos, arbitraria e ilegal. Así también se encuentra conculcada la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República correspondiente a la igualdad ante la Ley.

Séptimo: Que como se desprende de lo expuesto en el segundo considerando de este fallo, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o bien arbitrario, sin embargo, no se aprecia en el actuar del señor Tesorero Provincial de San Antonio que la circunstancia de haber compensado los créditos que tenían entre si el recurrente y el recurrido, a saber del primero $ 670.893 por devolución de impuestos y el segundo $ 2.000.000 por multa cursada por el Servicio de Impuestos Internos, configure una actuación ilegal o arbitraria de parte del recurrido.

Octavo: Que en todo caso con el actuar del señor Tesorero Provincial de San Antonio no se ha cometido ningún acto u omisión ilegal o arbitraria, ya que solo ha ejercido tal acto dentro de sus facultades, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 1994, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, que en su artículo 11 letra a) establece: “A las Tesorerías Regionales y Provinciales dentro de sus respectivos territorios corresponden especialmente: Dirigir, controlar y activar la cobranza administrativa y judicial de las contribuciones y demás ingresos fiscales y los de otros organismos que se le encomienden”.

Asimismo, el artículo 6° de la norma legal citada precedentemente, confiere la autorización para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor.

Además en el artículo 177 del Código Tributario da normas sobre la solicitud administrativa que puede hacer el ejecutado para que la autoridad de la Tesorería efectúe la compensación de las deudas respetivas, extinguiéndose hasta la de menor valor.

Noveno: Que, de conformidad con lo señalado, el actuar del señor Tesorero Provincial de San Antonio, lo ha sido dentro de sus facultades al realizar la compensación entre los créditos de la recurrente y la recurrida, por lo que no ha incurrido en un acto u omisión ilegal o arbitrario.

Décimo: Que la actuación de la Tesorería tampoco ha sido ilegal ni arbitraria al iniciar la causa que se ha tenido a la vista Rol 10.207-2013 por cobranza judicial en contra del recurrente de esta acción, don nombre reservado, lo ha sido en cumplimiento de las obligaciones y deberes a que se encuentran compelidos a ejecutar los señores Tesoreros Provinciales de acuerdo a lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 del año 1994, del Ministerio de Hacienda que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería, entre otros, “dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de la cobranza de acuerdo con las disposiciones vigentes y ejercer las facultades que le confiere el Código Tributario” (artículo 5 letra m D.F.L. N° 1) (artículo 168 Código Tributario).

La circunstancia que el proceso Rol 10.207-2013 se encuentra en tramitación no es óbice para que el señor Tesorero Provincial tome las medidas correspondientes para hacer efectivo las deudas que se tienen a favor del Fisco, tal es así, que se encuentra entre sus obligaciones, y en todo caso, la multa que se cobra al contribuyente y recurrente es de un monto superior al crédito del recurrente, por lo que siempre resta un crédito a favor del Fisco.

Undécimo: Que conforme lo expuesto y no verificándose una actuación ilegal o arbitraria por el recurrido, ya que la conducta realizada por el Sr. Tesorero Provincial de San Antonio se ha ajustado a las disposiciones legales vigentes, por lo que esta acción no podrá prosperar.

Duodécimo: Que dado lo razonado en las motivaciones precedentes y no existiendo vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, máxime que no se ha señalado la manera en que las garantías tanto la de igualdad ante la ley y la del derecho de propiedad han sido vulnerados, solo cabe desestimar la acción cautelar intentada.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 4 por don nombre reservado en contra del Tesorero Regional de Valparaíso adecuado al Tesorero Regional de San Antonio.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Devuélvase el expediente traído a la vista.

N° Protección 1673-2014.- Redacción de la Ministro Sra. Gloria Torti Ivanovich.

Pronunciada por los Ministros Sr. Julio Miranda Lillo, Sra. Gloria Torti Ivanovich y abogado integrante Sr. Guillermo Oliver Calderón.

En Valparaíso, dieciséis de septiembre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.