nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO

C.A. de Valparaíso Valparaíso, catorce de julio de dos mil veinte.

Visto:

A folio 1 comparece Gonzalo Calderón Astete, abogado, quien interpone acción constitucional de amparo en favor de nombre reservado, Profesional de la Educación, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, Región de Valparaíso, y en contra de la Ilustre Municipalidad de Putaendo, representada por su Alcalde Guillermo Reyes Cortez, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región de Valparaíso, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en su destinación transitoria al Departamento de Educación Municipal.

Indica que se desempeña como docente en la Escuela Gastón Ormazábal Contreras, y que en el mes de octubre de 2019, fue denunciado por el director de ese establecimiento al Ministerio Público como presunto autor de un delito de abuso sexual. Añade, que pese que la investigación de dichos hechos le corresponde exclusivamente al persecutor penal, la municipalidad recurrida, mediante Decreto Alcaldicio N° 13 de 7 de octubre de 2019, dispuso el inicio de un sumario administrativo de conformidad a la ley N° 18.883, con el objeto de establecer su responsabilidad administrativa.

Expone que se ha utilizado un procedimiento disciplinario, de manera torcida, antojadiza, en forma arbitraria e ilegal para privar de sus funciones docentes al recurrente, extendiendo una instrucción más allá de los plazos legales y de las formalidades mínimas. Refiere que se ha impedido el derecho a defensa letrada, no se han notificados las actuaciones en forma legal, ni siquiera se le ha entregado copia del expediente, e incluso se ha vulnerado el carácter reservado de la investigación, ya que se han entregado antecedentes a terceros ajenos al proceso; indicando que a la fecha y pese a que han transcurrido más de 150 días desde el inicio del sumario, desconoce su existen cargos en su contra y además no ha podido presentar prueba.

Agrega que debido a todos estos hechos, que califica como constitutivos de acoso laboral, se ha visto gravemente afectada su salud física y psíquica, por lo que ha hecho uso de 89 días de licencias médicas continuas.

Menciona, que pese a que en sede penal se decretó el archivo provisional de la denuncia, con fecha 20 de abril del presente año, se le notificó la decisión que por esta vía se impugna, adoptada por el fiscal a cargo de la instrucción del sumario seguido en su contra.

Razona que el actuar de la recurrida ha infringido los artículos 6 y 7 de la Constitución Política; 1, 2, 15, 18, 52, 61 y 62 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado; 1 inciso segundo de la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la función pública; 1, 21, 89, 125, 130 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo; y 129 y 133 de la Ley N° 18.883.

Todo lo cual, señala vulnera sus garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 4, 16 y 24 del artículo 19, ya que se ha dañado sobretodo su salud psíquica productos del sumario iniciado en su contra y la adopción de la medida de destinación, que pretende alejarlo de su comunidad educativa, pese a que se ha mantenido por más de 12 años prestando servicios al Municipio; se ha visto dañada su honor al divulgarse antecedentes del proceso administrativo que deberían ser secretos; se ha vulnerado su libertad de trabajo; y además se vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre el cargo de profesor titular, toda vez que se encuentra asignado para el año escolar 2020 para una función específica y especial en un establecimiento educacional.

Por ello solicita, que se acoja el presente recurso y en definitiva, se deje sin efecto el traslado al Departamento de Administración Municipal de la recurrida, anulando además, el sumario instruido por apartarse de los principios básicos del debido proceso y con ello se deje sin efecto lo resuelto hasta ahora; en subsidio se anule por idénticos motivos además de vulneración de normas substantivas de debido proceso la destinación ordenada, sin perjuicio de cualquier otra medida que esta Corte estime pertinente para el resguardo de los derechos constitucionales conculcados, con costas.

A folio 8 consta informe remitido por la Fiscalía Local de nombre reservado, respecto de la causa seguida en contra del recurrente por su presunta participación en el delito de abuso sexual de menor de 14 años con contacto corporal, respecto de dos alumnas del establecimiento educacional donde se desempeña el señor nombre reservado. Señala que con el mérito de los antecedentes recabados, entre ellos, la declaración de las niñas, el Fiscal a cargo estimó que estos eran insuficientes para desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos, y el 15 de enero de este año, se aprobó el archivo provisional de la investigación por la Fiscal Regional de Valparaíso, de conformidad con el artículo 167 del Código Procesal Penal.

A folio 16 evacúa informe el señor nombre reservado, Alcalde (S) de la Ilustre Municipalidad de Putaendo, quien señala que mediante Decreto Alcaldicio N° 13 de 7 de octubre de 2019 se instruyó Sumario Administrativo a fin de establecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad del recurrente, en relación a supuestos hechos constitutivos de abuso sexual respecto de estudiantes del establecimiento educacional. Agrega que luego que el Fiscal realizara la Vista Fiscal, elevó el expediente al Edil, quien de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 28 de la Ley N° 18.695, y advirtiendo falencias en cuanto al fondo de la tramitación, dispuso mediante Memorándum Reservado N° 003 de 12 de marzo de 2020, la corrección del vicio del procedimiento advertido (no se proponía sobreseimiento, sanción o absolución), ordenándose la reapertura del sumario, mediante Decreto Alcaldicio N° 917 de 12 de marzo de 2020, otorgándose un plazo de 20 días hábiles para dar cumplimiento a lo ordenado. Indicando que a la fecha, no se ha dictado ningún acto administrativo de término de este sumario.

Analiza que de un mismo hecho pueden surgir dos responsabilidades, por lo que no obsta que el proceso penal haya concluido, para continuar adelante el proceso administrativo, ya que corresponden a ámbitos de naturaleza distinta.

Precisa que la medida que por esta vía se cuestiona, encuentra su fundamento en el artículo 134 de la Ley 18.883, que indica que el fiscal puede suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a una persona mientras dure el sumario en su contra, medida que termina con la dictación del sobreseimiento o con la emisión de la vista del fiscal, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

Refiere que no existe ninguna actuación arbitraria o ilegal de parte de la Municipalidad, y que en consecuencia, no se han vulnerado las garantías constitucionales respecto del recurrente, remarcando que el procedimiento aún sigue siendo secreto, ya que no se han formulado cargos en su contra.

A folio 23 se agregó copia del expediente administrativo.

A folio 25 se dictó el decreto que dispuso traer estos autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que igualmente es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

Cuarto: Que, tal como se indicó, por intermedio de la presente acción constitucional se cuestiona la destinación transitoria del recurrente desde la Escuela Gastón Ormazábal Contreras al Departamento de Educación Municipal de Putaendo, señalando que dicho acto resulta ser ilegal y arbitrario.

Quinto: Que, para resolver el asunto planteado a esta Corte, corresponde tener presente que de conformidad lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 18.883 “en el curso de un sumario administrativo el fiscal podrá suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma municipalidad y ciudad, al o a los inculpados, como medida preventiva.

La medida adoptada terminará al dictarse el sobreseimiento, que será notificado personalmente y por escrito por el actuario, o al emitirse el dictamen del fiscal, según corresponda”.

Sexto: Que, de lo señalado anteriormente, es posible concluir que la actuación que por esta vía se cuestiona, no resulta ser ni ilegal ni arbitraria, puesto que fue dictada por el fiscal a cargo de la investigación administrativa, en uso de una facultad contemplada en la ley y respecto de una persona que se encuentra siendo investigada administrativamente.

Séptimo: Que, en relación con las peticiones que en el presente recurso de protección se formulan, y conforme lo ya razonado, es posible concluir que éstas exceden el ámbito cautelar de la misma, sin que exista alguna medida urgente que pueda adoptar esta Corte, para obtener los fines que a través de él se pretenden, toda vez, que no resulta posible anular un sumario administrativo por medio de esta acción cautelar.

Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Amparo, se rechaza, sin costas, la acción deducida a favor de nombre reservado y en contra de la Ilustre Municipalidad de Putaendo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16725-2020.