nombre reservado con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGION DE VALPARAISO

Llg C.A.Valparaíso.

Valparaíso, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.

Visto:

Se deduce por el abogado Rodrigo Alejandro Díaz Yubero, recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, representada por su Alcalde Jorge Sharp Fajardo y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de de Salud, representada por don nombre reservado.

El recurrente vive en el Edificio de la Cooperativa Vitalicia, ubicado en la Plaza Aníbal Pinto, lugar que estima se ha convertido en peligroso por la presencia constante y creciente de perros vagos, las que califica como jaurías, siendo una fuente de riesgo e insalubridad. Argumenta que la Plaza Aníbal Pinto en cuanto bien nacional de uso público, no se encuentra habilitada para albergar poblaciones, no obstante existen entre 8 y 10 canes que hacen sus necesidades en cualquier lugar y que son potenciales portadores de infecciones y del vector rabia, lo que constituye una grave amenaza para la salud de la población y de quienes viven en el entorno de la mencionada plaza. Indica que los perros han atacado a personas y a Carabineros, impidiendo que éstos cumplan con su labor de control de la venta ilegal de productos y seguridad del sector, agregando que algunos de estos canes serían azuzados para tales efectos. Indica que en el sector transitan numerosos niños. Manifiesta que por tal motivo, con fecha 03 de junio pasado, ingresó a la oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, una solicitud para el retiro y control de los perros vagos, la que fue derivada al Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad, sin que a la fecha se haya adoptado medida alguna tendiente al control y retiro de los perros del sector. Dice que ello se ve corroborado con la solicitud de información presentada el 12 de junio del presente año, por el Concejal de Valparaíso, Daniel Morales Escudero, que acompaña a su recurso. Acompaña un video que habría sido captado el día 22 de septiembre de 2019, captadas con las cámaras de seguridad del Edificio Cooperativa Vitalicia, que dan cuenta de la agresión sufrida por una pareja de turistas por los perros de la plaza Aníbal Pinto. Indica el recurrente que fue atacado el día 23 de septiembre de 2019 por dos perros mientras atravesaba la plaza, en circunstancias similares a las que se aprecian en los videos acompañados a esta presentación, los que estuvieron cerca de morderlo, lo que finalmente no ocurrió, pero acrecentó su sensación de temor e inseguridad, lesionando su derecho a la integridad física y psíquica.

Argumenta que en lo que concierne a la Municipalidad, se han incumplido las normas establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que le atribuyen los deberes establecidos en su artículo 3°, de velar por el aseo y ornato, por la salud pública y la protección del medio ambiente, y la administración de los bienes municipales y nacionales de uso público. Cita el Dictamen N°14.076 de 8 de marzo de 2011 de la Contraloría General de la República, referido a la facultad de los municipios de retirar los perros abandonados para trasladarlos a caniles municipales. Por otra parte, invoca la Ley N° 21.020, sobre Tenencia responsable de mascotas, que define qué debe entenderse por animal abandonado, perro callejero y el artículo 12 en el que se establece que las municipalidades estarán facultadas para rescatar a todo animal que no tenga identificación, encontrado en bienes nacionales de uso público, parques, plazas y sitios eriazos o baldíos, pudiendo entregarlo a una de las entidades sin fines de lucro inscritas en los registros a que se refieren los ordinales 3 y 6 del artículo 15, para sanitizarlo, esterilizarlo y reubicarlo al cuidado de alguna persona u organización que asuma su tenencia responsable, para lo cual la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrá proveer los recursos necesarios.

Respecto de la Seremi de Salud recurrida, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 1 de 2014, que contiene el Reglamento de Prevención y Control de la Rabia en el Hombre y en los Animales, dispone que: “El presente reglamento regula todas las acciones relativas a la profilaxis y control de la rabia, tanto en el hombre como en animales susceptibles de transmitirla, de conformidad con las disposiciones del Código Sanitario”. A su turno, el artículo 2 del mismo cuerpo normativo prescribe que: “Corresponde a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud promover y realizar todas las acciones necesarias para vigilar, prevenir y controlar la rabia en el hombre y en los animales; de acuerdo con las normas e instrucciones que imparta el Ministerio de Salud. Para ello, podrá coordinar con Municipalidades y otras instituciones la ejecución de acciones conjuntas de colaboración”. El artículo 7 previene que: “Los perros deben ser mantenidos por sus dueños o tenedores dentro del domicilio o recinto que destinen a ese fin. Todo perro que se encuentre en la vía pública o en lugares de uso público deberá estar a cargo de una persona responsable y capacitada para mantenerlo contenido con un medio de sujeción que garantice su control”. El artículo 27 preceptúa que: “La Autoridad Sanitaria deberá mantener actividades de vigilancia activa de rabia canina en el área de su jurisdicción”, en tanto que el artículo 30 estatuye que: “La fiscalización del presente reglamento corresponderá a la Autoridad Sanitaria dentro del territorio de su competencia”.

Cita además el N°7 del artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005, que dispone que Las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, deberán cumplir las acciones de fiscalización y acreditación que señalen la ley y los reglamentos y aquellas que le sean encomendadas por otros organismos públicos del sector salud mediante convenio”.

Concluye, en síntesis, que la omisión en que han incurrido loas recurridas, ha vulnerado el derecho a la garantía contemplada en el numeral 1° y N°8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se ordene a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, que de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 21.020 y a la Seremi de Salud, dar estricto cumplimiento a las disposiciones que rigen sobre la materia, y efectúen la planificación conjunta de las acciones que desarrollarán, debiendo informarlos en sus sitios web para fines de publicidad y notificación.

Se informa por el abogado Nicolás Guzmán Mora, en representación de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, que no ha existido actuación ilegal o arbitraria que haya irrogado al recurrente una privación, perturbación o amenaza de los derechos fundamentales que estima vulnerados. Explica que si bien el manejo canino de la ciudad de Valparaíso, se realiza desde el Municipio a través del Departamento de Medio Ambiente, se hace en base a los recursos financieros que cuenta, por lo que en primer lugar se requiere apoyo de la ciudadanía a través de la tenencia responsable de mascotas, de financiamientos externos, del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) de SUBDERE y apoyo para la atención de emergencias y traslados de animales sin dueño que se encuentran en la vía pública y que ocurren día a día en la ciudad.

Indica que no obstante lo anterior, el Departamento de Medio Ambiente, ha realizado controles selectivos, desparasitación y esterilización de animales de la vía pública, en la ciudad de Valparaíso y específicamente en el sector de la Plaza Aníbal Pinto. Refiere que el financiamiento de estas labores se obtenía mediante el PRDUV (Programa de Recuperación y nombre reservado de Valparaíso), posteriormente mediante presupuesto Municipal, SUBDERE, organizaciones de bienestar animal y la Sociedad Protectora de Animales. El retiro selectivo de animales de la vía pública se realizaba en base a criterios de seguridad, sanitarios, emergencias veterinarias y control de la población mediante esterilizaciones. Los animales retirados se ingresaban al Canil de Laguna Verde, administrado por la Sociedad Protectora de Animales, organización con la cual existe un convenio vigente que se encuentra en proceso de modificación y revisión debido a denuncias de maltrato a animales en el lugar. Señala que el Canil de Laguna Verde entraría en la categoría de "Centros de Mantención Temporal de Mascotas o Animales de Compañía, definido por el artículo 2 N° 8 de la Ley N°21.020.

Asevera que se ha cumplido con la obligación establecida en el artículo 12 de la Ley 21.020, de acuerdo a los recursos con los cuales se cuenta y que se instó a organizaciones de bienestar animal de la comuna, a que se inscriban como personas jurídicas para que puedan postular a fondos concursables que les permitan continuar ejerciendo las labores de promoción de tenencia responsable, rescate de animales de la vía pública, adopciones, hogar temporal, entre otros, para contar con posibles lugares donde llevar selectivamente animales que retire el Municipio desde la vía Pública y que luego puedan ser entregados en adopción.

Hace presente que dada la capacidad operativa del Departamento de Medio Ambiente, principalmente en materias de fiscalización, se tomó la decisión de suspender el ingreso de animales al Canil de Laguna Verde, pues no se podía asegurar la estadía de los canes en ese recinto y por la existencia de una denuncia de maltrato animal en aquel lugar, que está siendo investigada. Indica que ello se sustenta en dar cumplimiento a la Ley, fomentando la tenencia responsable de mascotas por sobre la acumulación de animales en un determinado recinto. Por este motivo actualmente no cuentan con un lugar físico dónde ingresar animales que provengan de la vía pública, así como con el financiamiento y recursos humanos para su alimentación y cuidados veterinarios.

Dice que de acuerdo a lo establecido en la Ley N°21.020, la responsabilidad de los animales de la vía pública, dependiendo de su definición legal, corresponde a diversas entidades. Los perros presentes en la Plaza Aníbal Pinto corresponden a la categoría de perro comunitario debido a que estamos en conocimiento de la existencia de tres personas que los alimentan, pero que no han sido identificadas. Afirma que el Departamento de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, se encuentra trabajando desde hace un tiempo, en conjunto con la Seremi de Salud y Carabineros, en un método que constituya un modo de acción frente a la fiscalización de animales en la vía pública, retiro selectivo de animales y a la fiscalización de animales peligrosos que se encuentran en la vía pública. Si bien, aún no se ha establecido un protocolo formal, se han efectuado reuniones informativas y de coordinación. Además, desde el año pasado se han entregado notificaciones por parte de la Inspectora de Medio Ambiente, por denuncias de maltrato animal. En el ámbito educativo se han realizado charlas sobre la ley 21.020 y sobre tenencia responsable de animales de compañía en escuelas y juntas de vecinos de la ciudad, y complementariamente se han ejecutado proyectos financiados por SUBDERE y la Municipalidad para implementar la Ley. Agrega que entre el 26 de septiembre al 3 de octubre del presente año, el municipio a través del Departamento de Medio Ambiente, realizó un manejo de implantación de Chip y vacunación antirrábica en el sector del plan de Valparaíso, específicamente en el sector de la plaza descanso, Aníbal Pinto y Plaza Cívica, identificando a cada uno de los animales, acompañando un set de fotografías que dan cuenta de ello, agregando que pueden existir algunos animales que tengan dueño.

Indica que en causa Protección 9731-2018, en donde se le reprochó a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, la falta de fiscalización sobre el Canil de Laguna Verde, esta Corte estableció que en el considerando Séptimo de la sentencia, que la municipalidad ha cumplido en la medida que sus recursos humanos y financieros lo permitan.

Respecto a la solicitud presentada por el recurrente, se le dio respuesta mediante Oficio DAJ N° 5876, de fecha 16 de octubre del 2019, y sus adjuntos, que se encuentra en vías de ser notificada al recurrente. Expresa que no han tenido noticias sobre mordeduras a personas y a Carabineros, con quienes ha existido un trabajo mancomunado y que no le han relatado lo indicado por el recurrente. Concluye que ha existido un rol activo y de fiscalización por parte de la I. Municipalidad de Valparaíso, que seguirá desplegando para dar cumplimiento a la normativa vigente y que no se ha amenazado, vulnerado o conculcado ninguna de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, puesto que ha cumplido con la normativa vigente, realizando un manejo canino, de implantación de Chip y vacunación antirrábica en el sector de la Plaza Aníbal Pinto.

Finaliza su informe, señalando que el recurso de protección está destinado a proteger el libre ejercicio de garantías constitucionales prexistentes, y que no se efectúa ninguna petición concreta de las medidas que se pudieren adoptar, por lo que le es imposible arbitrar medidas de urgencia respecto de su representada, solicitando el rechazo de la acción cautelar.

Se evacua informe el abogado Juan Luis Solari Rivera, en representación de la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, quien manifiesta las competencias que tienen sobre los hechos materia del recurso, dicen relación con el control y prevención de la rabia en el hombre y en los animales, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Decreto Supremo N°1 de 2014 del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento de Control y Prevención de la Rabia en el Hombre y los Animales, lo que se refrenda por el artículo 1° del mismo cuerpo normativo.

Señala que de acuerdo a la jurisprudencia administrativa y judicial, corresponde a la Municipalidades y, no a las Seremis de Salud, el retiro y confinamiento en caniles de los perros vagos, citando el Dictamen Nº 14.076 de 8 de marzo de 2011 de la Contraloría General de la República y la sentencia de 03 de mayo de 2019 dictada en la causa 2378-2019, de esta Corte de Apelaciones y la de fecha 25 de enero de 2016, dictada por la Excma. Corte Suprema en Rol 21.172.

Manifiesta que en cumplimiento de la obligación de coordinación, ha desarrollado diversas acciones en conjunto con la I. Municipalidad de Valparaíso y con otras Municipalidades de la Región, tendientes a resolver los problemas sanitarios y de salud pública que se generan con la proliferación de perros vagos o sin dueños en la vía pública, liderando las actividades en algunos casos. Puntualiza las reuniones y actividades que se han llevado a cabo entre los años 2017 y 2019, solicitando el rechazo de la acción, con expresa condena en costas.

Se evacua informe por parte del Mayor de Carabineros Marco A. nombre reservado, exponiendo que con fecha 04 de marzo de 2019 se puso en conocimiento de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, la existencia de perros bravíos en el sector de la Plaza Aníbal Pinto y que el día 05 de marzo pasado, se puso en conocimiento de dicha autoridad, que dichos canes intentan morder a los Carabineros cuando intentar actuar contra el Comercio Ambulante. Dice que con fecha 02 de septiembre de 2019 el Cabo 2° nombre reservado fue atacado por una jauría de entre 6 y 8 perros mientras fiscalizaba al comercio ambulante, resultando con lesiones leves.

Por resolución de 12 de noviembre de 2019, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que la acción entablada tiene por objeto que las recurridas Ilustre Municipalidad de Valparaíso y Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, fiscalicen el cumplimiento de sus disposiciones y reglamentos en el sector de la Plaza Aníbal Pinto de esta ciudad, controlando los perros vagos que circulan libremente por los espacios públicos, siendo una fuente de riesgo e insalubridad para las personas que transitan por el lugar y para quienes viven en dicho sector, disponiendo el retiro de los mismos, ordenando a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, que dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 21.020 y, a la Seremi de Salud, que cumpla con las disposiciones que rigen sobre la materia y efectúen la planificación conjunta de las acciones que desarrollarán, debiendo informarlos en sus sitios web para fines de publicidad y notificación.

SEGUNDO: Que de los antecedentes allegados al recurso y de los informes vertidos en este, consta que el recurrente solicitó a la Municipalidad de Valparaíso con fecha 3 de junio de 2019, el retiro y control de los perros vagos, los que de manera cotidiana, junto con defecar y orinar en la Plaza, protagonizan episodios de agresiones y mordeduras a las personas e incluso a Carabineros al ejercer éstos su labor de fiscalización al comercio ambulante, quienes alimentan dichos animales y los azuzan contra el personal policial, acompañando al efecto, un video que muestra una agresión a dos turistas el día 29 de septiembre de 2019; que dicha solicitud fue derivada al Departamento de Medio Ambiente, entidad que con fecha 9 de octubre de 2019, con posterioridad a la presentación del recurso, informó sobe la situación del Canil de Laguna Verde, adjuntando el informe “Manejo Perros Plaza Aníbal Pinto 26 de septiembre a y 3 de octubre de 2019”, que contiene sendas fichas de vacunación antirrábicas a varios perros y, otras que dan cuenta del retiro de los animales en los años 2012 y, 2018, además de fotografías de un operativo antiparasitario y chipeo de fecha 3 de octubre de 2019, asimismo incorporo el D.A.J. de 16 de octubre de 2019, que da respuesta a la solicitud del recurrente, informando que el día 19 de junio realizaron una visita en terreno, detectando 13 perros vagos, 80% sin esterilizar y, que el servicio de esterilización y chipeo de animales si dueño, se encuentra en fase de adjudicación a la espera de aprobación del Consejo para a firma del contrato, TERCERO: Que, de lo expuesto por la recurrida Ilustre Municipalidad de Valparaíso, resulta meridianamente claro que no ha adoptado medida alguna para solucionar el problema denunciado por el recurrente, alegando que en la actualidad dada la capacidad operativa del Departamento de Medio Ambiente, ha suspendido el ingreso de animales al Canil de Laguna Verde, administrado por la Sociedad Protectora de Animales, ya que no se podía asegurar la estadía de los canes en ese recinto y, por la existencia de una denuncia de maltrato animal en aquel lugar que está siendo investigada, realizando en la actualidad solo controles selectivos, desparasitación y esterilización de animales de la vía pública, en la ciudad de Valparaíso y específicamente en el sector de la Plaza Aníbal Pinto, no contando actualmente con un lugar físico dónde ingresar animales que provengan de la vía pública, así como tampoco con el financiamiento y recursos humanos para su alimentación y cuidados veterinarios.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida Seremi de Salud, se limitó a señalar que acuerdo a la jurisprudencia administrativa y judicial, corresponde a la Municipalidades el retiro y confinamiento en caniles de los perros vagos, no obstante en cumplimiento de la obligación de coordinación, ha desarrollado diversas acciones en conjunto con la I. Municipalidad de Valparaíso y con otras Municipalidades de la Región, tendientes a resolver los problemas sanitarios y de salud pública que se generan con la proliferación de perros vagos o sin dueños en la vía pública, liderando las actividades en algunos casos, acompañando actas de reuniones y planes de trabajo con la Municipalidad recurrida.

QUINTO: Que en la especie, se trata de animales callejeros o vagos, sin dueños, abandonados en la vía pública, siendo la Municipalidad recurrida, la responsable de adoptar las medidas y procedimientos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones que le impone la Ley Nº 21.020, “Ley de Tenencia Responsable de Mascotas”, cuyo artículo 1 regula entre otras materias, para: “3) Proteger la salud pública, la seguridad de las personas, el medio ambiente y las áreas naturales protegidas, aplicando medidas para el control de la población de mascotas o animales de compañía”, disponiendo en el artículo 2, que para efectos de esta ley, se entenderá por:… “2) Animal abandonado: toda mascota o animal de compañía que se encuentre sin la vigilancia de la persona responsable de él o que deambule suelto por la vía pública. También se considerará animal abandonado, todo animal que hubiese sido dejado en situación de desamparo en una propiedad privada, sin cumplir las obligaciones referidas a una adecuada tenencia responsable. 3) Perro callejero: aquel cuyo dueño no hace una tenencia responsable y es mantenido en el espacio público durante todo el día o gran parte de él sin control directo.” Por su parte, el artículo 12 dispone: “Se prohíbe el abandono de animales. El abandono de animales será considerado maltrato y crueldad animal y será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 291 bis del Código Penal. Las municipalidades estarán facultadas para rescatar a todo animal que no tenga identificación, encontrado en bienes nacionales de uso público, parques, plazas y sitios eriazos o baldíos, pudiendo entregarlo a una de las entidades sin fines de lucro inscritas en los registros a que se refieren los ordinales 3° y 6° del artículo 15, para sanitizarlo, esterilizarlo y reubicarlo al cuidado de alguna persona u organización que asuma su tenencia responsable. Para esto, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrá proveer los recursos necesarios para que las municipalidades puedan realizar estas acciones por sí mismas, o encomendar su ejecución a terceros, mediante la celebración de contratos.”

SEXTO: Que en consecuencia, la Municipalidad de Valparaíso, ante la petición efectuada por un vecino del sector de la Plaza Aníbal Pinto, constatando la existencia de perros vagos en el sector mediante la visita a terreno de 19 de junio de 2019 y, además contando con el informe de Carabineros, que con fecha 04 de marzo de 2019 puso en su conocimiento la existencia de perros bravíos en el sector de la Plaza Aníbal Pinto y además que el día 05 de marzo pasado, dichos canes intentaron morder a los Carabineros cuando fiscalizaban el Comercio Ambulante, asimismo que con fecha 02 de septiembre de 2019 el Cabo 2° nombre reservado fue atacado por una jauría de entre 6 y 8 perros mientras fiscalizaba al comercio ambulante, resultando con lesiones leves, no cumplió con su obligación de fiscalización establecida en el artículo 28 de la referida Ley 20.021, tomando las medidas necesarias que la situación ameritaba, dado que dicha norma señala: “La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos corresponderá a las municipalidades, en las materias de su competencia y a la autoridad sanitaria, que las ejercerá de conformidad a lo establecido en el Código Sanitario, especialmente en lo estipulado en su Libro Décimo. Esto, sin perjuicio de las facultades y atribuciones del Ministerio Público y de Carabineros de Chile. Las infracciones a los reglamentos del Ministerio de Salud mencionados en esta ley serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 174 del Código Sanitario”, disposición que también entrega competencia a la autoridad de salud, para la solución de situaciones que afectan la salud pública, como la denunciada en el presente recurso. .

SEPTIMO: Que, las normas antes referidas, deben relacionarse con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2006, que contiene el texto refundido de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece: “Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones privativas: f) El aseo y ornato de la comuna”. A su turno, el artículo 4º previene que: “Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: b) La salud pública y la protección del medio ambiente”. Finalmente, la letra c) de su artículo 5 prescribe que: “Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales: c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna”.

OCTAVO: Que, de acuerdo con lo señalado en lo motivos precedentes, las recurridas Ilustre Municipalidad de Valparaíso y Secretaria Regional Ministerial de Salud, sólo cabe concluir que no han dado cumplimiento a la normativa especial y, general que en la materia que nos ocupa, le corresponde, esto es, realizar la fiscalización y rescate de todo animal que no tenga identificación, encontrado en bienes nacionales de uso público, parques, plazas y sitios eriazos o baldíos, específicamente de los perros callejeros que deambulan por el sector de la Plaza Aníbal Pinto, de conformidad a la Ley 21.020, como tampoco han mitigado la contaminación por la basura y desecho de los animales, no obstante contar con las atribuciones y obligaciones legales, de manera que ambas instituciones han incumplido con su obligación legal y constitucional, en cuanto a la seguridad y cuidado, como garantes, para con las personas que viven, transitan, circulan, deambulan o se transportan en el sector de Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, razones por las cuales, el presente recurso será acogido para los efectos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por don Rodrigo Alejandro Díaz Yubero, en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y de la Secretaría Regional Ministerial de de Salud, debiendo la recurrida I. Municipalidad de Valparaíso proceder al retiro y custodia, en el plazo de 45 días a contar que esta sentencia quede ejecutoriada, de todos los perros callejeros que se encuentren en la Plaza Aníbal Pinto. Por otra parte, la Seremi de Salud de Valparaíso, deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones pertinentes del D,S. Nº1 de 2014 y D.F.L. Nº1 de 2005, en orden a cumplir con las acciones de fiscalización que se le imponen, en relación con el control de la rabia en animales callejeros y, además realizar una planificación conjunta de las acciones que desarrollarán tanto para el retiro y, ubicación de los perros vagos, como para determinar el procedimiento en caso de mordeduras, debiendo informarlos en sus sitios web para fines de publicidad y notificación.

De las medidas adoptadas y gestiones realizados, las recurridas deben informar a la Corte de Valparaíso en un plazo de treinta días corridos.

Redacción de la Ministra Suplente señora María Eugenia Vega Godoy.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-16689-2019.

No firma el Abogado Integrante Sr. Álvaro Vidal Olivares, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.