Protección contra Ilustre Municipalidad de San Antonio

Jbl C.A. de Valparaíso Valparaíso, veintiocho de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1, comparece Pablo Alejandro Pérez Ojeda, abogado, a nombre y en representación de doña nombre reservado, colombiana, médico cirujano, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región de Valparaíso, e interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Antonio, representada por su Alcalde don Luis Omar Vera Castro, domiciliado en domicilio reservado, y en contra del Sr. Director del Área de Salud Municipal de la Ilustre Municipalidad de San Antonio, don nombre reservado, del mismo domicilio, por el hecho ilegal y arbitrario de negar injustificadamente a su representada la presentación y ulterior tramitación de licencia médica por nombre reservado 19 Positivo, a través de la negativa de fecha 20 de Abril del año 2020 contenida en correo electrónico emitido por el Sr. Director del Departamento de Salud Municipal de San Antonio, don Sr. nombre reservado, derecho funcionario que le asiste a la Dra. nombre reservado en virtud del propio contrato a honorarios suscrito entre la Ilustre Municipalidad de San Antonio y su representada, con lo cual se conculcan sus garantías fundamentales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Expone que la Dra. nombre reservado desempeña sus labores de profesional médico en el Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de San Antonio.

En virtud de lo anterior, su representada presta funciones para el aludido Municipio a partir del 1 de Agosto del año 2010. En virtud de la contratación referida el Municipio de San Antonio contrató a la Dra. nombre reservado para desarrollar la labor de profesional médico en el Programa denominado Honorario SAPU, el cual emana del convenio suscrito entre el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y la Ilustre Municipalidad de San Antonio, el cual tiene por objeto entregar acceso a las prestaciones de salud que, siendo de baja complejidad, aseguran un actuar oportuno en la resolución de las situaciones de salud de urgencia, constituyéndose así en la primera instancia de atención de la red de urgencia del sistema público de salud.

El valor de los honorarios por la ejecución de los servicios contratados de su representada es de $20.560 (veinte mil quinientos sesenta pesos) valor hora, según lo señala expresamente la cláusula cuarta del convenio a honorarios con la recurrida.

De esta forma, durante el mes de abril del año 2019 la Dra. nombre reservado debió realizar 92 horas mensuales, pagadas a un valor de $20.560 el valor hora.

Los contratos fueron sucesivamente renovados cada año calendario, y en cada uno de ellos se contemplaba el derecho a presentar licencia médica, como parte integrante del complejo de derechos que el propio contrato de honorarios establecía en beneficio del trabajador. En efecto, el denominado Contrato de Honorarios N° 8 suscrito entre la Ilustre Municipalidad de San Antonio y la Dra. nombre reservado, el cual se encuentra vigente a la época de esta presentación; señala expresamente en su Cláusula Sexta: “Contraprestaciones adicionales del contrato. El prestador de Servicios a honorarios, tendrá derecho a las contraprestaciones adicionales, en concordancia con lo estipulado en su ficha de contratación, según horas contratadas, la cual forma parte integrante del presente instrumento para todos los efectos legales.

Para mayor claridad, en atención a las licencias médicas, indicar que será requisito esencial: Contar con una licencia médica autorizada, tener doce meses de afiliación a salud anteriores al mes en el que se inicia la licencia, haber enterado al menos seis meses de cotizaciones continuas o discontinuas dentro del período de doce meses de afiliación a salud anterior al mes en que se inicia la licencia; estar al día en el pago de cotizaciones”.

De esta forma, observa que bajo ciertos requerimientos, el propio contrato de honorarios celebrado con la recurrida, otorga al trabajador el derecho de presentar y acogerse al derecho de descanso legal propio de las licencias médicas.

Refiere que durante el ejercicio de sus labores habituales en el mes de abril del año en curso, en el SAPU de San Antonio, y debido a la situación de Pandemia Global del Covid -19, hecho público y notorio en esta época; la Dra. nombre reservado resultó contagiada con el referido virus, lo que motivó que con fecha sábado 11 de Abril del año 2020 se emitiera por parte de la Dra. nombre reservado licencia médica por 14 días de reposo en beneficio de la Dra. nombre reservado. La profesional que emitió la licencia médica estableció expresamente como Diagnóstico Principal: Covid -19 Positivo.

Posterior a la emisión de la referida licencia médica, con fecha martes 14 de abril del año 2020, esto es dentro de plazo legal, la licencia médica fue presentada en su lugar de trabajo por el colega de su representada, el Dr. nombre reservado Felipe Simanca. Sin embargo, dicha licencia médica no fue recibida ni recepcionada por su empleador, el cual adujo que a la Dra. nombre reservado, en su calidad de trabajadora a honorarios, no le asistía el derecho a presentar licencias médicas.

Acto seguido, y frente a esta negativa, se trató de buscar una respuesta en la jefatura de su representada, esto es la Jefatura del Departamento de Salud Municipal de San Antonio, dirigida por el Sr. nombre reservado, quien en correo electrónico de fecha 20 de abril del año 2020 dirigido a la Dra. nombre reservado, respondió negativamente a su representada bajo el siguiente tenor: “nombre reservado: No es posible cancelar una boleta por labor no realizada y que además se le debe pagar al profesional que reemplaza como es el caso SAPU. Es además por el riesgo de contagio que se le exigió en su momento el uso de EPP en turno SAPU”.

Así las cosas, en definitiva, se le negó el derecho a la presentación de licencia médica, plenamente vigente a la Dra. nombre reservado en virtud de su contrato, aduciendo razones tales como no haber realizado labores profesionales, el pago al funcionario reemplazante y, eventualmente, el no haber respetado su representada el uso de Elementos de Protección Personal, lo cual es del todo falso.

Por otro lado, señala que ninguno de los argumentos vertidos por el Sr. Director del Departamento de Salud Municipal en su negativa, está consagrado como requisito previo para la procedencia del derecho a la licencia médica en el contrato a honorarios vigente con la Municipalidad recurrida.

Aduce que la negativa a la recepción y tramitación de una licencia médica plenamente válida y atingente al actual estado de Pandemia, ha privado a su representada del legítimo ejercicio de derechos y garantías constitucionales tales como la del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho de igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el derecho de propiedad.

En la práctica, la negativa de la Municipalidad de San Antonio a la recepción de la respectiva licencia médica, vulnera todas las normas jurídicas relativas al procedimiento de tramitación de licencias médicas contenidas en el Decreto Supremo N° 3 del año 1984, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por la COMPIN e instituciones de salud previsional, el que en su artículo 5° señala expresamente que: “La licencia médica, es un acto médico administrativo en el que intervienen el trabajador, el profesional que certifica, la Compin o ISAPRE competente, el empleador y la entidad previsional o la Caja de Compensación de Asignación Familiar, en su caso”.

Por su parte el inciso primero del artículo 11° del referido Decreto N° 3 consagra la presentación y recepción obligatoria de la licencia médica por parte del empleador: “Tratándose de trabajadores dependientes, el formulario de licencia, con la certificación médica extendida en la forma señalada en los artículos precedentes, deberá ser presentado al empleador dentro del plazo de dos días hábiles, en el caso de trabajadores del sector privado y tres días hábiles, respecto de trabajadores del sector público, en ambos casos, contados desde la fecha de iniciación de la licencia médica”.

Finalmente, el artículo 12° del Decreto N° 3 consagra expresamente el deber de recepción y otorgamiento de recibo al trabajador, en los siguientes términos: “El empleador, en el acto de recepcionar el formulario de licencia, procederá a desprender el recibo para el trabajador, el que claramente fechado y firmado, se entregará al trabajador.

Este recibo servirá al trabajador para acreditar la entrega de la licencia dentro del plazo a que se refiere el artículo 11°, como también para el cobro del subsidio a que dé lugar la licencia médica autorizada”.

Estima que la conducta ilegal y arbitraria de parte de la Ilustre Municipalidad de San Antonio impidió en la práctica, a su representada de poder gozar de la cobertura del subsidio a que da lugar la licencia médica, con el respectivo perjuicio patrimonial que ello conlleva.

Considera que no se se justifican las razones por las cuales se ha denegado la recepción y tramitación de la licencia médica de la Dra. nombre reservado por parte del ente edilicio, la cual es un derecho prescrito, reconocido y sancionado por su propio contrato de honorarios.

A mayor abundamiento, manifiesta que como es de público conocimiento, la Superintendencia de Seguridad Social, con fecha 18 de Marzo del año 2020, dictó el ordinario N° 1161, el cual declara al Covid-19 como enfermedad profesional, pues establece expresamente que: “ Los trabajadores con nombre reservado -19 confirmado, que tuvieron contacto estrecho, de acuerdo a las definiciones establecidas por el Ministerio de Salud, con personas por situaciones laborales cuyo diagnóstico también ha sido confirmado (sea este último de origen laboral o común) estarán cubiertos por las prestaciones de la Ley N°16.744.”

Estima que se han vulnerados las garantías constitucionales del artículo 19 N°s 1,2 y 24.

En el caso concreto, se ha afectado por la decisión de la autoridad, la estabilidad emocional y psíquica de su representada, dado el hecho de que el rechazo a la tramitación y pago de su licencia médica por parte de la Ilustre Municipalidad de San Antonio se verificó el 20 de abril del año en curso, esto es, vigente su descanso legal amparado por la licencia médica, lo cual motivó un cuadro de incertidumbre, tensión y preocupación de parte de su representada, la cual hasta la fecha de esta presentación no sabe si se le cancelarán los días de descanso. A lo anterior se suma el motivo o diagnóstico que fundamenta el descanso, esto es padecer del virus COVID -19 en el actual estado de Pandemia, virus que adquirió durante el ejercicio de sus labores médicas para la recurrida, lo que demuestra que la integridad física y psíquica de su representada ha sido claramente turbada por el rechazo de la autoridad, máxime cuando es el personal de la salud el que está en el grupo de riesgo de contagio, denominado de “primera línea”, debiendo dar los organismos públicos y privados donde ellos laboran, todas las facilidades para la tramitación, pago y concesiones de descanso que se originen en licencias médicas válidamente emitidas y tramitadas, sobretodo con nombre reservado-19 Positivo.

Asimismo, se ha vulnerado la igualdad ante la ley, toda vez que su representada se encuentra legalmente habilitada para el ejercicio y la obtención del derecho a la licencia médica, según lo establece la cláusula Sexta de su propio contrato a honorarios. De esta forma, fue la propia Municipalidad recurrida, la que dejó en la práctica sin efecto la ley del contrato y negó de plano un derecho plenamente aplicable a su representada, poniéndose de esta forma con su conducta fuera del ordenamiento jurídico y, en la práctica, estableciendo una diferencia arbitraria, en relación al resto de los funcionarios a honorarios a los cuales sí ha procedido a recepcionar y tramitar válidamente la licencia médica respectiva.

A lo señalado agrega que no ha sido posible conocer los motivos del hecho del acto administrativo, ya que éste carece de todo fundamento fáctico y de derecho.

Finalmente, el acto impugnado, provoca en su representada la privación en el ejercicio de su derecho de propiedad, ya que su representada tiene en su patrimonio el derecho correspondiente a la presentación de licencias médicas en caso de enfermedad y, consecuencialmente, el derecho al pago de las referidas licencias médicas. Así lo establece, como ya se ha señalado, el propio contrato de honorarios que la Dra. nombre reservado suscribió con la Municipalidad.

Pide se declare que el acto recurrido es ilegal y arbitrario y, en definitiva, se restablezca el imperio del derecho, ordenando el inmediato a la Ilustre Municipalidad de San Antonio el pago de 14 días de licencia médica, correspondientes a 81 horas mensuales durante el referido período de descanso a la Dra. nombre reservado, con expresa condena en costas, en caso de oposición.

Acompaña documentación a su recurso.

A folio 5, rola informe de la Ilustre Municipalidad de San Antonio, Señala que es claro y pacifico el hecho de que la servidora recurrente, es una profesional a honorarios de la Ilustre Municipalidad de San Antonio, cuyo convenio o contrato se rige por las normas del mismo contrato y por el Código Civil, en cuanto prestación de Servicios Personales, siendo considerada de esa forma, como una profesional independiente.

Que así las cosas y considerando lo establecido en el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsión, Decreto Nº 3, del año 1984, en su artículo tercero señala: “la recepción el trámite de las licencias médicas de los trabajadores independientes, no afiliados a ISAPRE, deberá efectuarse en las oficinas de la COMPIN en cuyo territorio este ubicado su domicilio.

Si el trabajador Independiente estuviere afiliado a una ISAPRE el conocimiento y autorización de la licencia corresponderá a la oficina de la ISAPRE del lugar en que se celebró el contrato, o bien a la del domicilio del trabajador, a elección de este último”.

De lo expuesto, resulta forzoso concluir que la profesional recurrente, yerra en presentar su licencia médica en la Municipalidad, cuando por mandato legal, ya señalado, debe presentarla en el COMPIN si no se encuentra afiliada a una ISAPRE, o en su ISAPRE, si estuviere afiliada a ella.

Precisa que la parte recurrente si bien refiere una serie de hechos, señala que la arbitrariedad alegada consistiría en que se la ha negado injustificadamente la presentación y ulterior tramitación de Licencia Medica, no distingue cuáles serían las acciones ilegales que perturbarían sus derechos constitucionales, y menos precisa de qué manera se cometería una supuesta ilegalidad.

De igual forma, con relación a la supuesta arbitrariedad, la I. Municipalidad de San Antonio, no ha realizado acto alguno que pueda ser definido como arbitrario, toda vez que el fundamento y motivación del acto reclamado es decir, haber negado injustificadamente la presentación y ulterior tramitación de Licencia Médica, no fue un acto arbitrario, es decir, la recurrente debió presentar su licencia médica en el COMPIN o en su ISAPRE, dependiendo de su afiliación, ya que al ser un servidor a honorarios y de carácter independiente, cuyo tratamiento jurídico se encuentra en el Código Civil, en consecuencia, no existe arbitrariedad alguna. Más bien una equivocación de la recurrente, respecto de donde presentó su licencia.

Estima que no se han afectado los derechos constitucionales que la recurrente dice amagados.

En cuanto a la integridad física y psíquica de la persona, sostiene que no es efectivo de que se haya afectado esta garantía constitucional, toda vez que el Municipio no ha realizado acto alguno que la vulnere, es la misma recurrente, quien no concurre al lugar e institución indicado por la ley, motivo por el cual la Ilustre Municipalidad de San Antonio no ha infringido norma constitucional alguna.

En cuanto a la igualdad ante la ley, no existe acto u omisión municipal que afecte este derecho en la especie, ya que la Municipalidad no ha entorpecido el ejercicio de la igualdad ante la ley de ninguna manera, y como ya han señalado, es la misma recurrente quien se perjudica, no concurriendo al lugar e institución indicado por la ley. Es decir al COMPIN o ISAPRE, como deben hacer los servidores independientes a honorarios.

Por último, no hay vulneración al derecho de propiedad, la parte recurrente sólo expresa, sin acreditar, más bien hacer supuestos, que el Municipio ha afectado su derecho de propiedad, pero no se señala cuál de los atributos del derecho de propiedad se vulneraría o se lesionaría, sólo señalando un eventual afectación por la negativa de recibir y tramitar una licencia médica, que por ley le corresponde tramitar a la recurrente.

Concluye que quedando establecida la calidad de servidora a honorarios de la recurrente, y por ende, regida por el contrato, convenio y Código Civil en relación a las prestaciones de servicios personales. lo señalado por la legislación vigente, en atención a la tramitación de las licencias médicas por el respectivo servidor, en la institución que corresponda, no queda sino concluir, que la Ilustre Municipalidad de San Antonio, no ha infringido norma legal alguna, no ha vulnerado derecho legal, ni constitucional alguno.

Acompaña documentación a su informe.

A folio 20, informa nombre reservado, Director de Salud de la Municipalidad de San Antonio.

Sostiene que tal como lo ha señalado la recurrente, siendo un hecho que su parte no discute, sino que al contrario, confirma y no objeta la documentación acompañada por la recurrente, es una servidora a honorarios, de la forma señalada en el Art. 4 de la ley 18883, que para su mejor inteligencia expresa: “podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del Alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera. Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas establecidas en el respectivo contrato y no le serán aplicables las disposiciones de este estatuto.”

Que así las cosas, se estiman verídicos y no objetables, los documentos acompañados por la recurrente: a) Solicitud de Contratación ficha número 136, en la cual se establece el detalle de funciones en SAPU Lomas, la modalidad de contratación que es a honorarios, la fecha de contratación que es desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, con un valor hora de 20.560 pesos; b) Contrato de Honorarios número 8 suscrito entre la Ilustre Municipalidad de San Antonio y nombre reservado, en el cual se establece la modalidad de contratación a honorarios, para el programa denominado honorarios SAPU, desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo año; c) Decreto Alcaldicio Nº 586 de fecha 30 de enero de 2020, que aprueba la contratación de prestadores de servicios que cumplirán labores honorarios para convenio SAPU Lomas año 2020, en el cual se encuentra la recurrente.

Afirma que en el escenario planteado por la recurrente y reconocido por su parte, la relación entre la reclamante y la municipalidad de San Antonio, es un convenio o contrato que se rige por las normas del mismo contrato y por el Código Civil, en cuanto prestación de Servicios Personales, siendo considerada de esa forma, como un(a) trabajador(a) independiente.

Refiere lo establecido en el DTO. Nº 3 del Año 1984, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN y Instituciones de Salud Previsional en su art. 3º señala: “la recepción y el trámite de las licencias médicas de los trabajadores independientes, no afiliados a ISAPRE, deberá efectuarse en las oficinas de la COMPIN en cuyo territorio este ubicado su domicilio.

Si el trabajador Independiente estuviere afiliado a una ISAPRE el conocimiento y autorización de la licencia corresponderá a la oficina de la ISAPRE del lugar en que se celebró el contrato, o bien a la del domicilio del trabajador, a elección de este último”.

Concluye que es claro entonces que la recurrente, desconoce donde debe presentar su licencia médica, siendo que debe presentarla en el Compín si no se encuentra afiliada a una ISAPRE, o en su ISAPRE, si estuviere afiliada a ella.

Finaliza sosteniendo que no existe por parte del suscrito, y entiende que tampoco por parte de la Municipalidad, ninguna acción ilegal en contra de la recurrente, es mas en contra de ninguna persona.

Tampoco una omisión o algún acto que entorpezca el ejercicio de los derechos de la servidora pública.

Argumenta no ha incurrido en ninguna falta, acción u omisión, que pueda estimarse ilegal, respecto del recurrente, quien ha tenido en sus manos, la posibilidad del adecuado cumplimiento de su feriado, recurriendo donde correspondía oportunamente, es decir a presentar su licencia médica, al COMPIN o su ISAPRE, lugares donde su licencia hubiera producido el efecto adecuado y esperado.

A folio 21, se ordenó que rija el decreto en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Segundo: Que la actora denuncia como ilegal y arbitrario que el Municipio de San Antonio, habría negado injustificadamente la presentación y ulterior tramitación de Licencia Médica, por nombre reservado-19 Positivo, a través de la negativa de fecha 20 de abril del año 2020, contenida en el correo electrónico emitido por el Sr. Director del Departamento de Salud de la Municipalidad de San Antonio, don nombre reservado; siendo un derecho que le asiste en virtud del contrato a honorarios suscrito entre la Ilustre Municipalidad de San Antonio y la recurrente.

Tercero: Que según lo establecido por el artículo 3 del Decreto Nº 3 del Año 1984, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, “la recepción y el trámite de las licencias médicas de los trabajadores independientes, no afiliados a ISAPRE, deberá efectuarse en las oficinas de la COMPIN en cuyo territorio este ubicado su domicilio.

Si el trabajador Independiente estuviere afiliado a una ISAPRE el conocimiento y autorización de la licencia corresponderá a la oficina de la ISAPRE del lugar en que se celebró el contrato, o bien a la del domicilio del trabajador, a elección de este último”.

Cuarto: Que de conformidad a la normativa precedentemente citada, la actora, siendo profesional contratada a honorarios, lo que no ha sido discutido en autos, debió presentar la licencia en el Compin si no se encuentra afiliada a una Isapre, o en su Isapre, si estuviere afiliada a ella, de lo que se desprende que no existe ninguna acción ilegal ni arbitraria en contra de la recurrente, motivo por el cual se desestimará el presente recurso.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido a folio 1 a favor de doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de San Antonio y del Sr. Director del Área de Salud Municipal de la aquel municipio.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-16580-2020.