Protección contra Resolución Nº 95

Foja: 75 Setenta y Cinco S.f.g.

C.A. Valparaíso CERTIFICO: Que se anunció para alegar el abogado Sr. Pedro Bustamante, 20 minutos, por el recurso, y el abogado Sr. Ana María Vásquez, 15 minutos contra el recurso. Valparaíso, siete de agosto de dos mil catorce.

nombre reservado

Relator Interino Valparaíso, siete de agosto de dos mil catorce.

VISTO:

A fojas 24, comparece don Pedro José Bustamante Donoso, abogado, en representación del Sargento Segundo de Carabineros, don nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Resolución Nº 95, de fecha 26 de junio de 2014, dictada por el Jefe de la Quinta Zona de Valparaíso, General de Carabineros, don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Expone que mediante Resolución Nº 95, de fecha 26 de junio de 2014, el recurrido desestimó el recurso de apelación interpuesto por su parte, dejando firme la medida disciplinaria impuesta en contra de su representado consistente en 15 días de arresto con servicios, por no haber asistido a la audiencia disciplinaria a la que fue citado para la misma fecha, pese a encontrarse con licencia médica y reposo médico absoluto desde el 14 de junio y hasta el 16 de julio del presente año; atribuyéndose el recurrido indebidamente el ejercicio de una potestad administrativa que le permitiría incluso suspender reposos clínicos absolutos otorgados por profesionales médicos especialistas.

Alega que el acoso de que ha sido víctima su representado por parte de la institución y particularmente por el recurrido, ha sido artero y despreciativo, precisando que dicha situación se ha verificado por una errónea interpretación que ha hecho el recurrido del Dictamen Nº 44736/2009 de la Contraloría General de la República, el que si bien prescribe que todo funcionario público es responsable de sus actos pese a encontrarse con licencia médica, pudiendo incluso ser éste notificado de resoluciones de autoridad, y correr en su contra plazos legales y reglamentarios; en caso alguno ello otorga al recurrido potestades disciplinarias para suspender reposos médicos absolutos de sus subordinados con el objeto de obligarles a comparecer ante la autoridad administrativa, y más aún si se considera que ni siquiera los Tribunales de Justicia, Ministerio Público u otros órganos de la Administración del Estado gozan de dicha facultad, y que además existen mecanismos legales y reglamentarios previstos ante la imposibilidad de comparecencia.

Al respecto refiere que tanto el artículo 30 del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, como el artículo 12 del Reglamento de Disciplina de la misma institución, y los diversos dictámenes de la Contraloría General de la República dirigidos al General Director de Carabineros, imponen a la autoridad administrativa el deber de oír al afectado antes de aplicar en su contra una medida disciplinaria, cuestión que no ha ocurrido en la especie respecto de su representado, toda vez que no obstante haber interpuesto éste recurso de apelación en última instancia ante la autoridad recurrida, ésta no cumplió con su deber de recibirle en audiencia para oírle antes de resolver aquella impugnación, en circunstancias que dicha autoridad sabía de la imposibilidad de su representado para comparecer a la audiencia disciplinaria a la que fue citado.

En el mismo sentido, acusa que no obstante indicar la autoridad contralora en su Dictamen Nº 39856/1999, que una licencia médica solo permite al funcionario ausentarse o reducir su jornada de trabajo manteniendo sus calidad de servidor público, y sus derechos y obligaciones; la Subdirección General de Carabineros de Chile, mediante Circular Nº 1720, de fecha 29 de junio de 2011, haciendo una interpretación parcial y subjetiva que no se ajusta al espíritu y letra del citado dictamen, ha dado órdenes e instrucciones de que si un servidor se encuentra con licencia médica y reposo absoluto, debe ser igualmente citado a audiencia, de manera tal que si no concurre a ésta, la medida disciplinaria deberá necesariamente quedar firme, atribuyéndose al afectado responsabilidad disciplinaria por haberse enfermado y no haber concurrido a la audiencia a la que fuere citado.

Sin embargo, precisa que el mencionado dictamen emanado del ente contralor, tampoco sería aplicable al caso de autos, por cuanto éste basa su análisis jurídico en lo previsto en el artículo 125 de la Ley Nº 18.834 de Estatuto Administrativo, que conforme a la jurisprudencia del ente contralor no es aplicable a Carabineros de Chile, que conforme lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política de la República, se rige por su Ley Orgánica Constitucional Nº 18.961 y, en lo no previsto en ésta y en cuanto no fuere contrario a ella, por las disposiciones del Estatuto del Personal de Carabineros, como por las demás normas legales y reglamentarias.

Concluye indicando que la resolución recurrida constituye un acto arbitrario e ilegal que ha atentado contra el derecho a la integridad física y psicológica de su representado en el libre ejercicio de una licencia médica destinada a recuperar su salud; y contra su derecho a defensa administrativa al privarse a su representado de ser oído antes de ser sancionado por el resolutor recurrido. Solicita en definitiva, que se reconozca el derecho de su representado a no ser víctima de los actos indolentes que han amenazado arteramente su integridad física y psíquica, y cuyas acciones arbitrarias le han dejado en indefensión.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: (i) copia simple de Resolución Nº 95, de fecha 26 de junio de 2014, dictada por el Jefe de la Quinta Zona de Carabineros de Valparaíso; (ii) copia de Acta de Notificación de Resolución, de fecha 02 de julio de 2014; (iii) copia de Dictamen Nº 39856/1999 de la Contraloría General de la República; (iv) copia de Circular Nº 1720, de fecha 29 de junio de 2011, de la Subsecretaría General de Carabineros; y (v) copia de comprobantes de licencias médicas.

A fojas 38, informa don nombre reservado, General de Carabineros, Jefe de la Quinta Zona de Carabineros de Valparaíso, solicitando el rechazo de la acción constitucional. Sostiene, en primero término, que en virtud de la Resolución Nº 95, de fecha 26 de junio de 2014, confirmó la sanción disciplinaria aplicada en la instancia al recurrente, consistente en 15 días de arresto con servicios; y ello luego de oír los descargos del sancionado mediante los escritos presentados en su oportunidad, decretar las diligencias requeridas por éste como medidas para mejor resolver, y ponderar los medios de prueba incorporados en el proceso investigativo de acuerdo a la sana crítica o principio de libre convicción.

Acto seguido, niega que se haya incurrido por su parte en una infracción al debido proceso, y menos en una persecución o acoso laboral del recurrente, por cuanto conforme a los criterios contenidos en los Dictámenes Nº 5637/2014 y Nº 8885/2014 de la Contraloría General de la República, la ponderación de los hechos y la determinación de la gravedad y grado de responsabilidad de los inculpados, es una atribución propia de las autoridades de la administración activa; precisando al respecto que la sanción impuesta al recurrente dice relación con actitudes contrarias a la doctrina funcionaria y valores institucionales como el respeto a la jerarquía y al principio de mando, agravada en este caso particular por la antigüedad y hoja de vida del funcionario sancionado que ya suma trece sanciones administrativas en los últimos cuatro años de carrera institucional.

Sobre el debido proceso en particular, sostiene que tal como lo ha reconocido el ente contralor en su Dictamen Nº 36361/2014, en relación a lo previsto en el artículo 12 del Decreto Nº 900, de 1967, del Ex – Ministerio del Interior, Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, la responsabilidad administrativa de los empleados de dicha entidad podrá esclarecerse a través de un proceso sumarial, o bien, mediante indagaciones verbales o escritas, las que no obstante carecer de formalidades concretas, tienen igualmente que traducirse en una breve investigación que asegure el cumplimiento del principio del debido proceso, permitiendo al inculpado defenderse de las infracciones que se le atribuyen.

Sin embargo, acusa que de los antecedentes tenidos a la vista, consistentes en la investigación administrativa seguida en contra del recurrente, aparece claramente que éste fue escuchado, presentó sus descargos y dedujo oportunamente los recursos pertinentes por escrito, tal como lo ordena el artículo 44 y 45 del Reglamento de Disciplina antes citado, sin que la falta de comparecencia del recurrente a la audiencia a la fue citado, ni el hecho de encontrarse haciendo uso de una licencia médica al tiempo de la citación, constituya un obstáculo o impedimento legal o reglamentario para haber resuelto el recurso de apelación sometido a su conocimiento; por lo anterior, y habiéndose cumplido con todos los trámites que, según el órgano fiscalizador, son calificados de esenciales para asegurar el legítimo derecho a defensa, la sanción impuesta al recurrente se encuentra ajustada a derecho.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, alega también que las menciones efectuadas por el recurrente tanto a la supuesta infracción del Reglamento de Sumarios Administrativos, como a la Circular Nº 1720/2011 de la Subsecretaría General de Carabineros, deben ser desestimadas por impertinentes al asunto discutido en autos, toda vez que no se ha efectuado sumario alguno que haga aplicable dichas normas, las que se encuentran previstas restrictivamente para la aplicación de medidas disciplinarias expulsivas de los miembros de la institución, cuestión que no ha acontecido en la especie.

Finalmente, concluye que la acción constitucional es improcedente en atención a que el recurrente no ha efectuado la debida preparación del recurso interpuesto, ejerciendo todos y cada uno de los recursos procesales que la ley le provee para la defensa de sus derechos supuestamente conculcados, como es el caso del recurso de reconsideración y subsidiario jerárquico que contempla la Ley Nº 19.880; y que tampoco existe actuación arbitraria o ilegal de su parte en tanto la resolución impugnada ha sido pronunciada bajo criterios de racionalidad, y conforme al reglamento y dentro de su competencia.

En el segundo otrosí de su presentación, solicita el recurrente además aplicar al recurrido la medida disciplinaria prevista en el artículo 531 Nº 2 del Código Orgánico de Tribunales, por estimar que determinadas expresiones empleadas en el libelo que contiene la acción constitucional de protección son injuriosas y atentatorias a la dignidad y prestigio tanto del recurrido como de la institución que representa.

Por resolución de fojas 62, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que vulneren el ejercicio de los mismos, mediante la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que el recurrente funda su acción constitucional de protección en que mediante Resolución Nº 95, de fecha 26 de junio de 2014, dictada por el Jefe de la Quinta Zona de Carabineros de Valparaíso, se decidió mantener la sanción disciplinaria impuesta en su contra consistente en 15 días de arresto con servicio, sin habérsele previamente otorgado la oportunidad de ser oído, toda vez que habiendo sido citado a audiencia disciplinaria por el recurrido, no pudo concurrir a ésta por encontrarse con licencia médica; circunstancias que a su juicio constituyen una actuación arbitraria e ilegal del recurrido que ha vulnerado su derecho a la integridad física y psicológica, y su derecho a defensa administrativa.

TERCERO: Que el recurrido evacuó su informe solicitando el rechazo de la acción cautelar, alegando en síntesis que no ha existido acción u omisión arbitraria o ilegal de su parte en relación a una supuesta infracción del derecho del recurrente a ser oído, toda vez que del mérito de la investigación administrativa seguida en su contra, consta que éste en su oportunidad tomó conocimiento de los cargos imputados, efectuó sus descargos por escrito, solicitó las medidas para mejor resolver, e interpuso las reclamaciones y recursos en contra de las resoluciones que le impusieron la sanción administrativa que indica, sin que el hecho de haber sido citado a audiencia disciplinaria, ni de estar haciendo uso de una licencia médica al tiempo de la citación, constituya impedimento legal o reglamentario para resolver el recurso de apelación interpuesto por éste y sometido a su conocimiento.

Asimismo, solicita aplicar al recurrido la medida disciplinaria prevista en el artículo 531 Nº 2 del Código Orgánico de Tribunales, por estimar que determinadas expresiones empleadas en su libelo, son injuriosas y atentatorias de la dignidad y prestigio propio, como de la institución que representa.

CUARTO: Que atendido el mérito de los antecedentes, lo expuesto por la recurrente, lo informado por el recurrido, y teniendo especialmente en consideración que del análisis de la investigación administrativa seguida en contra del recurrente, consta que éste efectuó oportunamente en cada una de las instancias del proceso tal como consta en su presentación de fojas 4 efectuada ante la Segunda Comisaría Central de Carabineros y de fojas 17 realizada ante la Prefectura de Carabineros de Valparaíso y a mayor abundamiento ante la autoridad recurrida, a través del recurso de apelación interpuesto y del acta de diligencias decretadas, de tal forma que su falta de comparecencia por motivos de licencia médica a la audiencia a la que fue citado con posterioridad, no importa privación alguna de su derecho a ser oído previsto en el artículo 12 del Reglamento Disciplinario de Carabineros, estos sentenciadores estiman que en el caso sub lite no existe acción u omisión arbitraria o ilegal que constituya vulneración de alguna de las garantías que se reclaman conculcadas, motivo por el cual la acción constitucional de autos debe ser desestimada, según se dirá en lo resolutivo del fallo.

QUINTO: Que, por su parte y en cuanto a la solicitud de la recurrida de aplicar a la recurrente la medida disciplinaria prevista en el artículo 531 N° 2 del Código Orgánico de Tribunales, ésta debe ser también desechada por cuanto las expresiones empleadas por el recurrente en su libelo, no revisten la gravedad suficiente para calificarlas de injuriosas o atentatorias contra la dignidad del recurrido o de la institución a la que representa, teniendo para ello presente el contexto en el que éstas fueron proferidas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

1.- Que se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 24 por don Pedro José Bustamante Donoso, en representación de don nombre reservado.

2.- Que se rechaza la solicitud de medida disciplinaria efectuada por la recurrente en el segundo otrosí de su presentación de fojas 38.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

N° Protección 1658-2014.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Srta. Eliana Quezada Muñoz, Sr. Pablo Droppelmann Cuneo y la Fiscal Judicial Sra. Juana Latham Fuenzalida.

Resolución incluida en el estado diario del día de hoy.